Matrimonios de Complacencia.

Esta es una cuestión bastante debatida en la actualidad. En primer lugar, hay que indicar que todo esto ha surgido como consecuencia de la inmigración. Este fenómeno ha supuesto un cambio inmenso en la estructura de la sociedad actual. A esto se une el hecho de que el Derecho no se adapta correctamente a los cambios que la sociedad va teniendo, yendo siempre un paso por detrás.

En este punto, hay que destacar que “uno de los temas más “candentes” en la actualidad son los métodos fraudulentos utilizados por los inmigrantes para obtener una situación regular en España”. En este punto, hay que destacar que nuestros registros deniegan el asiento a aquellos matrimonios fraudulentos, obtenidos con el único objeto a conseguir las mismas condiciones que los ciudadanos de la sociedad de la que se quiere conseguir esos beneficios.

A continuación de todo esto, se pueden definir los matrimonios de complacencia como “aquellos que se conciertan mediando un precio y se anulan (o no se permite su celebración si se detecta antes de la misma) por falta de consentimiento matrimonial. Pero también se pueden concertar por amistad o con el convencimiento de una de las partes de estar contrayendo un matrimonio convencional mientras la otra sólo tiene interés en su documentación”.

Lo que principalmente se quiere conseguir con estos matrimonios es reducir los plazos para conseguir la nacionalidad por parte de los extranjeros del país en el que viven o reagrupar a aquellos familiares más cercanos, ya fueren los ascendientes, los descendientes o el cónyuge o pareja de hecho.

En cuanto a la obtención de la nacionalidad, hay que destacar que este derecho se encuentra regulado en los artículos 11 de la Constitución, así como en los artículos 17 a 28 del Código Civil y en la Ley de 8 de junio de 1957 del Registro Civil y su Reglamento.

También habría que añadir aquí la regulación de la relación matrimonial en el propio Código civil. Especialmente, los artículos 42 a 107 del propio Código civil referidos al matrimonio. Y a todo ello habría que añadirle lo referido en los artículos 32 y 39 de la Constitución. Estos dos últimos artículos de la Constitución constituyen la regulación básica sobre la materia.

Hay que destacar que “el 31 de enero de 2006 la Dirección General de Registros y el Notariado publicó en el BOE una Instrucción sobre matrimonios de complacencia. Probablemente lo suyo sería dictar una sobre los requisitos exigibles al matrimonio, pero se optó por el formato más directo y descarnado. En esta instrucción se recuerda que cuando los contrayentes se unen en matrimonio y excluyen las propiedades esenciales del matrimonio, ese matrimonio es simulado y, en consecuencia, nulo”.

En este punto, y teniendo en cuenta lo dicho ya unos párrafos más arriba, “el problema surge cuando España pasa de ser un país de emigrantes a serlo de inmigrantes. En este momento, surgen los matrimonios de complacencia en busca de una obtención de la nacionalidad en breve tiempo. Además, frecuentemente este tipo de matrimonios son promovidos por redes organizadas a cambio de dinero.

Ante la imposibilidad de rechazar la autorización de un matrimonio entre un español y un extranjero si no existen hechos que demuestren la existencia de simulación, la lucha contra los matrimonios ficticios, se está llevando a cabo desde varios frentes: legislativamente, y desde las actuaciones administrativas y judiciales”.

La instrucción referida exige a los funcionarios que vayan a celebrar el matrimonio que hagan una serie de preguntas a los cónyuges para así determinar mejor si de verdad se está ante un matrimonio de complacencia. Habrá de preguntar el funcionario cosas tales como las siguientes:

  1. “Conocer los datos básicos del otro el nombre exacto de la calle o el piso en que se encuentra la vivienda. Datos personales.
  2. Además, los funcionarios deberán estudiar cómo han sido las relaciones previas al matrimonio (personal, carta, internet…) y su duración, es decir si se conocían antes de la celebración o si se han conocido el mismo día.
  3. Si el extranjero es regular o irregular.
  4. Si aporta recursos económicos,
  5. Si hay convivencia o algún hijo en común y cuál es la diferencia de edad.
  6. Se afirma que el hecho de que los contrayentes no hablen una lengua que ambos comprenden es un mero indicio de que las relaciones personales son especialmente difíciles, pero no imposibles”.

Estas parecen las más importantes, pero caben otras. Este Instrucción también contempla no solo este hecho de que uno de los cónyuges sea español y el otro extranjero, sino también que ambos cónyuges sean extranjeros.

Se pueden tener en cuenta dos momentos de aplicación de la instrucción. El primero se da cuando ha habido imposibilidad de celebrar el matrimonio por el hecho de que la autoridad competente, ya en la investigación previa, ha percibido el hecho fraudulento. Por otro lado, también puede ocurrir que se haya celebrado el matrimonio, en este caso en el extranjero, y lo que se hace aquí es impedir su inscripción en el Registro civil.

Pero también hay que tener en cuenta, una vez llegados a este punto, que cada Comunidad Autónoma tiene su propia regulación sobre la materia. Por tanto, encontramos l8 regulaciones diferentes, la del Estado, por un lado, y las de las Comunidades Autónomas por otro, ya que, aunque las regulaciones de las Comunidades Autónomas se basen en la del Estado, tienen sus propias peculiaridades.

Se pueden tener en cuenta varios elementos como indicio del fraude de ley. Y estos elementos son los siguientes:

  1. “La previa situación irregular de un extranjero extracomunitario.
  2. La existencia de antecedentes penales o policiales en el extranjero extracomunitario residente legal temporal, que en circunstancias ordinarias, conllevaría la denegación de la renovación de su autorización en régimen general.
  3.  Considerable diferencia de edad entre los miembros de la pareja (esto es realmente, una exagerada intromisión en la vida privada de las personas, pero es una circunstancia que llama la atención de la Administración).
  4. No hallarse ambos empadronados en la misma vivienda (algunas normativas autonómicas solo exigen que, al menos uno de los miembros de la pareja esté empadronado en un municipio de su territorio, por lo que, en la práctica, es posible que pueda darse este supuesto).
  5. Tener un tiempo, relativamente corto, de empadronamiento en la misma vivienda, habiendo estado la persona extranjera en situación irregular o haber caído en irregularidad sobrevenida.
  6.  Que el extranjero extracomunitario haya ingresado en España en calidad de turista, se haya inscrito como pareja de hecho en un Registro Público establecido para el efecto con una persona de nacionalidad española o de otro Estado miembro de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o Suiza y no quedar suficientemente acreditado que, en efecto, había existencia de relaciones previas entre las personas registradas, es decir, que ya se conocían de antes.
  7. Tener uno de los miembros de la pareja, corto tiempo empadronado en el municipio de la Comunidad Autónoma en la que se han inscrito”.

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