Análisis de ADN

ÍNDICE

1-  BLOQUE 1

Introducción.

Concepto y tipos de pruebas de ADN, diferencia con las huellas dactilares, y toma de muestras.

Mencionar regulación legal sobre la materia.

2-  BLOQUE 2

Las pruebas de ADN y los derechos fundamentales.

Las pruebas de ADN y los menores de edad.

3- BLOQUE 3

Problemas procesales en relación con la práctica de la prueba de ADN.

Legitimados para realizarla.

Mencionar jurisprudencia del TS acerca del tema.

 

Introducción.

El objetivo del presente trabajo es conocer más en profundidad cómo se obtienen actualmente las pruebas de ADN en la actualidad, así como el funcionamiento y el peso del mismo en el proceso penal.

En este trabajo se hará, en primer lugar, en un primer bloque, una referencia a la importante evolución del ADN en el Derecho penal actual desde su aparición, en esta introducción. A continuación, se dará una definición de ADN, diferenciándolo de la toma de muestras y de las huellas dactilares. Y, por último, dentro de este primer bloque, se hará referencia a la legislación existente en materia de ADN.

A continuación, se abrirá un segundo bloque, el cual comenzará haciendo referencia la relación entre la prueba de ADN y los derechos fundamentales. En segundo lugar, se hará referencia a las pruebas de ADN relacionadas con los menores de edad. Y, por último, se expondrá cierta jurisprudencia existente en este punto.

Por último, el último bloque del trabajo hará referencia a los problemas procesales en relación con la práctica de la prueba de ADN, quiénes están legitimados para realizarla, y, por último, también se hará referencia a jurisprudencia existente dentro de este tema.

Hay que tener en cuenta que, actualmente, la evolución de la ciencia y del Derecho, así como de las garantías que deben revestir el proceso penal, ha sido enorme, debido a la concepción que se tiene del ser humano en sí mismo considerado y de la necesidad de preservar sus derechos más fundamentales.

La evolución que han sufrido las legislaciones actuales en materia de derechos fundamentales, tales como la integridad física, la vida, etcétera, hace que se tengan que mejorar las garantías procesales en materia penal para no vulnerar esos derechos, ya que, si no se hiciese de esta manera, se estarían cometiendo grandes atentados contra el Estado de Derecho.

Hay que destacar aquí que “el ácido desoxirribonucleico designa el material genético que es propio de cada ser, e identifica a los miembros de toda una familia biológica y a cada uno de sus integrantes, salvo que sean gemelos univitelinos”.

La importancia de pruebas en el proceso como el ADN, las huellas dactilares, etcétera, para esclarecer los hechos que son objeto del proceso correspondiente, imponen la necesidad de establecer unos mecanismos para conseguirlos que sean respetuosos, como ya se ha dicho un poco más arriba, de los derechos más inherentes de la persona, así como con los límites establecidos tanto en la Constitución española, y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por otro lado, hay que establecer aquí que el ADN hoy en día es un elemento fundamental para la resolución de muchos casos que en un principio parecían no conducir a ninguna parte, y que, gracias a los análisis de ADN, se ha conseguido dar con el autor material del delito que corresponda.

Hay que tener en cuenta, además, que el ADN forma parte de todas las células de un organismo vivo, como es el ser humano, y, por tanto, su importancia es fundamental porque contiene la información genética que determina el desarrollo y el funcionamiento de los seres vivos.

La importancia del ADN en la prueba en el proceso penal ha aumentado sobre todo desde la mitad del siglo XX. Su estructura fue descifrada en 1953, lo que permitió descubrir que el ADN conforma nuestro código genético, determinando las características de los individuos y nuestra identificación como seres únicos e irrepetibles.

La primera vez que se utilizó el ADN como prueba fue en 1985 en Inglaterra, como medio para la identificación del acusado en el caso Enderby. Hay que destacar que el desarrollo del ADN hoy en día es espectacular. Sobre todo, por el simple hecho de que la aparición del ADN en la escena de un crimen, de un delito ayuda enormemente a día de hoy a buscar al presunto sospechoso.

Hay que destacar que el desarrollo de todas las ciencias técnicas desde la II Guerra Mundial ha sido enorme. Y, debido a la necesidad del Derecho penal de recurrir a personas con conocimientos científicos para buscar rastros que ayuden a solucionar el caso, todo ello implica la necesidad de conocer mejor este tipo de pruebas, sobre todo la de ADN, que es de importancia capital, pero sin dejar de lado a las demás pruebas que se han de practicar.

También hay que destacar aquí que la función primordial del ADN es almacenar información genética para la construcción de proteínas y ARN que es imprescindible para cualquier función vital de un organismo.

 

Concepto y tipos de ADN. Diferencia con las huellas dactilares y la toma de muestras.

Se va a proceder aquí a definir lo que es el ADN. Se puede decir que el ADN es una macromolécula que codifica los genes de las células, bacterias y algunos virus. Esta información genética del ADN se usa para fabricar las proteínas necesarias para el desarrollo y funcionamiento del organismo. Por tanto, se puede decir que el ADN es el identificador universal de los seres vivos y que les hace únicos.

Junto con el carácter pericial propio de las técnicas de ADN, cabe calificar a los análisis genéticos y su aplicación forense como auténticas diligencias de investigación restrictivas de derechos fundamentales. Sin embargo, prevalece en las diligencias de esta naturaleza el constituir medidas restrictivas de derechos fundamentales frente al carácter pericial, motivo por el que la competencia para ordenarlas ha de mantenerse dentro de la reserva jurisdiccional.

De acuerdo a sus particularidades y a su estructura se pueden encontrar varios tipos de ADN, estos son:

  1. ADN Cromosómico. Este refiere al ADN que almacena la información genética de la célula a la cual pertenece. Se encuentra situado específicamente donde se encuentre la célula, por ejemplo, en las células procariotas se ubica en el citoplasma, y en las células eucariotas en el núcleo celular. Este tipo de ADN se muestra como una cadena doble de bases complementarias donde cada cadena posee nucleótido. El genoma de las personas posee 23 moléculas de ADN, las cuales presentan una longitud que oscila entre los 50 y los 250 millones de bases. ADN
  2. Recombinado o Recombinante. Se refiere al conjunto de técnicas empleadas para manipular las moléculas de ADN, con el fin de producirlas artificialmente y unidas de manera in vitro. Las cadenas que conforman el ADN provienen de dos tipos de organismos distintos. Al añadir una nueva cadena a un organismo se modifican algunos rasgos y se logran crear nuevos rasgos. Estos ADN combinados son muy empleados al momento de crear vacunas, en tratamientos de fertilidad, es experimentos de clones, o al tratar un tipo de enfermedad, donde se utiliza un ADN en específico de un organismo y se propaga en otro organismo distinto.
  3. ADN Mitocondrial. Es el ADN que se encuentra en orgánulos de la célula mitocondrias –que proveen energía a la célula-. El ADN logra reproducirse semiautomáticamente cuando se divide la célula eucariota. Este ADN forma nucloides presentando variados tamaños. Este tipo de ADN pasa de la madre a su descendiente, solo interviniendo las mitocondrias que están contenidas en el óvulo que se desprende al momento del espermatozoide fecundarlo.
  4. ADN Fósil. Se refiere al ADN de ciertos fósiles, donde para calcular su antigüedad del mismo, se lleva a cabo una reacción de polimerasas en cadena, que da paso al estudio de todos los registros moleculares del ADN.
  5. ADN Superenrrollado. Este tipo de ADN es fácil de reconocer, el cual se muestra de forma enrollada o se mantiene girada en si mismo. Esta forma que toma dicho ADN, se debe a una tensión originada en la molécula que puede ser negativa o positiva para el organismo.

Por otro lado, surgen una serie de problemas para diferenciar entre la prueba de ADN y las pruebas procesales de huellas dactilares y de toma de muestras. Mientras que, en la prueba de ADN, como se ha dicho hasta aquí, lo que se pretende es la identificación del presunto culpable mediante la toma de muestras de su material genético, que es el único que permite una rápida identificación del individuo.

La toma de huellas dactilares en el proceso penal surge mucho antes que la prueba de ADN. Como explica la página web Legaltoday, “la dactiloscopia, como procedimiento técnico de identificación personal, llegó a España por mediación del doctor OLÓRIZ, que en el año 1.903 presentó al XIV Congreso Internacional de Medicina un Proyecto de clasificación dactiloscópica, que distinguía dos únicos tipos, “asas y remolinos”, agregándose desde entonces, a la tarjeta española de identidad, la correspondiente fórmula dactilar. Esta prueba pericial viene practicándose desde 1.907 en las prisiones españolas siendo unificado este sistema con el procedimiento seguido por la Dirección de Seguridad y por la Dirección General de la Policía”.

La toma de muestras se diferencia de la prueba de ADN en que la primera incluye toda la posibilidad de pruebas que se pueden tomar en el proceso penal, ya sea toma de posibles instrumentos de comisión del delito, entre otras, pero, al fin y al cabo, incluyendo la prueba de ADN. Es decir, la prueba de ADN está incluida entre todas las muestras que se determinen como pruebas en el proceso penal.  Esta prueba chocaa con el principio de la lógica, pues, aunque su fiabilidad en los resultados sea el 100%, su aplicación en el proceso penal depende de la voluntad racional del juez.

Téngase en cuenta también que la valoración de las pruebas científicas no puede hacerse correctamente sin tener en cuenta que su validez depende de factores como son el seguimiento de los protocolos científicos en la obtención de muestras.

No hay que olvidar que la prueba de ADN está sometida a los continuos avances científicos, y sólo debe ser comprendida en el marco del difícil equilibrio entre la eficacia de la investigación penal y la protección de los derechos fundamentales.

Regulación legal de la materia.

La legislación española es relativamente parca, desde el punto de vista procesal a la hora de considerar el análisis de ADN. La Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo dedica tres artículos al tema (326, 363 y 778.3), más la disposición adicional tercera. Los artículos se reformaron y la disposición adicional se añadió por la Ley Orgánica 15/2003.

El contenido básico de dichos preceptos, que debe de ser complementado por la disposición adicional tercera de la Ley 10/2007, sobre obtención de pruebas biológicas, hace referencia a la recogida de huellas y vestigios biológicos con ocasión de la práctica de una inspección ocular (artículo 326.III); requisitos de la práctica de análisis químicos y obtención de muestras biológicas del imputado como diligencias de investigación (artículos 363 y778.3).

Es evidente que van a ser aplicables más preceptos, pero la regulación hasta hace poco vigente era notoriamente insuficiente, particularmente en cuestiones técnicas, de ahí que se tuviera que aprobar legislación específica, constituida por Ley Orgánica 10/2007, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN; y el Real Decreto 1977/2088, por el que se regula la composición y funciones de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN.

Desde el punto de vista europeo e internacional, nos afectan varias normas. Hay que destacar sobre todo el Tratado de Prüm (Convenio relativo a la profundización de la cooperación transfronteriza).

Este Tratado firmado en la ciudad alemana de Prüm reviste una importancia crucial para los países firmantes en materia de creación de ficheros nacionales de análisis del ADN para los fines de persecución de los delitos, porque permite su utilización compartida por todos ellos consultando los llamados índices de referencia, que contienen los perfiles de ADN o modelos de identificación del ADN.

En cuanto a la Unión Europea, deben consultarse las siguientes normas y resoluciones:

  1. La Resolución del Consejo de 9 de junio de 1997, relativa al intercambio de resultados de análisis de ADN.
  2. La Resolución del Consejo de 25 de junio de 2001, relativa al intercambio de resultados de análisis de ADN.
  3. La Recomendación del Consejo de Europa y del Comité de Ministros, de 10 de febrero.
  4. La Recomendación del Consejo 82/472/CEE, de 30 de junio de 1982, relativa al registro de trabajos en los que intervenga el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante.
  5. La Resolución del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa al intercambio de resultados de análisis de ADN (2009/C296/1).

La introducción del ADN como técnica de investigación criminal surge en el contexto de la Unión Europea a través de la Recomendación del Comité de Ministros de 10 de febrero de 1992.

Pero pronto se advierte que, además de prueba científica que lucha contra el delito cometido, el depósito de los perfiles biológicos que identifican al autor servirá también para prevenirlo. Dando un paso más, el intercambio de datos entre países aparecerá como nueva forma de lucha contra el delito.

Esto permitirá a la policía forense determinar que los datos biológicos hallados en la escena del crimen y su posibilidad de contraste favorecerán de modo determinante el descubrimiento de los delitos y el ejercicio del ius puniendi del Estado. De ahí la necesidad de obtener los perfiles en laboratorios forenses y de registrar datos en los archivos oficiales.

La utilización y transmisión de los datos conseguidos con motivo de la práctica ortodoxa del ADN ha merecido el interés de Resoluciones del Consejo de Europa, relativas al intercambio de resultados de análisis de ADN, y de las normas recogidas en el reglamento de EUROJUST, relativas al tratamiento y a la protección de datos personales.

La preocupación internacional por la regulación de la materia se revela obvia, pues la obtención de perfiles genéticos de sospechosos, detenidos o condenados y su posibilidad de transmisión y comunicación entre autoridades policiales y judiciales de países de la Unión Europea es básica para la prevención y la lucha contra el delito.

Aquí hay que decir que el Convenio de Prüm, en su artículo 4, dispone, en su apartado primero, que las partes contratantes llevarán a cabo, de mutuo acuerdo y a través de sus puntos de contacto nacionales, una comparación de los perfiles de ADN en sus huellas abiertas con todos los perfiles de ADN contenidos en los índices de referencia de los ficheros nacionales de análisis de ADN.

El Convenio de Prüm, en su artículo 4, dispone, en su apartado primero, que las partes contratantes llevarán a cabo, de mutuo acuerdo y a través de sus puntos de contacto nacionales, una comparación de los perfiles de ADN de sus huellas abiertas con todos los perfiles ADN contenidos en los índices de referencia de los ficheros nacionales de análisis de ADN.

Ahora bien, los perfiles de las Bases de Datos pueden obtenerse de restos cadavéricos, de vestigios corporales abandonados en el lugar de los hechos, de muestras tomadas de sospechosos, detenidos o condenados. Los dos primeros supuestos son menos problemáticos, pero el tercero presenta sombras de duda. En nuestro Derecho, la toma de muestras en relación con sospechosos o detenidos puede obtenerse, previo consentimiento informado del afectado, en los supuestos prevenidos en la Ley Orgánica 10/2007 o bien por auto judicial en que así se acuerde.

La utilización del cuerpo humano de una persona viva como fuente de prueba en el proceso penal es posible esencialmente cuando en el interior del mismo se oculte el cuerpo o los efectos del delito o para obtener a partir de su examen corporal pruebas biológicas o de otro tipo que permitan identificar al imputado y determinar su participación presunta en el hecho delictivo. Ello puede afectar a los derechos fundamentales de la dignidad (artículo 10 CE), la integridad física (artículo 15 CE), la intimidad personal (artículo 18 CE), la libertad deambulatoria (artículo 19 CE), y al derecho a no declarar contra sí misma (artículo 24 CE).

La escasa regulación legal, por tanto, la encontramos en los artículos 326, 363 párrafo segundo y 778.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como en la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre la identificación obtenida a partir del ADN.

III. ADN y los Derechos Fundamentales (Derecho a la intimidad):

La LO 10/2007  reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, destaca que “los avances técnicos permiten hoy que la obtención de datos identificativos a partir de una muestra de ADN se pueda realizar de manera rápida, económica y escasamente limitadora de los derechos ciudadanos.Por otra parte también los métodos de obtención de muestras biológicas son hoy mínimamente invasivos, pues basta introducir un bastoncillo en la boca del individuo para obtener un número de células suficientes de las que extraer el ADN.

Sala Segunda del Tribunal Supremo en su sentencia nº 734/2014, de 11 de 1 de Noviembre

A pesar de la sencillez y relativa inocuidad del modo de  acceso a la materia prima idónea para la determinación del ADN, lo cierto es que este, como recinto, encierra una información genética de extraordinaria amplitud y riqueza de datos personalísimos, que es lo que lo convierte en un ámbito digno del máximo de protección.

Llega a expresarse en esta resolución que “la boca es una cavidad del cuerpo que se mantiene regularmente oculta frente a terceros; y en la que nadie consiente intromisiones ajenas, salvo con fines terapéuticos”. Es, pues, un reducto íntimo del sujeto, al que, ya solo por eso, se extiende la garantía del art. 18 de la Constitución, que lo convierte en ámbito constitucionalmente protegido –STC 199/2013, de 5 de diciembre.

CONTRADICCIÓN:

No puede, sin embargo, dejar de destacarse cierta contradicción entre este pronunciamiento y otro del TS próximo en fecha, la STS nº 709/2013, de 9 de octubre, conforme a la cual:

La toma de muestras de ADN mediante frotis bucal (saliva) no afecta a ningún derecho fundamental cuando se hace a efectos meramente identificativos, entendidos estos como identificación genética de ADN no codificante (SSTS 1311/2005 de 14-10, 179/2006 de 14-2, 949/2006 de 4-10, y 151/2010 de 22-2), salvo levemente al derecho a la intimidad el cual puede verse limitado en aras a la investigación penal, incluso sin autorización judicial (registros o cacheos corporales policiales –SSTS 352/2006 de 15-3, 473/2005 de 14-4, 168/2001 de 9-2, 525/2000 de 31-1–).”

Paradigmática es la afirmación de que ningún derecho o libertad es absoluta y que los mismos no están exentos de limitaciones cuando concurra un fin legítimo que lo justifique. Es constante la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en torno a las exigencias de la intromisión legítima en la intimidad de los ciudadanos, entre las que no figura el ser asistido de letrado.

Requisitos que proporcionan una justificación constitucional objetiva y razonable a la injerencia en el derecho a la intimidad se concretan en los siguientes:

1º) la existencia de un fin constitucionalmente legítimo;

2º) que la medida limitativa del derecho esté prevista en la ley (principio de legalidad);

3º) Como regla general, se acuerde mediante una resolución judicial motivada, la ley puede autorizar a la policía judicial la práctica de inspecciones, reconocimientos e incluso de intervenciones corporales leves, siempre y cuando se respeten los principios de proporcionalidad y razonabilidad, si bien es cierto que la toma de muestras y fluidos voluntaria no requiere autorización. (LO 10/2007)

4º) La estricta observancia del principio de proporcionalidad.

 

ADN Y MENORES DE EDAD:

Como sabemos en la disposición adicional tercera de la LO 10/2007 mencionada anteriormente indica lo siguiente:

Para la investigación de delitos del artículo 3.1 A) la policía judicial tomará muestras y fluidos del sospechoso así como del lugar del delito.

Las tomas que requieran inspecciones o intervenciones corporales, si no se tiene consentimiento del afectado, requerirán autorización judicial mediante auto motivado.

Estas líneas pretenden extender lo dispuesto en ellas a la toma de muestras de ADN en menores, pero en nuestro ordenamiento cualquier tratamiento jurídico del menor se realiza desde la perspectiva de su protección.

En relación a esta protección se debate si se reconoce su capacidad de autonomía o si por el contrario tiene una condición jurídica dependiente de sus representantes hasta la mayoría de edad.

Como he mencionado antes para las tomas de muestras que requieran intervenciones corporales si no hay consentimiento se requerirá autorización judicial, en relación con el menor esta autorización será procedente si así lo considera el Juez de Menores y NO podrá obtenerse la muestra con la autorización del Ministerio Fiscal.

Si hay consentimiento si se podrán realizar estas intervenciones sin la autorización judicial.

*PROBLEMA:  ¿Un menor tiene capacidad para prestar consentimiento?

Sabido es que tienen limitada su capacidad de obrar para realizar actos civiles (art 322cc), y también en materia contractual (art 1263cc).

Si acudimos al artículo 2.1 Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor, “Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma restrictiva”, esto significa que en el caso que no se recoja expresamente en la ley, esta limitación a la capacidad de obrar no cabrá extenderla.

Por lo tanto habrá supuestos legales que admitan la capacidad de obrar del menor con plena autonomía.

Si bien es cierto que cualquier limitación de esta capacidad de obrar del menor se suplirán mediante sus representantes legales.

En cuanto a la toma de muestras de ADN, se debe plantear si el representante legal puede consentir o no esta toma de muestras.

Hay al respecto diferentes opiniones como dice Juan Luis Gómez Colomer.

Pero lo mas acertado pienso que es que los menores siempre tienen que ser oídos y en especial si tienen 12 años o más, y si no tienen suficiente madurez, podrá presentarse este consentimiento por sus padres o tutores y en último caso mediante resolución judicial.

PROCEDIMIENTO Y PROBLEMAS PROCESALES DE LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA DE ADN.

Legitimación para la recogida de vestigios y muestras:

  1. En primer lugar estará legitimado para ello el Juez de Instrucción, facultad que se le confiere en virtud de lo dispuesto en el art. 326.3 de la Ley de Enjuiciaiemto Criminal; En cuanto a esto se encuentra previstos en los apratados primero y segundo del mencionado artículo que el Juez de instrucción podrá adoptas u ordenar a la Policia Judicial o al Médico Forense la recogida custiodia y examen de las muestras que se hallen en el lugar de los hechos. Para llevar a cabo la toma de muestras el Juez deberá dictar un auto antes de procederse a la toma de muestras.

En este aspecto no se plantea ningún problema práctico , ya que ni la doctrina ni la jurisprudencia cuestionan esta legitimación judicial.

  1. Además no se plantea problema alguno en cuanto a la recogida de vestigios por la Policía Judicial en el lugar de los hechos , en las inmediaciones o de un sospechoso si es ordenado por el Juez de Instrucción.

La discusión en este aspecto se centra en la posibilidad de que la Policia Judicial recoja los vestigios para la obtención de ADN por iniciativa propia sin la debida orden judicial. Es importante destacar que el artículo anteriormente mencionado excluye la necesidad de esta orden cuando se den razones de urgencia o exista el riesgo de desaparición de pruebas.

La jurisprudencia resuelve las posibles discuisones al respecto afirmando que  la Policía Judicial tiene habilitación suficiente para la recogida de vestigios y muestras abandonadas por el sospechoso sin necesidad de orden judicial previa.

Por su parte las SSTS 634/2010 de 28 de Junio, y 949/2006 de 4 de Octubre y 179/2006 de 14 de Febrero consideran que existe una irregularidad no invalidante la toma de muestras por la Policia Judicial sin haber razones de urgencia aun cuando se debia haber llevado a cabo con previa orden judicial.

  1. El Fiscal también podrá proceder a la recogida de vestigios y restos biológicos cuando aun no hay una causa judicial en curso sin necesidad de autorización judicial previa, como se encuentra previsto en la Circular de la Fiscalia General del Estado 2/2012 de 26 de Diciembre , competencia que ya se entendia aclarada a raiz de la entrada en vigor de la LO 10/2007.

Si existe una investigación judicial en curso la actuación del Juez de Instrucción no impide la recogida de vestigios y muestras por parte del Fiscal, aunque si que se platearán problemas en este caso en cuanto a la legalidad de la cadena de custodia de la prueba.

  1. La víctima y terceros evidentemente pueden recoger vestigios para que pueda analizarse de ellos el ADN , pero habrá que atender en este punto a la cadena de custodia de estas pruebas, ya que esto es lo que genera mas problemas en la práctica.

-La cadena de custodia:

Para la identificación del autor de un hecho delictivo, en la recogida de vestigios debe observarse escrupulosamente la cadena de custodia desde su recogida hasta su analisis final para que la prueba se considere válida con respecto a todo el proceso que se ha llevado a cabo sobre ella, de lo contrario surgirían dudas sobre si los vestigios analizados pertenecen al sospechoso y del curso que estos han seguido hasta que se ha llevado a cabo el análisis de los mismos . así como de la acreditación de la falta de contaminación en estos.

Según la STS 607/2012 de 9 de Julio la cadena de custodia es una figura  que tiene el fin de identificar plenamente el objeto intervenido , ya que este al pasar por distintos lugares y ser trasladado para realizar los exámenes correspondientes, es neceario que exista la seguridad de que los restos analizados o el objeto es lo mismo en todo  momento durante el proceso.

Esto es importante ,pues la acreditación del incumplimiento de la cadena de custodia puede tener como consecuencia la nulidad de la prueba de ADN y la imposibilidad por tanto de la valoración de la misma; Por este motivo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben insistir en hacer constar de forma expresa y con claridad en el atestado , mediante la diligencia debidamente firmada por los instructores del mismo o  por acta firmada la recogida del vestigio del que se espara obtener el ADN con todos los datos necesarios, debe constar además la diligencia de entrega a un tercero para su translado al laboratorio oficialmente reconocido , quien a su vez deberá firmar y diligenciar la recepción del mismo , y donde será fundamental anotar cualquier incidencia del vestigio analizado.

Por tanto podemos decir que sobre este aspecto cualquier precaución es poca para llevar a cabo la prueba respetando la cadena de custodia de la misma.

ALBERTO INFANTE CABALLERO

MARÍAI GIL-PERALTA VALLEJO

EMILIO GIL-PERALTA VALLEJO

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