El acceso a la función pública de las personas con discapacidad

 1.- Previsiones constitucionales relevantes.

La inserción laboral es, sin duda, una de las vías fundamentales para conseguir la integración laboral de las personas con discapacidad. Los empleos de calidad aseguran independencia económica, fomentan los logros personales y ofrecen la mejor protección frente a la pobreza.

En el Derecho español existe una importante tradición de normas orientadas a evitar la discriminación inicial que la discapacidad provoca en el acceso a la función pública, mediante el establecimiento de una serie de medidas positivas. La principal de ellas es el cupo de reserva, tanto a nivel nacional como autonómico.

El apoyo general de esta legislación se encuentra en el artículo 9.2 de la Constitución, en virtud del cual «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo, y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».

El acuerdo de la Comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial de 13 de mayo de 2013 permite el acceso de un invidente total a la carrera judicial, señalando que deberá desempeñar sus funciones en puestos compatibles o adaptados a sus capacidades y aplica el artículo 49 de la Constitución y el artículo 301.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto se deriva del Derecho Fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Así como también por lo establecido en el artículo 103 del Texto Constitucional.

También se establece así en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con Discapacidad y de su inclusión social, el cual define en su artículo 3, apartado g, las medidas de acción positiva como aquellas de carácter específico consistentes en evitar o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y destinadas a acelerar o lograr la igualdad la igualdad de hecho de las personas con discapacidad y su participación plena en los ámbitos de la vida política, social, educativa, laboral y cultural.

Por último, hay que destacar que el artículo 53.3 de nuestra norma fundamental dispone que los principios del Capítulo III (entre ellos el artículo 49) sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

2.- Igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública: la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de previsiones legales de cuotas flexibles de reserva.

Las previsiones legales de reserva de plazas en la función pública a las personas con discapacidad plantean las complejas relaciones entre el artículo 14 de la Constitución, que consagra una igualdad meramente formal, impidiendo diferencias de trato que carezcan de justificación objetiva y razonable, con los artículos 9.2, 23.2, 49 y 103.3 del mismo texto legal.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha interpretado de forma flexible y abierta la igualdad formal del artículo 14, haciéndola compatible con la igualdad real y efectiva del artículo 9.2 CE.

En nuestra Constitución, la afirmación del principio genérico de igualdad del artículo 14 significa que el legislador democrático no puede establecer distinciones irrazonables o arbitrarias entre los ciudadanos. Aquí el Tribunal Constitucional propone la noción de objetividad como parámetro de diferenciación del legislador en tres sentidos:

  • La objetividad como exclusión de referencias valorativas por parte de la norma.
  • La objetividad como generalidad normativa.
  • Por último, la objetividad como distinción llevada a cabo por la norma.

Ahora bien, aunque nuestro Tribunal Constitucional en diversas sentencias ha aceptado la exigencia de objetividad en cuanto generalidad como una condición suficiente de la igualdad en la Ley. Aquí se han de distinguir dos patrones diferenciados.

El primero es el de la constitucionalidad de la finalidad pretendida, y ningún problema parecen plantear las acciones legales en favor de los discapacitados, que tienen su propia protección en el artículo 49 de la Constitución, pero además el precepto plantea como un mandato y una obligación para los poderes públicos para que realicen “una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración”.

El examen exigido por el principio genérico de igualdad de la Ley se reduce entonces a la adecuación suficiente entre la clasificación empleada y la finalidad de la norma. La consecuencia de esta afirmación es que la diferencia de trato debe ser proporcional, como exige la Sentencia del Tribunal Constitucional 158/1993, de 6 de abril.

El juicio de razonabilidad no puede apartarse del juicio de la proporcionalidad, que no debe limitarse a la ponderación genérica acerca de si el tipo de diferenciación introducida resulta adecuada o razonable para alcanzar el fin perseguido.

Por otro lado, el artículo 23.2 concede al legislador un amplio margen de libertad en la regulación de las pruebas de selección de funcionarios y en la determinación de los méritos y capacidades que se tomarán en consideración. En consecuencia, se obliga al legislador a implantar a implantar requisitos de acceso a funciones públicas que, “establecidos en términos de igualdad, respondan única y exclusivamente a los principios de mérito y capacidad”.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 269/1994 recoge la primera doctrina constitucional española sobre discriminación inversa. Se basa en el caso de una mujer sin discapacidad que perdió la plaza en favor de otro concursante con una discapacidad de sordera, pese a obtener una puntuación superior, y recurrió estas bases por considerarlas contrarias a los artículos 14 y 23.2 de la Constitución. El Tribunal Supremo rechazó el recurso conforme a los siguientes fundamentos:

  • En primer lugar, consideró que al constituir la discapacidad una situación de desventaja respecto al acceso al empleo, se convierte en un factor diferencial.
  • En segundo lugar, según el Tribunal Constitucional, la reserva de plazas no afecta tampoco al derecho reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución en relación con el artículo 103.3 de la Constitución a acceder a la función en condiciones de igualdad en virtud del principio de mérito y capacidad.

En definitiva, siendo el derecho reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución un derecho de configuración legal, puede la Administración legítimamente tener en cuenta, una vez acreditados los requisitos de mérito y capacidad, otros criterios bien distintos que no guarden relación con éstos.

La igualdad que reconoce el artículo 14 de la Constitución no omite la toma en consideración de razones objetivas que razonablemente justifiquen la desigualdad de tratamiento legal, e incluso el artículo 9.2 de la Constitución impone a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas.

El juicio de igualdad, dentro de la razonable dosis de libertad de la Administración sobre el programa, pruebas selectivas y fijación de los méritos en el acceso a la función pública.

3.- Primeras medidas contempladas en la LISMI y en la legislación de función pública.

Los preceptos y principios constitucionales comentados fueron objeto de un primer desarrollo por la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de la minusvalía, que estableció en su artículo 38.3 que “en las pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas, Administración Local, Institucional y de la Seguridad Social, serán admitidos los minusválidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes”.

El precepto también recogió una previsión sobre la acreditación de las condiciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones correspondientes, que se realizará “en su caso mediante dictamen vinculante expedido por el equipo multiprofesional competente, que deberá ser emitido con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas”.

La disposición adicional decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de julio, dispuso que en las ofertas de empleo público se reservara un cupo no inferior al 3% de las vacantes para ser cubierto por personas con discapacidad.

El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, hace referencia a la admisión en los procesos selectivos d personas con minusvalía y a las adaptaciones de tiempos y medios necesarios para garantizar el principio de igualdad de oportunidades.

4.- La directiva 2000/78/CE y la decisiva Ley 53/2003, sobre empleo público de discapacitados.

La Directiva 2000/78/CE, de 27 de diciembre de 2000, obliga a que las legislaciones nacionales prohíban la discriminación en el empleo por varios motivos, entre los que se incluye la discapacidad, promuevan medidas positivas de igualdad de oportunidades y la adopción de ajustes razonables que remuevan las barreras u obstáculos en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo en todo tipo de ocupación.

En relación con las personas con discapacidad, la norma europea señala que el principio de igualdad de trato no constituirá un obstáculo al derecho de los Estados miembros de mantener u adoptar disposiciones relativas a la protección y la seguridad en el lugar de trabajo, ni para las medidas cuya finalidad sea crear o mantener disposiciones o facilidades con objeto de proteger o fomentar la inserción de dichas personas en el mundo laboral.

Según el artículo 3 de la directiva, sus disposiciones se aplican a todas las personas, y su artículo 4 se apoya en el principio de igualdad de oportunidades entre los trabajadores con discapacidad.

La incorporación de esta directiva al Derecho español marcará un punto de inflexión clave en la materia. La norma de transposición (Ley 53/2003) se aprobó simultáneamente a la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal  de las personas con discapacidad (LIONDAU). El artículo 4 de esta última entiende vulnerado el derecho a la igualdad de oportunidades si se produjera un incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas.

5.- El desarrollo reglamentario de la Ley 53/2003 y su interpretación jurisprudencial.

En el ámbito estatal, la Ley 53/2003 se desarrolló por el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, de aplicación a los procedimientos de acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo del personal al que se refiere el artículo 1.1 de la Ley 30/1984.

El Real Decreto 2271/2004 debe de adaptarse a la nueva redacción dada al artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público que introdujo el artículo 11 de la Ley 26/2011, de adaptación normativa a la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de los Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en su artículo 37, se remite a l o dispuesto en la normativa reguladora de la materia.

El régimen de las convocatorias con reserva de plazas para personas con discapacidad viene determinado en el artículo 3 del Real Decreto 2271/2004.

6.- El Estatuto Básico del Empleo Público.

Ya aprobada la Convención de la ONU sobre los Derechos de las personas con discapacidad, cuyo artículo 27 establece que los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas emplear a personas con discapacidad en el sector público.

El artículo 59 del Estatuto Básico reservó un cupo no inferior al 5% de las vacantes para personas con discapacidad y remite a las distintas Administraciones Públicas para las adaptaciones que se requieran. La Ley 26/2011 modificó este artículo 59 del EBEP para elevar el porcentaje de reserva al 7%.

La disposición adicional primera de la Ley 7/2007 extendió la aplicación del artículo 59 a las entidades del sector público estatal, autonómico y local que no estén incluidas en el artículo 2 del presente estatuto y que estén definidas así en su normativa específica. Pero hay más preceptos del Estatuto Básico con previsiones relacionadas con las personas con discapacidad, algunas con mucha importancia por su alcance.

La Resolución de 21 de junio de 2007, por la que se publican las Instrucciones de 5 de junio de 2007 para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, prevé la aplicabilidad del cupo de reserva a las entidades públicas empresariales, dependientes de la Administración General del Estado; las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; las sociedades mercantiles estatales; etc.

Pero hay más preceptos del Estatuto Básico con previsiones relacionadas con las personas con discapacidad, algunas con mucha importancia por su alcance. Por ejemplo, dentro de los derechos de los empleados públicos de carácter individual del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 5/2015, la letra i) se refiere a la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, etc.

Asimismo, entre los principios étnicos que recoge el artículo 53 se señala que la conducta de los empleados públicos se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, etc.

También el artículo 49, al establecer los permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género, reconoce el permiso por parto que tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, y que se ampliará dos semanas en caso de discapacidad del hijo.

En cuanto a la excedencia, el artículo 89 contempla que los funcionarios tendrán derecho a un periodo de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo.

7.- La evolución en los datos de personas con discapacidad presentadas y aprobadas en las pruebas de acceso al empleo público.

Para valorar la incidencia de la Ley 53/2003 y del Estatuto Básico, nada mejor que comprobar los datos relativos al turno libre de las ofertas de empleo público procedentes de fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas.

El Real Decreto 227/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, establece en su artículo 13.2 que el Ministerio de Administraciones públicas hará un informe anual con la información y estadísticas relevantes.

El impacto de la crisis económica y la brusca reducción de las plazas convocadas a partir del año 2010 produjeron una notable disminución en el número de solicitudes presentadas, datos similares a los de solicitudes presentadas para el turno libre, como se desprende en el siguiente gráfico.

8.- Medidas contempladas en las ofertas de empleo público.

En aplicación de las normas legales y reglamentarias comentadas, las ofertas anuales de empleo público contienen previsiones relativas al acceso de personas con discapacidad, que serán objeto de análisis.

La oferta de empleo público para el año 2003 establecía en su artículo 13 lo siguiente:

“Las convocatorias de pruebas selectivas correspondientes a la oferta de empleo público del año 2003 deberán incluir la reserva para las personas con minusvalía del porcentaje de plazas que correspondan, de acuerdo con la normativa aplicable. Los órganos de selección acordarán las adaptaciones necesarias, materiales o temporales, para asegurar que las personas con minusvalía realizan las pruebas selectivas en condiciones de igualdad con el resto de los candidatos.

Además de lo anterior y avanzando en el propósito de conseguir la igualdad de oportunidades, los procesos selectivos deberán incluir la posibilidad de que en las convocatorias en las que se establezca un cupo de reserva para discapacitados, una vez cubiertas las plazas de este cupo, los aspirantes que hayan superado la fase de oposición sin obtener plaza por dicho cupo, puedan optar, en igualdad de condiciones, a las plazas del sistema general, tanto en el caso de acceso por promoción interna como en el de turno libre”.

El porcentaje de plazas reservadas a personas con minusvalía era en aquella época no inferior al tres por ciento de las vacantes. Con la aprobación de la Ley 53/2003 se modifican las disposiciones relativas a las plazas para personas con minusvalía en las siguientes ofertas de empleo público.

La oferta de empleo público del año 2005, aprobada por medio del Real Decreto 121/2005, de 4 de febrero, estableció en su artículo 5 importantes previsiones en relación con las personas con discapacidad., en los siguientes términos:

Según lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, las convocatorias de pruebas selectivas correspondientes a la oferta de empleo público del año 2005 deberán incluir la reserva de un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento.

En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o periodos de prácticas, se establecerán para las personas con discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento que lo soliciten las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización, para asegurar que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad.

Las plazas reservadas para personas con discapacidad podrán convocarse conjuntamente con las plazas ordinarias o mediante convocatoria independiente.

El Ministerio de Administraciones Públicas determinará el tipo de convocatoria en cada proceso selectivo y realizará la distribución de la reserva de plazas dando preferencia y mayor cupo de reserva a las vacantes en cuerpos, escalas o categorías cuyos integrantes normalmente desempeñen actividades compatibles en mayor medida con la posible existencia de una minusvalía.

Una vez determinada dicha distribución, el número de plazas reservadas quedará recogido en las correspondientes bases específicas de la convocatoria.

Para avanzar en el propósito de conseguir la igualdad de oportunidades, en el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya presentado por el cupo de reserva de personas con discapacidad superase los ejercicios correspondientes, pero no obtuviese plaza y su puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de acceso general, será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso general.

Si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por las personas con discapacidad no alcanzarán la tasa del tres por ciento de las plazas convocadas, las plazas no cubiertas se acumularán al cupo del cinco por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del 10 por ciento.

9.- Incidencia de la crisis económica y elevación de las ofertas de empleo público de 2009 y 2010 de la reserva de plazas para ser cubiertas por personas con discapacidad al 7%.

En las ofertas de empleo público del año 2009, aprobada por Real Decreto 248/2009, de 27 de febrero, y 2010, aprobada por Real Decreto 406/2010, de 31 de marzo, en un contexto de grave crisis económica y fuerte reducción de las convocatorias de empleo, se amplió el porcentaje del 5% del artículo 59 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, para reservar un 7 por ciento de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad.

Como novedad, se prevé que la reserva del 7% se realice de manera que el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual, y el 5% restante lo sea para personas que acrediten otro tipo de discapacidad.

En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o periodos de prácticas, se establecerán para las personas con discapacidad anteriormente definidas que lo soliciten, las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización, de acuerdo con lo dispuesto en la orden PRE/1822/2006, de 9 de junio.

Las personas reservadas para personas con discapacidad podrán convocarse conjuntamente con las plazas ordinarias o mediante convocatoria independiente a la de los procesos libres. Las plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual se convocarán en un turno independiente.

En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se hubiera presentado por el cupo de reserva superase las pruebas y no obtuviese plaza en el citado cupo, siendo su puntuación superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de acceso general, éste será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso general.

Las plazas para las personas con discapacidad que queden desiertas en los procesos de acceso libre, no se podrán acumular al turno general, adicionándose al cupo de la oferta del siguiente año, hasta un límite máximo del 10%.

10.- La oferta de empleo público para 2011.

El Real Decreto 264/2011, de 28 de febrero, se encuentra marcado por la aplicación de la estrategia del gobierno de contención de los gastos de personal.

En coherencia con lo indicado, la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, establece restricciones a la incorporación de personal de nuevo ingreso determinado en su artículo 23.1 que para el corriente año el número total de plazas de nuevo ingreso del personal del sector público será como máximo igual al 10%.

En este contexto, la Oferta de empleo público de 2011 se distribuye con el criterio de asignación de plazas hacia aquellos ámbitos, sectores, funciones y territorios más necesitados de personal, teniendo en cuenta un concepto flexible para la atención de sectores que también son estratégicos.

El Real Decreto 264/2011 recoge lo relacionado con el acceso y promoción para personas con discapacidad en el artículo 5. Se mantiene la previsión de las ofertas anteriores de que la reserva del 7 por ciento se realice de manera que el 2 por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el 5 por ciento restante lo sea para personas que acrediten cualquier tipo de discapacidad.

En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se hubieran presentado por el cupo de reserva superase los ejercicios y no obtuviese plaza en el citado cupo, siendo su puntuación superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema general, éste será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso general.

11.- Las ofertas de empleo público en los años 2012, 2013 y 2014 todavía en un contexto de crisis económica.

El Real Decreto 1694/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de empleo para el año 2012, en su Anexo I detalla las plazas que la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales para el año 2012 permite que sean ofertadas con una tasa de reposición del 10%.

El artículo 5 del Real Decreto contempla el acceso y promoción para personas con discapacidad y reserva un 7% de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad, con la distribución hasta ahora comentada.

La Ley 27/2012, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 no se procederá en el sector público a la incorporación de nuevo personal. También la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, estableció que, a lo largo de ese año no se procedería en el sector público a la incorporación de nuevo personal.

La oferta de empleo público para el año 2014 fue aprobada por Real Decreto 228/2014, de 4 de abril, cuyo artículo 4 contempla el acceso y promoción para personas con discapacidad, reservando un 7 por ciento de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad.

Se prevé que las plazas reservadas podrán convocarse conjuntamente con las plazas ordinarias o mediante convocatoria independiente. Las plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual se realizarán en convocatoria independiente, excepto las de promoción interna que se convocarán conjuntamente con el resto de la misma.

12.- Las ofertas de empleo público para 2015 y 2016 con unas tasas de reposición del 50 y del 100%.

En el marco de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, que contempló una tasa de reposición de hasta un máximo del 50%, el Real Decreto 1962015, de 22 de marzo, aprobó la oferta de empleo público para el año 2015.

El acceso y promoción para personas con discapacidad se regula en el artículo 4 de la norma, que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, obliga a reservar un 7 por ciento de las plazas para ser cubiertas por personas con discapacidad.

La reserva del 7 por ciento se realizará de manera que el 2 por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el 5 por ciento restante lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

Igualmente, la oferta incluye el 7 por ciento de las plazas autorizadas por el Real Decreto-Ley 5/2014, de 4 de abril, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal.

En el citado real decreto-ley se autorizaron un total de 376 plazas de ingreso libre, 210 de escala de funcionarios de Administración local con Habilitación de carácter nacional y 166 en diversos cuerpos de funcionarios adscritos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Las 27 plazas que resultan de aplicar la reserva del 7 por ciento se incluyen en el citado Real Decreto 196/2015, correspondiendo 8 plazas (2 por ciento) al cupo de personas que acrediten incapacidad intelectual y las 19 restantes al cupo de personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

En el ámbito de la Administración de Justicia se reserva un cupo del 5 por ciento para personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985. Las plazas reservadas para personas con discapacidad intelectual se realizarán en convocatoria independiente, excepto las de promoción interna, y no se podrán acumular al turno general.

Por su parte, la Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, estableció que, a lo largo del citado año no se procedería en el sector público a la incorporación de nuevo personal, exceptuándose una serie de sectores y administraciones que se contemplan en el artículo 20 de la norma.

13.- Los cupos de reserva de plazas a las personas con discapacidad en la legislación autonómica.

La legislación autonómica, anterior y posterior al Estatuto Básico del Empleado Público, también ha recogido cupos de reserva para el acceso a la función pública de personas con discapacidad. Los porcentajes mínimos y máximos de reserva han oscilado entre el 3% de Aragón, , Cantabria, País Vasco y Murcia; el 5% de Asturias, Navarra, Cataluña y Extremadura; el 6% de Madrid; el 7% de Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, entre otras.; y el 10% de Castilla y León.

El artículo 23 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en Andalucía reserva para las personas con discapacidad un cupo no inferior al 3 por 100 del conjunto de las plazas vacantes de la Oferta de Empleo público. El precepto fue desarrollado de forma parcial por los artículos 19 y 47 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de puestos de Trabajo y Promoción profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía. El artículo 19 del Decreto 2/2002 fue desarrollado 528/2004 con el objeto de elevar el cupo mínimo de las plazas vacantes de las personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%.

Por otra parte, el Plan de Acción Integral para las personas con discapacidad en Andalucía, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno el día 2 de diciembre de 203, recoge en la línea de actuación de «Empleo público: Acceso al Empleo público» la medida de elevar al 5 % la reserva para las personas con discapacidad.

En Aragón, la disposición adicional 6ª del Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, prevé que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al tres por ciento del conjunto de las vacantes para su cobertura por personas con discapacidad de grado igual o superior al treinta y tres por ciento.

En Castilla y León, el artículo 4 del Decreto 83/2008, de 23 de diciembre, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación, señala que el número total de plazas que conformen la Oferta de Empleo Público anual para el ingreso en cuerpos y escala del personal funcionario y el acceso a categorías profesionales de personal laboral.

14.- La previsión de una reserva específica para las personas con discapacidad intelectual.

En las ofertas de empleo púbico de la Administración del Estado del año 2009, aprobada por Real Decreto 248/2009, de 27 de febrero, y de los años posteriores 2010 a 2016, hemos tenido ocasión de comprobar la novedosa previsión de que la reserva del 7 por ciento de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad, se realice de manera que el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubierto por personas que acrediten discapacidad intelectual y el cinco por ciento de las plazas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. También en diversas normas autonómicas se contempla una reserva específica para las personas con discapacidad intelectual.

Así, el Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la promoción, interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía, establece que en las Ofertas de Empleo Público se reservará del total de plazas que se oferten, tanto de acceso libre, como de promoción interna del personal funcionario y de promoción para las categorías profesionales del personal laboral.

Para Madrid, el Decreto 54/2006, de 22 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad a la Administración  de la Comunidad de Madrid, que establece un 6% de plazas reservadas, prevé que del total de las plazas correspondientes al cupo de discapacidad de las Categorías Profesionales  que integran el Grupo Profesional V de los previstos en el convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, al menos el 25% se reservarán para su cobertura mediante personas con discapacidad.

15.- La noción de persona con discapacidad a los efectos del acceso al empleo público.

Un elemento decisivo en la normativa sobre acceso al empleo público es el concepto de persona con discapacidad. A este respecto, el Estatuto Básico del Empleo Público acoge en su artículo 59 un concepto flexible de la persona con discapacidad por remisión a la noción del apartado 2 del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Este artículo establece lo siguiente: Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Las normas que regulen los beneficios o medidas de acción positiva podrán determinar los requisitos específicos para acceder a los mismos”.

El Estatuto amplió notablemente la noción de persona con discapacidad al remitirse directamente primero a la LIONDAU y ya en la actualidad al Real Decreto Legislativo 1/2013, incluyendo de esta forma a esos pensionistas.

Para la determinación del porcentaje de discapacidad resulta de aplicación el Real Decreto 1979/1999, de 23 de diciembre, que regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. Idéntico porcentaje del 33% de discapacidad recoge la normativa autonómica que establece reserva de plazas para las personas que la ostenten.

16.- Otras medidas de integración en el proceso selectivo y una vez superado el mismo.

Además de la cuota de reserva en el acceso al empleo público, las Administraciones públicas contemplan en su normativa algunas otras medidas que inciden también en el acceso y en la permanencia de estas personas en el empleo público.

Se trata de medidas tales como una regulación exhaustiva de la forma de determinación y distribución de dichas plazas; la posibilidad de efectuar convocatorias independientes de procesos selectivos para el acceso a determinadas categorías profesionales adaptadas a los tipos de discapacidad; establecer, en las convocatorias conjuntas, niveles mínimos diferentes para quienes concurran por la cuota de discapacidad con los restantes aspirantes y prever las medidas para después del proceso selectivo.

También cabe destacar en general lo dispuesto por la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas.

En este sentido, resulta fundamental el diálogo social entre los diversos actores para establecer políticas adaptadas y eficaces, para contribuir a la consecución del objetivo de integración socio-laboral de los discapacitados.

Pues bien, a nivel estatal, debe de destacarse el Real Decreto 2271/2004, que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. Hay que recordar que a los efectos del Real Decreto 2271/2004, se entiende por persona con discapacidad la definida en el artículo 1.2 de la ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

El acceso de las personas con discapacidad al empleo público se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compensación de las desventajas. El momento de acceso es considerado el más crítico en el itinerario laboral de una persona con discapacidad.

La norma reglamentaria establece como posibilidad convocar de forma independiente estas plazas reservadas e incorpora la adopción de diversas medidas de adaptación y ajustes razonables a las necesidades de las personas con discapacidad en el desarrollo del proceso selectivo. Se prevé la obligación de la Administración de proceder a la adaptación de los puestos de trabajo que solicite el candidato. Esto se señala así en el artículo 8 del Real Decreto 2271/2004.

En desarrollo del Real Decreto 2271/204 se dictó la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad. Esto se ha de realizar mediante una serie de solicitudes, y, para resolverlas, el órgano de selección podrá requerir dictámenes o informes de los órganos técnicos que corresponda. Por su parte, la adaptación de medios y los ajustes razonables consisten en la puesta a disposición del aspirante de los medios materiales y humanos necesarios.

Una vez superado el proceso selectivo, las personas que ingresen en cuerpos o escalas de funcionarios o categorías de personal laboral y hayan sido admitidos en la convocatoria ordinaria con plazas para personas con discapacidad podrán solicitar al órgano convocante la alteración del orden de prelación.

La solicitud a estas plazas reservadas habrá de formularse en la solicitud de participación en las convocatorias. Los aspirantes con discapacidad podrán pedir en el modelo oficial de solicitud las adaptaciones que y los ajustes razonables de tiempo y medios de las pruebas del proceso.

17.- La creación de órganos asesores para el acceso al empleo público de las personas con discapacidad.

Algunas Comunidades Autónomas han creado órganos específicos de asesoramiento para el acceso al empleo público de las personas con discapacidad. Este tipo de órganos están llamados a jugar un papel importante para garantizar la participación, el apoyo en la toma de decisiones y garantía del cumplimiento efectivo de las medidas previstas en la legislación estatal y autonómica.

En este sentido, sus competencias principales en la actualidad son de tipo consultivo. Ahora bien, para el mejor cumplimiento de esos objetivos resultaría necesario dotarles también, además de sus funciones consultivas, de facultades de ejecución.

Entre estos órganos cabe destacar el Consejo Asesor para el Acceso al Empleo Público de Personas con discapacidad creado por la Ley de Castilla-La Mancha 12/2001; el Consejo Asesor para el Acceso al Empleo Público de personas con discapacidad de Madrid; etcétera.

La composición de todos estos órganos colegiados es muy similar, al estar integrados en los mismos por una parte los titulares de las diversas consejerías y direcciones generales de las administraciones autonómicas, y, por otra, las organizaciones, asociaciones y entidades representativas de los intereses de este colectivo.

ALBERTO INFANTE CABALLERO.

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