Memoria de prácticas en el Despacho de Abogados Velázquez Abogados

ÍNDICE DEL TRABAJO

1.- Presentación.

2.- Estudio del Código deontológico de la abogacía y del Estatuto General de la abogacía.

3.- Estudio del proceso monitorio de eléctrica llevado a cabo por el despacho.

4.- Proceso monitorio de eléctrica 2 por una reclamación de deuda por modificación del STV.

5.- Estudio de un caso de una compañía de seguros.

6.- Caso de compañía de seguros 2 sobre atropello en Calle Francisco Salinas.

7.- Estudio de otro caso de compañía de seguros.

8.- Visita a Juzgados el día 17 de noviembre de 2015.

9.- Juicio penal llevado a cabo por el despacho.

10.- Juicio de pornografía infantil llevado a cabo por el despacho.

11.- Estudio de un caso del despacho sobre divorcio de mutuo acuerdo.

12.- Estudio de un caso del despacho sobre divorcio contencioso.

13.- Visita a juzgados del 1 de diciembre.

1ados el 2 de diciembre de 2015

15.- Estudio de un caso penal sobre una clínica veterinaria.

16.- Estudio de un caso contencioso-administrativo de la clínica veterinaria.

 

1.- Introducción

El objeto del presente trabajo es la descripción del trabajo que he realizado en el despacho Velázquez Abogados.

En este trabajo se va a tratar de describir brevemente las tareas que realizaba tanto en el despacho como en las visitas que hice a los juzgados. Se va a tratar en el presente trabajo explicar el trabajo realizado y los diferentes casos y tareas que se han llevado a cabo de la manera más sencilla posible, con el objetivo de que al encargado de calificar el presente trabajo le resulte lo más sencillo posible su comprensión.

Entre otras cosas, se va a proceder a analizar el Estatuto General de la Abogacía, así como el Código deontológico de la Abogacía española, y también se han realizado tareas de ver casos que han llevado en el despacho, ir a juzgados, tanto con el personal del despacho, y otros días solo, y también abrir la puerta, o ir a entregar algún documento a los juzgados de Reyes Católicos.

En las siguientes hojas se va a describir todas estas tareas realizadas durante el periodo de prácticas, con todos los detalles necesarios, pero intentando que el lector lo comprenda y que le resulte lo más ameno posible.

También se han desarrollado las actividades de presentación de documentos en los juzgados, así como en la elaboración de alguna demanda.

 

 

2.- Estudio del Código deontológico y del Estatuto general de la Abogacía

En el Código deontológico se establecen los principios y valores básicos que han de regir el ejercicio de la abogacía, con la observancia de los valores fundamentales en los que se basa el Ordenamiento Jurídico español.

En los últimos años se han producido unas reformas legales de gran trascendencia que han afectado de forma especial a la ordenación de las profesiones colegiadas; en concreto, nos referimos a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales; la Ley 34/20006, de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales y el Reglamento que la desarrolla, Real Decreto 775/2011, de 3 de junio; y la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Ante estas modificaciones habidas en nuestro ordenamiento jurídico y para su adaptación a ellas, este Consejo General está procediendo a la reforma tanto el Estatuto General como el Código deontológico de la Abogací­a Española.

No obstante, y mientras se tramitan estas modificaciones, informamos que los siguientes artículos del Código Deontológico de la Abogací­a Española se han visto, en mayor o menor medida, afectados por las reformas legislativas referidas:

  1. Artículo 2.5 (incompatibilidades)
  2. Artículo 6 (incompatibilidades)
  3. Artículo 7 (publicidad)
  4. Artículo 8 (competencia desleal)
  5. Artículo 9 (venia)
  6. Artículo 10.7 (comunicación de intervención profesional)
  7. Artículo 13 (hoja de encargo y deber de información)
  8. Artículo 15 (honorarios)
  9. Artículo 21 (cobertura de responsabilidad civil)

Igualmente se comunica que el artículo 16 del citado Código, “Cuota litis”, fue derogado por acuerdo del Pleno del Consejo General de la Abogací­a Española de fecha 21 de julio de 2010.

También hay que destacar la existencia de un Código Deontológico Europeo, en el que se establecen unas normas de actuación para el abogado en el ejercicio profesional transfronterizo y otras garantías mínimas exigibles para posibilitar el derecho de defensa de una forma efectiva. La independencia del abogado está íntimamente relacionada con el principio de libertad de decisión.

En cuanto al Estatuto General de la Abogacía, se llevó a cabo un estudio sistemático del mismo, adquiriendo el conocimiento sistemático de las obligaciones de los abogados, de los colegios profesionales de éstos y del Consejo General de la abogacía.

Respecto de este Estatuto general, hay que destacar que en los últimos años se han producido unas reformas legales de gran trascendencia que han afectado de forma especial a la ordenación de las profesiones colegiadas; en concreto, nos referimos a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales; la Ley 34/20006, de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales y el Reglamento que la desarrolla, Real Decreto 775/2011, de 3 de junio; y la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Ante estas modificaciones habidas en nuestro ordenamiento jurídico y para su adaptación a ellas, se está procediendo a la reforma tanto del Estatuto General como del Código deontológico de la Abogacía Española.

No obstante, y mientras se tramitan estas modificaciones, informamos que los siguientes artículos del citado Estatuto General de la AbogacíaEspañola se han visto, en mayor o menor medida, afectados por las reformas legislativas referidas:

  1. Artículo 3.1 (protección de los consumidores y usuarios).
  2. Artículo 4 (protección de los consumidores y usuarios, escuelas de práctica jurídica, y criterios de honorarios).
  3. Artículo 6 (título de licenciado).
  4. Artículo 11 (título de licenciado).
  5. Artículo 13.1.c) (título de licenciado).
  6. Artículo 13.2.d) (entidad o mutua de previsión social alternativa al régimen de la Seguridad Social).
  7. Artículo 17.3 (comunicación de intervención).
  8. Artículo 18 (comunicación de intervención).
  9. Artículo 21 (incompatibilidades).
  10. Artículo 22 (incompatibilidades).
  11. Artículo 23 (incompatibilidades).
  12. Artículo 24 (incompatibilidades).
  13. Artículo 25 (publicidad).
  14. Artículo 26 (venia).
  15. Artículo 27 (relación laboral especial en despachos de abogados).
  16. Artículo 28 (ejercicio colectivo y ley de sociedades profesionales).
  17. Artículo 29 (ejercicio colectivo y ley de sociedades profesionales).
  18. Artículo 42 (deber de información al cliente).
  19. Artículo 44 (honorarios).
  20. Artículo 53 (criterios de honorarios y cuotas de incorporación).
  21. Artículo 63.6. (cuotas de incorporación).
  22. Artículo 68.d) y v) (escuelas de práctica jurídica y cuotas).
  23. Artículo 69 (cuotas de incorporación).
  24. Artículo 84.a), b) y i) (incompatibilidades, publicidad y honorarios).
  25. Artículo 85.b) y e) (comunicación de intervención profesional y publicidad).

Igualmente se comunica que los artículos 24.1 y 63.f) del Estatuto General de la Abogacía Española se encuentran anulados por las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 3 de julio de 2003 y 3 de marzo de 2003, respectivamente.

 

3.- Estudio del proceso monitorio de compañía eléctrica llevado a cabo por el despacho

Es un caso de reclamación de cantidad por la comunidad de propietarios a la que suministraba energía ante el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Burgos. En este caso, la empresa administradora solicita a la Comunidad de Propietarios la cantidad impagada.

El 14 de noviembre de 2014 se da terminación al proceso monitorio que se suscitaba en este caso por haber formulado la parte demandada oposición en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el artículo 818, apartado primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También ocurre esto si la cantidad no excede de 6000 euros, como se da en el caso.

En la parte dispositiva de la sentencia, se obliga a la parte demandante a acudir porque, de lo contrario, y si no tuviere interés legítimo la parte demandada, se le tendrá desistido y se le impondrán las costas, además de tener que indemnizar al desistido, cabiendo recurso de reposición.

La parte demandada en este proceso emite, a través de su procurador, una contestación negando los hechos sobre los que versa el juicio, habiendo consignado una cantidad respecto del importe de lo reclamado por actora en la Cuenta Corriente de la demandada. Por la parte actora se indica que la deudora es únicamente la Comunidad de Propietarios antedicha, cuando en realidad el suministro se realiza para dos Comunidades de Propietarios. La deudora emite respuesta diciendo que se ha dado de baja del servicio y aporta como pruebas la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos número 197 de 22 de septiembre de 2014.

También se hace referencia en este procedimiento a la sentencia 12/2015, de 12 de febrero de 2015, recaída en el juicio verbal número 701/2014, que proviene de un recurso interpuesto por la empresa suministradora contra la Comunidad de Propietarios para reclamación de deuda de 500 euros por cláusula de penalización de baja anticipada. La interpretación de las dudas de la misma generadas por su ambigüedad deben perjudicar a la parte que ha redactado e impuesto la cláusula (artículo 1.288 CC).

 

4.- Proceso monitorio de compañía eléctrica por reclamación de deuda tras modificación de STV

Se trata de un proceso de liberalización de terrenos y tiene carácter económico, de ahí la utilización del proceso monitorio para tratar el tema. Es un supuesto de incumplimiento de obligaciones que, para la JdC, se derivan del acuerdo alcanzado para acometer la ampliación de la ST Villímar. En el expediente se aportan los documentos relativos al plan para el desarrollo de Villímar, así como los detalles y el proyecto de desarrollo.

Todo esto se lleva a cabo mediante el procedimiento ordinario 105/12. En este proceso se firma un convenio de reparto de tareas en la ejecución del suministro eléctrico. Se toman en consideración como legislación esencial en el presente procedimiento los artículos 1599 del Código Civil, por el cual la obligación de pagar la obra surge cuando ésta se ha entregado, y el artículo 1195 del Código Civil, relativo a los requisitos de compensación.

En cuanto a las costas, hay que tener en cuenta el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativo a la condena en costas en primera instancia, y, según el cual:

  1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.
  2. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad.
  3. Cuando, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, se impusieren las costas al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieren obtenido tal pronunciamiento; a estos solos efectos, las pretensiones inestimables se valorarán en 18.000 euros, salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga otra cosa. No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el tribunal declare la temeridad del litigante condenado en costas. Cuando el condenado en costas sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, éste únicamente estará obligado a pagar las costas causadas en defensa de la parte contraria en los casos expresamente señalados en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Cuantías expresadas en los términos que contienen los anexos del R.D. 1417/2001, 17 diciembre, por el que se procede a la conversión a euros de las cuantías establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil («B.O.E.» 27 diciembre).
  4. En ningún caso se impondrán las costas al Ministerio Fiscal en los procesos en que intervenga como parte.

Otra normativa a tener en cuenta son las leyes 10/2010, de 28 de abril, la Ley 8/1989, de 13 de abril, y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal.

Mediante escrito de 18 de junio de 2012, se produce demanda de juicio ordinario procedente de monitorio 105/2012. Esta demanda se produce contra la JdC.

En cuanto a la competencia, tramitación y cuantía del proceso, hay que destacar los artículos 85 LOPJ (competencia), en relación con los artículos 45 y 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (territorio), y los correspondientes a la tramitación por juicio ordinario (artículo 249 LEC), al ser la cuantía reclamada superior a 6000 euros.

En la sentencia del Juzgado número 4 de Burgos, procedente de un proceso Monitorio número 105/2012, se considera competente a este juzgado, de conformidad con el artículo 85 LOPJ y el artículo 45 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Es competente territorialmente, al ser el del lugar en el que tiene el domicilio la demandada (artículo 51 LEC).

La tramitación corresponderá a la del juicio ordinario, conforme al artículo 249 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Está legitimada activamente la representada compañía eléctrica como acreedora de la deuda. Está legitimada pasivamente la demandada JdCAASV.

En cuanto al fondo del asunto, son de aplicación en este caso los artículos 1.254 y siguientes y concordantes del Código Civil en materia de contratos, y artículo 1.088, siguientes y concordantes del Código Civil en materia de obligaciones derivadas de los contratos.

Hay que resaltar sobre todo aquí el artículo 1.091, según el cual las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.

También resulta de aplicación el artículo 1.911 del Código Civil, relativo al hecho de que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.

Se destaca aquí que la sentencia que ponga fin al procedimiento deberá pronunciarse sobre los intereses, según lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En cuanto a las costas, éstas habrán de imponerse al demandado de acuerdo con lo establecido en los artículos 394 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En este procedimiento recae la Sentencia número 40/2013, del Juzgado de Primera Instancia número 4 de los de Burgos. En la ciudad de Burgos, a 7 de marzo de 2013.

Habiendo visto los autos de Juicio Declarativo Ordinario, seguidos en este Juzgado con el número 105/12.

En el Fundamento de Derecho Primero, se ejercita en la demanda una acción de reclamación de cantidad para cuyo éxito resulta necesario la acreditación de los presupuestos en que se basa, conforme al artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El fallo de esta sentencia es la estimación parcial de la demanda interpuesta por el procurador de la compañía eléctrica y se condena a abonar la suma de 748.394,19 euros más los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y existe expresa condena en costas a la parte demandada.

En el Decreto para la ejecución de títulos, de 7 de octubre de 2.013, se dice que el artículo 612, apartado primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil se establece que, cuando un cambio de las circunstancias permita dudar de la suficiencia de bienes embargados en relación con la exacción de la responsabilidad del ejecutado, el ejecutante podrá solicitar la mejora del embargo. Se ha hecho una valoración de los bienes conforme al artículo 639, apartado cuatro, de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Esta sentencia se encuentra en la fase de tasación de costas y ejecución de la sentencia.

 

5.- Estudio de un caso de una compañía de seguros

Encontramos aquí dos procedimientos distintos.

El primer procedimiento es un procedimiento ordinario. En éste, se establecen una serie de prevenciones legales, como la de que, si no comparece en el plazo indicado el demandado, se le declarará en situación de rebeldía procesal, y notificada ésta, sólo se le notificará la resolución que ponga fin al procedimiento (artículos 496 y 97 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

En este caso se ha de tener en cuenta la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la Administración de Justicia.

Examinada la competencia territorial, los artículos 52.1 y 58 de la Ley de Enjuiciamiento Civil atribuyen el conocimiento de esta causa al Juzgado de Primera Instancia número 1 de Burgos.

Hay que destacar el artículo 249 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula los trámites del juicio ordinario de la siguiente manera:

Artículo 249 Ámbito del juicio ordinario

  1. Se decidirán en el juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía:

1.º Las demandas relativas a derechos honoríficos de la persona.

2.º Las que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se refieran al derecho de rectificación. En estos procesos, será siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramitación tendrá carácter preferente.

3.º Las demandas sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas o Asambleas Generales o especiales de socios o de obligacionistas o por órganos colegiados de administración en entidades mercantiles.

4.º Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, en aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame. No obstante, se estará a lo dispuesto en el punto 12 del apartado 1 del artículo 250 de esta Ley cuando se trate del ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios en materia de publicidad.Inciso final del apartado 4.º del número 1 del artículo 249 introducido por el número tres de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia («B.O.E.» 4 julio).Vigencia: 1 septiembre 2007

5.º Las demandas en que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia, salvo lo dispuesto en el punto 12.º del apartado 1 del artículo 250.Apartado 5.º del número 1 del artículo 249 redactado por el artículo 1.6.º de la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios («B.O.E.» 29 octubre).Vigencia: 18 noviembre 2002

6.º Las que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles, salvo que se trate de reclamaciones de rentas o cantidades debidas por el arrendatario o del desahucio por falta de pago o por extinción del plazo de la relación arrendaticia.Apartado 6.º del número 1 del artículo 249 redactado por el apartado siete del artículo segundo de la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios («B.O.E.» 24 noviembre).Vigencia: 24 diciembre 2009

7.º Las que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo.

8.º Cuando se ejerciten las acciones que otorga a las Juntas de Propietarios y a éstos la Ley de Propiedad Horizontal, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que corresponda.

  1. Se decidirán también en el juicio ordinario las demandas cuya cuantía excedan de seis mil euros y aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo.

Número 2 del artículo 249 redactado por el apartado ciento cuarenta y tres del artículo decimoquinto de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial («B.O.E.» 4 noviembre).

En la demanda de juicio ordinario se especifica la causa del proceso como consecuencia de una lesión sufrida por la demandante en una oficina de la demandada.

En cuanto a la competencia del Tribunal, hay que estar a lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Otra norma a tener en cuenta es el Código Técnico de la edificación. El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).

“Ante la creciente demanda de calidad por parte de la sociedad, la Ley establece los requisitos básicos que deben satisfacer los edificios de tal forma que la garantía para proteger a los usuarios se asiente no sólo en los requisitos técnicos de lo construido sino también en el establecimiento de un seguro de daños o de caución. Estos requisitos abarcan tanto los aspectos de funcionalidad y de seguridad de los edificios como aquellos referentes a la habitabilidad.”

Las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios se refieren a materias de seguridad (seguridad estructural, seguridad contra incendios, seguridad de utilización) y habitabilidad (salubridad, protección frente al ruido y ahorro de energía).

El CTE también se ocupa de la accesibilidad como consecuencia de la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, LIONDAU.

El CTE pretende dar respuesta a la demanda de la sociedad en cuanto a la mejora de la calidad de la edificación a la vez que persigue mejorar la protección del usuario y fomentar el desarrollo sostenible. Se aplica a edificios de nueva construcción, así como a intervenciones en edificación existente, como pueden ser obras de ampliación, modificación, reforma o cambio de uso, teniendo siempre en cuenta la excepcionalidad de determinadas construcciones protegidas desde el punto de vista ambiental, histórico o artístico.

El CTE ha sido una herramienta fundamental que ha permitido que la normativa técnica de la edificación pase de ser de uso exclusivo de técnicos y profesionales a ser de uso común para todos los agentes implicados en el mundo de la construcción.

Una de las principales novedades que introduce CTE respecto a la legislación anterior de la edificación en España fue el enfoque por objetivos o prestaciones, que son el conjunto de características objetivas de un edificio que contribuyen a determinar su aptitud para responder a las diferentes funciones para las que fue diseñado.

Hasta la aprobación del CTE en 2006, la regulación de la edificación había sido de carácter prescriptivo, es decir, establecía los procedimientos aceptados o las guías técnicas que debían seguirse a la hora de construir un edificio. Este tipo de códigos suponen en la práctica una barrera técnica que obstaculiza la aplicación de innovaciones tecnológicas al proceso de edificación.

El CTE se encarga de enunciar los criterios que deben cumplir los edificios pero deja abierta la forma en que deben cumplirse estas reglas. Esta particularidad, que está presente en las regulaciones de la mayor parte de los países de nuestro entorno, permite la configuración de un entorno normativo más flexible.

De esta forma, el CTE favorece el desarrollo de tareas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), así como un aumento del uso de las nuevas tecnologías en el sector de la construcción, al integrar de forma más directa los avances logrados gracias a estas actividades. Así, el enfoque de prestaciones permite la utilización de innovaciones técnicas sin perder de vista los elementos tradicionales del método de la construcción.

En este procedimiento, en la fase de la Audiencia previa, la empresa de seguros propone como prueba la designación de un perito judicial titulado Arquitecto, al objeto de dictaminar si el local comercial de Nuestra Señora de Fátima número 1 cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación para satisfacer las necesidades básicas de seguridad y habitabilidad, si los suelos son normalizados para este tipo de locales y si existe alfombra o felpudo en la entrada a la oficina para secado de calzado a los clientes.

En las pruebas periciales, hay que tener en cuenta los artículos 339 y 429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, de la que nace el Código Técnico de la Edificación, es el pilar fundamental para el proceso de la edificación. La Ley fija los requisitos básicos de los edificios, actualiza y completa la configuración legal de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, fija sus obligaciones y establece las responsabilidades y las garantías de protección a los usuarios.

El Código Técnico de la Edificación (CTE), es el marco normativo que establece y desarrolla las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones, permitiendo demostrar que se satisfacen los requisitos básicos de la edificación que establece la Ley.

Estas exigencias básicas se desarrollan tanto en la Parte 1 como en los Documentos Básicos, pero además el CTE da entrada a otros documentos que completan el marco reglamentario, los documentos reconocidos. Con el fin de facilitar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE, se establecen los denominados documentos reconocidos del CTE, definidos como documentos sin carácter reglamentario, que cuentan con el reconocimiento del Ministerio de Fomento, que mantendrá un registro público de los mismos.

Por definición los documentos reconocidos son voluntarios y ayudan a la aplicación del CTE  a cumplir sus objetivos.

Además, existe un conjunto de documentos y herramientas oficiales desarrollados por el propio Ministerio que sirven como ayuda para la utilización del Código Técnico, tales como los Documentos de Apoyo, el Catálogo de Elementos Constructivos (CEC), etc.

El CTE es también un instrumento para la transposición de las directivas europeas. La Directiva 2002/91/CE de Eficiencia Energética, instrumento normativo que a nivel europeo fijaba las pautas a seguir en los estados miembros, se ha sustituido por la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios (refundición). El nuevo modelo es mucho más ambicioso y supone el endurecimiento de los requisitos mínimos hasta conseguir, de cara a 2020, edificios de consumo de energía prácticamente nulo. La trasposición de esta directiva, en parte, se hace a través del CTE mediante el DB HE.

En el marco reglamentario de la edificación son de obligado cumplimiento otras reglamentaciones técnicas de carácter básico, como las Instrucciones de Hormigón EHE, la norma de construcción sismorresistente, el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), otras normativas reglamentarias de seguridad industrial etc., que coexisten con el CTE y que en principio son referencias externas al mismo.

El CTE, tal como establece la LOE, puede completarse con las exigencias de otras normativas dictadas por las Administraciones competentes. Es decir, la normativa autonómica y local de aplicación en cada caso.

En cuanto al segundo procedimiento, se presentaron los documentos pertinentes a la póliza de seguros de la entidad de seguros, con las características de los servicios contratados, además de la demandad de juicio ordinario.

Se trata de determinar los daños sufridos por la demandante, teniendo en cuenta el Real decreto legislativo 8/2004, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, y la Resolución de 24 de enero, de la Dirección General de Seguros y Fondos de pensiones, de publicación de las cuantías de indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal.

El plazo de ejercicio de esta acción de responsabilidad civil derivada de daños se ejercita dentro del plazo de un año y establece el artículo 1.968,2 del Código Civil, en relación con los artículos 1.969 y 1.902 del Código civil.

Según la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2.012, la jurisprudencia no ha aceptado una inversión de la carga de la prueba, que en realidad envuelve una aplicación del principio de la proximidad o facilidad probatoria o una inducción basada en la evidencia, más que en supuestos de riesgos extraordinarios, daño desproporcionado o falta de colaboración del causante cuando éste está especialmente obligado a facilitar la explicación del daño.

Pero, al margen de cómo se distribuya la carga de la prueba, la doctrina del riesgo no elimina la necesidad de acreditar la existencia de una acción u omisión culposa a la que se pueda causalmente imputar el resultado lesivo.

En este sentido, se hace referencia a la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 6ª, de 5 de junio de 2.013.

 

6.- Estudio sobre un caso de atropello en calle Francisco Salinas

La noticia salió en prensa en el Correo de Burgos del día 15 de enero de 2011, redactada de la siguiente manera:

“Una mujer de 83 años resultó herida de gravedad ayer por la tarde en un atropello en la calle de Francisco Salinas. El accidente se registró pocos minutos antes de las siete de la tarde, cuando un vehículo, que circulaba en sentido Villalonquéjar, alcanzó a una mujer que cruzaba por la calzada, a la altura del número 22 de la calle de Francisco de Salinas, cerca de un paso de peatones y una parada de autobús.

Varias llamadas alertaron al servicio de emergencias 112 de Sacyl, que envío al lugar una UVI móvil. Los servicios médicos atendieron a la mujer, R.A.C., que estaba inconsciente, por lo que tuvieron que reanimarla y estabilizarla para trasladarla posteriormente al hospital Yagüe.

Al cierre de esta edición, la mujer permanecía ingresada en estado grave.
Este es uno de los primeros atropellos graves que se registran este año. A la espera de los datos oficiales que ofrezca la Policía Local en su memoria anual, el pasado año se cerró con un ligero descenso del número de atropellos en el casco urbano, así como en el número de víctimas mortales. El pasado año sólo se registró una muerte por atropello, en una carretera de Fuentes Blancas”
.

Los hechos se producen como consecuencia de que un vehículo que circulaba por la calle en la que ocurrió el accidente en el sentido centro de la ciudad al Polígono Industrial Villalonquejar, al no llevar su conductor el cuidado debido, atropelló a una señora que cruzaba la calle de derecha a izquierda según el sentido de la circulación del vehículo, atropelló a una señora mayor que cruzaba la calle un poco más allá del paso para peatones que hay en esa calle y la lanzó unos metros más allá del paso. No había ningún testigo presencial, por lo que no se pudo determinar el lugar exacto del impacto entre el vehículo y la peatona.

Las normas que hay que tener en cuenta en este procedimiento son las siguientes:

  1. Real Decreto-Legislativo 8/2.004, de 29 de octubre, del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil de Circulación y Seguro en la Circulación de Vehículos a motor.
  2. Real Decreto 1.507/2.008, de 12 de septiembre, del Reglamento del Seguro Obligatorio del Responsabilidad Civil de Circulación de Vehículos a Motor.
  3. Ley 50/1.980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro.
  4. Real Decreto-Legislativo 6/2.004.
  5. Real Decreto 2.486/2.004.
  6. Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados.
  7. Reglamento General de Circulación.

La peatona fue trasladada en ambulancia al Complejo Hospitalario Yagüe, donde murió pocas horas después. El conductor fue castigado por un delito de homicidio imprudente.

En la autopsia el médico forense aprecia una flexura (otorragia) y excoriaciones en dorso de articulaciones metacarpofalángicas de la mano izquierda.

En la determinación de la pena para el conductor, hay que tener en cuenta el artículo 131.2 del Código Penal, relativo a la prescripción de las penas, y hay que ponerlo en relación con los artículos 109 a 115 y 127 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los hechos traen causa del atropello de la fallecida en la calle Francisco Salinas, a las 18:30 horas. Según descendientes de la fallecida, ésta volvía de la peluquería hacia su casa.

En la autopsia el médico forense determina las siguientes lesiones en la víctima:

  1. Decúbito supino.
  2. Otorragia izquierda.
  3. Venopunción iatrogénica de flexura de codo derecho.
  4. En la cabeza se hace una apertura siguiendo técnica de Mata (incursión intermastoidea, pasando por vertex craneal).
  5. En los pulmones se aprecian sinequias a pared costal, están poco congestivos.
  6. En el abdomen se descubre fractura de flauta de pubis.

 

7- Estudio de otro caso de compañía de seguros

En el presente procedimiento, se solicita por el juez, mediante providencia, a la compañía de seguros que aporte documentación requerida; asimismo, se ha de librar de oficio consorcio de compensación de seguros afín informe en los términos solicitados.

Se destacan las Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1992 y de 15 de abril de 2.002. en esta última se señala que la jurisprudencia última se señala que la jurisprudencia última se señala que la jurisprudencia de esta sala ha declarado que la imprudencia exige:

  1. Una acción u omisión voluntaria no maliciosa;
  2. Una infracción del deber de cuidado;
  3. Un resultado dañoso derivado, en adecuada relación de causalidad, de aquella descuidada conducta;
  4. La creación de un riesgo previsible y evitable.

La imprudencia viene integrada por un elemento psicológico (que consiste en el poder y facultad humana de previsión y que se traduce en la posibilidad de evitar el evento dañoso) y un elemento normativo (representado por la infracción del deber de cuidado).

La relación de causalidad a la que se ha hecho mención ha de ser directa, completa e inmediata y sin interferencias (sentencias del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 1969, 10 de febrero de 1972 y 19 de diciembre de 1975).

El deber de cuidado, que está en la base de toda imprudencia, puede provenir tanto de un precepto jurídico, como de una norma de la común experiencia general, admitida en el desenvolvimiento ordinario de la vida.

La imprudencia temeraria (hoy grave) consiste en la omisión de elementales normas de cuidado que cualquier persona debe de observar en los actos de la vida ordinaria. En el mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 20 de febrero de 2.001 establece que la imprudencia que hace calificar los hechos como constitutivos de delito tipificado en el número 1 del artículo 142 del Código Penal, identificándose la misma con el concepto de temeraria contemplada por el Código penal de 1973, y que, según declara la sentencia de 24 de marzo de 1.992, consiste en hacer o dejar de hacer voluntariamente, pero sin malicia, o lo que es lo mismo, sin dolo, algún acto originador de daño material por falta de previsión en quien la realiza.

Hay que tener en cuenta los artículos 14.3 y 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación el artículo 780 del mismo cuerpo legal.

El artículo 14.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece lo siguiente: Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, siempre que la duración de éstas no exceda de diez años, así como por delitos leves, sean o no incidentales, imputables a los autores de estos delitos o a otras personas, cuando la comisión del delito leve o su prueba estuviesen relacionadas con aquéllos, el Juez de lo Penal de la circunscripción donde el delito fue cometido, o el Juez de lo Penal correspondiente a la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso, o el Juez Central de lo Penal en el ámbito que le es propio, sin perjuicio de la competencia del Juez de Instrucción de Guardia del lugar de comisión del delito para dictar sentencia de conformidad, del Juez de Violencia sobre la Mujer competente en su caso, en los términos establecidos en el artículo 801, así como de los Juzgados de Instrucción competentes para dictar sentencia en el proceso por aceptación de decreto.

No obstante, en los supuestos de competencia del Juez de lo Penal, si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal del Jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a éste.

El artículo 757 del mismo cuerpo legal establece también en este sentido lo siguiente:Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración.

Y, por último, el artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece lo siguiente: 1. Si el Juez de Instrucción acordare que debe seguirse el trámite establecido en este capítulo, en la misma resolución ordenará que se dé traslado de las diligencias previas, originales o mediante fotocopia, al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas, para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias, en el caso del apartado siguiente.

  1. Cuando el Ministerio Fiscal manifieste la imposibilidad de formular escrito de acusación por falta de elementos esenciales para la tipificación de los hechos, se podrá instar, con carácter previo, la práctica de aquellas diligencias indispensables para formular acusación, en cuyo caso acordará el Juez lo solicitado.

El Juez acordará lo que estime procedente cuando tal solicitud sea formulada por la acusación o acusaciones personadas.

En todo caso se citará para su práctica al Ministerio Fiscal, a las partes personadas y siempre al encausado, dándose luego nuevo traslado de las actuaciones. El término «encausado», contenido en el presente apartado, ha sido introducido en sustitución del anterior término «imputado» conforme establece el número 4 del apartado veintiuno del artículo único de la L.O. 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica («B.O.E.» 6 octubre).

En cuanto a las diligencias previas del procedimiento abreviado, éstas, en su parte dispositiva, disponen la continuación de la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado.

Se debe de dar traslado al Ministerio Fiscal, y al resto de las acusaciones particulares personadas, a fin de que, en el plazo común de diez días, formulen escrito de acusación.

En cuanto al modo de impugnación, existen dos vías:

  1. Primera vía: recurso de reforma y apelación (artículo 766.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Al interponer la reforma puede interponer subsidiariamente la apelación (artículo 766.2 LECrim). El plazo para interponer la reforma es de 3 días. Para la apelación, en los cinco días siguientes a la notificación del auto desestimando la reforma (artículo 766.3 LECrim).
  2. Segunda vía: recurso directo de apelación, sin previa reforma (artículo 766.2 LECrim). El plazo para interponer el recurso es de 5 días.

En cuanto a la determinación del autor de los hechos, hay que estar a lo previsto en el artículo 28 del Código penal, según el cual son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.También serán considerados autores:

  1. a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.
  2. b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.

En este caso, no existen circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Se impone la pena de prisión de 1 año y seis meses con la accesoria de inhabilitación para sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un año y seis meses.

Hay que tener en cuenta en este caso el Real Decreto-Legislativo 339/1990, del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, y del que hay que aplicar aquí el artículo 82 del mismo texto legal.

Artículo 82 Recursos en el procedimiento sancionador ordinario

  1. La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente a aquél en que se notifique al interesado, produciendo plenos efectos, o, en su caso, una vez haya transcurrido el plazo indicado en el último apartado del artículo anterior.
  2. Contra las resoluciones sancionadoras, podrá interponerse recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación.

El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que será el competente para resolverlo.

  1. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni la de la sanción. En el caso de que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud sin que se haya resuelto.
  2. No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente que pudieran haber sido aportados en el procedimiento originario.
  3. El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
  4. Contra las resoluciones sancionadoras dictadas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, así como por las dictadas por los Alcaldes, en el caso de las Entidades Locales, se estará a lo establecido en los anteriores apartados respetando la competencia sancionadora prevista en su normativa específica.

Asimismo, en las conclusiones, en el Otrosí Cuarto, se comunica que, conforme al artículo 785.3 LECrim, procede comunicar a la víctima por escrito la fecha y lugar de la celebración del juicio.

Luego también hay que tener en cuenta el artículo 783.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que, según el mismo, solicitada la apertura del juicio oral por el Ministerio Fiscal, o la acusación particular, el juez debe de acordarla, salvo en los supuestos en que estime procedente el sobreseimiento, que no concurren en el presente caso, debiendo de resolver al mismo tiempo sobre las medidas cautelares procedentes, tanto respecto de la persona del acusado, como de los bienes de las personas eventualmente responsables civiles.

En cuanto al procedimiento abreviado, que es el que se aplica aquí, hay que estar a lo previsto en los artículos 589 y 758 de la Ley de enjuiciamiento civil, y éste último hay que ponerlo en relación con el artículo 757 del mismo texto legal.

Conforme a los artículos 757 y 774 LECrim, no existe determinación de los hechos a enjuiciar. Desde la empresa de seguros se facilita los datos contratados, es decir, la póliza, y en ella se especifican los gastos de los que se hace cargo la aseguradora.

Hay que estar también a lo previsto en la Ley de Contrato de Seguro, así como a lo establecido en los artículos 161 LECrim y 109 del Código penal.

El primero de ellos establece que Los Tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan.

Las aclaraciones a que se refiere el párrafo anterior podrán hacerse de oficio, por el Tribunal o Secretario judicial, según corresponda, dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo, siendo en este caso resuelta por quien hubiera dictado la resolución de que se trate dentro de los tres días siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración.

Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones de los Tribunales y Secretarios judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento.

Las omisiones o defectos de que pudieren adolecer sentencias y autos y que fuere necesario remediar para llevar plenamente a efecto dichas resoluciones, podrán ser subsanados, mediante auto, en los mismos plazos y por el mismo procedimiento establecidos en los párrafos anteriores.

Si se tratase de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el Tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la resolución, previo traslado por el Secretario judicial de dicha solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla.

Si el Tribunal advirtiese en sentencias o autos que dictará las omisiones a que se refiere el párrafo anterior, podrá, en el plazo de cinco días a contar desde la fecha en que se dicta, proceder de oficio, mediante auto, a completar su resolución, pero sin modificar ni rectificar lo que hubiere acordado.

Del mismo modo al establecido en los párrafos anteriores se procederá por el Secretario judicial cuando se precise subsanar o completar los decretos que hubiere dictado.

No cabrá recurso alguno contra las resoluciones en que se resuelva acerca de la aclaración, rectificación, subsanación o complemento a que se refieren los párrafos anteriores de este artículo, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la resolución a que se refiriera la solicitud o la actuación de oficio del Tribunal o Secretario judicial.

Los plazos para los recursos que procedan contra la resolución de que se trate se interrumpirán desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o complemento y, en todo caso, comenzarán a computarse desde el día siguiente a la notificación de la resolución que reconociera o negase la omisión de pronunciamiento y acordase o denegara remediarla.

El segundo establece que la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados, y que el perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción Civil. Esto es, la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito o falta  obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados.

El fallo final en este caso es la condena del conductor involucrado en el atropello a un año y seis meses de prisión e inhabilitación para cargo público durante el periodo de la condena, así como a conducir vehículos a motor durante un año.

En el auto de ejecución de la pena, el tribunal determina que el artículo 88.1 del Código penal establece que los jueces y tribunales podrán sustituir, previa audiencia de las partes o posteriormente en auto motivado, antes de dar inicio a la ejecución, las penas de prisión que no excedan de un año por multa o trabajos en beneficio de la comunidad, y en las penas que no excedan de 6 meses por localización permanente.

 

8.- Visita a Juzgados el día 17 de noviembre de 2015

1.-Juicio oral de Diego Velázquez. Hemos de empezar por considerar en este caso los artículos 118 y 120 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativos a los derechos reconocidos al acusado.

El primer artículo establece, en su apartado primero, que Toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá, sin demora injustificada, de los siguientes derechos:

  1. a) Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan, así como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados. Esta información será facilitada con el grado de detalle suficiente para permitir el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
  2. b) Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración.
  3. c) Derecho a actuar en el proceso penal para ejercer su derecho de defensa de acuerdo con lo dispuesto en la ley.
  4. d) Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 a) del artículo 527.
  5. e) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.
  6. f) Derecho a la traducción e interpretación gratuitas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 127.
  7. g) Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo, y a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen.
  8. h) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

La información a que se refiere este apartado se facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte accesible. A estos efectos se adaptará la información a la edad del destinatario, su grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una modificación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita.

Por otro lado, este mismo artículo, en su apartado segundo, establece que el derecho de defensa se ejercerá sin más limitaciones que las expresamente previstas en la ley desde la atribución del hecho punible investigado hasta la extinción de la pena.

El derecho de defensa comprende la asistencia letrada de un abogado de libre designación o, en su defecto, de un abogado de oficio, con el que podrá comunicarse y entrevistarse reservadamente, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527 y que estará presente en todas sus declaraciones, así como en las diligencias de reconocimiento, careos y reconstrucción de hechos.

Por otro lado, el apartado tercero del artículo 118 LECrim establece que, para actuar en el proceso, las personas investigadas deberán ser representadas por procurador y defendidas por abogado, designándoseles de oficio cuando no los hubiesen nombrado por sí mismos y lo solicitaren, y en todo caso, cuando no tuvieran aptitud legal para hacerlo.

Si no hubiesen designado procurador o abogado, se les requerirá para que lo hagan o se les nombrará de oficio si, requeridos, no los nombrasen, cuando la causa llegue a estado en que se necesite el consejo de aquéllos o haya de intentar algún recurso que hiciese indispensable su actuación.

También se establece en el apartado cuarto que todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial.

Si estas conversaciones o comunicaciones hubieran sido captadas o intervenidas durante la ejecución de alguna de las diligencias reguladas en esta ley, el juez ordenará la eliminación de la grabación o la entrega al destinatario de la correspondencia detenida, dejando constancia de estas circunstancias en las actuaciones.

Lo dispuesto en el párrafo primero no será de aplicación cuando se constate la existencia de indicios objetivos de la participación del abogado en el hecho delictivo investigado o de su implicación junto con el investigado o encausado en la comisión de otra infracción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General Penitenciaria.

Por último, en su apartado quinto, el artículo 118 LECrim establece la admisión de denuncia o querella, y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra persona o personas determinadas, serán puestas inmediatamente en conocimiento de los presuntamente responsables.

Por otro lado, el artículo 120 LECrim establece, en primer lugar, que las disposiciones de esta Ley que requieren o autorizan la presencia del investigado en la práctica de diligencias de investigación o de prueba anticipada se entenderán siempre referidas al representante especialmente designado por la entidad, que podrá asistir acompañado del letrado encargado de la defensa de ésta.

El término «investigado», contenido en el presente apartado, ha sido introducido en sustitución del anterior término «imputado» conforme establece el número 1 del apartado veintiuno del artículo único de la L.O. 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica («B.O.E.» 6 octubre).

La incomparecencia de la persona especialmente designada no impedirá la celebración del acto de investigación o de prueba anticipada que se sustanciará con el Abogado defensor.

Se trata de un presunto robo con fuerza en las cosas, delito previsto en el artículo 238 del Código penal. Se estima responsable al detenido de conformidad a lo establecido en los artículos 499, 505, 529 y 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un presunto delito de ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS EN CASA HABITADA EN GRADO DE TENTATIVA del artículo 238 del Código penal, en relación con el artículo 241 del mismo cuerpo legal, delito de los comprendidos en los artículos 14.3 y 779.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El artículo 238 del Código penal establece que son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1.º Escalamiento.

2.º Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.

3.º Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo.

4.º Uso de llaves falsas.

5.º Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda.

Según el artículo 241 del Código penal:

  1. El robo cometido en casa habitada, edificio o local abiertos al público, o en cualquiera de sus dependencias, se castigará con una pena de prisión de dos a cinco años.
  2. Si los hechos se hubieran cometido en un establecimiento abierto al público, o en cualquiera de sus dependencias, fuera de las horas de apertura, se impondrá una pena de prisión de uno a cinco años.
  3. Se considera casa habitada todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar.
  4. Se consideran dependencias de casa habitada o de edificio o local abiertos al público, sus patios, garajes y demás departamentos o sitios cercados y contiguos al edificio y en comunicación interior con él, y con el cual formen una unidad física.
  5. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión cuando los hechos a que se refieren los apartados anteriores revistan especial gravedad, atendiendo a la forma de comisión del delito o a los perjuicios ocasionados y, en todo caso, cuando concurra alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 235.

Procede seguir los trámites que se establecen en el Capítulo IV, Título II, Libro IV, y, en particular, en el artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el procedimiento abreviado.

Son de aplicación en este caso los artículos 282 y 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Según el primero de ellos, en su párrafo primero,la Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Cuando las víctimas entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los deberes de información que prevé la legislación vigente. Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de la decisión final que corresponderá adoptar al Juez o Tribunal. El párrafo segundo establece que, si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrán la misma obligación expresada en el párrafo anterior, si se le requiere al efecto. La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención y aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.

Según el segundo artículo:

  1. Inmediatamente que los funcionarios de la Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención. En otro caso, lo harán así que las hubieren terminado.
  2. No obstante, cuando no exista autor conocido del delito la Policía Judicial conservará el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
    1. Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupción;
    2. Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos horas desde la apertura del atestado y éstas hayan tenido algún resultado; o
    3. Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión.
  3. De conformidad con el derecho reconocido en el artículo 6 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito, la Policía Judicial comunicará al denunciante que en caso de no ser identificado el autor en el plazo de setenta y dos horas, las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial, sin perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia ante la fiscalía o el juzgado de instrucción.
  4. Si hubieran recogido armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que pudieran tener relación con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió o en sus inmediaciones, o en poder del reo o en otra parte conocida, extenderán diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontraren, que incluirá una descripción minuciosa para que se pueda formar idea cabal de los mismos y de las circunstancias de su hallazgo, que podrá ser sustituida por un reportaje gráfico. La diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueren hallados.
  5. La incautación de efectos que pudieran pertenecer a una víctima del delito será comunicada a la misma. La persona afectada por la incautación podrá recurrir en cualquier momento la medida ante el juez de instrucción de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 334.

No estando determinadas la naturaleza y las circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 757 y 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y demás concordantes, instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación.

Según la secretaria judicial, se informa al detenido de los derechos que le asisten, contenidos en el artículo 24 de la Constitución Española (tutela judicial efectiva) y artículos 118, 520 y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

También hay que tener en cuenta el artículo 786 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativo a la celebración del juicio en ausencia del acusado.

Posteriormente hay que hacer referencia a los artículos 499, 505, 529 y 530 LECrim, necesarios para estimar responsable criminalmente al detenido. Se decretó libertad provisional sin

 

9.- Juicio penal del despacho

Se trata de un proceso penal encargado aDon Luis Velázquez González como abogado de oficio, según el artículo 32 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, y que versa sobre un presunto robo con intimidación.

Según auto de 10 de noviembre de 2011, las actuaciones se incoaron en virtud de denuncia por un presunto delito de robo con violencia o intimidación. En el Fundamento de Derecho único, quien conoce del caso determina que, si bien existen indicios bastantes para estimar responsable criminalmente del delito de robo con violencia o intimidación al detenido, según los artículos 499, 505, 529 y 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede declarar su libertad provisional sin fianza.

El artículo 499 LECrim establece que, si el detenido lo fuese por estar comprendido en los números 1.º y 2.º del artículo 490 y en el 4.º del 492, el Juez de instrucción a quien se entregue practicará las primeras diligencias y elevará la detención a prisión o decretará la libertad del detenido según proceda, en el término señalado en el artículo 497.Hecho esto, cuando él no fuese Juez competente, remitirá a quien lo sea las diligencias y la persona del preso, si lo hubiere.

El artículo 505 LECrim establece lo siguiente:

  1. Cuando el detenido fuere puesto a disposición del juez de instrucción o tribunal que deba conocer de la causa, éste, salvo que decretare su libertad provisional sin fianza, convocará a una audiencia en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del investigado o encausado o su libertad provisional con fianza.
  2. En los supuestos del procedimiento regulado en el título III del libro IV de esta ley, este trámite se sustanciará con arreglo a lo establecido en el artículo 798, salvo que la audiencia se hubiera celebrado con anterioridad.
  3. La audiencia prevista en el apartado anterior deberá celebrarse en el plazo más breve posible dentro de las 72 horas siguientes a la puesta del detenido a disposición judicial y a ella se citará al investigado o encausado, que deberá estar asistido de letrado por él elegido o designado de oficio, al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas. La audiencia habrá de celebrarse también para solicitar y decretar, en su caso, la prisión provisional del investigado o encausado no detenido o su libertad provisional con fianza.
  4. En dicha audiencia, si el Ministerio Fiscal o alguna parte acusadora solicitare que se decrete la prisión provisional del investigado o encausado o su libertad provisional con fianza, podrán quienes concurrieren realizar alegaciones y proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de las setenta y dos horas antes indicadas en el apartado anterior.
  5. El Abogado del investigado o encausado tendrá, en todo caso, acceso a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la privación de libertad del investigado o encausado.
  6. El juez o tribunal decidirá sobre la procedencia o no de la prisión o de la imposición de la fianza. Si ninguna de las partes las instare, acordará necesariamente la inmediata puesta en libertad del investigado o encausado que estuviere detenido.
  7. Si por cualquier razón la audiencia no pudiere celebrarse, el juez o tribunal podrá acordar la prisión provisional, si concurrieren los presupuestos del artículo 503, o la libertad provisional con fianza. No obstante, dentro de las siguientes 72 horas, el juez o tribunal convocará una nueva audiencia, adoptando las medidas a que hubiere lugar por la falta de celebración de la primera audiencia.
  8. Cuando el detenido fuere puesto a disposición de juez distinto del juez o tribunal que conociere o hubiere de conocer de la causa, y el detenido no pudiere ser puesto a disposición de este último en el plazo de 72 horas, procederá el primero de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores. No obstante, una vez que el juez o tribunal de la causa reciba las diligencias, oirá al investigado o encausado, asistido de su abogado, tan pronto como le fuera posible y dictará la resolución que proceda.
  9. El término «investigado o encausado», contenido en el presente apartado, ha sido introducido en sustitución del anterior término «imputado» conforme establece el número 2 del apartado veintiuno del artículo único de la L.O. 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica («B.O.E.» 6 octubre).

El artículo 529 LECrim establece que, cuando no se hubiere acordado la prisión provisional del investigado o encausado, el juez o tribunal decretará, con arreglo a lo previsto en el artículo 505, si el investigado o encausado ha de dar o no fianza para continuar en libertad provisional.En el mismo auto, si el juez o tribunal decretare la fianza, fijará la calidad y cantidad de la que hubiere de prestar.Este auto se notificará al investigado o encausado, al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas y será recurrible de acuerdo con lo previsto en el artículo 507.

Por último, el artículo 530 establece que el investigado o encausado que hubiere de estar en libertad provisional, con o sin fianza, constituirá apud acta obligación de comparecer en los días que le fueren señalados en el auto respectivo, y además cuantas veces fuere llamado ante el juez o tribunal que conozca de la causa. Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, el juez o tribunal podrá acordar motivadamente la retención de su pasaporte.

Luego también hay que hacer referencia al artículo 784.1 LECrim, relativo a la presentación del escrito de defensa en el plazo de 10 días frente a acusaciones formuladas, así como al artículo 785.1 LECrim, según el cual el Juez o Tribunal, al recibir las actuaciones del procedimiento abreviado, procedentes del Juez Instructor, examinará las pruebas propuestas admitiendo las que considere pertinentes y rechazando las que no lo sean.

En cuanto a la posible suspensión del juicio oral, hay que atender a lo establecido en los artículos 183 y 188 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Conforme al primero de estos artículos, relativo al señalamiento de nueva vista, establece lo siguiente:

  1. Si a cualquiera de los que hubieren de acudir a una vista le resultare imposible asistir a ella en el día señalado, por causa de fuerza mayor u otro motivo de análoga entidad, lo manifestará de inmediato al Tribunal, acreditando cumplidamente la causa o motivo y solicitando señalamiento de nueva vista o resolución que atienda a la situación.
  2. Cuando sea el abogado de una de las partes quien considerare imposible acudir a la vista, si se considerase atendible y acreditada la situación que se alegue, el Secretario judicial hará nuevo señalamiento de vista.
  3. Cuando sea la parte quien alegue la situación de imposibilidad, prevista en el apartado primero, el Secretario judicial, si considerase atendible y acreditada la situación que se alegue, adoptará una de las siguientes resoluciones:
  4. Si la vista fuese de procesos en los que la parte no esté asistida de abogado o representada por procurador, efectuará nuevo señalamiento.
  5. Si la vista fuese para actuaciones en que, aun estando la parte asistida por abogado o representada por procurador, sea necesaria la presencia personal de la parte, efectuará igualmente nuevo señalamiento de vista.
  6. En particular, si la parte hubiese sido citada a la vista para responder al interrogatorio regulado en los artículos 301 y siguientes, el Secretario judicial efectuará nuevo señalamiento, con las citaciones que sean procedentes. Lo mismo resolverá cuando esté citada para interrogatorio una parte contraria a la que alegase y acreditase la imposibilidad de asistir.
  7. El Secretario judicial pondrá en conocimiento del Tribunal la fecha y hora fijadas para el nuevo señalamiento, en el mismo día o en el día hábil siguiente a aquél en que hubiera sido acordado.
  8. Cuando un testigo o perito que haya sido citado a vista por el Tribunal manifieste y acredite encontrarse en la misma situación de imposibilidad expresada en el primer apartado de este precepto, el Secretario judicial dispondrá que se oiga a las partes por plazo común de tres días sobre si se deja sin efecto el señalamiento de la vista y se efectúa uno nuevo o si se cita al testigo o perito para la práctica de la actuación probatoria fuera de la vista señalada. Transcurrido el plazo, el Tribunal decidirá lo que estime conveniente, y si no considerase atendible o acreditada la excusa del testigo o del perito, mantendrá el señalamiento de la vista y el Secretario judicial lo notificará así a aquéllos, requiriéndoles a comparecer, con el apercibimiento que prevé el apartado segundo del artículo 292.
  9. Cuando el Secretario judicial, al resolver sobre las situaciones a que se refieren los apartados 2 y 3 anteriores, entendiera que el abogado o el litigante han podido proceder con dilación injustificada o sin fundamento alguno, dará cuenta al Juez o Tribunal, quien podrá imponerles multa de hasta seiscientos euros, sin perjuicio de lo que el Secretario resuelva sobre el nuevo señalamiento.La misma multa podrá imponerse por el Tribunal en los supuestos previstos en el apartado 5 de este artículo, de entender que concurren las circunstancias a que se alude en el párrafo anterior.

El segundo de estos artículos establece lo siguiente:

  1. La celebración de las vistas en el día señalado sólo podrá suspenderse, en los siguientes supuestos:
    1. Por impedirla la continuación de otra pendiente del día anterior.
    2. Por faltar el número de Magistrados necesario para dictar resolución o por indisposición sobrevenida del Juez o del Secretario judicial, si no pudiere ser sustituido.
    3. Por solicitarlo de acuerdo las partes, alegando justa causa a juicio del Secretario judicial.
    4. Por imposibilidad absoluta de cualquiera de las partes citadas para ser interrogadas en el juicio o vista, siempre que tal imposibilidad, justificada suficientemente a juicio del Secretario judicial, se hubiese producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 183.
    5. Por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta o baja por maternidad o paternidad del abogado de la parte que pidiere la suspensión, justificadas suficientemente, a juicio del Secretario judicial, siempre que tales hechos se hubiesen producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 183, siempre que se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva y no se cause indefensión.Igualmente, serán equiparables a los supuestos anteriores y con los mismos requisitos, otras situaciones análogas previstas en otros sistemas de previsión social y por el mismo tiempo por el que se otorgue la baja y la prestación de los permisos previstos en la legislación de la Seguridad Social.
    6. Por tener el abogado defensor dos señalamientos de vista para el mismo día en distintos Tribunales, resultando imposible, por el horario fijado, su asistencia a ambos, siempre que acredite suficientemente que, al amparo del artículo 183, intentó, sin resultado, un nuevo señalamiento que evitara la coincidencia. En este caso, tendrá preferencia la vista relativa a causa criminal con preso y, en defecto de esta actuación, la del señalamiento más antiguo, y si los dos señalamientos fuesen de la misma fecha, se suspenderá la vista correspondiente al procedimiento más moderno. No se acordará la suspensión de la vista si la comunicación de la solicitud para que aquélla se acuerde se produce con más de tres días de retraso desde la notificación del señalamiento que se reciba en segundo lugar. A estos efectos deberá acompañarse con la solicitud copia de la notificación del citado señalamiento. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las vistas relativas a causa criminal con preso, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir.
    7. Por haberse acordado la suspensión del curso de las actuaciones o resultar procedente tal suspensión de acuerdo con lo dispuesto por esta ley.
  2. Toda suspensión que el Secretario judicial acuerde se hará saber en el mismo día o en el día hábil siguiente al Tribunal y se comunicará por el Secretario a las partes personadas y a quienes hubiesen sido citados judicialmente en calidad de testigos, peritos o en otra condición.

En auto de 27 de agosto de 2015, al estar el acusado en paradero desconocido, y para el que se solicita pena de prisión de dos años y tres meses con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena del artículo 242.1 y 506 de multa, ambos artículos del Código penal. En atención a esto, se decreta LA BÚSQUEDA, DETENCIÓN Y PRESENTACIÓN del acusado.

El artículo 242.1 CP, el último de los delitos relativos al robo, establece lo siguiente:

  1. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase.
  2. Cuando el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias, se impondrá la pena de prisión de tres años y seis meses a cinco años.
  3. Las penas señaladas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando el delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, sea al cometer el delito o para proteger la huida, y cuando atacare a los que acudiesen en auxilio de la víctima o a los que le persiguieren.
  4. En atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando además las restantes circunstancias del hecho, podrá imponerse la pena inferior en grado a la prevista en los apartados anteriores.

También, como se ha señalado antes, hay una falta de lesiones del artículo 617.1 del Código penal. Hay que recordar que las faltas han sido eliminadas del Código penal con la reforma operada en este cuerpo legal mediante las Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015.

En este mismo auto se deja sin efecto las órdenes de búsqueda y captura, así como el llamamiento del acusado para aclarar los hechos.

Los hechos resultantes de las actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de lesiones, cuya instrucción corresponde a este órgano jurisdiccional, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Al no estar determinadas ni la naturaleza, ni las circunstancias de los hechos, ni las personas intervinientes, es conveniente, conforme a los artículos 757 y 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruir Diligencias previas.

Se obliga a oír en declaración al detenido, que será instruido por el Secretario Judicial de sus derechos contenidos en los artículos 118, 520 y 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

También hay que tener en cuenta aquí la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayuda y Asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

Hay que destacar el derecho del detenido a mostrarse mediante nombramiento de abogado y procurador o que le sean nombrados de oficio (Ley 1/1996 y Real Decreto 996/2006).

 

 

 

 

 

10.- Juicio de pornografía infantil llevado por el despacho.

 

 

 

 

Se solicita en primer lugar la defensa en turno de oficio, según el artículo 32 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la cual es denegada por Resolución de la Gerencia Territorial de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

También es de importancia capital en este caso la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.

Esta ley destaca en su preámbulo, concretamente al principio de éste, que la aplicación de las nuevas tecnologías desarrolladas en el marco de la sociedad de la información ha supuesto la superación de las formas tradicionales de comunicación, mediante una expansión de los contenidos transmitidos, que abarcan no sólo la voz, sino también datos en soportes y formatos diversos. A su vez, esta extraordinaria expansión en cantidad y calidad ha venido acompañada de un descenso en los costes, haciendo que este tipo de comunicaciones se encuentre al alcance de cualquier persona y en cualquier rincón del mundo.

La naturaleza neutra de los avances tecnológicos en telefonía y comunicaciones electrónicas no impide que su uso pueda derivarse hacia la consecución de fines indeseados, cuando no delictivos.

Precisamente en el marco de este último objetivo se encuadra la Directiva 2006/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones, y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio, cuya transposición a nuestro ordenamiento jurídico es el objetivo principal de esta Ley.

El objeto de esta Directiva es establecer la obligación de los operadores de telecomunicaciones de retener determinados datos generados o tratados por los mismos, con el fin de posibilitar que dispongan de ellos los agentes facultados. Se entienden por agentes facultados los miembros de los Cuerpos Policiales autorizados para ello en el marco de una investigación criminal por la comisión de un delito, el personal del Centro Nacional de Inteligencia para llevar a cabo una investigación de seguridad amparada en la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, y en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, así como los funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, en el desarrollo de sus competencias como policía judicial, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata, pues, de que todos éstos puedan obtener los datos relativos a las comunicaciones que, relacionadas con una investigación, se hayan podido efectuar por medio de la telefonía fija o móvil, así como por Internet. El establecimiento de esas obligaciones, justificado en aras de proteger la seguridad pública, se ha efectuado buscando el imprescindible equilibrio con el respeto de los derechos individuales que puedan verse afectados, como son los relativos a la privacidad y la intimidad de las comunicaciones.

En este sentido, la Ley es respetuosa con los pronunciamientos que, en relación con el derecho al secreto de las comunicaciones, ha venido emitiendo el Tribunal Constitucional, respeto que, especialmente, se articula a través de dos garantías: en primer lugar, que los datos sobre los que se establece la obligación de conservación son datos exclusivamente vinculados a la comunicación, ya sea telefónica o efectuada a través de Internet, pero en ningún caso reveladores del contenido de ésta; y, en segundo lugar, que la cesión de tales datos que afecten a una comunicación o comunicaciones concretas, exigirá, siempre, la autorización judicial previa.

En relación con esta última precisión, cabe señalar que la Directiva se refiere, expresamente, a que los datos conservados deberán estar disponibles a los fines de detección o investigación por delitos graves, definidos éstos de acuerdo con la legislación interna de cada Estado miembro.

En la investigación de los hechos, se ha conseguido determinar que una parte importante de los usuarios que se han identificado en la investigación lanzada por el Instituto Superior de Policía de Murcia estaban compartiendo más archivos de pornografía infantil que el que constaba en las investigaciones.

En el auto adjunto a los anexos con las personas identificadas en el proceso con pornografía infantil se les imputa por compartir ésta mediante emule o eDonkey 2000. Hay que tener en cuenta en el presente caso los artículos 545 a 578 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 189.1.b) del Código penal. Los artículos 545 a 578 de la Ley de Enjuiciamiento criminal hacen referencia a la ejecución de las acciones necesarias para que el proceso siga su curso. Respecto de la proporcionalidad, es necesario considerar la gravedad del tipo penal instruido.

Mediante auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, el Juez instructor acuerda decretar la entrada y registro en los domicilios que se reseñan divididos por Comunidades Autónomas y partidos judiciales, con expresa mención del grupo de policía judicial correspondiente que, en presencia de los señores Secretarios Judiciales de cada juzgado, deberán de efectuarlos, y de los datos de filiación de los delitos objeto de investigación, al objeto de proceder a la inspección y ocupación de los efectos e instrumentos de los delitos de pornografía infantil, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 545 a 578 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se decreta el secreto de las actuaciones por plazo de las actuaciones por plazo de un mes, prorrogable por periodos iguales de ser preciso para el buen fin de las investigaciones, para todas las partes personadas o que se puedan personar en este procedimiento, con la lógica excepción del Ministerio Fiscal.

Estas entradas y registros se acuerdan con la finalidad de inspeccionar e intervenir, en el interior de dichos domicilios, ordenadores y cualquier soporte informático o digital que pudiesen contener archivos o materiales en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad (pornografía infantil), obtención y cambio de las claves de correos electrónicos utilizados, así como la intervención de otros efectos que pudieran estar relacionados con el delito. También se investiga la posible comisión de un delito de CORRUPCIÓN DE MENORES.

En el oficio se puso en conocimiento del Juzgado de destino que, teniendo en cuenta que dicho material pornográfico infantil es considerado como de gran valor investigatorio, existiendo fundadas sospechas de que en dichos archivos pudiesen permanecer en la actualidad en las redes de intercambio de archivos P2P, si la Autoridad Judicial lo tuviera a bien, serían utilizados para la apertura de nuevas investigaciones de pornografía infantil.

 

11.- Estudio de un caso del despacho sobre divorcio de mutuo acuerdo.

En el caso los litigantes llegan a un acuerdo y establecen un convenio regulador para determinar los periodos de visitas y de permanencia.

Se aprecia la reunión de los requisitos de capacidad, representación y postulación procesales necesarios para comparecer en juicio, conforme a lo determinado en los artículos 6, 7 y 750 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

También resultan de especial importancia los artículos 37, 38 y 45 del mismo cuerpo legal, relativos a la competencia objetiva y jurisdicción del órgano jurisdiccional que ha de conocer del caso.

En cuanto a los términos del convenio relativos a los hijos, conforme a los artículos 777.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 92.5 del Código civil se acuerda recabar informe del Ministerio Fiscal.

La sentencia de primera instancia, del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Burgos número 403/2014 sólo podrá ser recurrida, en interés de los hijos menores o incapacitados, por el Ministerio Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 777.8 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

El Divorcio de mutuo acuerdo o también conocido como divorcio exprés es la disolución del vínculo matrimonial adquirida mediante una sentencia judicial que pone fin a un procedimiento, el cual se inició por una solicitud en la que ambos cónyuges estuvieron de acuerdo en realizar. Este procedimiento puede llevarse a cabo con un mismo abogado y procurador para ambos cónyuges.

El procedimiento Jurídico de la Separación y Divorcio se regulan en los artículos 769 LEC y ss por la Disposición Adicional 5ª de la LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil), añadida el 23 de diciembre, esta última introduce medidas de agilización para este procedimiento.

La primera fase del Divorcio de mutuo acuerdo es la redacción del Convenio Regulador.El Convenio Regulador es un documento en el que ambos cónyuges pactan, de mutuo acuerdo, las relaciones económicas, así como las relativas a los hijos en los casos de divorcio.  El acuerdo en este documento facilita los trámites y rebaja los costes.

En el convenio se puede pactar:

  • La división de los bienes matrimoniales.
  • La atribución del uso de la vivienda.
  • La atribución del uso de losbienes compartidos o gananciales.
  • La atribución del uso de losbienes privativos.
  • La pensión compensatoriapara asegurar el equilibrio económico de las partes.
  • Guarda y custodiade los hijos (si los hubiere).
  • Régimen de visitas y comunicacionesdel cónyuge que no obtenga la custodia y de su familia. Abuelos, hermanastros, etc.
  • La pensión de alimentosy otras contribuciones necesarias para el mantenimiento de los hijos

En la fase final, se hace la presentación en el Juzgado de Primera instancia de la demanda de Divorcio acompañada del convenio regulador, certificado matrimonial y certificado de nacimiento de los hijos (si los hubiere).Si el convenio se ha realizado correctamente el proceso de Divorcio de mutuo acuerdo finalizará en menos de 3 meses (salvo excepciones).

El convenio debe ser aprobado judicialmente, y suele ser así salvo que resulte dañoso para los hijos o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges. En ese caso los cónyuges deberán presentar un nuevo convenio regulador.

En el caso que se estudia se hace referencia al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual, desde que fue dictada en primera instancia, toda sentencia que condene al pago al pago de una cantidad de dinero líquida, determinará a favor del acreedor el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos.

Esto es así ya que, conforme al artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, éste es de aplicación por cuanto establece que la ejecución se despachará por la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva en concepto principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, incrementada por la que se prevea para hacer frente a los intereses, que en su caso puedan devengarse durante la ejecución, y las costas de ésta.

Posteriormente, el artículo 578 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé la ampliación de la ejecución, en la demanda ejecutiva, al importe de los plazos que vayan venciendo, a petición del actor y sin necesidad de retrotraer las acciones.

Con fecha de notificación de 29 de julio de 2015, el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Burgos emite un auto para la ejecución forzosa de los procesos de familia para pago de pensión.

El órgano jurisdiccional ha examinado su jurisdicción, competencia objetiva y territorial, concurriendo en la demanda los presupuestos y requisitos exigidos, y siendo el título que se acompaña susceptible de ejecución, de conformidad con el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al que se remite el artículo 776 del mismo cuerpo legal, importante en este tipo de procesos, al señalar que los procedimientos sobre las medidas acordadas en los procesos matrimoniales se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el Libro III de dicha Ley (artículos 651 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

 

 

12.- Estudio de un caso del despacho sobre divorcio contencioso.

Se trata de un proceso de divorcio con hija común, en el que ambos cónyuges deciden interrumpir su matrimonio con una propuesta de convenio regulador, en el cual ambas partes acuerdan vender los bienes comunes sitos en Palencia.

Los artículos más importantes en este tipo de procedimiento son el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual:

  1. Las peticiones de separación o divorcio presentadas de común acuerdo por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro se tramitarán por el procedimiento establecido en el presente artículo.
  2. Al escrito por el que se promueva el procedimiento deberá acompañarse la certificación de la inscripción del matrimonio y, en su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, así como la propuesta de convenio regulador conforme a lo establecido en la legislación civil y el documento o documentos en que el cónyuge o cónyuges funden su derecho, incluyendo, en su caso, el acuerdo final alcanzado en el procedimiento de mediación familiar. Si algún hecho relevante no pudiera ser probado mediante documentos, en el mismo escrito se propondrá la prueba de que los cónyuges quieran valerse para acreditarlo.
  3. Admitida la solicitud de separación o divorcio, el Secretario judicial citará a los cónyuges, dentro de los tres días siguientes, para que se ratifiquen por separado en su petición. Si ésta no fuera ratificada por alguno de los cónyuges, el Secretario judicial acordará de inmediato el archivo de las actuaciones, quedando a salvo el derecho de los cónyuges a promover la separación o el divorcio conforme a lo dispuesto en el artículo 770. Contra esta resolución del Secretario judicial podrá interponerse recurso directo de revisión ante el Tribunal.
  4. Ratificada por ambos cónyuges la solicitud, si la documentación aportada fuera insuficiente, el tribunal concederá mediante providencia a los solicitantes un plazo de diez días para que la completen. Durante este plazo se practicará, en su caso, la prueba que los cónyuges hubieren propuesto y la demás que el tribunal considere necesaria para acreditar la concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por el Código Civil y para apreciar la procedencia de aprobar la propuesta de convenio regulador.
  5. Si hubiera hijos menores o incapacitados, el Tribunal recabará informe del Ministerio Fiscal sobre los términos del convenio relativos a los hijos y oirá a los menores si tuvieran suficiente juicio cuando se estime necesario de oficio o a petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial o del propio menor. Estas actuaciones se practicarán durante el plazo a que se refiere el apartado anterior o, si éste no se hubiera abierto, en el plazo de cinco días.
  6. Cumplido lo dispuesto en los dos apartados anteriores o, si no fuera necesario, inmediatamente después de la ratificación de los cónyuges, el tribunal dictará sentencia concediendo o denegando la separación o el divorcio y pronunciándose, en su caso, sobre el convenio regulador.
  7. Concedida la separación o el divorcio, si la sentencia no aprobase en todo o en parte el convenio regulador propuesto, se concederá a las partes un plazo de diez días para proponer nuevo convenio, limitado, en su caso, a los puntos que no hayan sido aprobados por el tribunal. Presentada la propuesta o transcurrido el plazo concedido sin hacerlo, el tribunal dictará auto dentro del tercer día, resolviendo lo procedente.
  8. La sentencia que deniegue la separación o el divorcio y el auto que acuerde alguna medida que se aparte de los términos del convenio propuesto por los cónyuges podrán ser recurridos en apelación. El recurso contra el auto que decida sobre las medidas no suspenderá la eficacia de éstas, ni afectará a la firmeza de la sentencia relativa a la separación o al divorcio.

La sentencia o el auto que aprueben en su totalidad la propuesta de convenio sólo podrán ser recurridos, en interés de los hijos menores o incapacitados, por el Ministerio Fiscal.

  1. La modificación del convenio regulador o de las medidas acordadas por el tribunal en los procedimientos a que se refiere este artículo se sustanciará conforme a lo dispuesto en el mismo cuando se solicite por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno con el consentimiento del otro y con propuesta de nuevo convenio regulador. En otro caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 775.

También hay que tener en cuenta los artículos 81, 82 y 86 del Código civil, relativos a las causas sobre las causas de separación y divorcio.

En la actualidad, la custodia compartida sin consentimiento de ambos progenitores tiene un carácter excepcional. Dicha excepcionalidad va a perderse una vez entre en vigor la reforma propuesta por el anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental. Este anteproyecto, en su Exposición de Motivos, dispone que la introducción del artículo 92 bis del Código civil tiene como objeto introducir los cambios necesarios para conseguir un sistema legal donde desaparezcan las rigideces y las preferencias por la custodia monoparental del actual artículo, pero sin establecer la custodia y guarda compartida como preferente o general, debiendo ser el Juez en cada caso concreto, y siempre actuando, no en interés de los progenitores, sino en interés del menor, quien determine si es mejor un régimen u otro, y quien regule los distintos aspectos del contenido de las relaciones parentales, sin que la guardia y custodia compartida implique necesariamente una alternancia de la residencia de los hijos.

Nuestra Carta Magna de 1978, en el artículo 10.1, ha querido respetar el libre desarrollo de la personalidad de cada ciudadano, reconociendo para ello el derecho a no continuar unidos en matrimonio cuando lo deseen. Para ello no se exige que deba demostrarse la concurrencia de causa alguna, ni para pedir la separación ni para solicitar el divorcio. La anterior Ley 30/1981, de 7 de julio había hecho desaparecer el calificativo de culpabilidad que se recogía en nuestro ordenamiento con anterioridad a esta ley y que tenía como ejemplos los artículos 73 y 196 del Código Civil.

En palabras de Ángel Luis Ortiz González1 con la Ley de 1981 se pasó del sistema de separación sanción basada en la idea de culpabilidad, al sistema de separación como remedio, si bien, era necesario alegar y probar una causa, salvo cuando había transcurrido un año desde la celebración del matrimonio y se presentaba convenio regulador.

Cambio operado en la solicitud de Separación o Divorcio tras la promulgación de la Ley 15/2005

Actualmente todo ha cambiado de forma muy radical con la aparición de la Ley 15/2005, de modificación del Código Civil y la Ley de enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. De la propia Exposición de Motivos de esta ley se manifiesta que existen dos formas de solucionar los cónyuges sus problemas matrimoniales y sus desavenencias, es decir, se refuerza el principio de libertad de los mismos dentro del matrimonio, hace falta que uno de ellos no quiera que el matrimonio siga adelante para que pueda solicitar la separación o el divorcio; solamente será necesario o que hayan transcurrido tres meses desde que contrajeron matrimonio. Este requisito no será necesario, cuando se acredite que existe, por ejemplo, algún acto de violencia de género o como bien dice la propia Ley 15/2005, que se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos.

De todo ello se desprende que la nueva ley ha derogado los artículos 82 y 86 del Código Civil redactado por la Ley 30/1981.

El plazo de tres meses y su excepción para decretar judicialmente la separación

Ahora mismo, después de la Ley 15/2005 para poder interponer demanda por mutuo acuerdo, y para la separación por voluntad de uno de los cónyuges existen dos plazos, uno normal y otro excepcional:

  1. En cuanto al plazo normal, la norma dice que se decretará judicialmente la separación una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. Entendiéndose este plazo como algo similar a un plazo de reflexión2 de los previstos en otros ordenamientos, los cuales juegan a contar desde la admisión judicial de la solicitud, no desde la celebración del matrimonio, es decir que no puede decretarse la separación si no han transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio.
  2. El artículo 81.2 del Código Civil preceptúa que se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio la petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. No será preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio?

El plazo de tres meses y su excepción para decretar judicialmente el divorcio

Igual que se ha comentado en el ordinal anterior referente a la separación, para que el juez decrete el divorcio habrá dos plazos, uno normal y otro excepcional, dado que el mismo artículo 86 de Código Civil en la redacción dada por la Ley 15/2005, nos remite al artículo 81, es decir, que los esposos deben, antes de decretar judicialmente el divorcio haber estados casados al menos tres meses antes, o excepcionalmente sin sometimiento a plazo cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio?.

En el hecho jurídico quinto de la demanda de divorcio se expone que, habiendo transcurrido más de tres meses desde la celebración del matrimonio, es voluntad del mandante poner término a la situación de convivencia que el mismo implica, viniendo a interesar que se decrete judicialmente la disolución por divorcio del mismo.

En el presente procedimiento se ofrece a las partes acudir a la mediación familiar, que es un proceso voluntario y estructurado en el cual el mediador o mediadora profesional experto ayuda a las partes a resolver los desacuerdos que tengan, creando un espacio que facilite a las personas implicadas la negociación hasta alcanzar una solución percibida por ellos como satisfactoria. Algunos beneficios de la mediación son:

  1. Respeta la privacidad y la confidencialidad.
  2. Favorece la comunicación, el diálogo y la cooperación.
  3. Reconoce el protagonismo de las partes.
  4. Tiene en cuenta los intereses de los participantes.
  5. Logra un mejor cumplimiento de lo acordado.

¿Cómo se desarrolla? A través de estos pasos:

  1. Entrevista o reunión inicial de información por el mediador.
  2. Desarrollo de sesiones.
  3. Acta final de mediación.
  4. Traslado de los acuerdos a los respectivos abogados.

En el juicio de faltas de este procedimiento, son hechos probados, y así se declaran tras la valoración de la prueba practicada en el acto del juicio, que en la segunda quincena del mes de agosto, periodo en que en virtud de medidas provisionales le correspondía a la menor estar con su padre, su ex mujer le llamó para hablar con su hija y le ha sido imposible. Los hechos probados son constitutivos de una falta de vejaciones prevista y penada (aunque ahora en 2015 han desaparecido ya las faltas) en el artículo 620.2 del Código penal.

El fallo es la condena de la madre como autora responsable de una falta de vejaciones prevista y penada en el artículo 620.2 del Código penal, a la pena de 15 días de multa a razón de 1 cuota diaria de 4 euros y se la absuelve de la falta de injurias.

De no satisfacerse la multa impuesta en el plazo de 15 días desde que una vez firmada la sentencia fuere requerida para ello, quedará sujeta a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas del artículo 53 del Código penal.

 

13.- Visita a juzgados del 1 de diciembre.

1.- Juicio verbal de compañía eléctrica581/2015: se pide la imposición de costas para la compañía el. La representación se opone inicialmente. Sí reconoce un primer apagón el día 31 de enero de 2015 que duró 22 horas y luego el día 2 de febrero de 2015 abnegó el centro de transformación y se inunda. Los operarios de la compañía eléctrica tuvieron que estar achicando agua.

Existen daños por sobretensión. Aquí se resaltó que el hecho de que se inundara el centro no supone que hubiera parón. Se alega por la acusación que su cliente tuvo importantes pérdidas. Se aportan IF e IV, pero no se sabe de dónde salen.

El fondo del asunto versa sobre la argumentación de fuerza mayor en los sucesos (artículo 50 de la Ley del Sector Eléctrico y artículo 105 de su Reglamento 555/2000). También son de aplicación el artículo 105 del Código Civil y el Real Decreto 304/2004, así como el Real Decreto 842/2002.

Se determina la inexistencia de relación de causalidad y se admite la prueba testifical propuesta por la defensa.

Tras la exposición de los hechos, quedan vistos para dictar sentencia.

2.- Juicio verbal 648/2015: en la fase de alegaciones, la acusación se opone a la reconvención. El 11 de septiembre de 2013, los mandantes acceden a que se hagan fotografías para poner en alquiler su local. No consta que haya habido entrega de llaves. Se aportan como documentos 3 y 4 fotos del local para vista que da comienzo al procedimiento. Se dan una serie de reclamaciones en cuanto a los desperfectos que se dan en cuanto comienza el arrendamiento. También falta el pago de algunas cuotas. Se admite prueba testifical por la parte actora y la testifical- judicial. Por el revuelo que forman ambas partes se suspende la vista con el fin de realizar la testifical-judicial.

3.- Juicio Verbal 557/2007: parte demandada no comparece y se le declara en situación de rebeldía procesal. Se trata de una demanda de daños por filtraciones. Se aporta prueba testifical de un testigo-perito. Se le enseña un informe que elaboró y afirma que es su informe. Se solicita la reparación de los daños y expresa imposición de costas.

4.- Juicio Ordinario 841/2014: se impugna valor probatorio de los hechos por el demandante. Se propone prueba testifical-pericial y testifical. También se propone interrogatorio del demandante y del demandado, y de GJ, grupo de compañía de vehículos en Burgos. Se añade testifical de los guardias civiles de los atestados.

Se trata de acreditar que se ha llevado a cabo la reparación del daño producido por accidente. Concluida la audiencia previa, se señala fecha de juicio ordinario para el día 2 de febrero de 2016.

5.- Quinto juicio: el testigo conoce al acusado, y se ratifica en lo dicho en el Juzgado de Instrucción de Miranda. Se trata de una falsificación para comprar décimo, se le da al testigo una copia de un décimo que jugaba y luego cuando ya resultó premiado fue quien le dio la copia a darle un décimo original que no comprobó si coincidía con el de la copia y que resultó pertenecer a otra persona. Otro testigo también reconoce conocer al demandante. El acusado le comentó algo en relación a un décimo de lotería. El rumor de la lotería es común en la localidad de Miranda, y así lo reconocen otros testigos que pasan por la sala.

 

14.- Juicios del día 2 de diciembre de 2015

1.- Juicio sobre Violencia de género. La primera testigo es pareja del acusado y no quiere declarar. La defensa solicita la absolución del acusado en virtud de lo previsto en el artículo 24 de la Constitución Española. Se declina el juicio. Se trata del procedimiento abreviado 214/2015.

2.- Procedimiento abreviado 229/2015. Juicio por amenazas (violencia doméstica). El juicio comienza con el interrogatorio del acusado, en caso de que lo desee. No quiere llevar a cabo ninguna declaración. No existe acusación y lo normal es que no se imponga condena. Queda visto para sentenica.

3.- Juicio por impago de alimentos. El juzgado estima que no existe cuestión previa. Se procede al interrogatorio del acusado, informando de sus derechos. Ya fue condenado en 2007 a pagar la cantidad de 200 euros al mes por alimentos. Alega el acusado que no ha podido pagar ya que está en paro, y es gracias a su madre que puede ayudar a su hija y cuidarla cuando le toca estar con la niña.

El primer testigo que se cita es la ex mujer del acusado. Se le pregunta si sabía que el padre de su hija estaba en paro, que dice que sí, y que sólo ha interpuesto demanda penal.

El segundo testigo, que es conocido del acusado, afirma que el acusado sí que cumple el régimen de visitas y cuida a la niña cuando la tiene bajo su custodia.

El tercer testigo es la madre del acusado. Afirma que le compra la ropa a la niña cuando le toca estar con el padre, así como los demás enseres al estar el padre en paro. A la niña afirma que se la cuida por el padre muy bien.

La defensa argumenta que no concurren los presupuestos del delito que se pretende y pide sentencia absolutoria, y preferirían una multa.

Al final, el juicio queda visto para sentencia.

4.- Juicio de menores. Sala 3. Se les acusa de coger varios vehículos, forzando sistema de arranque en todos, conduciendo uno de ellos durante unos metros y estrellándolo contra un muro, existiendo otros vehículos que no consiguen arrancar y fastidian caja de cambios.

Se pide la condena a indemnizar a los propietarios y reparar daños, así como a realizar trabajos en beneficio de la comunidad.

El primer menor en declarar dice que en el caso del coche que estrellaron, que ellos conocían a la persona que lo hizo y que ésta quería hacerlo, y que les había dicho de subir al coche y a llevárselo, pero que no saben si lo chocó, hay otro vehículo que no saben si el daño lo hace esta otra persona, y del resto sí saben quién lo hizo.

El segundo menor sabía que el primer coche que se estrelló contra contenedores quería llevárselo la persona que lo chocó, pero que no pudo arrancarlo, pero como dejó varias marchas puestas, el coche se estrelló solo. Luego, en varios de los modelos de los que se les acusa de robar, afirman que no fueron ellos quienes llevaron a cabo los desperfectos, sino otra persona a la que conocen.

El primer testigo, uno de los perjudicados por los desperfectos, afirma que dejó su coche aparcado en calle Filomena, de Miranda, y al día siguiente lo encuentra estampado unos metros más adelante contra un contenedor y que no presenció los hechos.

El segundo testigo, dueño de una Renault Express, conoce a los acusados de vista y no presenció los hechos que le provocaron los daños. No saben si forzaron la furgoneta ya que es vieja y tiene varias abolladuras.

El tercer testigo conoce a los acusados. No presenció los hechos. Se dio cuenta al día siguiente al tratar de arrancar su vehículo. Y que, por tanto, no sabe quién realizó esos desperfectos.

El cuarto testigo, antes de los hechos, no conocía a los acusados. Dejó su coche aparcado cerca de su casa y al día siguiente no lo encuentra y se va con su yerno a buscarlo. Le llama otro de sus suegros, que ha encontrado su coche más allá del cementerio de Miranda.

El quinto testigo es el dueño del coche estrellado contra un muro. Sustituyó este vehículo por otro. Reparar el coche que le robaron costaría unos 6.000 euros y el nuevo le ha costado 13.000 euros. Lo que pide es una indemnización.

El sexto testigo comparece por videoconferencia. No conoce a los acusados. Se enteró de los hechos por la guardia civil, que le informó de que le habían sustraído el coche. Le habían desbloqueado y forzado. Lo movieron unos 50 metros y lo encontraron con las puertas abiertas.

Hay más testigos, que comparecen, tanto físicamente como por videoconferencia. Estos testigos se enteraron de los hechos más o menos como los anteriores. Hay algunos que desisten de pedir resarcimiento de los daños.

Se pide a la responsable de los chavales responsabilidad civil de alrededor de 2000 euros. Se pide condena por falta de hurto y daños del artículo 244 del Código penal. La fiscalía sí que les considera autores en el caso del Citroën C15 extraído y en el caso del vehículo del cementerio.

os abogados defensores de los perjudicados sí que afirma que presenciar los hechos en que estuvieron no tiene que ser constitutivo de delito. Se pide sentencia absolutoria. Los acusados prefieren una condena a 100 horas de trabajo social.

El asunto queda visto para sentencia.

15.- Estudio de un caso penal sobre la clínica veterinaria en zona de Lerma

En las diligencias previas, el fiscal, despachando el traslado conferido en el procedimiento referido, dice que se adhiere al recurso de apelación interpuesto por la representación de los imputados frente al auto de fecha de 12 de mayo de 2011, por el que se desestima el recurso de reforma interpuesto contra la resolución de 4 de marzo de 2011, que acordaba la continuación de las presentes diligencias por los trámites del procedimiento abreviado, interesando su revocación y, en su lugar, se acuerde el sobreseimiento provisional al no estar debidamente justificada la comisión de los delitos imputados. Esta petición ya se formuló en el escrito de 21 de diciembre de 2010, en el que se señalaba que, tras la instrucción practicada, no queda acreditada la comisión de los delitos de maltrato a animales domésticos, estafa e intrusismo.

Respecto del delito de maltrato de animales domésticos, hay que señalar que en el atestado elaborado por el Seprona el 17 de diciembre de 2009, y, en primer lugar, se hace constar que dos años antes, concretamente el 21 de diciembre de 2007, JLCV denunció a esta clínica porque habían sacrificado a un perro de su propiedad, si bien por auto de 4 de junio de 2008 el Juzgado de Instrucción de Lerma dictó auto de sobreseimiento libre y archivo de diligencias previas número 141/2008.

Ante esta denuncia, el Seprona inició las gestiones pertinentes para comprobar la posible existencia de irregularidades en la recogida de animales, por lo que se practicó una inspección en dicha clínica el 9 de diciembre de 2009, comprobándose cómo no se encontraban dos perros en las instalaciones que habían sido recogidos el 3 de diciembre de 2009.

También se comprobó que los imputados carecían de libro de registro de animales abandonados y sólo se encontraban en las instalaciones perros de la residencia, pero no los recogidos como perros abandonados.

Ante estas anomalías se iniciaron investigaciones por un presunto delito de maltrato de animales, al existir sospechas de que podían sacrificarles inmediatamente al ser recogidos, y un posible delito de estafa, al poder estar cobrando de la diputación por recoger los animales abandonados para luego abandonarlos en otro lugar.

En otra inspección de 19 de diciembre de 2009 se vuelve a realizar otra inspección comprobando que sí se encontraban los dos perros recogidos en el Valle de Losa, entre otros perros abandonados y recogidos.

Por ello, y por una no existencia de registro adecuado de los perros entregados, de perros entregados en adopción y de perros sacrificados a los veinte días (plazo legal), no existen pruebas de la comisión ni del delito de maltrato.

En cuanto a un presunto delito de intrusismo, la imputada, que es la dueña de la clínica veterinaria, sí que es veterinaria, pero el imputado (el marido de la anterior) no, existiendo sospechas de que el mismo pudiera estar realizando actividades propias de dicha titulación, pero tras la completa investigación de los hechos tampoco queda debidamente acreditada la comisión de este delito.

Hay que tener en cuenta el artículo 403 del Código penal. En torno a este artículo, el Tribunal Supremo, en sentencia de 1 de abril de 2003, establece que se requieren dos requisitos:

  1. Ejercicio de actos propios de una profesión (o el ejercicio de una actividad profesional).
  2. Carencia de un título profesional.

Así, para apreciar la comisión de este delito no basta con apreciar la carencia de título, oficial o académico, sino que es necesario constatar que se realizan los actos propios de una profesión, distinta a aquella para la que el agente se encuentra habilitado.

Con escrito de 7 de junio de 2011, tanto el fiscal como la representación de los imputados (por escrito en el que se desiste del recurso de apelación) desisten del recurso.

En las diligencias previas se despacha traslado y el Fiscal dice que se adhiere al recurso de reforma interpuesto por la representación de los imputados frente al auto de 4 de marzo de 2011, por el que se acuerda la continuación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado, interesando su revocación, y, en su lugar, se acuerde el sobreseimiento provisional, al no estar debidamente justificada la comisión de los hechos cometidos.

Mediante auto de 12 de mayo de 2011, se establece que la defensa de los imputados recurre en reforma y subsidiariamente en apelación el auto anterior, adhiriéndose al recurso el Ministerio Fiscal, solicitando su estimación, ratificándose en su escrito de 21 de diciembre de 2010 que interesaba sobreseimiento provisional regulado en el artículo 641.10 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Mediante escrito al Juzgado de Instrucción de Lerma, la procuradora de los acusados expone los fundamentos de defensa y las actividades que la clínica realiza, y se pide el sobreseimiento de los hechos en virtud de lo establecido en el artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También se presentan varios documentos solicitando el interrogatorio de los testigos que se proponen. Mediante providencia, el juzgado acepta la prueba testifical y concreta el día de la prueba.

Posteriormente, se realiza escrito por procuradora de los acusados, solicitando, de acuerdo con los artículos 183 y 188 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la suspensión de la declaración prevista para el día 23 de septiembre de 2010, y el nuevo señalamiento de dicho trámite.

Entre la documentación presentada, está el Convenio firmado entre la clínica y la Diputación de Burgos para la recogida de animales, pero un tiempo después se descubre que ese convenio había caducado en junio de 2010, y desde entonces la clínica había seguido recogiendo animales sin la consiguiente autorización administrativa. También se cita como testigos a varios trabajadores de la clínica, así como a varios responsables de la misma.

Finalmente, al estimar el Juzgado de Instrucción de Lerma que no existen indicios suficientes de los delitos que se pretenden imputar a la clínica, se decreta el sobreseimiento de las diligencias. Contra este auto se admite recurso de reposición.

 

16.- Estudio del caso contencioso-administrativo de clínica veterinaria de Lerma

 

 

 

 

 

 

Con los hechos establecidos en el caso anterior, relativo al juicio penal, y que quedó sobreseído, ahora procedemos a estudiar el procedimiento contencioso administrativo del que fue objeto la a por llevar a cabo la recogida de animales abandonados durante un periodo de tiempo sin tener licencia.

En el escrito de alegaciones que realiza la demandada, la dueña de la clínica, desde la clínica entienden que no queda probado en manera alguna que la clínica haya infringido los preceptos de la Ley de Sanidad Animal (Ley 5/1997).

También alegan desde la clínica que con lo descrito en el presente escrito y los documentos que lo acompañan no se pueden clasificar los hechos denunciados como sanción que infrinja la Ley 5/1997, ni englobarla dentro del artículo 28.3.d como infracción grave, ya que no existe incumplimiento por parte de la clínica.

Mediante Resolución de 27 de mayo de 2010, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se resuelve el expediente sancionador en materia de sanidad animal contra la clínica veterinaria se sanciona a ésta como autora responsable de dos infracciones administrativas calificadas como de grave y leve con multa de 4.501 euros.

Después de todo ello, la titular de la clínica interpone recurso, en tiempo y forma, según lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Sancionador (hoy derogada, pero sí estaba vigente en el momento de llevarse a cabo este procedimiento).

El órgano que conoce del recurso resuelve desestimar el recurso de alzada y confirmar la sanción impuesta a la clínica veterinaria. Y se le impone una multa a la clínica por impago de cantidad.

En el expediente sancionador se califica la sanción como grave.

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