Acusación popular sin intervención del Ministerio Fiscal

“La relevancia de los supuestos en que se invoca la falta de legitimación de la acusación popular para perseguir ciertos delitos que tienen repercusión sobre la generalidad de los ciudadanos es fuente de recelos. Por un lado, cuestiona la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, por otro la imparcialidad del Ministerio Fiscal, y, lo más grave, cuestiona la calidad de la democracia de nuestro Estado de Derecho.

Si el acusador particular interviene en el procedimiento penal en defensa de sus intereses como perjudicado por el delito, ¿qué intereses mueven al Ministerio Fiscal como acusación pública, de un lado, y al acusador popular, de otro? La tensión entre la tradicional desconfianza que suscita el “uso” del Ministerio Fiscal por el Poder Ejecutivo y la suspicacia que despierta la manipulación de la Acción Popular para la consecución de intereses ocultos es lo que subyace en esta polémica.”

Esto choca con lo previsto en la Constitución en cuanto que España es un Estado Social y democrático de Derecho, lo que implica la participación de la ciudadanía en los tres poderes del Estado. Concretamente hay que destacar el contenido del artículo 125 de este texto constitucional, que establece que “los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales”.

Por tanto, nos encontramos con un mandato constitucional en este sentido, y que establece la posibilidad para los particulares de ejercitar esa acción conjuntamente con los otros tres poderes del Estado de Derecho.

También hay que acudir a lo previsto en los artículos 19 LOPJ; y 101, 270 y 782 LECrim. Por lo establecido en estos artículos, se concede a los ciudadanos la posibilidad de ejercitar la acción popular en la forma en ellos establecida.

Un importante ejemplo del ejercicio de la acción penal por el acusador popular la encontramos en la doctrina Botín, el caso Nóos o el caso Atutxa. En estos casos cabe preguntarse si realmente es efectiva la acusación popular, por la especial trascendencia que han adquirido las conductas penales en estos casos.

El problema que plantea la acusación popular es la escasa o nula formación de los ciudadanos para conocer los cauces para ejercitar la acción popular. Así que la mejor forma de llevar a cabo la acción popular por los ciudadanos sería la de un previo conocimiento correcto de las leyes, incluyendo alguna asignatura en el sistema educativo.

El problema que se plantea es que los ciudadanos no van a poder ejercer correctamente ellos solos la acción correspondiente para ejercer la acción penal, pues su escaso conocimiento del ordenamiento les va a llevar a ejercitarla de manera errónea, y exigiendo cosas de manera no conforme al ordenamiento. Para hacerlo bien tendrían que tener un conocimiento mínimo del ordenamiento, y si no la tienen, han de estar asesorados, al menos mínimamente, por alguien experto en leyes.

Por tanto, la mejor manera de realizar la acusación en el proceso es, no siendo la víctima quien lo haga, mediante el ejercicio de la acción por el Ministerio Fiscal, pues los fiscales ya no sólo han sido formados durante el tiempo necesario para los estudios universitarios del grado en Derecho, sino que, además, han superado una de las oposiciones más difíciles existentes.

La otra parte defiende que, debido a que se encuentra recogido en la propia constitución, hay que decir que es una forma de defenderlo. Se contrapone el hecho de que se necesita una mayor formación de la ciudadanía para poder entender mejor el proceso y mejorar la accesibilidad de las personas a ellos mediante la acusación popular. 

Se contrapone que también el ministerio fiscal tiene una mayor formación para poder llevar a cabo la acusación en nombre de los ciudadanos, a lo que se contrapone que no siempre coinciden en acusacines Ministerio Fiscal y acusacion Popular.

Otro de los argumentos en contra es que a veces se hace perder tiempo y dinero a la Administración de Justicia porque intervenien grupos de personas que buscan intereses perjudiciales para el resto de ciudadanos debido al hecho de que pueden realizar esta acusación para perjudicar a otros particulares.

Se aporta el argumento de que si el Ministerio Fiscal puede ser parcial, lo puede llegar a ser más la acusación popular. A esto se contrapone el hecho de que es el juez quien tiene que ver si la pretensión de la acusación popular es o no preferible que siga adelante. se defiende el hecho de que el Artículo 782 LECrim, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 782

1. Si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa por cualquiera de los motivos que prevén los artículos 637 y 641, lo acordará el Juez, excepto en los supuestos de los números 1.º, 2.º, 3.º, 5.º y 6.º del artículo 20 del Código Penal, en que devolverá las actuaciones a las acusaciones para calificación, continuando el juicio hasta sentencia, a los efectos de la imposición de medidas de seguridad y del enjuiciamiento de la acción civil, en los supuestos previstos en el Código Penal.

Al acordar el sobreseimiento, el Juez de Instrucción dejará sin efecto la prisión y demás medidas cautelares acordadas.

2. Si el Ministerio Fiscal solicitare el sobreseimiento de la causa y no se hubiere personado en la misma acusador particular dispuesto a sostener la acusación, antes de acordar el sobreseimiento el Juez de Instrucción:

  • a) Podrá acordar que se haga saber la pretensión del Ministerio Fiscal a los directamente ofendidos o perjudicados conocidos, no personados, para que dentro del plazo máximo de quince días comparezcan a defender su acción si lo consideran oportuno. Si no lo hicieren en el plazo fijado, se acordará el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente.
  • b) Podrá remitir la causa al superior jerárquico del Fiscal para que resuelva si procede o no sostener la acusación, quien comunicará su decisión al Juez de Instrucción en el plazo de diez días.”

Conclusiones del grupo en contra: si el ministerio fiscal es influienciable, lo es mas la persona que lleva a cabo la acusación popular, porque hay un conflicto de intereses, y tambien que se lleve a cabo esa acusación popular por el hecho de perjudicar a una persona o grupo de personas. Y que se haga la acusación por alguien que esté formado en Derecho.

Conclusión parte contraria: puesto que se viene defendiendo desde el siglo XIX, se necesita una cierta independencia del ministerio fiscal y que hay intereses difusos en determinadas materias.

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