Desheredación de los hijos.

El presente artículo trata sobre la desheredación de los hijos, cuando concurran las causas previstas en el Código civil. Estas causas están previstas en los artículos 848 y siguientes, los cuales establece lo dispuesto a continuación.

Artículo 848

La desheredación sólo podrá tener lugar por alguna de las causas que expresamente señala la ley.

Artículo 849

La desheredación sólo podrá hacerse en testamento, expresando en él la causa legal en que se funde.

Artículo 850

La prueba de ser cierta la causa de la desheredación corresponderá a los herederos del testador si el desheredado la negare.

Artículo 851

La desheredación hecha sin expresión de causa, o por causa cuya certeza, si fuere contradicha, no se probare, o que no sea una de las señaladas en los cuatro siguientes artículos, anulará la institución de heredero en cuanto perjudique al desheredado; pero valdrán los legados, mejoras y demás disposiciones testamentarias en lo que no perjudiquen a dicha legítima.

Artículo 852

Son justas causas para la desheredación, en los términos que específicamente determinan los artículos 853, 854 y 855, las de incapacidad por indignidad para suceder, señaladas en el artículo 756 con los números 1.º, 2.º, 3.º, 5.º y 6.º.

Artículo 853

Serán también justas causas para desheredar a los hijos y descendientes, además de las señaladas en el artículo 756 con los números 2.º, 3.º, 5.º y 6.º, las siguientes:

1.ª Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda.

2.ª Haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra.

3.ª Causa 3.ª del artículo 853 derogada por Ley 11/1990, 15 octubre.

4.ª Causa 4.ª del artículo 853 derogada por Ley 6/1984, 31 marzo («B.O.E.» 3 abril).

Artículo 854

Serán justas causas para desheredar a los padres y ascendientes, además de las señaladas en el artículo 756 con los números 1.º, 2.º, 3.º, 5.º y 6.º, las siguientes:

1.ª Haber perdido la patria potestad por las causas expresadas en el artículo 170.

2.ª Haber negado los alimentos a sus hijos o descendientes sin motivo legítimo.

3.ª Haber atentado uno de los padres contra la vida del otro, si no hubiere habido entre ellos reconciliación.

Artículo 855

Serán justas causas para desheredar al cónyuge, además de las señaladas en el artículo 756 con los números 2.º, 3.º, 5.º y 6.º las siguientes:

1.ª Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales.

2.ª Las que dan lugar a la pérdida de la patria potestad, conforme al artículo 170.

3.ª Haber negado alimentos a los hijos o al otro cónyuge.

4.ª Haber atentado contra la vida del cónyuge testador, si no hubiere mediado reconciliación.

Artículo 856

La reconciliación posterior del ofensor y del ofendido priva a éste del derecho de desheredar, y deja sin efecto la desheredación ya hecha.

Véanse los artículos 84, 88 y 757 de este Código.

Artículo 857

Los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos respecto a la legítima.

Véanse artículos 761, 766, 929 y 973.2 de este Código.

 

Así prevé el Código civil la desheredación.

Según la página web del despacho de abogados desheredación es un acto jurídico, por el que se priva a un heredero forzoso de la legítima que le corresponde legalmente. Debe realizarse a través de testamento y fundamentarse en algunas de las causas establecidas en el Código Civil. En un par de sentencias recientes, el Tribunal Supremo ha incluido el maltrato psicológico en esa lista de motivos.

En esta misma página web, se nos define la desheredación com “el acto de desheredación priva a un heredero forzoso de su legítima”. Debe realizarse por medio de testamento y en función de causas establecidas legalmente. Ten en cuenta que, si se omiten dichas premisas, los tribunales pueden anular el proceso.

Fuera de las causas reguladas expresamente por la ley no puede producirse, por tanto, la desheredación. Ese numerus clausus se halla recogido en el Código Civil. En concreto, el artículo 853 establece: “Serán también justas causas para desheredar a los hijos y descendientes, además de las señaladas en el artículo 756 con los números 2º, 3º, 5º y 6º, las siguientes: 1º Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda. 2º Haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra”.

El tenor literal del artículo 756, por su parte, es el siguiente: “Son incapaces de suceder por causa de indignidad: …2º El que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador, de su cónyuge, descendientes o ascendientes. 3º El que hubiese acusado al testador de delito al que la ley señale pena no inferior a la de presidio o prisión mayor, cuando la acusación sea declarada calumniosa…5º El que con amenaza, fraude o violencia, obligare al testador a hacer testamento o a cambiarlo. 6º El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que tuviese hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posterior.

Como puedes comprobar, estamos centrándonos en la desheredación a hijos y descendientes. Sin embargo, también es posible desheredar a un padre o ascendiente y al propio cónyuge. El Código Civil regula las causas para ambos supuestos.

Llegados a este punto conviene hacer una importante distinción. Al referirnos a los preceptos 853 y 756 del Código Civil, hablábamos de conceptos diferentes: desheredación en el primer caso e indignidad para suceder en el segundo. Ten presente que, mientras la primera requiere testamento y únicamente afecta a descendientes, ascendientes y cónyuges, la segunda puede hacerlo a cualquier persona y opera con o sin testamento. Además, la indignidad debe probarse en todo caso y la desheredación sólo cuando es contradicha.

Si el desheredado negase la causa alegada, los demás herederos podrían acreditar su certeza ante el juez. En estos casos sólo son válidos los legados y disposiciones testamentarias efectuadas al margen de las legítimas.

En cuanto a las consecuencias de todo esto, hay que destacar las siguientes:

  1. La consecuencia fundamental de la figura es que el desheredado queda privado de su legítima y de participar en el caudal. Si en vida del testador éste hubiera donado algún bien al desheredado, la acción se consideraría absolutamente válida y resultaría imposible su revocación, salvo que la causa de desheredación fuera también motivo de la revocación de la donación.
  2. Puede que te preguntes qué ocurriría si se produjera, a posteriori, una reconciliación entre testador y desheredado. Pues bien, en tal caso la desheredación quedaría sin efecto.
  3. Otra cuestión que genera muchas dudas es la situación en la que quedan los hijos del desheredado. La legítima de aquél se transmite directamente a éstos, quienes mantienen a su favor los derechos que originariamente pertenecían al primero. Es decir, los vástagos conservan su estatus de herederos forzosos.
  4. La desheredación, en definitiva, está más en el candelero que nunca, debido a las últimas novedades jurisprudenciales. El Tribunal Supremo ha optado por interpretar flexiblemente el precepto 853.2 del Código Civil, considerando el maltrato psicológico como una modalidad más del maltrato de obra. Se rompe, de esta manera, la rígida aplicación que del artículo se hacía hasta el momento.

PREGUNTAS A CONTESTAR:

1.- ¿Cuál ha sido la tradicionalmente la postura del Tribunal Supremo acerca de las causas justificativas de la desheredación de los hijos?

El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que el maltrato psicológico a los padres es justa causa para desheredar a los hijos. La Sala Civil confirma la desheredación de dos hijos que incurrieron en un maltrato psíquico y reiterado contra su padre “del todo incompatible con los deberes elementales de respeto y consideración que se derivan de la relación jurídica de filiación”.

La sentencia analiza como cuestión de fondo si el maltrato psicológico a los padres es justa causa de desheredación, y concluye que, efectivamente, debe estimarse que es motivo para desheredar a los hijos al asimilarse al “maltrato de obra” que establece el artículo 853.2 del Código Civil (que establece como causa de desheredación “haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra” a los padres).

“El maltrato psicológico, como acción que determina un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima, debe considerarse comprendido en la expresión o dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra”. Añade que la falta de una jurisprudencia clara y precisa sobre la materia, que habían alegado los dos hijos para reclamar judicialmente la anulación de su desheredación, no es obstáculo para esta interpretación, ya que se basa en la dignidad de la persona como núcleo fundamental de los derechos constitucionales y su proyección en el derecho de familia y sucesorio.

El TS confirma la decisión de la Audiencia de Málaga de rechazar la demanda de los dos hijos que reclamaban la nulidad de la cláusula del testamento de su padre que los desheredó y que se les reconociese el derecho a percibir la legítima (las dos terceras partes de la herencia, que les corresponde forzosamente cuando no hay causa justa de desheredación).

El Supremo subraya el menosprecio y abandono familiar de los hijos hacia su padre en sus siete últimos años de vida, que, ya enfermo quedó al amparo de una hermana, y por quien no se interesaron ni tuvieron contacto alguno, situación que cambió tras su muerte “a los solos efectos de demandar sus derechos hereditarios”.

 

2.- ¿Qué argumentan, en sentido diverso a la Doctrina Jurisprudencial hasta ahora, las dos sentencias de 2014 y 2015 a que se refiere el artículo de El País?

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, de fecha 30 de enero de 2015 (sentencia número 59/2015, ponente señor Orduña Moreno), por la que, reiterando la doctrina establecida en su sentencia de 3 de junio de 2014, ratifica su interpretación del art. 853.2 del CC, en el sentido de que el maltrato psicologico del heredero al testador es causa de desheredación.

Los hechos

El actor ejercitó acción declarativa de nulidad de la cláusula de desheredación testamentaria efectuada por su madre, solicitando, además, la nulidad de la institución de heredero universal en favor de su hermana por causa de indignidad sucesoria.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda en su integridad, por entender que la parte actora no había acreditado que la demandada hubiera influido en su madre en la redacción del testamento de febrero 2009 por el que le desheredaba, ni tampoco que hubiera impedido a su madre hacer otro testamento o revocar éste. Considera, asimismo, que concurre la causa de desheredación del artículo 853.2 CC, al poderse entender comprendida dentro de la expresión que el legislador había utilizado en ese precepto de “maltrato de obra”, la situación existente entre hijo y madre que había llevado a ésta desheredarlo, ya que no sólo le había arrebatado dolosamente todos sus bienes sino que le dejó sin ingresos con los que poder afrontar dignamente su etapa final de vida.

Dicho juzgado entendió que no sólo debe considerarse comprendido en dicha causa de desheredación el maltrato físico, sino que igualmente se está refiriendo al maltrato psicológico y que el actor, no ofrece duda, que maltrató psíquicamente y de manera permanente e intensa a su madre desde el 31 diciembre 2003, en que le arrebató su patrimonio, hasta que la misma falleció el 28 abril 2009, sin intención alguna de devolvérselo, más bien al contrario.

Recurrida en apelación, la sentencia de la Audiencia, con estimación parcial de la demanda interpuesta, revoca parcialmente la anterior resolución en el sentido de declarar la nulidad de la cláusula de desheredación, con la consiguiente reducción de la institución de heredero en cuanto perjudique a la legítima estricta del demandante.   Aunque reconoce el grave daño psicológico causado a la testadora, fundamenta su decisión en la aplicación restrictiva de este instituto y en la integridad de la legítima; de forma que el daño psicológico no entra en la literalidad de la fórmula empleada por el artículo 853.2 del Código Civil.

Recurrida la anterior sentencia en casación, el TS estima el recurso.

La sentencia del Tribunal Supremo

Los argumentos de la Sala al respecto se contienen en los siguientes fundamentos de derecho (los subrayados son nuestros).

“Fundamento de Derecho Segundo. Desheredación: artículo 853.2 del Código Civil. El maltrato psicológico como justa causa de desheredación; doctrina jurisprudencial aplicable.

(…) 2. 2. En relación a la cuestión que plantea el presente recurso de casación, esto es, la interpretación del concepto de maltrato de obra que contempla el artículo 853.2 del Código Civil, debe señalarse que la reciente jurisprudencia de esta Sala se ha ocupado de esta figura en su sentencia de 3 de junio de 2014 (núm. 258/2014).

En este sentido, interesa destacar el proceso interpretativo que desarrolla la citada sentencia, al hilo de su fundamento de derecho segundo, en los siguientes términos:

“3. En primer lugar, y en orden a la caracterización general de la figura debe señalarse que aunque las causas de desheredación sean únicamente las que expresamente señala la ley (artículo 848 del Código Civil) y ello suponga su enumeración taxativa, sin posibilidad de analogía, ni de interpretación extensiva; no obstante, esto no significa que la interpretación o valoración de la concreta causa, previamente admitida por la ley, deba ser expresada con un criterio rígido o sumamente restrictivo.

Esto es lo que ocurre con los malos tratos o injurias graves de palabra como causas justificadas de desheredación, (artículo 853.2 del Código Civil), que, de acuerdo con su naturaleza, deben ser objeto de una interpretación flexible conforme a la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento en que se producen.

  1. En segundo lugar, y en orden a la interpretación normativa del maltrato de obra como causa justificada de desheredación, en la línea de lo anteriormente expuesto, hay que señalar que, en la actualidad, el maltrato psicológico, como acción que determina un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima, debe considerarse comprendido en la expresión o dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra, sin que sea un obstáculo para ello la alegación de la falta de jurisprudencia clara y precisa al respecto, caso de las Sentencias de esta Sala de 26 de junio de 1995 y 28 de junio de 1993, esta última expresamente citada en el recurso por la parte recurrente. En efecto, en este sentido la inclusión del maltrato psicológico sienta su fundamento en nuestro propio sistema de valores referenciado, principalmente, en la dignidad de la persona como germen o núcleo fundamental de los derechos constitucionales (artículo 10 CE) y su proyección en el marco del Derecho de familia como cauce de reconocimiento de los derechos sucesorios, especialmente de los derechos hereditarios de los legitimarios del causante, así como en el propio reconocimiento de la figura en el campo de la legislación especial; caso, entre otros, de la Ley Orgánica de protección integral de la violencia de género, 1/2004.
  2. Por lo demás, la inclusión del maltrato psicológico, como una modalidad del maltrato de obra, en la línea de la voluntad manifestada por el testador, esto es, de privar de su legítima a quienes en principio tienen derecho a ella por una causa justificada y prevista por la norma, viene también reforzada por el criterio de conservación de los actos y negocios jurídicos que esta Sala tiene reconocido no solo como canon interpretativo, sino también como principio general del derecho (STS 15 de enero de 2013, núm. 827/2012) con una clara proyección en el marco del Derecho de sucesiones en relación con el principio de ‘favor testamenti”, entre otras, STS de 30 de octubre de 2012, núm. 624/2012″.

Aplicación de la doctrina jurisprudencial al caso enjuiciado.

  1. Resuelto el contexto interpretativo y, por tanto, descartada la interpretación restrictiva que realiza la Audiencia, nada empece para la estimación del recurso planteado, pues la realidad del maltrato psicológico, en el presente caso, resulta reconocida en ambas instancias de forma clara y sin matices.

En efecto, solo de este modo se puede calificar el estado de zozobra y afectación profunda que acompañó los últimos años de vida de la causante, tras la maquinación dolosa de su hijo para forzarla, a finales del año 2003, a otorgar donaciones en favor suyo, y de sus hijos, que representaban la práctica totalidad de su patrimonio personal.

Comportamiento doloso y conflicto emocional de la testadora que ya apreció esta Sala en la sentencia de 28 de septiembre de 2011 al declarar la nulidad de las citadas donaciones; pero que en nada pudo reparar su estado de afectación ya que su muerte aconteció el 28 de abril de 2009, año y medio antes de la citada sentencia.”

El artículo 10 de nuestra Constitución consagra la dignidad de la persona como “fundamento del orden político y de la paz social”. Sobre la base de este precepto orbitan tres sentencias fundamentales del Alto Tribunal, dos en materia sucesoria (SSTS 258/2.014 de 3 de junio y 59/2.015 de 30 de enero) y la más reciente en sede de donaciones, de fecha 20 de julio de 2.015.
Para las donaciones, esta última resolución interpreta el artículo 648.1º del Código Civil, según el cual “podrá ser revocada la donación, a instancia del donante, por causa de ingratitud… si el donatario cometiere algún delito contra la persona, el honor o los bienes del donante”.
En el caso de Autos, los padres hacen una donación a favor de su hija, quien posteriormente muestra con ellos un comportamiento desconsiderado que desemboca en insultos graves y reiterados y en una bofetada propinada por la donataria a su padre.
Si hacemos una interpretación rigurosamente literal del Código Civil no cabría revocar la donación, puesto que no existe una sentencia penal que haya condenado a la donataria. Sin embargo, el Tribunal Supremo – con buen criterio –  hace una interpretación sociológica (es decir, de acuerdo con la realidad social del tiempo presente) y teleológica (con arreglo a su espíritu y finalidad) del precepto, tal y como señala el artículo 3.1Cc.
En cuanto al primer criterio interpretativo (el sociológico), es evidente que hay conductas de los hijos que, aunque no puedan ser tipificadas como delitos, constituyen comportamientos socialmente reprobables o condenables que atentan contra la dignidad de los padres. Reza la Sentencia que basta “la existencia de una conducta del donatario socialmente reprobable que, revistiendo caracteres delictivos, aunque no estén formalmente declarados como tales, resulte ofensiva para el donante”, como la conducta antes descrita, que además está agravada por la relación paterno-filial de donantes y donataria.
Respecto al segundo criterio interpretativo (el teleológico), el espíritu y finalidad del artículo 648Cc hay que buscarlo en el deber de consideración y gratitud que todo donatario ha de tener para con su donante, dado el sacrificio económico y patrimonial que éste ha realizado a favor de aquél. La conculcación del mencionado deber de gratitud, a través del maltrato psicológico, dota de fundamento a la revocación de la donación y justifica esta excepción al principio de irrevocabilidad de los contratos (el conocido en latín como “pacta sunt servanda”) que inspira los artículos 1.091 y 1.256Cc.

“El artículo 10 de nuestra Constitución consagra la dignidad de la persona como “fundamento del orden político y de la paz social”. Sobre la base de este precepto orbitan tres sentencias fundamentales del Alto Tribunal, dos en materia sucesoria (SSTS 258/2.014 de 3 de junio y 59/2.015 de 30 de enero) y la más reciente en sede de donaciones, de fecha 20 de julio de 2.015”

El Supremo interpreta de forma flexible el artículo 648.1ºCc y acerca el Derecho Civil Común al catalán, que cuenta, desde el 1 de enero de 2.011 con la siguiente redacción del artículo 531-15 de su Código Civil: “son causas de ingratitud los actos penalmente condenables que el donatario haga contra la persona o los bienes del donante, de los hijos, del cónyuge o del otro miembro de la pareja estable, así como, en general, los que representan una conducta con relación a las mismas personas no aceptada socialmente”.
Entrando en materia sucesoria,  debemos recordar que el Derecho Civil Común está presidido por el rígido sistema formal de las legítimas, que tienen la consideración de “pars bonorum” y suponen un límite a la libertad del testador de disponer por testamento. Son tasados los supuestos en que un padre puede desheredar a su hijo. Las referidas sentencias se refieren a la causa de desheredación contemplada en el artículo 853.2ºCc, según el cual: “serán… justas causas para desheredar a los hijos y descendientes:…haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra”. Y debemos recordar que, según el artículo 848Cc, la desheredación sólo podrá tener lugar por alguna de las causas que expresamente señala la ley.
En el caso de la STS de 3 de junio de 2.014, los hijos desheredados incurrieron en un maltrato psíquico reiterado contra su padre, a través del abandono y menosprecio, de modo que, en los últimos años de la enfermedad de su padre, dichos hijos dejaron de tener contacto con él y se desinteresaron hasta su fallecimiento, momento en el que hicieron acto de presencia para demandar sus derechos hereditarios. Interpreta el Tribunal que “en la actualidad – nuevamente interpretación sociológica – el maltrato psicológico, como acción que determina un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima debe considerarse comprendido en la expresión o dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra”. Y alude expresamente a la dignidad de la persona, alrededor de la cual está referenciado nuestro sistema de valores, como germen o núcleo fundamental de derechos constitucionales y su proyección en el Derecho de Familia como cauce de reconocimiento de derechos sucesorios, especialmente de los derechos hereditarios de los legitimarios del causante.
A resultas de esta argumentación jurídica, menoscabada la dignidad del padre-testador, está justificada la desheredación del hijo-maltratador, aunque no se trate, en puridad, de un maltrato de obra.
La legítima tiene su fundamento, desde el punto de vista económico en la consideración de la familia como una Comunidad en la que todos los miembros contribuyen a la formación del patrimonio familiar, por lo que a la muerte de los padres, los hijos deben participar de dicho patrimonio. Desde el punto de vista moral, en el deber de los padres de ayudar a la subsistencia de los hijos tras su fallecimiento. Lo que subyace en el razonamiento de la sentencia es que en el momento en que se produce un abandono o ausencia total de trato por causa imputable a uno de los hijos, se rompe parcialmente dicha comunidad familiar, se extingue el deber moral de sostenimiento y decae el fundamento de la obligatoriedad de pago de la legítima respecto a ese hijo.

“La conculcación del mencionado deber de gratitud, a través del maltrato psicológico, dota de fundamento a la revocación de la donación y justifica esta excepción al principio de irrevocabilidad de los contratos (el conocido en latín como “pacta sunt servanda”) que inspira los artículos 1.091 y 1.256Cc”

En sentido coincidente, la STS de 30 de enero de 2.015 reitera la doctrina jurisprudencial de que el artículo 853.2ºCc debe ser interpretado de modo flexible, conforme a la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento.
La publicidad de las sentencias en los medios de comunicación no ha pasado desapercibida para la ciudadanía, pues el Supremo ha reflejado fielmente el sentir social. En nuestros despachos, ya hay testadores que invocan la ausencia total de trato o el maltrato psicológico como causa de desheredación.

Sin embargo, debemos hacer dos puntualizaciones:

La primera es que, atendiendo al artículo 857Cc, la estirpe del desheredado ha de recibir, al menos, la legítima estricta (su parte proporcional de un tercio de la herencia). Si el desheredado tiene hijos no afectados por causa de indignidad o desheredación debe contarse con ellos para hacer el reparto de los bienes de la herencia.

La segunda resulta del tenor del artículo 850Cc: la prueba de ser cierta la causa de desheredación corresponderá a los herederos del testador si el desheredado la negare. Conviene hacer esta advertencia en el testamento que contenga la desheredación. Es decir, en el caso de que, fallecido el testador, el hijo disconforme con su desheredación impugne el testamento, la carga de la prueba corresponde a los herederos del testador. En este sentido, la ausencia total de trato del testador con el desheredado, como hecho negativo, es de difícil constatación y conviene que el testador recabe los medios de prueba necesarios para facilitárselos a sus herederos.

Y, ante esta incertidumbre, se antoja problemático realizar la partición por los herederos designados sin el consentimiento del hijo desheredado, ante la amenaza de impugnación del testamento y consecuente rescisión de las operaciones particionales. La partición, en uno y otro caso (incluida la que se haga con la estirpe del desheredado), tendría un carácter claudicante. Esta inseguridad jurídica nos lleva a recomendar al testador, en ciertos casos, que, en tanto no se produzca un cambio legislativo, disponga un legado de legítima estricta a favor del hijo que ha proferido el maltrato, designando herederos universales a los demás hijos. El testamento no se adecúa totalmente a la voluntad del testador, que desea privar de atribución patrimonial al hijo maltratador, pero evita a sus hermanos una reclamación judicial al fallecimiento del testador. En este caso, si se quiere evitar conflictos en el reparto de los bienes, sería conveniente nombrar en testamento un contador-partidor, con atribución – en su caso – de las facultades del artículo 841 del Código Civil.

A diferencia de lo expuesto al tratar de las donaciones, esta interpretación del Supremo no puede alcanzar a equiparar la libertad de testar en el Derecho Civil Común con la del resto de los derechos civiles españoles. A modo de ejemplo, en Navarra la legítima es meramente formal y no tiene contenido patrimonial exigible – Ley 267 de la Compilación Navarra -; en Aragón la legítima es colectiva, pero con libertad por parte del testador de atribuirla a uno o varios de sus descendientes – artículo 468 del Código de Derecho Foral de Aragón -; en Cataluña es un mero derecho de crédito o “pars valoris” – artículo 451-11 del Código Civil Catalán, por lo que no ha de pagarse forzosamente con bienes que integran el caudal relicto.

“La publicidad de las sentencias en los medios de comunicación no ha pasado desapercibida para la ciudadanía, pues el Supremo ha reflejado fielmente el sentir social. En nuestros despachos, ya hay testadores que invocan la ausencia total de trato o el maltrato psicológico como causa de desheredación”

El legislador es consciente de que la sociedad le exige un cambio, pero, de momento, ha reaccionado de forma tímida e insuficiente, reformando las causas de indignidad por la ley 15/2.015 de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria. Tras la reforma, dice el artículo 756.1º Cc que “son incapaces de suceder por causa de indignidad:…el que fuera condenado… a pena grave… por haber ejercido habitualmente violencia física o psíquica en el ámbito familiar, al causante, su cónyuge, persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes”. Dice el Preámbulo de la Ley que tal modificación se justifica “por considerarse necesario su adaptación a la nueva realidad social y al desarrollo legislativo en el ámbito penal”. Como podemos observar, se introduce la violencia psíquica como causa de indignidad sucesoria, pero requiere que ésta se haya ejercido habitualmente y haya dado lugar a una sentencia penal condenatoria. Parece que tiene más fuerza en la justificación de la reforma, la adaptación del precepto al nuevo marco legislativo penal que la adaptación a la nueva realidad social que hace el Supremo.

En materia de sucesiones, sería deseable que el sistema de valores sociales que reflejan estos pronunciamientos encontrara mayor calado en el legislador, como ya lo ha hecho en derecho comparado y en los derechos civiles españoles citados. A pesar de esta limitación, ambas Sentencias merecen una valoración favorable, pues amplían la libertad del testador y, al igual que la sentencia sobre revocación de donaciones por ingratitud, refuerzan y dignifican la autoridad paterna, como corolario del principio constitucional de dignidad de la persona.    

3.- ¿Cuáles son las opiniones de los Abogados y de los Notarios sobre el tema?

Según las página web de notariosyregistradores.com, tras las sentencias del Tribunal Supremo de 3 de Junio de 2014 y de 30 de Enero de 2015, se interpreta que el abandono emocional de los padres por los hijos supone un maltrato psicológico que puede considerarse como maltrato de obra a los efectos de desheredación del artículo 853.2 del Código Civil Español. Ello, si bien es acorde al signo actual de los tiempos, plantea problemas de aplicación práctica tanto en el tiempo de redactar el testamento como en el momento de la partición hereditaria, fundamentalmente de tipo probatorio, dada la insuficiente regulación legal.

1.- La existencia y justificación de la sucesión legitimaria o forzosa siempre ha provocado debate, pues han sido y son muchos los partidarios de su atenuación o, directamente, de su desaparición. Desde la época de la redacción del Código Civil, con la discusión entre Joaquín Costa y Alonso Martínez, hasta la actualidad, éste ha sido y es un tema de gran controversia.

 Los nuevos modelos familiares, la globalización, el aumento de la esperanza de vida, la movilidad de las personas por motivos laborales, la propugnación de la autonomía de la voluntad por encima de cualquier otro principio jurídico; son, entre otros, algunos de los motivos por los que éste es un debate que en nuestros días está más avivado que nunca.

 El Derecho siempre sigue a la realidad, y así comienzan a observarse elementos que podrían darnos a entender que no estamos muy lejos de que llegue el momento de someter este tipo de sucesión a una revisión en profundidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

 2.- Uno de dichos elementos es el que nos ocupa: la institución de la desheredación, como límite a la sucesión legitimaria, y el impulso a su aplicación práctica dado por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 3 de Junio de 2014. Esta sentencia, en esencia, abre una puerta a la desheredación de descendientes que no tienen vínculos familiares con el testador, y para ello se sirve de una interpretación amplia del párrafo segundo del artículo 853 del Código Civil, al considerar como maltrato de obra el abandono de los padres por los hijos. La sentencia supone un cambio jurisprudencial trascendente, al pasar de la interpretación restrictiva del artículo 853 del Código Civil (cfr. Sentencia del Tribunal Supremo 4 Noviembre 1997) a una interpretación extensiva.

 Además, ya no pueden admitirse opiniones que consideren que simplemente la sentencia citada trataba de resolver un caso concreto con justicia, pero sin tener voluntad de permanencia, pues el Tribunal Supremo, con el mismo ponente, ha reiterado los mismos criterios en la Sentencia de 30 de Enero de 2015. Por tanto, nos encontramos ya ante verdadera jurisprudencia, ante doctrina legal del Tribunal Supremo, por existir ya al menos dos fallos idénticos en los que se resuelve con idénticos fundamentos, hasta el punto de que la segunda sentencia básicamente copia los fundamentos jurídicos de la primera.

Para ello, el Tribunal Supremo se sirve del siguiente íter argumentativo, tanto en la Sentencia de 3 de Junio de 2014 como en la de 30 de Enero de 2015. En primer lugar, parte de que la desheredación sólo puede tener lugar por las causas recogidas en la ley, pues el artículo 848 del Código Civil señala que “La desheredación sólo podrá tener por alguna de las causas que expresamente señala la ley.”  

 En segundo lugar, señala que la interpretación de este precepto debe ser estricta, en lo que atañe a la enumeración de causas de desheredación, pues no pueden añadirse o eliminarse causas, siendo sólo aplicables las de los artículos 852 a 855 del Código Civil. Señala la sentencia así que “en orden a la caracterización general de la figura debe señalarse que aunque las causas de desheredación sean únicamente las que expresamente señala la ley (…) y ello suponga su enumeración taxativa, sin posibilidad de analogía, ni de interpretación extensiva (…)”.

 En tercer lugar, y aquí radica el quid de la cuestión, señala, empero, que lo que sí puede interpretarse es la significación y alcance de cada una de las causas recogidas. Dice en este sentido el Tribunal Supremo que “no obstante, esto no significa que la interpretación o valoración de la concreta causa, previamente admitida por la ley, deba ser expresada con un criterio rígido o sumamente restrictivo”.

 Y en cuarto lugar, concluye entendiendo que el artículo 853 del Código Civil, párrafo segundo, puede interpretarse de forma extensiva, incluyendo el maltrato psicológico como modalidad del maltrato de obra, y entendiendo que el abandono emocional, contrario a los deberes inherentes a toda relación paterno-filial, puede ser considerado como maltrato psicológico. Aquí, como decimos, radica la ratio decidenci, pues expresa la sentencia que “Esto es lo que ocurre con los malos tratos o injurias graves de palabra como causas justificadas de desheredación (…), que, de acuerdo con su naturaleza, deben ser objeto de una interpretación flexible conforme a la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento en que se producen (…).” Y añade: “En orden a la interpretación normativa del maltrato de obra como causa justificada de desheredación, en la línea de lo anteriormente expuesto, hay que señalar que, en la actualidad, el maltrato psicológico, como acción que determina un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima, debe considerarse comprendido en la expresión o dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra (…)”.

 Para ello, aunque no lo señale expresamente, el Tribunal Supremo se sirve de una de las armas más poderosas de las que disponen los tribunales en materia de Derecho privado: el artículo 3 del Código Civil, que le permite interpretar la norma utilizando un criterio lógico o finalista, y además tener en cuenta la realidad social actual, que, como hemos señalado, es radicalmente diferente a la existente en el tiempo de promulgarse el Código Civil.

 Los argumentos a favor de esta interpretación de la norma son, fundamentalmente, dos: por una parte, el respeto a la dignidad de la persona recogido en el artículo 10 de la Constitución Española; y por otra, el principio de conservación de los negocios jurídicos; y su consecuencia en el ámbito sucesorio: el principio de “favor testamenti”, como criterio de interpretación del testamento, contenido en el artículo 675 del Código Civil. Señala el Tribunal Supremo que “Por lo demás, la inclusión del maltrato psicológico, como una modalidad del maltrato de obra, en la línea de la voluntad manifestada por el testador, esto es, de privar de su legítima a quienes en principio tienen derecho a ella por una causa justificada y prevista por la norma, viene también reforzada por el criterio de conservación de los actos y negocios jurídicos que esta Sala tiene reconocido no solo como canon interpretativo, sino también como principio general del derecho (…) con una clara proyección en el marco del Derecho de sucesiones en relación con el principio de “favor testamenti” (…).”

 3.- Esta teoría que enuncia el Tribunal Supremo es valorada positivamente en paralelo a las críticas a nuestro sistema legitimario. No obstante, plantea una serie de problemas para ejecutarse en la práctica en dos momentos fundamentalmente: en el momento de otorgar el testador su testamento incluyendo la desheredación; y en el momento de otorgarse la partición de herencia en base a dicho testamento.

 4.- La interpretación jurisprudencial reseñada permite que al otorgarse el testamento pueda efectivamente redactarse éste conforme a la verdadera voluntad del testador que desee desheredar a alguno o a todos sus hijos o descendientes por maltrato psicológico. Ahora bien, se hace necesario que el asesoramiento del Notario en el testamento abierto advierta de los escollos que pueden aparecer.

 Principalmente, a la vista de la sentencia, surge la dificultad de diferenciar entre la voluntaria ruptura de vínculos o abandono emocional y el maltrato psicológico por abandono familiar. En este sentido dice la sentencia que “debe puntualizarse que, fuera de un pretendido “abandono emocional”, como expresión de la libre ruptura de un vínculo afectivo o sentimental, los hijos, aquí recurrentes, incurrieron en un maltrato psíquico y reiterado contra su padre del todo incompatible con los deberes elementales de respeto y consideración que se derivan de la relación jurídica de filiación, con una conducta de menosprecio y de abandono familiar”.

 Podría suponerse entonces que el Tribunal Supremo ha incluido, como maltrato de obra, el maltrato psicológico por menosprecio y abandono familiar; pero no la simple ruptura de vínculos y abandono emocional. Ésta diferenciación se antoja harto complicada. Podría entenderse que si los hijos o descendientes del testador, simplemente, no le llaman con frecuencia o no le visitan habitualmente, ello no es una justa causa para desheredarlos; y sólo lo será cuando efectivamente se haya producido una ruptura absoluta de comunicación, extendida en el tiempo, que haya provocado un verdadero padecimiento en el testador, hasta el punto de suponer un incumplimiento al deber de respeto que, conforme al adverbio “siempre” del artículo 154.2 del Código Civil, es vitalicio.

 Entendemos que, en el momento en que el Notario escucha al testador para redactar el testamento conforme a su voluntad, debe realizarse la labor de averiguación, para dilucidar cuál es la situación de éste. Deberá partir de la definición del maltrato psicológico que hace la propia sentencia como “acción que determina un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima”. Posiblemente dos criterios para poder saber si concurre justa causa de desheredación sean: en primer lugar, el tiempo durante el cual la relación familiar ha sido inexistente (no es lo mismo un distanciamiento puntual que una completa ausencia de relación paterno filial); y en segundo lugar, el padecimiento que ello ha infringido en el testador, el cual a pesar de ser un criterio subjetivo, es fácilmente identificable cuando el testador se explica abiertamente, y en confianza, al Notario para darle a conocer su voluntad. No olvidemos que la causa que aparece redactada en el Código Civil es el “maltrato de obra” y por tanto, deberá identificarse un verdadero maltrato psicológico.

 Estos criterios pueden servirnos a los Notarios para asesorar al testador sobre la viabilidad de su desheredación. Pero, en todo caso, el testamento se redactará conforme a su voluntad, por lo que, si el testador quiere desheredar, a pesar de que dudemos sobre la existencia de los requisitos para que pueda hablarse de maltrato de obra, deberemos redactar la cláusula de desheredación, conforme al artículo 849 del Código Civil, advirtiendo previamente al testador de que su eficacia definitiva dependerá de que el desheredado impugne y de que se pueda probar efectivamente el maltrato psicológico, como veremos a continuación.

 5.- Una vez fallecido el testador, y obtenida la copia autorizada del testamento, se deberá proceder a otorgar la escritura pública de aceptación y partición de herencia.

La cuestión inicial consiste en determinar quiénes serán los otorgantes, y la solución clara es que en ella no intervendrá el desheredado, puesto que al ser privado de su legítima, es privado de todo derecho a la herencia salvo en el hipotético caso de que el testador le hubiere legado al desheredado algo con cargo al tercio de libre disposición.

 La escritura de partición hereditaria será siempre eficaz si la desheredación ordenada por el testador se funda en justa causa expresada en el testamento y la certeza de dicha causa no ha sido contradicha por los desheredados. Así, la Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de 23 de Mayo de 2012, en una partición hecha en base a un testamento que contiene desheredación de hijos, exige en la escritura la expresión de la causa y la identificación concreta de los desheredados; no siendo necesaria acta de notoriedad, pero debiendo aportar el otorgante los datos personales necesarios para que se pueda inferir la aptitud genérica de dichos descendientes para ser desheredados. Se exige que de todos los datos aportados en la escritura resulte, en principio, que los otorgantes son los únicos interesados en la sucesión. Habrá de constar por tanto la edad del desheredado y la identificación de sus descendientes, pues, si el desheredado tiene hijos, se aplicará el artículo 857 del Código Civil, y estos deberán concurrir al otorgamiento de la escritura, tal y como afirmó la Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de 6 de Marzo de 2012. Problema diferente es cómo se acredita la existencia o inexistencia de hijos del desheredado. La Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado de 29 de Septiembre de 2010 entendió que no era necesaria un acta de notoriedad semejante a la del artículo 82 del Reglamento Hipotecario, sino que bastaban las manifestaciones de los herederos, que no tienen por qué probar la inexistencia de otros herederos forzosos.

Tras este punto, en el que los nombrados herederos, junto con los legitimarios legatarios, concurren en la Notaría y otorgan la escritura pública, se plantean una serie de problemas, que dependerán de que el desheredado impugne o no la desheredación. En todo caso, lo que es evidente es que la causa de desheredación se presume justa, y que el Notario no debe realizar un juicio de valor. Será el desheredado el que, por la vía del artículo 850 del Código Civil, podrá impugnar la desheredación.

 Y para que el desheredado decida si impugnar o no, será preciso que tenga conocimiento de que ha sido desheredado. Lógicamente, lo tendrá en cuanto que sabrá de la muerte del testador, y si solicita la copia autorizada del testamento, se le deberá entregar por aplicación del artículo 226.b) del Reglamento Notarial. No obstante, si no la solicita, y los herederos otorgan la escritura de partición de herencia, no pensamos que el Notario tenga obligación de notificar al desheredado, pues repetimos que no tiene ningún derecho en la misma mientras la desheredación se presuma justa. Sí parece conveniente hacer constar en la escritura pública la advertencia de que la partición se hace conforme a un testamento que deshereda y que por tanto, siendo eficaz, está amenazada de una acción de impugnación, hasta que prescriba la acción del desheredado, cuyo plazo de prescripción ha sido discutido.

 En todo caso, consideramos que el desheredado lo que impugnará será el testamento, y ello tendrá en su caso consecuencias sobre la eficacia de la partición realizada en base al mismo. El ejercicio por los desheredados de la acción de impugnación puede traer como consecuencia la ineficacia parcial del testamento, y consecuentemente la rescisión o la modificación de la partición de herencia. La acción que pueden ejercitar los desheredados tiene un plazo de prescripción discutido doctrinalmente pero parece razonable entender que se trata de una acción de anulabilidad, por ser una ineficacia parcial y sobrevenida del testamento, con lo que el plazo será de cuatro años contados desde que pudo ser ejercitada, esto es, desde el fallecimiento del testador.

 Así, si el desheredado no llega a impugnar, no se planteará ningún problema. Pero si decide impugnar, surgirán en el caso que tratamos difíciles problemas probatorios, pues como señala el artículo 850 del Código Civil dice que “La prueba de ser cierta la causa de desheredación corresponderá a los herederos del testador si el desheredado la negare”. Ésta prueba no es difícil en otras causas de desheredación en las que existirá una sentencia penal o civil, o una demanda judicial de alimentos.

Pero en el caso que nos ocupa de desheredación de hijos o descendientes a causa del maltrato de obra consistente en maltrato psicológico por abandono familiar, los herederos del testador pueden tener verdaderos problemas para probar que efectivamente el desheredado desatendió al causante, puesto que la falta absoluta al deber de respeto y la falta de toda relación familiar suponen, en definitiva, hechos negativos, cuya prueba puede tornarse imposible. Corresponderá a los tribunales la valoración de la misma, una vez practicada por los medios que los herederos puedan conseguir entre los existentes en los artículos 299 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, fundamentalmente el interrogatorio de partes y de testigos.

Dada la dificultad de esta prueba, puede apuntarse un atisbo de solución, que deberá ser previsto por el testador en vida. Éste, al otorgar su testamento con desheredación, podría solicitar del Notario el otorgamiento de un acta de notoriedad, prevista en el artículo 209 del Reglamento Notarial, que acredite que la relación con el desheredado es inexistente y que éste le ha abandonado y maltratado psicológicamente. También será complicada su autorización, pero seguramente el propio testador pueda aportar más elementos probatorios en vida de los que podrán aportar sus herederos tras su muerte. Podrían incorporarse al acta manifestaciones del resto de familiares, certificados bancarios que prueben que el testador no recibe ninguna ayuda del potencial desheredado, y cualesquiera otras pruebas que el testador considere puedan servir en el futuro a sus herederos para defenderse de la impugnación de la desheredación. Cabría incluir un informe psicológico de un perito en la materia que acredite dicho maltrato por ausencia de relación familiar. No obstante, repetimos, quedará al juicio del Notario decidir si la notoriedad del maltrato psicológico está suficientemente probada.

 En todo caso, una vez impugnado el testamento por el desheredado cabrán dos conclusiones: o se desestima la acción, en cuyo caso la partición conservará su eficacia; o la acción es estimada, con lo que la partición se habrá hecho en base a un testamento devenido ineficaz y será, por tanto, ineficaz. Aquí podrán seguirse dos posiciones: bien se entiende que es un caso de rescindibilidad de la partición por el artículo 1074 del Código Civil; bien se entiende que es un caso de simple modificación, por considerarse que sería de aplicación del artículo 1080 del Código Civil, ya que la partición se habrá realizado sin alguno de los herederos, incluyendo a los forzosos. En uno y otro caso, habrá que atribuirle al injustamente desheredado su legítima, la estricta, según la posición jurisprudencial y doctrinal mayoritaria que interpreta así el artículo 851 del Código Civil. La solución, tanto si seguimos la tesis de la rescindibilidad como si se sigue la de la modificación de la partición, será indefectiblemente en la práctica la ineficacia de la partición realizada y  la necesidad de otorgar una nueva escritura pública en la que la partición se realice compareciendo el legitimario injustamente desheredado.

  1. La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Junio de 2014, que hemos tratado, y su reflejo en la de 30 de Enero de 2015, merecen, como hemos dicho, una valoración positiva. Basten para ello dos razones: está en línea con la evolución de la sociedad, que reclama cada vez más la absoluta libertad de testar; y está en línea con la evolución legislativa imperante en nuestro entorno, que ya ha respondido a dichas demandas sociales, a diferencia de lo que ocurre en el Derecho Común.

 Así, tanto el Derecho Foral como el Derecho Comparado tienden a atenuar la rigidez de la sucesión forzosa. Sin ser éste el lugar para un estudio pormenorizado de la materia, cabe reseñar que el Derecho Catalán incluye como causa de desheredación la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el legitimario, si es por una causa exclusivamente imputable al legitimario; el Derecho Aragonés y el Derecho Vizcaíno regulan la legítima colectiva; y en el Derecho Navarro y en el Fuero de Ayala existe en la práctica la libertad de testar. Por su parte, el Derecho Inglés tiene como base la libertad de testar; mientras que el Derecho Francés, manteniendo la sucesión forzosa, la ha restringido y acomodado a la nueva realidad social; y en el Derecho Alemán rige la libertad de testar, concibiéndose la legítima como un derecho de crédito.

 En definitiva, como señala Victorio Margariños, en un artículo publicado en El Mundo el 3 de Septiembre de 2014, “Esta sentencia supone un paso importante en el proceso de libertad de disposición de los bienes para después de la muerte, y su fundamentación no es ajena a la defensa del valor de dignidad de la persona, germen o núcleo fundamental de los derechos constitucionales. Pero, por muy justa que sea una sentencia, los problemas de fondo siguen ahí, enquistados en una legislación anticuada, pues la solución no puede remitirse a los tribunales, que han de enjuiciar cada caso, con las dificultades que ello supone y lo gravoso que resulta.”

 Efectivamente, si bien la dirección de la sentencia es óptima, las consecuencias en la aplicación práctica originan problemas de prueba, y ello desemboca en una inseguridad jurídica temporal en las particiones hereditarias realizadas en base a un testamento que contenga desheredación de hijos por maltrato psicológico, pues el heredero no alcanzará la certeza de que tiene un dominio definitivo hasta tiempo después de otorgar la partición, con la consiguiente intranquilidad que ello produce.

Por tanto, parece claro que el camino a seguir es el tradicional: surge un problema jurídico en la realidad social, ello se traduce en una serie de sentencias que resuelven casos reales, y finalmente el legislador acomoda el ordenamiento jurídico a dicha realidad. Falta, por tanto, éste último paso.

 Se hace necesaria una reforma del Código Civil en esta materia. Y es aquí donde el legislador deberá elegir: o reforma en profundidad el Derecho Sucesorio para suprimir o atenuar la sucesión forzosa; o reforma la institución de la desheredación, incluyendo la falta de relación familiar entre sus causas e invirtiendo la carga de la prueba, imponiendo al desheredado la prueba de ser merecedor de su legítima. Cuestión diferente es imaginar que en algún momento esta reforma pueda llegar a ser oportuna y prioritaria para el legislador.

 

4.- ¿Qué medio, que se menciona en el artículo, venían usando los testadores para eludir su obligación de legítima a favor de los hijos?

Dejar su herencia a favor de otros familiares.

El caso de esta sentencia revolucionaria permitió que se cumpliera la última voluntad de Jesús (nombre falso), un padre malagueño que había dejado todo su patrimonio, valorado en 400.000 euros, a su hermana, quien había estado cuidando de él los últimos siete años de su vida, mientras estuvo enfermo.

ALBERTO INFANTE CABALLERO.

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