Opinión personal acerca de los aspectos y consecuencias de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 2010 sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por 99 Diputados del Grupo Parlamentario Popular a la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

El proceso de reformas de Estatutos de Autonomía que se inició con la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña., fue en nuestra opinión francamente innecesario, la mayoría de estatutos por entonces vigentes, y  especialmente el de Cataluña ya implicaban un enorme grado de descentralización territorial, que si en algún aspecto podía dejar lugar a posibilidades de reforma para conseguir aún  un mayor autogobierno, en otros, la mayor parte, ya llegaba al máximo techo permitido por nuestra Constitución.

De esto colegimos que el motivo que llevó a la reforma del Estatuto catalán no fue simplemente, el de conseguir una mayor descentralización sino que contenía un claro objetivo político intentando cambiar la concepción del Estado marcado por la Constitución de 1978. Creemos que la modificación del EAC fue un intento de reforma tácita, de “ vuelta de tuerca”, constitucional intentando crear un Estado de tipo confederal.  Se intentó crear otra Nación, diferente a España que junto con ella, y en virtud de una especie de pacto, que sería la Constitución del 78 integraba el Estado español. Estas afirmaciones, en nuestra opinión no son exageradas, y basta con  ver el proyecto de Estatuto que aprobó el Parlamento de Cataluña antes de que lo modificara el Congreso para comprobarlo.  Se ve claramente en su estructura, no limitándose a establecer instituciones de autogobierno y competencias asumidas, sino que el proyecto inicial definía Cataluña como nación, hablaba de pueblo de Cataluña, de derechos históricos inalienables, símbolos nacionales, basaba su relación con el Estado exclusivamente en la bilateralidad,  establece un catálogo de derechos, etc.

Ante las auténticas barbaridades jurídicas que el Estatuto llegado del Parlamento de Cataluña contenía en alguno de sus preceptos, al Congreso de los Diputados no le quedó más remedio que hacer serias modificaciones al texto llegado de Cataluña, modificaciones que en nuestra opinión, y tal como se puede colegir de la STC 31/2010, que ahora valoraremos, se quedaron en algunos aspectos bastantes cortas.

También es muy criticable, pero en cierto modo comprensible debido a las grandes presiones políticas a que se vio sometido, la manera de resolver el recurso de inconstitucionalidad por parte del TC. A nuestro juicio su sentencia fue excesivamente laxa, se quedó en la mayoría de los preceptos  muy corta, cediendo alas presiones y amenazas que desde distintos sectores ideológicos, partidos políticos y medios de comunicación se vio tristemente sometido.

Nuestra critica al TC se centra en la técnica de interpretación conforme a la constitución que utilizó para declarar la constitucionalidad de muchos artículos del Estatuto.

Conforme a una reiterada doctrina del propio TC, antes de declarar la incosntitucionaldiad de una norma hay que agotar todas las posibles interpretaciones conformes a la constitución existentes. Sin embargo, como el mismo TC ha establecido en numerosas ocasiones  (SSTC 11/1981, de 8 de abril, FJ 4; 45/1989, de 20 de febrero, FJ 11; 96/1996, de 30 de mayo, FJ 22; 235/1999, de 20 de diciembre, FJ 13; 194/2000, de 19 de julio, FJ 4; 184/2003, de 23 de octubre, FJ 7; y 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 7, entre otras muchas) la admisibilidad de la interpretación conforme requiere que la interpretación compatible con la Constitución sea efectivamente deducible de la disposición impugnada. Lo contrario implicaría que el Tribunal Constitucional pudiera  reconstruir  una norma contra su sentido evidente y, por ende, la creación de una norma nueva para concluir que esa reconstrucción es la norma constitucional, con la consiguiente asunción por el Tribunal Constitucional de una función de legislador positivo que institucionalmente no le corresponde.

Pues bien en esta sentencia el TC se aparta claramente, de hecho, de su propia y reiterada doctrina al interpretar hasta 27 conceptos conforme a la constitución atribuyéndoles un sentido diferente, e incluso contrario, al que el tenor literal y  la mens legis y legislatoris expresan. Es decir, el TC al declarar conforme a la Constitución un gran número de preceptos estatutarios se convirtió, en nuestra opinión, en esta sentencia, en una suerte de tercera cámara legislativa que hace decir a artículos lo que no dicen, en vez de limitarse, como es su función, a, si no existen interpretaciones conformes, declarar simple y llanamente su inconstitucionalidad.

Pero además de cometer continuamente esta gravísima extralimitación queremos hacer especial hincapié en el hecho de que, como dice el autor del texto que hemos analizado, ni siquiera se pronuncie sobre la constitucionalidad de expresiones contundentes recogidas en el preámbulo claramente inconstitucionales, y en especial  a las declaraciones de <<Cataluña como nación>>, o a la <<realidad nacional de Cataluña>>. Al privarlas de relevancia sustantiva, al establecer que el preámbulo no tiene eficacia jurídica interpretativa, evita, como bien dice el autor, entrar en el fondo, salvo cuando posteriormente pueden entenderse que tales expresiones se proyectarse en el articulado.

Esta conclusión a la que llega el TC no la podemos compartir ni mucho menos. Nosotros no podemos defender, y creemos que va contar el más sentido común y contra los más elementales principios generales del Derecho que se permita, se admita, que las leyes vayan precedidas de preámbulos o exposiciones de motivos con afirmaciones claramente inconstitucionales. ¿Acaso nos podemos imaginar que no sea declarada inconstitucional una parte de una ley,  aunque sólo sea su preámbulo, en la que se afirme que el hombre tiene más derechos que la mujer, o que lo blancos son superiores a los negros, argumentando que el preámbulo no tiene eficacia jurídica interpretativa? Pues, salvando las distancias, eso es lo que a nuestro juicio a hecho el TC al no declarar la inconstitucional de ciertas partes del preámbulo del Estatuto catalán.Por último, y al igual que hace el autor, queremos referirnos a las criticas realizadas al Tribunal Constitucional.

En un Estado democrático y de Derecho, que tiene en como valores superiores de su ordenamiento  jurídico, entre otros, la libertad y el pluralismo político, en el que la libertad ideológica y de expresión forman parte del núcleo duro del modelo de Estado, no cabe duda que son admisibles toda critica a cualquier institución del Estado y a sus actuaciones, y desde luego las que van dirigidas al TC y a sus sentencias. Nosotros mismo en esta opinión personal hemos criticado la STC. Nadie está obligado a coincidir con la opinión de otra personas y no cabe duda que esa libertad de pensamiento enriquece el sistema democrático. Sin embargo una cosa cosa es el derecho a la crítica, y otra cosa es atacar a la legitimidad de una de las instituciones básicas del Estado. Desde luego, en nuestra opinión, el derecho a al crítica no abarca tales posiciones, que si son reprochables a cualquier persona mayor repugnancia dan cuando bien de partidos políticos.

Algunos de los argumentos esgrimidos por muchos representes políticos no son dignos del cargo y responsabilidades que ocupan, poniendo en peligro el estado democrático y de Derecho que nos dimos los españoles en 1978. Algunas de las expresiones dichas como la que un Estatuto aprobado en referéndum por la mayoría del “pueblo catalán” (afirmación, por otra parte,  discutible pues el voto a favor fue minoritario si se tienen en cuenta la gente que se abstuvo de acudir a las urnas) no puede ser declarado inconstitucional, o que el TC  debería de haberse abstenido de analizarle (esto es, de ejercer sus funciones constitucionales) o que esos magistrados no tienen legitimidad para pronunciarse sobre esa ley son peligrosisimos y hacen temblar al bases de nuestro Estado.

Está claro que se puede opinar que un estatuo aprobado en referéndum no debía ser posteriormente declarado inconstitucional, o que el Senado debía de haber nombrado a los nuevos magistrados, pero de ahí a intentar quitar la legitimación al máximo intérprete constitucional por estos motivos va un trecho bastante considerable.

Esas afirmaciones chocan frontalmente con la Constitución y quienes las defiendan tendrán que proponer una reforma constitucional y teniendo que lograr las mayorías parlamentaria necesarias para ello. Mientras tanto esas manifestaciones son, en nuestra opinión, desde un punto de vista jurídico, e incluso político, reprochables y peligrosas.

También creemos necesario hacer referencia a dos cosas, que nos parecen fundamentales, y que esta reforma y posterior sentencia ha puesto de manifiesto. En primer lugar la necesidad de restablecer el recurso previo de inconstitucionalidad, al menos para ciertas leyes que conformen el bloque de constitucionalidad como pueden ser los Estatutos de Autonomía para evitar los problemas que trae consigo la declaración de inconstitucionalidad de leyes tan importantes.

Y en segundo lugar la necesidad de pedir mesura y sentido de Estado a nuestros políticos, ya que el espectáculo y la crispación que se dio a causa de la reforma del Estatuto catalán, creemos que no es buena para la convivencia entre los españoles.

En resumen, nos parece que no fue conveniente realizar la reforma del Estatuto catalán, pues los principales objetivos que los partidos nacionalistas tenían en ella no se consiguieron, como por otra parte era evidente que iba a pasar.

Por otro lado, con ella se ha sometido al Tribunal Constitucional a un desgaste innecesario que, en nuestra opinión, ha disminuido el prestigio de tal institución. Prestigio que tardará años en recuperar.

También hay que recodar que debido a esta reforma y al posterior recurso se vivieron momentos tensos entre españoles tanto desde el punto de vista ideológico, como territorial y como ejemplo basta recordar las campañas de boicot a productos catalanes o el boicot  que desde determinados grupos  catalanes se hicieron a la candidatura olímpica de Madrid.

Por último creemos que también se ha creado inseguridad jurídica al haberse realizado, por parte del máximo intérprete constitucional, un abuso de la interpretación conforme a la Constitución.

Concluyendo, se ha andado un camino en el que tanto la Constitución como el Tribunal Constitucional y las relaciones entre españoles han sufrido un desgaste para acabar prácticamente en el lugar inicial, por lo que nuestra visión de la reforma del Estatuo de Autonomía de Cataluña no puede ser otra que muy negativa.

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