Caso práctico V de Derecho Internacional Privado II de la Universidad de Burgos

CASO N.º 1. Sonia King, de nacionalidad estadounidense y con una edad de 14 años desea contraer matrimonio en España con Francesco Rossi, de nacionalidad italiana y con una edad de 20 años. Ambos tienen tanto su domicilio como residencia habitual en Gijón. ¿A qué leyes habrá que acudir para conocer si tienen capacidad nupcial?

Se plantean dudas de aplicar. Por un lado, la lex fori, que es una teoría muy sencilla y cómoda. Y, por otro lado, la ley nacional de los sujetos, que se recoge en el artículo 9.1 del Código civil.

Es decir, en primer lugar, habría que acudir a las leyes italiana y estadounidense. Y también en este aspecto habría que tener en cuenta el artículo 50 del Código civil español, puesto que estamos ante un matrimonio en España entre 2 contrayentes extranjeros. Este artículo prescribe que, “si ambos contrayentes son extranjeros, podrá celebrarse el matrimonio en España con arreglo a la forma prescrita para los españoles o cumpliendo la establecida por la ley personal de cualquiera de ellos”.

Por otro lado, además, la autoridad competente para valorar si existe o no impedimento observará la ley del lugar donde se está celebrando el matrimonio, y, para ello, esta autoridad debe de interceptar interpretar la ley personal de los contrayentes. Esta será la regla general.

Es decir, ambos contrayentes pueden solicitar la celebración del matrimonio según prescribe cualquiera de sus leyes personales, o pueden someterse a la legislación española, y si se deciden por ésta, la ley española habrá de investigar lo que establece cualquiera de sus leyes nacionales. Pero, en principio, como no se nos dice nada más, se ha de pensar que se someterán a los requisitos de la ley española.

Los requisitos de capacidad en nuestra legislación han ido cambiando con el curso de los años, pero todavía perviven algunos de ellos. Vamos a ver tres. El primero de ellos se refiere a la edad legal para contraer matrimonio, que es de 16 años, conforme a la Ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria, y que entró en vigor el 23 de julio de 2015. Antes de esta fecha, la edad legal para contraer matrimonio era de 14 años. Otro requisito es que no exista un vínculo matrimonial anterior. Y el último es que también se exige la exogamia, que significa que no se pueda casar una persona con su padre, hermano, etcétera.

Es decir, aquí ya nos encontramos con un problema para que ese matrimonio sea válido, y es que uno de los contrayentes es menor de 16 años, y, por tanto, no tiene capacidad para emitir consentimiento en este contrato.

También habría que considerar, en cuanto a la edad, la posibilidad de que pueda entrar el orden público en funcionamiento, puesto que, aunque igual la ley de su país se lo permita, aquí en España no podría porque no tiene edad suficiente para casarse.

Pero el artículo al que hay que acudir es el artículo 9.1 del Código civil.

CASO N.º 2. Dña. Denise Papadopoulos de nacionalidad griega desaparece en el transcurso de un safari por Kenia. Una vez transcurridos los plazos legales, su marido D. Mathias Ritz, de nacionalidad suiza insta la declaración de fallecimiento de su mujer, puesto que desea contraer nuevas nupcias en España con Dña. Lorena Fernández, de nacionalidad española. Como Mathias tiene su domicilio y residencia habitual en Burgos, promueve ante los juzgados de esta ciudad los trámites necesarios para que se declare dicha declaración de fallecimiento. Para declarar fallecida a Dña. Denise, habrá que aplicar su Ley nacional, puesto que estamos ante un supuesto de una cuestión de capacidad (art. 9,1 CC).

Una vez que se declara el fallecimiento de Dña. Denise, hay que saber si Mathias ha recuperado su capacidad nupcial. ¿A qué normativa habrá que acudir para saber si ha recuperado la capacidad nupcial?

Habrá que acudir a la normativa del lugar de celebración del matrimonio. En este caso, como no sabemos cuál es, tendremos que aplicar la ley de la residencia habitual de quien quiere saber su capacidad nupcial, es decir, habrá que aplicar la ley española.

La ley aplicable se rige por la ley personal de cada contrayente. La instrucción de 2006 hace referencia a los dos momentos anteriormente indicados. Por un lado, no se permite la celebración del matrimonio porque la autoridad competente en la investigación previa (expediente matrimonial) percibe que puede existir algún elemento distorsionante.

En este punto también hay que tener en cuenta los artículos 181 y siguientes de nuestro Código civil, relativo a la ausencia, debido a que esta situación se ha producido como consecuencia de la ausencia de uno de los cónyuges del matrimonio del que se descuelgan todos los problemas.

La declaración judicial de ausencia, se produce, cuando de la persona desaparecida de su domicilio o última residencia conocida, no sólo no se conocen o tienen noticias de la misma, sino que además transcurren unos plazos marcados por ley, por lo que se permite que ciertas personas puedan interesar la declaración de ausencia del desaparecido.

Así, transcurridos determinados plazos (uno o tres años, según hubiera dejado apoderado para administrar sus bienes o no) en esta situación de ausencia de noticia sobre una persona, se debe instar (por el cónyuge, parientes consanguíneos, Ministerio Fiscal o cualquier interesado: art. 182 Código Civil) la declaración de ausencia legal (art. 183 Código Civil). A raíz de tal declaración, al ausente se le nombra un representante (art. 184 Código Civil) que gestionará el patrimonio de aquél, asumirá sus facultades y derechos (art. 186 Código Civil) y se encargará también de cumplir con sus obligaciones (art. 185 CC).

La ausencia así declarada, no constituye un estado civil ni produce ningún tipo de modificación en la capacidad de obrar del desaparecido, y como sola finalidad se pretende, dotar de mayor estabilidad en la llevanza de los asuntos tanto familiares como patrimoniales.

Los caracteres propios de la declaración de ausencia son los siguientes:

  1. Carácter judicial, en cuanto se incoará y tramitará el correspondiente expediente de jurisdicción voluntaria, regulado por las normas de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, y asimismo habrá de finalizar por resolución judicial motivada, que adoptará la forma de decreto.
  2. Creación de una situación jurídica independiente respecto de la primera situación de medidas provisionales.
  3. Carácter indefinido.

Con estos caracteres, hay que destacar que, en este punto, como tras transcurrir un plazo, al cónyuge que se le ha declarado ausente se le declara fallecido, salvo que aparezca y se tengan que anular todas las actuaciones hechas hasta el momento, se le tiene como fallecido, y, por tanto, esa personalidad está extinguida, por lo que el cónyuge que vive puede rehacer su vida, y podrá contraer nuevo matrimonio.

También hay que tener en cuenta que el artículo 9.1 de nuestro Código civil establece que todo lo relativo a la capacidad y al estado civil se rige por la ley nacional de los contrayentes, y también se dice que la mayoría de edad adquirida conforme a la ley personal no se ve afectada por el cambio de nacionalidad.

A continuación, habrá que estar a lo previsto en el apartado 2 del artículo 9 de nuestro Código civil, que se refiere a los efectos del matrimonio.

Con todo lo establecido hasta aquí, la ley que se tendrá que acudir a la ley del lugar del cónyuge que se sabe que vive para determinar si ha recuperado plenamente la capacidad para contraer matrimonio.

En definitiva, habría que acudir para determinar la capacidad del sujeto, habría que aplicar definitivamente el artículo 9.1 del Código civil.

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