Jornadas de la Universidad de Burgos sobre Espacio Judicial Europeo

Jueves 4 de mayo de 2017

16,00. horas

INAUGURACIÓN OFICIAL

Las primeras palabras no sólo han de ser de bienvenida. En estas jornadas se va a hablar de una de las bases de este espacio, de confianza recíprocas, y todas las universidades participantes tienen una red de cooperación académica.

Estas jornadas se enmarcan dentro de un espacio de cooperación, se basa en el progreso científico, social, que es uno de los adalides europeo. Esta jornada es mixta. Esta cooperación o intercambio es uno de los objetos de Europa, por el hecho de comprender a los demás es uno de los objetivos de la Unión Europea.

La universidad de Burgos es joven. Todo el equipo de Derecho Procesal está siempre a la vanguardia de la investigación. El hecho de esta investigación hace que el equipo rectoral se sienta orgulloso.

16,30 horas

PRESENTACIÓN DEL CONVENIO Y JORNADA: INTRODUCCIÓN AL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO EN MATERIA PENAL

Este encuentro se enfoca en la cooperación judicial en materia penal, con especial consideración de las normativas penales de los diferentes países intervinientes. Se intentan mejorar las metodologías para comunicar mejor los sistemas de cooperación en materia penal.

La Universidad de Burgos también tiene un marco de cooperación con el Ilustre Colegio de Abogados de Burgos. Hay que traer a colación las palabras del presidente del Consejo Europeo de preservar el ánima de la Unión Europea tras el Brexit. Se ha producido hace poco el 60º aniversario de la firma de los tratados fundacionales de la Unión Europea.

Se ha querido plantear la unión del Espacio Judicial Europeo y el Derecho Penal, destacando sobre todo el carácter restrictivo del Derecho penal de la conducta del individuo.

Este espacio europeo ha entrado, pues, en la vida de todos los países de la Unión Europea. La normativa europea ha sido muy importante, y ha supuesto varias modificaciones de la vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal española, cuyas últimas reformas son de gran calado.

Se quiere dar a conocer la mayor protección de los sujetos del proceso penal. El examen de los derechos del imputado, y de la víctima se va a ver modificado en el horario de mañana viernes 5 de mayo de 2017.

Es imposible abarca en dos días la temática de la totalidad del Espacio Judicial Europeo, y se van a estudiar los aspectos que se han considerado más importantes.

 

17 horas.

PRIMERA SESIÓN: LA INVESTIGACIÓN DEL HECHO DELICTIVO.

Para la investigación del delito se tienen en cuenta todos los ordenamientos que se han dictado desde la Unión Europea y que se van transponiendo al ordenamiento jurídico de cada uno de los Estados Miembros.

¿Por qué el estudio de la Orden Europea de detención y entrega? En este caso, ha demostrado su eficacia en la lucha contra el terrorismo internacional. En 2014, las cifras hablan de más de 14000 órdenes de entrega, así como de más de 8000 personas entregadas.

Se cree necesario analizar los instrumentos orgánicos. No existiría cooperación judicial sin estos instrumentos, tales como redes europeas, eurojust, la actuación de la fiscalía europea, etc.

“La lucha de la criminalidad”.

Instrumentos orgánicos de cooperación judicial; en especial, la fiscalía europea.

El problema o el tema de la fiscalía europea es que la Unión Europea tiene en sus genes una idea económica, que tiene su aureola en los presupuestos. La fiscalía europea adquiere especial importancia en el Tratado de Lisboa, concretamente en el artículo 325 de este Tratado.

Su principal finalidad es la investigación del fraude de los presupuestos de la Unión Europea, fundamentalmente. El 5 de abril se presentó una propuesta de directiva sobre la fiscalía europea. Esta propuesta da la impresión es que la Comisión y algunos países tienen especial interés en la lucha contra el fraude.

Esta propuesta entra en conexión con la directiva de la lucha contra el fraude ya existente. Se cuenta con tres órganos que llevan a cabo la lucha contra el fraude: europol, eurojust y la OLAF. Tiene un campo de actuación muy amplio, pero la OLAF tiene una función más administrativa. Puede aconsejar a los Estados, pero no existe una conexión directa con el fraude.

Este problema es el que va a venir a solucionar con la fiscalía europea. Aquí hay que tener en cuenta que el tratado de Lisboa lo que pretende es la colaboración entre la fiscalía europea y los Estados miembros. El problema es que el artículo 325 de este artículo no está incluido en las medidas penales, sino en las fiscales. Se ha venido observando un giro en la Unión Europea para dar una protección penal y una persecución penal por parte de la Unión Europea del fraude y de los delitos cometidos.

Todo esto hay que tener en cuenta que todo esto interesa mucho no sólo a la Comisión Europea, o a la Unión, sino también a los diferentes Estados. La estructura de la fiscalía va a tener dividida en director administrativo, y otros cargos en la sede central, pero también van a haber fiscales europeos delegados en los diferentes Estados miembros, y a los que se atribuye a los se les encarga la investigación de hechos venidos de la fiscalía europea.

Es fundamental de la incorporación de los instrumentos de cooperación entre órganos de los estados miembros, así como una mayor integración de la cooperación judicial. Todos los países van a tener una estructura similar en la investigación de los delitos.

También se va a necesitar también una autorización judicial para llevar a cabo determinados actos de investigación.

Otro aspecto importante en este ámbito de la fiscalía es el principio de reconocimiento mutuo para evitar el fraude. Todo esto, para entenderlo, hay que entenderlo estudiando bien el proyecto de directiva. Aquí hay que destacar que se le está dando a la fiscalía una importancia suprema en la investigación de los delitos. En este ámbito hay que tener en cuenta el artículo 83 del Tratado de Lisboa.

También es importante destacar que la fiscalía podrá aumentar su competencia a determinadas conductas previstas como delitos y que no están dentro de las competencias iniciales del proyecto.

Curiosamente, en esta conexión de delitos, no va a tener competencia la fiscalía si sólo uno es contra el fraude, pero el resto no está directamente relacionado con el fraude.

También hay que destacar la independencia de la fiscalía respecto a otros órganos. Pero también hay que poner de relieve que en determinados casos deberá estar sometida a la actuación de otros órganos europeos, pero siempre respetando su autonomía.

Hay países europeos que no han ratificado la fiscalía (Dinamarca), pero hay otros muchos países importantes que sí (Alemania, Francia).

La orden europea de detención y entrega.

Se trata de un instrumento que tiene regulación europea en la Decisión Marco 584/2002, y en el ámbito español en la Ley 23/2014. En un principio, parece todo muy fácil, pero luego hay una serie de planos que dan lugar a una serie de problemas.

Hay que tener muy en cuenta el procedimiento de detención y entrega, pero no se puede hacer de cualquier manera, se requieren una serie de garantías. Hay que tener también en cuenta que no se puede llevar a cabo una serie de pasos para llevar a cabo la di

La Euroorden es una resolución judicial que un Estado emite para transmitir mediante un formulado estandarizado a nivel europeo a otro estado, en el que se lleva a cabo la detención de esa persona que aparece en el auto, y se puede llevar a cabo antes de iniciarse el proceso de enjuiciamiento, durante el propio proceso de enjuiciamiento o tras dictarse sentencia.

Hay que tener en cuenta que todo esto hace referencia a la detención. Después de ello, hay que llevar a cabo la entrega. Aquí han de cumplirse una serie de garantías en la entrega, que consisten en el buen trato también hacia el detenido.

El centro de gravedad de todas estas instituciones es la fase de reconocimiento. Precisamente por eso, nuestra ley se llama de reconocimiento mutuo. Esta ley hay que ponerla en conexión con las tres órdenes europeas de reconocimiento, de protección y de _____.

La orden europea de detención. Aquí tenemos un tribunal que emite, y luego el reconocimiento.

El sujeto que emite, según nuestra legislación, aquella autoridad que tiene atribuida la competencia en la materia sobre la que se emite la euroorden. Se exigen unas garantías de proporcionalidad (establecida en la euroorden con unos límites temporales),

También hay que ver una fase de transmisión, que tiene dos perspectivas. La primera es saber dónde está la persona que se requiere y quién es el juez competente, así como la lengua en que ese juez acepta los formularios.

La tercera fase es la de detención. Esta se lleva a cabo por la policía, bien por el espacio Shengen, si se sabe dónde está, o bien por el juez que ha de emitir la orden.

Aquí se puede destacar el hecho de que a la parte demandada puede acusársele de más delitos que aquellos ya juzgados en el lugar donde se le ha detenido.

En el momento del reconocimiento, se exigen garantías tales como la doble incriminación, pero hay 32 categorías delictivos que no son delito. La doble incriminación implica el principio non bis in ídem. También cabe el hecho de que goce de inmunidad, o que sea menor de edad. Por otro lado, hay que destacar el hecho que no se puede emitir la sentencia en audiencia. Hay que resaltar la Sentencia Melloni.

No debemos ser aquí en España extra-garantistas.

18,30 horas.

La orden europea de investigación.

Hay una directiva sobre la materia del año 2014. Esta normativa tenía un plazo de transposición termina en unos pocos días, el 22 de mayo.

Esta directiva es el instrumento de asistencia judicial y el instrumento de fundamentación del reconocimiento recíproco de las decisiones judiciales el mutuo reconocimiento se basa en la recíproca entre el estado miembro al que se requiere y el requirente.

Existen varios instrumentos europeos en la materia, como el instrumento de asistencia judicial, y el instrumento de reconocimiento mutuo. En cuanto a la implantación, hay que tener en cuenta que la fuente de prueba presupone el conocimiento de la ubicación del sujeto a enjuiciar.

Existe sobre la materia un Libro Verde sobre la prueba en materia penal. Por otro lado, hay que destacar el programa de Estocolmo.

En este aspecto, hay que destacar la fragmentación de la materia en el ámbito europeo, con la aprobación de varias normativas, en primer lugar, en unos pocos estados miembros, luego viene la Directiva 2014/41/CE, etc.

La definición la encontramos en el artículo 1 de la directiva, y luego hay que remitirse al artículo 22 del mismo cuerpo legal. En cuanto al sistema de mutuo reconocimiento, hay que acudir al considerando número 6, en el que se establecen los motivos de denegación del reconocimiento o de la ejecución, así como al artículo 11, que establece los motivos del no reconocimiento.

Cabe preguntarse si existe una solución congruente, y para responder hay que acudir a la jurisprudencia de la Corte de Justicia europea. Es muy importante resaltar, en relación con este artículo 11, el principio non bis in ídem. También se hace referencia al principio de territorialidad de la ley penal en este artículo 11.

La presente directiva no podrá tener por efecto modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos enunciados en el artículo 6 del TU, incluido el derecho de defensa de las personas imputadas en un proceso penal, y cualesquiera obligaciones que correspondan a las autoridades judiciales a este respeto permanecerán incólumes. Su aplicación está prevista en el artículo 4.

También hay que hacer referencia al artículo 6 de la directiva. Esta directiva contiene una norma que remite al artículo 10.3 del texto legal.

Ninguna directiva europea ha sido cumplida en tiempo por todos los Estados. Estamos en un tema que, si se trata mucho, puede llegar a aburrir. Uno de los puntos importantes es la realización de pruebas en el ámbito europeo y la orden de ejecución. Hay que destacar la intervención de las comunicaciones.

Quizá sea un instrumento bastante logrado, pues de alguna manera todavía bastante desconfianza entre los Estados miembros, debido a que siguen siendo soberanos, destacando sobre todo la necesidad de la cooperación.

El artículo 31, en relación con el artículo 6, hace referencia a la interceptación de la comunicación, en cuanto a que no se necesita la autorización del otro Estado interviniente. Todos estos artículos ya no son nuevos, pues ya estaban en el convenio europeo de asistencia del año 2000.

Todo esto se debe a que la interceptación de comunicaciones es super importante a nivel global. Pero existen varios problemas. Este es el caso de si pueden interceptarse las comunicaciones de una persona jurídica. Se han de solicitar datos telefónicos de otro Estado. Se ha de destacar que podrá inadmitirse la medida si no pudiera realizarse también en el caso de personas físicas.

Otro punto que está desarrollándose en Europa es el de interceptación internacional, si se puede realizar de forma directa o se requiere la autorización. En el caso de realización directa, el Estado requerido señalará los límites de la intervención. Esto es, se respeta muchísimo la lex fori. El artículo 30.6 es prácticamente idéntico al 18.1.

El año pasado la fiscalía ha ejecutado 3366 comisiones rogatorias, y la inmensa mayoría provienen de la Unión Europea. La fiscalía en este ámbito trabaja para las autoridades extranjeras para mejorar el sistema de rogatorias.

La orden de investigación probablemente no entrará hasta 2018. La directiva prevé el plazo hasta el 22 de mayo de 2017. Esto hace que nos quedemos sin normativa para cooperar.

La norma francesa sí que podrá cooperar en esta materia de investigación. Los demás países tendremos que adaptarnos como podamos. Por otro lado, en España tenemos suerte de haber aprobado la Ley de Cooperación Jurídica Internacional.

Tener un modelo normalizado ayuda bastante en este ámbito. También hay que referirse al hecho de que el convenio de cooperación obligaba a no impedir las diligencias en otros países de la Unión Europea.

Viernes 5 de mayo de 2017

9,30 horas.

SEGUNDA SESIÓN: DERECHOS PROCESALES DEL IMPUTADO

Las directivas europeas en materia de derecho de interpretación y traducción, información y asistencia letrada.

Todo esto tiene relación con el espacio de seguridad y justicia, y tiene la base en el Convenio de Tampere de reconocimiento mutuo de sentencias. En ausencia de armonización, se tiene la garantía de que se va a reconocer. Se exige una cierta armonización.

Así se estableció como uno de requisitos en el Estatuto de Estocolmo. En esas normas mínimas se regulaban una serie de derechos básicos como la especial protección, el derecho a comunicar con el consulado y con las familias, etc. Tras esto y tras tres años de negociaciones, no salió adelante por una serie de bloqueos de países como Reino Unido.

En 2009 se establecen unas medidas, como el derecho a ser información, derecho a la asistencia jurídica, la especial protección de personas especialmente vulnerables, y el compromiso de realizar un libro verde cuando hayan pasado unos años y se vea que se han conseguido esto. Se estableció una hoja de ruta para conseguir los objetivos.

La comisión estableció una propuesta de decisión marco de derecho a la interpretación y traducción, bajando sus exigencias respecto al año 2004. En todo caso, inmediatamente lo que se hace es establecer una norma en relación a la interpretación y traducción.

Desde un principio lo que caracteriza todo esto es el multilingüismo, debido a la existencia de 23 lenguas oficiales, sin contar las lenguas oficiales de cada Estado. Hay como más de 450 idiomas distintos, debido a la inmigración, a la libertad de circulación, y esto produce la dificultad que supone esto para el proceso penal.

En 2009, a través de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, todas las materias relativas a esto se exigen que se regulen a través de directivas y no a través de decisiones marco. Debido a esto se hace efectiva esa obligación de interpretación.

Ahora hay que hablar de la directiva 2012/13/CE, cuyo objetivo es garantizar, mediante unos estándares, los derechos a recibir información de la víctima en los procesos penales y la acusación formulada en ella. No hay una presunción de conocimiento.

Todo esto hay que relacionarlo con el CEDH, en concreto con los artículos 5 y 6 de este convenio europeo de derechos humanos, que recogen los derechos a la libertad y a la seguridad y el derecho a un proceso equitativo.

En este sentido hay mucha jurisprudencia del TEDH sobre estas materias de los artículos 5 y 6 CEDH. Esta jurisprudencia establece los conceptos de acusación y detención, así como las medidas a adoptar en los procesos. Sobre todo, en la participación de grupos más vulnerables, como menores o personas con discapacidad.

Esta jurisprudencia impone como derecho importante que la información se comunique por escrito. También hay que tener en cuenta el hecho del interrogatorio policial. La directiva no tiene en cuenta el hecho de que el proceso sea transnacional, sino que se den las garantías que aseguren el proceso.

Todo es predicable no sólo respecto a las personas físicas, sino también respecto a las personas jurídicas. El contenido hace referencia a la información de los derechos procesales, que es una información de carácter general, se da una información al detenido, al cual se le dé una carta de derechos. Por otro lado, se habrá de dar información al detenido en ejecución de los actos del proceso. También hay que hablar de los hechos que se le atribuyen al sospechoso, hay que informarle de por qué se le acusa.

En algunos momentos hay que inspeccionar documentos de la persona sospechosa, y para ello hay que informarle, así como acceso gratuito de los materiales del expediente del sospecho o de su abogado. En las fases previas al juicio puede darse causas de denegación. La delegación de acceso al expediente deberá estar sometida a un permiso judicial.

Como mecanismos de salvaguarda, existen unas vías de verificación de recursos, formación de jueces, fiscales y personal judicial y policial, así como una cláusula de no regresión. Todo esto se debe a la obligación de respeto de los derechos de la directiva.

Habrán de aumentarse los derechos mínimos sobre los que han de ser informados a los sospechosos, detenidos y acusados. También se establece la necesidad de elaboración de cartas de derechos de determinados grupos especialmente vulnerables (personas con discapacidad).

Ahora se va a hablar sobre la directiva europea en materia de asistencia letrada. En cuanto a la iniciativa objeto de análisis, se trata de la directiva 2013/48/UE, del parlamento europeo y del consejo. Esto no quiere decir que sea menos importante que el resto, sino que es la primera en importancia.

Después de ella vienen las directivas sobre presunción de inocencia y presencia en juicio, así como la directiva sobre asistencia jurídica gratuita, que es complementaria de la que se va a analizar ahora.

La finalidad es similar a las directivas ya analizadas, concretamente es la de fijación de normas mínimas comunes en materia de garantías procesales. También se hace necesario el hecho de aumentar la vigencia del derecho a un juicio justo.

En cuanto al ámbito de aplicación subjetivo, hay que distinguir entre sospechosos y acusados en procesos especiales, y de personas reclamadas en virtud de una orden europea de detención y entrega (OEDE). En cuanto a lo primero, la imputación es estricta o laxa, y se puede producir en el curso del interrogatorio policial, informado de que se tiene derecho a la asistencia letrada. En cuanto a las personas reclamadas, esto se produce respecto desde que se produce su detención.

En el ámbito de aplicación objetivo, hay que hablar de los derechos a la asistencia letrada de abogado, de informar de la privación de libertad a un tercero, a comunicarse con terceros, y de comunicarse con autoridades consulares. No se recoge derecho al reconocimiento médico.

En cuanto al primero de ellos, se ha de producirse sin demora injustificada, y antes del interrogatorio judicial o policial, prácticas de diligencias, etc. En cuanto al contenido, se incluyen derechos a una entrevista en privado y comunicación antes del interrogatorio, así como presencia e intervenir en los interrogatorios, asistencia en diligencias de investigación.

Esta asistencia letrada es un derecho renunciable, pero siempre que se den los requisitos establecidos legalmente. Debe de quedar la debida constancia. La renuncia es revocable en cualquier momento.

Se garantiza la confidencialidad de las comunicaciones, ya sean reuniones, correspondencia, conversaciones telefónicas. Y se recogen una serie de excepciones temporales, pero sólo en la fase de instrucción, y sólo con las causas de evitar comprometer gravemente el proceso penal, etc.

El segundo de los derechos, información a un tercero de la privación de libertad. El tratamiento es diferente dependiendo si se trata de adultos (en cuyo caso es un derecho renunciable), o si se trata de menores de 18 años (en cuyo caso recae en persona en quien recae la responsabilidad parental, etc.). Encontramos también de unas excepciones temporales, por causas de evitar comprometer gravemente el proceso penal.

En cuanto a la comunicación con terceros, el momento de esto se debe de producir sin demora injustificada.

Y, en cuanto a la información a las autoridades consulares, el contenido del derecho es variable, y consiste en información de la información, comunicación con la autoridad, asistencia de representación legal si se lo ofrecen.

Transposición en Derecho español e italiano: las reformas de la legislación procesal penal.

Se ha facilitado la información.

El gobierno italiano ha facilitado la transposición de todas estas directivas. *****.

En el proceso español se produce la transposición mediante la Ley Orgánica 5/2015. Para la directiva de 2010, la fecha límite era en 2012 y la de 2012 en 2014. Lo malo es que no se han cumplido los plazos.

Las dos leyes que regulan estas transposiciones tienen rango de ley orgánica. Y las modificaciones introducidas, algunas tienen rango orgánico y otras, ordinario. Hay que referirse al aspecto de que estas directivas tienen muchos aspectos comunes, y el legislador debería haberlas transpuesto todas juntas, lo que hace que esta técnica legislativa no es muy buena.

La directiva sobre interpretación se hace a través de la Ley 5/2015. Se recoge la necesidad de tareas de interpretación y defensa. Esto se hace difícil no por las lenguas oficiales de la Unión Europea, sino por el hecho de la existencia en determinados países de varias lenguas cooficiales.

Son muy importantes los artículos 5 a 7 de la directiva.

Esta directiva sobre acceso a la información 2012/13, también se transpone en la LO 5/2015, y se modifican varios artículos ya existentes. Y también se introducen otros nuevos. Se hace especial hincapié en la necesidad de información al detenido.

Por último, hay que referirse a la incorporación a la directiva incorporada en la LO 13/2015. Fragmentar la transposición de las directivas ha sido una mala decisión, porque el legislador ha reformado unos artículos los que acababa de introducir unos meses antes.

Se establece un límite temporal al derecho a nombrar abogado en el artículo 118.

11,30 horas.

 

TERCERA SESIÓN: PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA

Se trata de un espacio que pretende la libre circulación de la persona y la protección de la víctima, por lo que todos los Estados disponen de mecanismos de protección de las propias víctimas, en el marco del artículo 3 del Tratado de la Unión Europeo.

 

 

La orden europea de protección.

Se trata de ver cómo se ha transpuesto la directiva en el ordenamiento italiano español. Esta directiva es el único instrumento que regula básicamente esta materia. En un análisis más cercano, no se ha dado un reconocimiento más cercano de la directiva.

Es necesario solicitar una concreta orden europea de protección al Estado en el que la víctima del mal se encuentre. Se han de superar las múltiples diferencias y diferencias entre los diferentes Estados. El papel tradicional de la víctima en Italia resulta del camino tradicional del Derecho italiano en esta protección de la víctima. Hay que recordar que Italia tiene una inspiración anglosajona en este ámbito.

Se puede afirmar que en Italia se ha regulado el proceso acusatorio de manera parecida a un baile en una fiesta. Esto es un problema importante. Los motivos procesales de protección y de impulsos de la víctima en Italia en el proceso penal se conectan directamente con los presupuestos del proceso civil. Se tiene un concepto de víctima no asociado al problema penal que se plantea.

Decreto 9/2015 italiano. Esta es la ley básica de protección de la víctima en Italia. Hay dos partes en esta protección. Del art. 4 al art. 6 del decreto recogen una protección básica de la víctima y de la conexión de esa protección a otro país. Se establecen una serie de medidas cautelares para la mejor protección de esa víctima.

No se tiene un acuerdo directo entre autoridades judiciales en Italia para llevar a cabo esta protección entre estados miembros, sino que se traslada este papeleo al Ministro de Justicia Italiano.

La corte de protección de la víctima es la que lleva a cabo los pasos para llevar a cabo esa protección entre los países afectados de la víctima. La corte de apelación no reconoce la orden de protección cuando el hecho no constituye delito. Tampoco se reconoce la orden cuando la persona que recibe el mal no puede considerarse sujeto de protección.

El siglo XXI ha marcado una pauta fundamental para la protección de la víctima. Hay que recordar que en el siglo XX con los considerandos de libertad, justicia y seguridad dejó a la víctima desprotegida. Sin embargo, ya desde la protección de la víctima de violencia de género en el año 2004 supuso un cambio importante.

Esto supuso que el legislador europeo creara un proyecto de directiva que ha terminado en la directiva 2012/29/CE. Todo esto hizo que la víctima con la aprobación de este estatuto de la víctima supuso un cambio en esa protección, una mayor protección. Se delimitó el concepto amplio de la víctima, y se construyó un concepto especial y concreto de la víctima.

Si no hay protección de la víctima, no hay un verdadero derecho procesal penal del siglo XXI. Directiva 1/2004 contra la violencia de género. En la ley de enjuiciamiento criminal hay que acudir a los artículos 543 LECrim y 57 del Código penal.

Cuando se imponen penas de privación de libertad del causante del mal supone la mejora de esa protección de la víctima. Hay que tener en cuenta el artículo 130 de la directiva de protección.

La subsidiaridad como presupuesto supone un elemento importante en la determinación de la protección de la víctima del delito. En este aspecto, el concepto de víctima incluye a todas las clases de víctimas (género, menores, etc.), y se extiende a todas aquellas víctimas del extranjero.

¿QUÉ HACE ESTA DIRECTIVA?

  • Denominada «Directiva sobre las víctimas», refuerza las medidas nacionales existentes con normas mínimas para toda la UE sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos en todos los países de la UE.
  • Las víctimas deben tener derecho a:
    • entender y ser entendidas durante el contacto con una autoridad (por ejemplo, en un lenguaje claro y sencillo);
    • recibir información desde el primer contacto con una autoridad;
    • presentar una denuncia formal y recibir una declaración por escrito de la misma;
    • traducción e interpretación (al menos durante las entrevistas o las tomas de declaración de la víctima);
    • recibir información sobre el progreso del caso;
    • tener acceso a servicios de apoyo a las víctimas.

PUNTOS CLAVE

  • Sus principales objetivos son garantizar que las víctimas de delitos reciban la información, el apoyo y la protección adecuados, y que puedan participar en procesos penales en el país de la UE donde se produjo el daño.
  • Todos los países de la UE deben velar por que se reconozca a las víctimas de delitos su condición como tales y por que sean tratadas de manera respetuosa y sensible y profesional de acuerdo con sus necesidades específicas sin discriminación de ningún tipo (por ejemplo, por motivos de nacionalidad, estatuto de residente, raza, religión, edad, sexo, etc.).
  • La Directiva establece normas de carácter mínimo para todas las víctimas de cualquier tipo de delito con independencia de su nacionalidad o estatuto de residente. En cuanto se comete un delito o se celebra el proceso penal en la UE, deben garantizarse a la víctima los derechos establecidos en la Directiva sobre las víctimas. De conformidad con dicha Directiva, los familiares de las víctimas fallecidas son considerados, también, víctimas.

La Directiva establece los derechos siguientes:

  • Estas víctimas deben tener derecho a:
    • ser oídas en un tribunal;
    • la revisión de la decisión de un tribunal de no formular acusación;
    • recibir un reembolso de los gastos;
    • obtener asistencia jurídica;
    • la restitución de bienes sustraídos.
  • Las autoridades nacionales deben paliar las dificultades derivadas del hecho de que la víctima resida en un Estado miembro distinto de aquel en que se haya cometido la infracción penal.

 La Directiva 2012/29/UE y su transposición en los Estados miembros: el Estatuto de la víctima del delito en España.

La directiva sustituye la decisión marco del consejo relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal. La intención en este ámbito es la mejor protección de la víctima en todos los Estados miembros. Esta directiva se denomina directiva de las víctimas, y establece unos estándares mínimos para que los países refuercen las medidas nacionales existentes con normas mínimas para toda la Unión Europea.

Es muy importante el artículo 1 de esta directiva, que establece que los Estados miembros velarán por que se reconozcan a las víctimas su condición como tales y para que sean tratadas de manera que se sientan seguras.

Es importante establecer condiciones especiales para llevar a cabo esta protección. Prevalecerá un planteamiento sensible de la protección. Ha de surgir la pregunta de qué es una víctima. Se incluyen en el concepto, además de a la persona directamente afectada, a los familiares de esa persona.

En los artículos 3 a 7 de la directiva se establecen los derechos de la víctima del delito. Los puntos clave son los de garantizar que las víctimas de delitos reciban información para saber cómo afrontar el proceso.

Todos los paíes han de reconocer estos requisitos para dar a la víctima una mejor protección de la misma. Los derechos de la víctima es que debe ser oídas en un tribunal, la revisión de la decisión de un tribunal de no formular recusación, la restitución de la dignidad.

La participación de la víctima en el proceso se regula en los artículos 10 y 11 de la directiva. En los artículos 13 a 17 s establecen unos requisitos o derechos de la víctima durante el proceso. El artículo 22 de la víctima se refiere a la evaluación de la víctima.

Ahora se va hablar del Estatuto español de la víctima del delito. Resulta hablar de este estatuto en el ámbito académico.  La transposición de la directiva en España se produce por la Ley 4/2015. Se pretende aquí la vocación unificadora del estatuto, pues constituye un auténtico código de derechos procesales y extraprocesales de la víctima del delito. Se tienen en cuenta las directivas 2011/93/CE, contra el abuso y explotación de pornografía infantil, y 2011/36/CE, contra la trata de seres humanos

 Se actúa de una manera muy sensacionalista. Se pretende aquí la participación en el proceso. La víctima puede ser parte acusadora y se reconoce a las asociaciones de víctimas como parte acusadora particular, y también se ha de dar información a las víctimas, con la gran novedad del derecho reconocido en el artículo 5.1.m) de la Ley 4/2015.

Se da también de protección a la víctima con un sistema de valoración individual de todas las víctimas para determinar sus necesidades especiales de protección (aquí son especiales los artículos 25 y 26 del estatuto). Aquí se tienen cuenta la protección de aquellos grupos más vulnerables. Y también se efectúa la necesaria reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incorporando estas novedades.

El contexto de la publicación del anteproyecto de estatuto de la víctima, la gran sala del tribunal europeo de derechos humanos, condeno a España, en la sentencia del Río Prada, (demanda nº 42750/09), el 21 de octubre de 2013.

El estatuto incorpora gran parte de las reivindicaciones de las asociaciones de víctima. No sólo reconoce los derechos mínimos de la directiva, sino también otros adicionales. Hay que estacar el artículo 109 bis de la LECrim.

El movimiento pro víctima no puede conculcar principios básicos del Derecho como el principio in dubio pro reo. No se puede justificar una reducción de las garantías penales. Nuestro derecho reconoce a la víctima el ius accusandi, y puede ejercitar la acción penal y civil. Puede ser acusación particular o acusación privada, y también puede ser actor civil.

Cuando exista un elevado número de acusaciones particulares, el juez, previa audiencia de las partes puede imponer que se agrupen bajo una misma defensa. Aquí las partes acusadoras pueden ser asociaciones de víctimas, el Ministerio Fiscal, víctimas agrupadas por decisión del juez, víctimas agrupadas por iniciativa propia, etc.

Las resoluciones judiciales se notificarán por e-mail, correo u otros medios. En cuanto a los menores e incapacitados, se establecen medidas adicionales de protección. El momento del juicio oral es un momento de extrema crudeza de la víctima. La víctima es una fuente de pruebas fundamental, pero en el juicio oral se producen muchos problemas, porque muchas veces no quieren las víctimas declarar por vergüenza, por eso se hacen las pruebas antes del juicio, como toma de declaraciones de la víctima.

Clausura de las jornadas

 

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