Reparto de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas

Uno de los temas que más está saliendo en los medios de comunicación y en los debates parlamentarios es el de redistribuir el sistema de competencias de las Comunidades Autónomas y el Estado español. El principal problema, y también polémica, que plantea el actual sistema de competencias es el haber atribuido a las Comunidades competencias tan básicas como educación y sanidad.

Estas dos competencias tan básicas, y que están provocando la mala ejecución de estos servicios en las diferentes Comunidades Autónomas, además de haber creado grandes desniveles entre unas Comunidades y otras, nunca debieron haber sido atribuidas a las Comunidades Autónomas.

Todo esto es la principal causa de que en los informes Pisa no arranquemos del todo en materia educativa a nivel nacional, por ser una de las materias atribuidas a las Comunidades Autónomas.

La principal referencia normativa la tenemos en los artículos 148, 149 y 150 de nuestro texto Constitucional. En la propia página de nuestro Parlamento estatal, en un estudio sobre el artículo 149 de la Constitución, ya se nos dice que “el sistema competencial articulado por la Constitución de 1978 se encuadra, a simple vista, dentro del llamado sistema de “doble lista” o sistema germánico, en el que la norma constitucional detalla en dos listas, por un lado, las competencias exclusivas del Estado, y por otro, aquéllas que podrán corresponder a los entes descentralizados. A diferencia de esta tipología, cabría hacer mención a otros sistemas donde, por un lado, se enumeran las competencias exclusivas del Estado, correspondiendo las demás a los entes (Estados Unidos, sistema federal clásico), y el sistema inverso que detalla las competencias de los entes atribuyéndose las restantes al Estado (Canadá). Ahora bien, aunque el sistema competencial nos indique el grado de poder que han alcanzado tanto el Estado como las Comunidades autónomas, en absoluto resulta un indicador válido para “calificar” a un Estado como Federal, Autonómico o Regional, dependiendo del mayor o menor grado de transferencia competencial”.

Nuestro sistema de reparto se acerca más al sistema germánico, y se puede resumir de la siguiente manera, con los siguientes caracteres:

  1. “Las competencias exclusivas del Estado, según el art. 149 de la Constitución.
  2. Las competencias que pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas, según el art. 148 de la Constitución.
  3. Las demás competencias, en cuanto la “facultad” o la “materia” no mencionada expresamente como exclusiva del Estado, podrán ser asumidas por las Comunidades Autónomas, en virtud de la cláusula residual del art 149.3 CE, al disponer que las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución Española podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, si así lo establecen sus propios Estatutos. De este modo, cabría deducir, por ejemplo, una competencia integrada dentro de esta tercera lista en la ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual o industrial, pues el art. 149.1.9ª sólo reserva al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación en la citada materia. Además, en el mismo sentido, una materia omitida por cualquiera de las dos listas de los artículos 148 y 149 podría, asimismo, ser de competencia autonómica”.

Hay que tener en cuenta que, en el momento distribuir las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en el momento de realización de la lista, en el año 1978 lo que se hizo fue un mal reparto, falto de determinación de las competencias, y lo que ha resultado es un sistema en el que se entrometen cada uno de los órganos competentes muchas veces en las competencias de los demás órganos, es decir, se extralimitan, se consideran soberanos y quieren acaparar no sólo en principio las competencias mal determinadas que le han sido asignadas, sino también las de otros organismos hasta el hecho de que vulneran el orden establecido en el texto constitucional.

Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que “el artículo 148 establece la lista de las competencias que ab initio pueden asumir todas las comunidades autónomas. Es el régimen. común y hay que señalar que la asunción de competencias que derivará de la voluntad estatutaria de las comunidades puede ser de nivel legislativo o ejecutivo, puesto que el artículo 148 no concreta ni limita”, según nos dice El País en una noticia de 1980.

Por otro lado, en lo que respecta al artículo 149, hay que decir que este artículo establece no sólo las competencias exclusivas del Estado, sino también las compartidas por éste con las Comunidades Autónomas, y es aquí donde se plantea el mayor problema, ya que los límites no están bien definidos.

En un estudio realizado por el Congreso de los Diputados, y que se puede consultar en la propia página web del Congreso, sobre el artículo 149, se dice que “el sistema competencial articulado por la Constitución de 1978 se encuadra, a simple vista, dentro del llamado sistema de “doble lista” o sistema germánico, en el que la norma constitucional detalla en dos listas, por un lado, las competencias exclusivas del Estado, y por otro, aquéllas que podrán corresponder a los entes descentralizados. A diferencia de esta tipología, cabría hacer mención a otros sistemas donde, por un lado, se enumeran las competencias exclusivas del Estado, correspondiendo las demás a los entes (Estados Unidos, sistema federal clásico), y el sistema inverso que detalla las competencias de los entes atribuyéndose las restantes al Estado (Canadá). Ahora bien, aunque el sistema competencial nos indique el grado de poder que han alcanzado tanto el Estado como las Comunidades autónomas, en absoluto resulta un indicador válido para “calificar” a un Estado como Federal, Autonómico o Regional, dependiendo del mayor o menor grado de transferencia competencial. Dicho de otro modo, el grado de autonomía o autogobierno de los entes descentralizados, el quantum competencial asumido por éstos, es irrelevante para calificar de Federal a un Estado. De hecho, es fácil constatar como nuestras Comunidades Autónomas gozan de mayores competencias que las regiones italianas de estatuto ordinario, pero también que los estados federados venezolanos, los mexicanos, o los länder austríacos o alemanes. Por otro lado, también puede considerarse que sólo los entes descentralizados canadienses y australianos gozan de mayores competencias que las Comunidades Autónomas españolas”.

Por tanto, nos encontramos ante un sistema de difícil determinación, precisión y claridad, por los términos poco claros que se utilizan, y también por la falta de concreción del legislador cuando redactó estos artículos.

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