El sistema de impuestos en España

El presente artículo tiene por objeto ayudar a entender el sistema de impuestos establecido en España.

En primer lugar, hay que dar un concepto de impuesto y dar una clasificación de los actuales impuestos en nuestro país.

Dentro de los ingresos públicos que el Estado y otras Administraciones Públicas han de obtener para financiar las necesidades públicas, destacan los tributos, que son prestaciones dinerarias que los ciudadanos están obligados por ley a pagar.

A su vez, los tributos se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos. Las tasas se pagan por los ciudadanos como consecuencia de la realización de una actuación administrativa que les beneficia individualmente, pero que están obligados a solicitar o recibir, como la recogida de basuras, la expedición del DNI. Las contribuciones especiales se pagan cuando una actuación pública dirigida a satisfacer una necesidad colectiva produce un beneficio especial a determinados individuos. Por ejemplo, el aumento de valor de una finca como consecuencia de la realización de una obra pública

Finalmente, los impuestos son los tributos más importantes, pues es a través de ellos como se obtienen la mayoría de los ingresos públicos para costear las necesidades colectivas. Son cantidades que se exigen obligatoriamente por ley sin que exista una contraprestación individualizada específica y que se fundamentan en hechos que demuestran la capacidad económica de los ciudadanos.

La capacidad económica o de pago es, pues, un principio fundamental a la hora de hablar de los impuestos. Es un principio basado en criterios de equidad, de justicia distributiva y, conforme a él, una mayor capacidad económica supone una mayor capacidad para atender las cargas públicas.

Esa capacidad económica de cada ciudadano se manifiesta de distintas formas, bien a través de la riqueza que posee (patrimonio), bien a través de los ingresos que obtiene (renta) o bien a través de los consumos que realiza. Por ello, los distintos impuestos existentes recaen sobre alguna de esas tres manifestaciones de la capacidad de pago de las personas.

Todo esto en cuanto al concepto. En cuanto a la clasificación de los mismos, hay que decir que son diversas las clasificaciones que pueden hacerse de los impuestos, pero la más conocida y utilizada es la que distingue entre impuestos directos e impuestos indirectos. Son impuestos directos los que se aplican sobre una manifestación directa o inmediata de la capacidad económica: la posesión de un patrimonio y la obtención de una renta. Son impuestos indirectos, por el contrario, los que se aplican sobre una manifestación indirecta o mediata de la capacidad económica: la circulación de la riqueza, bien por actos de consumo o bien por actos de transmisión. En definitiva, los impuestos directos gravan la riqueza en sí misma, mientras que los indirectos gravan la utilización de esa riqueza.

Siguiendo esta clasificación, los principales impuestos actualmente existentes en España son los siguientes (los textos normativos que se citan a continuación están disponibles en la web de la Agencia Tributaria y se incluyen vínculos para acceder directamente).

Los impuestos directos más importantes son los siguientes:

  1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas( Ley 35/2006 de 28 de noviembre y Real Decreto 439/ 2007 de 30 de marzo). Este impuesto se estudia en un apartado específico.
  2. Impuesto sobre la Renta de no Residentes (Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo y Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio). Este impuesto recae sobre la renta obtenida en España por personas que no viven en España.
  3. Impuesto sobre Sociedades (Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo y Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento). Este impuesto recae sobre el beneficio que obtienen de su actividad las empresas (sociedades). Concretamente, se aplica sobre el beneficio neto, es decir, que de los ingresos que obtiene cada empresa se restan los gastos que han sido necesarios para su obtención.
  4. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (Ley 29/1987, de 18 de diciembre, y Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre).El impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se paga por las personas cuando reciben dinero u otros bienes de forma gratuita, es decir, sin que se trate de una contraprestación por un trabajo o servicio que hayan realizado o por un dinero o una cosa que hayan entregado a cambio. Se incluyen aquí tanto los casos en que lo que se recibe es una herencia o legado de una persona fallecida (adquisiciones “mortis causa”) como los casos en que lo que se recibe es una donación efectuada por una persona viva (adquisiciones “inter vivos”). Este impuesto está cedido a las Comunidades autónomas.
  5. Impuesto sobre el Patrimonio. Ley 19/1991, de 6 de junio. Este impuesto se suprime mediante la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, derogando también los artículos de la Ley 19/1991 relativos al régimen de autoliquidación, personas obligadas y presentación de declaración. La supresión del gravamen se ha establecido a partir del ejercicio 2008 y se instrumenta mediante una bonificación del 100%  de la cuota íntegra del impuesto. No obstante, el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, vuelve a restablecer el Impuesto sobre el Patrimonio con carácter temporal para los ejercicios 2011 y 2012 aunque con modificaciones respecto de la redacción anterior a la Ley 4/2008. Asimismo, es previsible su prórroga, al menos, para el ejercicio 2013. El impuesto está cedido a las Comunidades Autónomas.

En cuanto a los impuestos indirectos, hay que destacar los siguientes:

  1. Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley 37/1992, de 28 de diciembre, y Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre). Este impuesto se estudia en un apartado específico.
  2. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre y Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo). Este impuesto tiene un ámbito de aplicación muy amplio y se subdivide en varias modalidades. Muy resumidamente, puede decirse que se aplica a las transmisiones (compraventas) de todo tipo de bienes y derechos, a determinadas operaciones que realizan las empresas y a actos que se tienen que documentar oficialmente (escritura de una casa y otros documentos notariales). La persona que tiene que pagar el impuesto es el adquirente (comprador), no el que transmite el bien o derecho (vendedor). Finalmente, es un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas.
  3. Renta de Aduanas (Reglamento (CEE) 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario). Se estudia en la guía didáctica dedicada a las Aduanas.
  4. Impuestos Especiales (Ley 38/1992, de 28 de diciembre y Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio). Estos impuestos solamente los pagan las personas que compran o consumen determinados bienes:
    1. Alcohol y bebidas alcohólicas
    2. Hidrocarburos
    3. Tabaco
    4. Matriculación de medios de transporte

Su razón de ser, aparte de su gran capacidad recaudatoria, reside en la consideración de que el consumo de esos bienes genera costes sociales. Pensemos en los costes sanitarios por abuso del alcohol o del tabaco y en la contaminación atmosférica de los coches y del uso de los hidrocarburos en general.

Además de los anteriores, hay que tener en cuenta la existencia de impuestos locales, que se exigen por los Ayuntamientos o Diputaciones Provinciales. Los más importantes son el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas, y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Las Comunidades Autónomas tienen asimismo capacidad para establecer impuestos y otros tributos.

Con todo esto, hay que decir que, según una noticia publicada en el periódico El País de 18 de septiembre de 2015, un informe del Banco de España sobre la estructura impositiva y la capacidad tributaria de España concluye que tiene uno de los sistemas más descentralizados de Europa. “Más del 40% de los impuestos son asignados o recibidos por las Administraciones territoriales (comunidades autónomas y corporaciones locales), el nivel más elevado de todos los países de la UE y muy por encima de la media que se sitúa en el 10%”, sostiene el supervisor en el documento difundido hace un par de semanas. En el informe también explica que España es uno de los países europeos que menos recauda por impuestos indirectos (IVA e impuestos especiales). Los tributos que gravan el trabajo (renta y cotizaciones sociales) están, sin embargo, en la media de la UE.

La conclusión del Banco de España se basa en la participación de las comunidades autónomas en los impuestos cedidos, el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales. Además, contempla los impuestos propios que tienen las Administraciones regionales —transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, y patrimonio, entre otros— y las locales, principalmente el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).

Antes de que estallase la crisis financiera en 2008, el porcentaje de participación de impuestos gestionados o que dependen de las Administraciones territoriales ascendía al 50% por la gran aportación que tenían sobre la recaudación los tributos vinculados al sector inmobiliario, que aportaban a las arcas de las comunidades casi 10.000 millones más que actualmente.

El estudio profundiza sobre la capacidad recaudatoria del país. “España destaca por presentar un peso de los ingresos tributarios en relación con el PIB relativamente reducido en comparación con la media de la UE”, sostiene. La presión fiscal ascendió al 37,8% del PIB en 2014, según datos de Eurostat, nueve puntos menos que los países de la eurozona y siete menos que el conjunto de la UE.

Las claves del modelo fiscal de España:

  1. La presión fiscal de España ascendió en 2014 al 37,8% del PIB, unos siete puntos menos que la media de la UE, según Eurostat. En Dinamarca, Finlandia o Noruega, este indicador ronda el 50%.
  2. Las cotizaciones sociales son la partida con mayor peso sobre los ingresos impositivos, seis puntos por encima de la media del conjunto de la Unión en 2012, según el Banco de España. Lo que representa un 36,8% del total.
  3. La imposición indirecta (IVA y especiales) tienen menos peso sobre la recaudación en España que en el resto de Europa. Los ingresos por estos tributos equivalen al 32,9% del total, unos seis puntos menos que la media comunitaria, según el supervisor.
  4. Los impuestos directos (IRPF, sociedades) representan el 30,4% del total, 2,3 puntos más que la media europea.

Impuestos sobre el consumo. Para explicar esta circunstancia, el supervisor analiza cada una de las grandes figuras tributarias. Y concluye que la diferencia se debe a que España tiene el menor peso de la imposición sobre el consumo (IVA y especiales) de todos los miembros de la Unión. Además, sus tipos efectivos son “significativamente más bajos”.

Este fenómeno se produce porque, aunque tenemos uno tipo general de IVA en la media comunitaria, lo cierto es que se aplica sobre un porcentaje más reducido de bienes y servicios que en el resto de países por el gran peso de los tipos reducidos y superreducidos. Los ingresos de los impuestos especiales también son inferiores respecto a la media, en especial en hidrocarburos, transporte y alcohol. Otros, otros estudios advierten sobre la incidencia del fraude sobre del del IVA sobre la recaudación. El supervisor también presta atención a la baja recaudación de los impuestos medioambientales en comparación con el resto de los socios europeos.

Tributación del trabajo. Respecto a la tributación del trabajo, España se sitúa en la media de los Veintisiete. Aunque al analizarlo con detalle, el supervisor asegura que el peso de las cotizaciones sociales, sobre todo las que pagan los empresarios, son más elevadas que en el resto de países.

El Banco de España también presta atención a la cuña fiscal [un indicador que mide el total de impuestos que gravan el salario medio bruto] de España con la del resto de países. Este índice “se sitúa en España por encima de la media de la OCDE para todos los tramos de renta y tipos individuos de acuerdo con su situación familiar”.

Imposición sobre el capital. Los tributos que se pagan en España sobre el capital son, de media, más elevados que en la UE —7,5% del PIB frente al 6,7% de media—, según el Banco de España. En el informe explica el motivo: se debe a que la imposición sobre la riqueza es superior, mientras que la que afecta a las rentas de empresas (impuesto de sociedades) y del capital están en línea con el resto de países de la Unión.

El supervisor explica que los tipos de gravamen que los españoles pagan por el impuesto de sociedades y por el capital son superiores a la media europea. Pero no tiene en cuenta la rebaja del tipo de sociedades aprobada con la reforma fiscal, que reducirá el tipo nominal del impuesto de sociedades del 30% al 25% en 2016. Además, el Ejecutivo ha limitado las deducciones y bonificaciones de las empresas con lo que subirá el tipo efectivo.

Por último, el documento subraya que los ingresos procedentes de la imposición sobre la propiedad son superiores a los de la media europea. Sobre todo los que gravan las transacciones de activos. “La imposición sobre la propiedad recauda 0,8 puntos sobre el PIB más que la media de la Unión, debido a una mayor imposición sobre las transacciones y sobre todo tras las recientes subidas de los impuestos sobre la tenencia de propiedad (en particular, del impuesto sobre bienes inmuebles)”, concluye.

Los impuestos verdes están por debajo de la media

Los impuestos verdes son uno de los grandes agujeros que tiene el sistema tributario español. “En términos cuantitativos la capacidad recaudatoria de estos tributos en España es todavía reducida, un 1,6% del PIB en 2012 frente al 2,6% en la media del conjunto de la Unión”, explica el Banco de España.

El supervisor explica que el débil peso que tienen los impuestos verdes se debe a una menor presión fiscal sobre la energía (1,3% del PIB en España frente al 1,9% en Europa. “España fue en 2012 el país de toda la UE que menos recaudación obtuvo derivada de la imposición sobre la energía”, añade la institución presidida por Luis Linde.

No obstante, en los últimos dos años el Gobierno ha impulsado algunos tributos sobre la producción de energía, hidrocarburos y carbón. Y cree que aún hay margen para aprobar nuevas figuras en el ámbito autonómico.

Por tanto, como se desprende de todo lo establecido hasta aquí, en España existe un sistema de impuesto saturado, y en muchos de los impuestos existe doble imposición, lo que perjudica a los ciudadanos de a pie, y que hace que su poder adquisitivo disminuya y no mejore la situación de los administrados.

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