El juicio verbal

1.- Introducción.

El objeto del presente trabajo es el estudio de uno de los juicios que prevé nuestra legislación civil, y que es el juicio verbal. Es uno de los juicios más importantes en nuestra legislación procesal, debido a que hay poca actuación escrita. En el mismo.

Hay que decir aquí que “el juicio verbal es un proceso pensado para solucionar ante un Juez una serie de litigios que, bien por la materia sobre la que versan, bien por la cantidad que se reclama (hasta 6.000 euros), precisan de un procedimiento ágil y sin demasiados formalismos”.

En la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil se le define como aquel que se inicia mediante demanda sucinta con inmediata citación para la vista y que se caracteriza, en primer lugar, por la singular simplicidad de lo controvertido, y, en segundo lugar, por su pequeño interés económico.

Hay que destacar la importante modificación que ha sufrido este proceso en 2015, realizada por la Ley 42/2015, se caracteriza por “la introducción de medidas que favorecen el justo equilibrio entre las posiciones del actor y las del demandado, aunque en detrimento del principio de oralidad, piedra angular sobre la que se diseñó el juicio verbal”.

El juicio verbal, según la regulación legal, se ha de utilizar en aquellos casos en que se quiere reclamar una cantidad dineraria no superior a 2000 euros.

Las reclamaciones de cantidad que por ra­zón de la cuantía deban tramitarse a través de este Juicio Verbal, no precisan de la in­tervención obligatoria de abogado y procu­rador cuando dicha cuantía no exceda de 2.000 euros.

Según el criterio utilizado por las Audiencias provinciales, para todo lo relativo a la intervención de abogado y procurador, habrá que estar a lo previsto en el artículo 250.1.8ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y todo ello independientemente de la cuantía.

La LEC de 2000 ha regulado este proceso, distinguiendo también cuándo es competencia de los Juzgados de Paz (hasta 90 euros), y cuando es competencia de los Juzgados de Primera Instancia (hasta 6000 euros)[1].

Hay que destacar, una vez dicho esto, una triple naturaleza jurídica del juicio verbal:

  1. Si está relacionada con la cuantía del juicio, nos encontramos ante un proceso declarativo ordinario y plenario, según lo previsto en los artículos 248 y 250.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal[2]).
  2. Si se produce por razón de la materia, según establece también Montero Aroca, se tratará de un juicio especial.
  3. Si, además de determinarse por razón de la materia, la tutela es sumaria o la sentencia tiene este carácter, es un juicio, además de especial, sumario.

Según el profesor Gimeno Sendra, tiene este proceso un ámbito de aplicación negativo y otros dos positivos. En el caso del ámbito de aplicación negativo, conforme a Gimeno Sendra, hay que acudir al artículo 250.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Atendiendo a este precepto, serán objeto del juicio verbal los procesos litigiosos cuya cuantía no supere los 6.000 euros y no se encuentren entre las materias que regula el artículo 249 del mismo cuerpo legal.

En cuanto a los ámbitos de aplicación positivos, hay que distinguir el cualitativo del cuantitativo. En este último, se tendrán en consideración aquellas demandas cuya cuantía sea inferior o igual a 6.000 euros, la cual habrá de reflejarse en la demanda, y que podrá ser impugnada por el demandado en la contestación.

Por lo que respecta al ámbito cualitativo, se considera aquí que también se tramitarán por este procedimiento una serie de relaciones jurídicas, aunque su valor exceda de 6.000 euros, pero que presenten la característica común de que no sea extremadamente compleja.

Hay que tener en cuenta también aquí la importante reforma que ha sufrido este proceso en el año 2015 mediante la Ley 42/2015. Conforme a lo dispuesto en el estudio realizado por la página web Leopoldo Pons, Abogados y Economistas[3], “conforme indica la propia Ley 42/2015 en su preámbulo, las modificaciones en la regulación del juicio verbal se introducen con la “finalidad de reforzar las garantías derivadas del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, que son fruto de la aplicación práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que venían siendo demandadas por los diferentes operadores jurídicos”.

Asimismo, se indican en el propio preámbulo las principales novedades operadas en el ámbito del juicio verbal: la introducción de la contestación por escrito, la posibilidad de renuncia al trámite de vista, el régimen de recursos de las resoluciones sobre prueba y el trámite de conclusiones.

Así pues, vemos que tras la reforma operada Ley 42/2015, que entró en vigor el día 7 de octubre de 2015, esto es, un día más tarde de su publicación en el BOE, son diferentes las cuestiones que en relación al juicio verbal han sido modificadas. El legislador ha pretendido con ello superar los problemas que derivaban de este tipo de proceso, principalmente en lo que a su principio de oralidad se refiere y que muchos han criticado por generar una posición de desigualdad entre las partes”.

Por otro lado, en la página web de noticias jurídicas[4], una de las más importantes en materia de estudios jurídicos sobre reformas, materias de Derecho, así como de legislación y jurisprudencia, se establece en un estudio sobre este tema de la reforma del juicio verbal[5] de 2015, que “el juicio verbal es un proceso pensado para solucionar ante un Juez una serie de litigios que, bien por la materia sobre la que versan, bien por la cantidad que se reclama (hasta 6.000 euros), precisan de un procedimiento ágil y sin demasiados formalismos.

Como señala la exposición de motivos de la LEC, que lo define por contraposición al juicio ordinario: “la ley reserva para el juicio verbal, que se inicia mediante demanda sucinta con inmediata citación para la vista, aquellos litigios caracterizados, en primer lugar, por la singular simplicidad de lo controvertido y, en segundo término, por su pequeño interés económico”.

La reciente reforma de la LEC por la Ley 42/2015 ha supuesto una importante modificación de estos procesos, caracterizada por la introducción de medidas que favorecen el justo equilibrio entre las posiciones del actor y las del demandado, aunque en detrimento del principio de oralidad, piedra angular sobre la que se diseñó el juicio verbal”.

También se ocupa de diferenciar este artículo las diferentes vías de resolución de conflictos en el ámbito civil, diciendo que “la Ley articula con carácter general dos cauces distintos para la tutela jurisdiccional declarativa: de un lado, la del proceso que, por la sencillez expresiva de la denominación, se da en llamar juicio ordinario y, de otro, la del juicio verbal”.

2.- Regulación legal.

La regulación principal de este juicio la encontramos en los artículos 437 a 447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los cuales componen el Título III de esta Ley. De esta regulación se pueden concretar que los caracteres del juicio verbal actual son los siguientes:

  1. Es un proceso declarativo, por cuanto en él se reconocen, tras la práctica de las pruebas respectivas, que uno de los declarantes tiene un derecho frente al otro.
  2. Se trata de un proceso común, por cuanto no trata de temas o materias específicas como la filiación, la capacidad de las personas, la filiación, etcétera.
  3. Es un proceso diseñado para que brille el principio de oralidad, pues se ha regulado de tal manera que, salvo la demanda, que se lleva a cabo de manera oral, salvo excepciones, las mayorías de los actos se desarrollan de viva voz ante el juez, según lo previsto en el artículo 248.2 de la Ley de enjuiciamiento civil.
  4. También se ha diseñado el juicio oral de tal manera que prima el principio de concentración, lo que significa que todos los actos procesales, es decir, la actividad procesal en el acto de la vista, es decir, se lleva a cabo en un solo acto. Es este principio el predominante para acudir a la máxima concentración de actos para asuntos litigiosos desprovistos de complejidad o que reclamen una tutela con singular rapidez.
  5. Otro de los presupuestos de este juicio a raíz de la regulación es el de inmediación, lo que implica la obligación por parte del juez de analizar, para poder resolver la contienda, las pruebas presentadas por las partes. Todo esto está vinculado a la exigencia constitucional por la que todos los juicios han de ser orales.
  6. También cabe destacar la característica de la publicidad, sobre todo por la efectividad de la vista, y por la necesidad de que todo lo que en ella se pruebe y se discuta sea importante, trascendente.
  7. El último de los presupuestos del juicio verbal es que tiene unos plazos más reducidos respecto al juicio ordinario.

Lo que se puede deducir de esta regulación del juicio verbal es que, salvo la demanda y los documentos de prueba, el resto del procedimiento es escrito, lo que le da, como ya se ha dicho, una mayor flexibilidad respecto al juicio ordinario, así como una mayor rapidez, pues, como consecuencia de la oralidad, todo esto implica que se va a desarrollar de manera más flexible, e, incluso, se va a poder desarrollar en una sola vista.

[1] Montero Aroca, Juan. Derecho Jurisdiccional II. Proceso civil. 23ª edición. Año 2015.

[2] Artículo 248 Clases de procesos declarativos. 1. Toda contienda judicial entre partes que no tenga señalada por la Ley otra tramitación, será ventilada y decidida en el proceso declarativo que corresponda. 2. Pertenecen a la clase de los procesos declarativos: 1.º El juicio ordinario. 2.º El juicio verbal. 3. Las normas de determinación de la clase de juicio por razón de la cuantía sólo se aplicarán en defecto de norma por razón de la materia.

Artículo 250 Ámbito del juicio verbal: 1. Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes:1.º Las que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas y las que, igualmente, con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario, o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana dada en arrendamiento, ordinario o financiero o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca. 2.º Las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca. 3.º Las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario. 4.º Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute. 5.º Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la suspensión de una obra nueva. 6.º Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande. 7.º Las que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se oponga a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación. 8.º Las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título. 9.º Las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales. 10.º Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, al objeto de obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos. 11.º Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero, de arrendamiento de bienes muebles, o de un contrato de venta a plazos con reserva de dominio, siempre que estén inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, mediante el ejercicio de una acción exclusivamente encaminada a obtener la inmediata entrega del bien al arrendador financiero, al arrendador o al vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato, previa declaración de resolución de éste, en su caso. 12.º Las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios. 13.º Las que pretendan la efectividad de los derechos reconocidos en el artículo 160 del Código Civil. En estos casos el juicio verbal se sustanciará con las peculiaridades dispuestas en el capítulo I del título I del libro IV de esta ley.  2. Se decidirán también en el juicio verbal las demandas cuya cuantía no exceda de seis mil euros y no se refieran a ninguna de las materias previstas en el apartado 1 del artículo anterior.

[3] http://www.leopoldopons.com/ver/136/la-reforma-del-juicio-verbal.html/

[4] http://noticias.juridicas.com/

[5] http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10913-el-juicio-verbal:-su-regulacion-y-reforma-de-2015/

3.- Particularidades del juicio verbal.

La primera de las particularidades del juicio verbal la encontramos en el sistema de tramitación inicial del juicio verbal, lo que está previsto en el artículo 441 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Esta particularidad implica que, salvo la demanda, el juicio se lleva a cabo, en su mayoría, oralmente, al contrario de lo que ocurre en el juicio ordinario, en el que existe la necesidad de contestar la mayoría de los actos de manera escrita, lo que conlleva mayor tiempo y mayores gastos para las partes.

Por otro lado, también hay que destacar que, en este tipo de juicios, aunque en su mayoría, la tramitación va a ser oral, hay determinados actos que van a ser escritos, como la demanda y la contestación a la demanda.

Conforme al artículo de la página web de noticias jurídicas, “como regla general, las reclamaciones de cantidad que por razón de su cuantía deban tramitarse a través de este juicio verbal, no precisan de la intervención obligatoria de abogado y procurador cuando dicha cuantía no exceda de 2.000 euros (art. 23 y 31 LEC)”[1].

Por otro lado, también hay que destacar que la demanda hay que presentarse ante los tribunales del lugar del domicilio del demandado, los cuales habrán de dictar sentencia que sea efectiva por la vía de la ejecución provisional.

Y todo ello es así porque, “para su conocimiento y resolución son competentes los Jueces de Primera Instancia (salvo que esté atribuida la competencia a los Juzgados de lo Mercantil); y los Jueces de Paz, para cuando se aplica la regla general -es decir, cuando no se trata de juicio verbal por razón de la materia- y la cuantía litigiosa no supera los 90 euros (cfr.: arts. 45 y 250.1 LEC; y arts. 85.1 y 86.ter.2 LOPJ)”.

El contenido de la demanda tiene la particularidad de ser las mismas que para el juicio ordinario, con las particularidades de que, en los casos en que se pueda actuar sin abogado y procurador (es decir, en aquellos casos en que la cuantía sea inferior a 2000 euros), “pero en los juicios verbales en que no se actúe con abogado y procurador, el demandante podrá formular una demanda sucinta (art. 437 LEC)”.

En esta demanda, habrán de concretarse los datos de identificación del actor y del demandado, así como el lugar en que puedan ser citados, concretándose con precisión la pretensión de cada una de las partes.

Como no sigue diciendo la misma página web de noticias jurídicas, “a tal fin, se podrán cumplimentar unos impresos normalizados que se hallarán a su disposición en el órgano judicial correspondiente. Hay que tener en cuenta que habrá de presentar tantas copias como personas o entidades contra las que se dirige la reclamación”.

[1] http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10913-el-juicio-verbal:-su-regulacion-y-reforma-de-2015/

4.- Postulación y demanda.

El contenido de la demanda tiene la particularidad de ser las mismas que para el juicio ordinario, con las particularidades de que, en los casos en que se pueda actuar sin abogado y procurador (es decir, en aquellos casos en que la cuantía sea inferior a 2000 euros), “pero en los juicios verbales en que no se actúe con abogado y procurador, el demandante podrá formular una demanda sucinta (art. 437 LEC)”.

En esta demanda, habrán de concretarse los datos de identificación del actor y del demandado, así como el lugar en que puedan ser citados, concretándose con precisión la pretensión de cada una de las partes.

Como no sigue diciendo la misma página web de noticias jurídicas, “a tal fin, se podrán cumplimentar unos impresos normalizados que se hallarán a su disposición en el órgano judicial correspondiente. Hay que tener en cuenta que habrá de presentar tantas copias como personas o entidades contra las que se dirige la reclamación”.

Los documentos que se habrán de acompañar a la demanda serán aquellos en los que el autor base su derecho, según lo previsto en el artículo 265 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pueden ser facturas, recibos, informes, etc. Si son documentos privados, se necesita autorización del tribunal y presentar copia permitida.

La forma en que el actor deberá expresar la cuantía de la demanda será clara y precisa, conforme a las normas de la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero siempre bajo un control de oficio en razón de la cuantía. El Tribunal, en este caso, estará vinculado por el tipo de juicio solicitado en la demanda. Habrá que estar aquí a lo previsto en el artículo 254.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En cuanto al formato de la demanda, según el propio artículo que estamos siguiendo de la página de noticias jurídicas, habrá que estar a los siguientes criterios:

  1. Cuando es preceptiva la intervención de abogado y procurador: Con fecha 1 de enero de 2016, entró en vigor el nuevo sistema de comunicaciones electrónicas con la Administración de Justicia (LexNet), con el objetivo de conseguir reducir el uso de papel en las comunicaciones con los órganos judiciales. Esta es una obligación legal que afecta tanto a abogados y procuradores, como a órganos judiciales.
  2. Pero si no es preceptiva la intervención de abogado y procurador: Para los ciudadanos, siempre que no sean personas jurídicas, la Ley Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, establecen el derecho de elección del canal a través del cual relacionarse con la Administración de Justicia.

En caso de optar por presentación on line, existe un documento digital normalizado (aprobado por Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Administración de Justicia), en el que el usuario deberá introducir datos estructurados (nombre, apellidos, dirección, etc.) en los campos correspondientes para ser almacenados y procesados posteriormente.

En caso de optar por presentarla por escrito, existen a disposición de los ciudadanos modelos normalizados aprobados mediante el Acuerdo de 22 de diciembre de 2015, de la Comisión Permanente del CGPJ, y publicados en el BOE.

En cuanto a la tasa judicial, el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, ha llevado a cabo la exención del pago de tasas para las personas físicas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Acumulación de acciones.

En este apartado a lo que se va a hacer referencia es a la posibilidad que tienen los intervinientes que actúan como demandantes en el juicio verbal para poder interponer varias acciones en el documento de demanda, interviniendo así el principio de economía procesal.

Se ha de decir que “la acumulación de objetos procesales tiene lugar cuando en el mismo proceso se ventilan diversas pretensiones, bien porque han sido acumuladas por el actor en la demanda (acumulación de acciones inicial), bien porque se introducen en el proceso con posterioridad a la misma (ampliación de la demanda, reconvención), bien porque ante la eventualidad de existir diversos procesos en curso, se acumulan los autos para que las distintas pretensiones puedan ser resueltas conjuntamente en uno solo (acumulación de autos)”[1].

De todo esto se puede deducir que, en consonancia con lo establecido en el primer párrafo, esta acumulación permite reducir los costes del proceso verbal.

La finalidad principal de la acumulación, como nos dice la ley que producirá el efecto de discutirse todas en un mismo procedimiento y resolverse en una sola sentencia” (artículo 71.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Se trata, pues, de la conveniencia de reducir la probabilidad de que se puedan dictar sentencias contradictorias y de razones de la economía procesal al posibilitar que se resuelvan todas las pretensiones deducidas en una sola sentencia.

La LEC regula esta acumulación muy ampliamente, salvo para el juicio verbal, debido al hecho de la oralidad La Ley de Enjuiciamiento Civil admite como veremos con mucha amplitud la acumulación de acciones, con la única excepción -importante sin duda- de los juicios verbales, en los que dada la oralidad y concentración de trámites se pretende simplificar al máximo el objeto del proceso. Por este motivo el artículo 437.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prohíbe expresamente la acumulación objetiva de acciones en el juicio verbal con solo cuatro excepciones: 1ª La acumulación de acciones basadas en unos mismos hechos, siempre que proceda, en todo caso, el juicio verbal (esta limitación en cuanto a la identidad de los hechos no se exige en la regla general del artículo 71 de la Ley); 2ª La acumulación de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios a otra acción que sea prejudicial de ella; 3ª La acumulación de las acciones en reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas y no pagadas, cuando se trate de juicios de desahucios de finca por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo, con independencia de la cantidad que se reclame. Asimismo, también podrán acumularse las acciones ejercitadas contra el fiador o avalista solidario previo requerimiento de pago no satisfecho; y 4ª En los procedimientos de separación, divorcio o nulidad y en los que tengan por objeto obtener la eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas, cualquiera de los cónyuges podrá ejercer simultáneamente la acción de división de la cosa común respecto de los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa. Si hubiere diversos bienes en régimen de comunidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo solicitare, el tribunal puede considerarlos en conjunto a los efectos de formar lotes o adjudicarlos.Ver jurisprudencia. En cuanto a la acumulación subjetiva, el precepto se limita a remitirse a las reglas generales de los artículos 72 y 73.1 LEC, por lo que no hay diferencia respecto al juicio ordinario, y en lo relativo a la acumulación sobrevenida por reconvención, también se limita la misma en los juicios verbales, ya que no se admite la demanda reconvencional en aquellos juicios cuya sentencia no produce efectos de cosa juzgada (tutela sumaria de la posesión, procedimientos para la protección de los derechos reales inscritos, juicios de desahucio, etc…).

La doctrina suele distinguir diversas clases de acumulación: a) La acumulación inicial, que es la que se produce en la misma demanda, a diferencia de la sucesiva o sobrevenida, que tiene lugar después (mediante la ampliación de la demanda, la reconvención o la intervención procesal de terceros); b) La acumulación simple, eventual o alternativa según se ejerciten las acciones simultáneamente solicitando el actor la estimación de todas ellas, o de forma subsidiaria, para el caso de que se desestime la principal, o bien alternativamente interesando del Juez la estimación de una u otra de las pretensiones formuladas todas ellas con carácter principal (supuesto este último cuya admisibilidad es cuestionada por la doctrina); c) La acumulación accesoria, que se refiere a pretensiones complementarias o secundarias que solo pueden ser estimadas junto con la acción principal (v. gr. solicitud de intereses o la cancelación de asientos registrales en caso de acciones de nulidad relativas a negocios jurídicos o del ejercicio de acción reivindicatoria); d) La acumulación objetiva y la subjetiva, refiriéndose la primera a una pluralidad de objetos entre las mismas partes, y la segunda, a los supuestos de pluralidad de partes, esto es, cuando un demandante acciona frente a varios demandados, varios demandantes demandan a un demandado, o a varios”[2].

 

6.- Características y formato del mismo en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En cuanto a las características propias de este tipo de juicio, la primera que encontramos es la mayor rapidez respecto al juicio ordinario. Para todo esto hay que acudir a los artículos 437 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Hay que destacar en este punto el hecho de que hay casos especiales de tramitación del juicio verbal. En primer lugar, encontramos la acción de posesión de bienes de la herencia. Por esta acción el letrado de la Administración de Justicia habrá de llamar a los testigos propuestos, y, tras haberles oído, el tribunal habrá de denegar u otorgar, mediante auto, la posesión solicitada. Esto se hará mediante auto, y se publicará “por edictos, que se insertarán en un lugar visible de la sede del tribunal, en el «Boletín Oficial» de la provincia y en uno de los periódicos de mayor circulación en la misma, a costa del demandante, instando a los interesados a comparecer y reclamar mediante contestación a la demanda, en el plazo de cuarenta días, si consideran tener mejor derecho que el demandante. Si nadie compareciere, se confirmará al demandante en la posesión; pero en caso de que se presentaren reclamantes, previo traslado de sus escritos al demandante, se les citará por el Letrado de la Administración de Justicia, con todos los comparecientes, a la vista, sustanciándose en adelante las actuaciones del modo que se dispone en los artículos siguientes”.

Por otro lado, también ha de destacarse la acción de suspensión de obra nueva. En ella, el tribunal, antes de la contestación, habrá de estipular orden de suspensión al dueño o encargado de la obra, ofreciendo caución para continuarla, así como la realización de obras indispensables para conservar lo ya edificado.

Aquí hay que destacar que “el demandado podrá ofrecer caución para continuar la obra. En este punto procede considerar que la necesidad de caución es exigible: tanto para continuar la obra como para hacer lo imprescindible y ello:

  1. porque la ley no hace distinción alguna,
  2. porque la exigencia de caución la predica el precepto comentado de ambas situaciones (continuar o hacer lo imprescindible) y así se deduce de la expresión “así como…” y
  3. porque no existe razón alguna, ni derivada del fundamento de la caución, ni de su finalidad, para excluirla en los supuestos de realización de obras imprescindibles.

Si se dispone un reconocimiento o una prueba pericial o ambas, debe de notificarse y permitirse la participación del demandado. Ello supone que el demandado en el reconocimiento tendrá las posibilidades de intervención que establece el artículo 354 y en la prueba pericial la prevista en el artículo 347 aunque el perito haya sido designado judicialmente”.

También se ha de señalar como otro punto especial aquí la protección de los derechos reales inscritos. Esto se llevará a cabo, una vez se admita la demanda, con las medidas solicitadas que, según las circunstancias, fuesen necesarias para que puedan cumplirse en la demanda.

Por último, hay que atender a los contratos físicos de bienes muebles a plazos. Aquí el tribunal, tras admitir la demanda, habrá de ordenar la exhibición de los bienes a su poseedor, bajo apercibimiento de incurrir en “medidas solicitadas que, según las circunstancias, fuesen en desobediencia a la autoridad judicial, y su inmediato embargo preventivo, que se asegurará mediante depósito, con arreglo a lo previsto en la Ley procesal y cuando, al amparo de lo dispuesto en el número 11º del apartado 1 del artículo 250 LEC, se ejerciten acciones basadas en el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero o contrato de venta a plazos con reserva de dominio, el tribunal ordenará, admitida la demanda, el depósito del bien cuya entrega se reclame”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Procedimiento del juicio verbal.

En cuanto a la postulación y demanda, como nos dice Gimeno Sendra, en las demandas cuya cuantía exceda de 2.000 euros será preceptiva la intervención con abogado y procurador, pero en el caso de que tenga un valor inferior, la parte podrá comparecer y defenderse por sí mismo en el proceso.

Así lo podemos ver en el artículo 437.1 y 2 de la LEC, consciente de las dificultades que para un ciudadano medio conlleva su autodefensa, distingue entre las demandas intervenidas por estos profesionales, las cuales habrán de realizarse en la forma ordinaria, de las que sean interpuestas directamente por la parte material.

También hay que distinguir aquí, como nos indica el profesor Montero Aroca, que el juicio verbal puede producirse de manera plenaria, para los juicios de precario, alimentos, rectificación de hechos, calificaciones registrales, tráfico, intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios, y, por otro lado, también podría realizarse de modo sumario, para los casos de desahucio, tutela posesoria y análoga, derechos reales inscritos, ventas a plazos de bienes inmuebles, y arrendamiento financiero o leasing.

Por otro lado, también hay que destacar que, como nos señala la guía rápida del juicio verbal, realizada por el Consejo General del Poder Judicial, El Juzgado examinará la demanda presentada y, de cumplirse los requisitos legalmente establecidos, dictará dos resoluciones: una despachando la ejecución solicitada y otra en la que acordará el embargo de los bienes de la persona deudora (ejecutado/a) para cubrir las cantidades reclamadas y/o, en su caso, la averiguación de sus bienes. Si es necesario, se requerirá al deudor/a para que designe bienes.

  1. Contra la resolución que dicte el Juzgado acordando la ejecución, el ejecutado/a podrá oponerse alegando:
    • la caducidad (si han transcurrido más de cinco años desde la firmeza de la sentencia, sin que se haya interpuesto la correspondiente demanda de ejecución),
    • el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia,
    • los pactos o tratos a los que hayan llegado las partes para evitar la ejecución, siempre que lo acordado conste en documento público.
  2. Tras los trámites precisos de ejecución, incluida, en su caso, la subasta de los bienes que se hayan podido embargar, si se obtienen cantidades, se le hará entrega de los importes debidos.
  3. Los gastos ocasionados en esta fase del procedimiento serán a cargo del ejecutado/a aunque, hasta que se liquiden, el ejecutante deberá abonar los que se vayan generando, salvo los correspondientes a las actuaciones realizadas a petición del ejecutado/a, que los abonará directamente.
  4. Si al/la demandante no le consta ningún domicilio de la persona demandada, a efectos de su personación, el Juzgado utilizará los medios oportunos de localización.
  5. Por remisión a su domicilio o en algunos casos en la sede del Juzgado, se le harán:
    • Notificaciones, cuando tengan por objeto dar noticia de una resolución adoptada.
    • Citaciones, para que comparezca y actúe en un lugar, un día y una hora.
    • Emplazamientos, para que se persone o actúe dentro de un plazo.
    • Requerimientos, para ordenar, conforme a la ley, la realización de una conducta, que puede consistir en una acción o en una abstención.
  6. Lea atentamente las comunicaciones del Juzgado ya que le indicarán los trámites y las actuaciones que debe o puede realizar.
  7. En las notificaciones se indicará si la resolución es firme o si cabe recurso contra ella, con expresión del tipo de recurso que proceda, el órgano judicial ante el que debe interponerlo y el plazo para recurrir. Asimismo, se indicará la necesidad de constitución de depósito para recurrir, así como la forma de efectuarlo.
  8. Los plazos comienzan a correr a partir del día siguiente al día en que se recibió la comunicación y en su cómputo cuenta el día del vencimiento.
  9. En el cómputo de plazos por días se excluyen los inhábiles, teniéndose como tales los sábados, los domingos, los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad. También son inhábiles todos los días del mes de agosto.
  10. Los plazos señalados por meses o por años se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes. Los plazos que concluyan en domingo u otro día inhábil se entenderán prorrogados hasta el siguiente hábil.

 

 

 

8.- Vista, conclusiones y sentencia.

Siguiendo a Vicente Gimeno Sendra, hay que decir que este juicio oral se iniciará con la pregunta del Juez a las partes acerca de si han obtenido alguna transacción. Si contestaran afirmativamente, podrán desistir del proceso,, instar su suspensión para someterse a mediación o arbitraje, o solicitar del tribunal que homologue lo acordado.

Por el contrario, si no existiere acuerdo alguno, y se hubieren aducido excepciones procesales, el tribunal abrirá una especie de audiencia preliminar a fin de depurar al proceso de la audiencia de presupuestos procesales que impidan una sentencia de fondo.

Finalizada esta audiencia, se dará la palabra a las partes para realizar aclaraciones y fijar los hechos sobre los que exista contradicción.

Los medios de prueba se propondrán de forma oral y el tribunal puede ejercitar su obligación de indicación de la nueva proposición de medios de prueba ante la ausencia de un vacío probatorio con respecto al tema de prueba.

Contra las resoluciones de admisión o denegación de los medios probatorios, tan sólo cabe recurso de reposición, y, contra su desestimación, la realización de pertinente protesta, a efectos de estimar cumplido este presupuesto.

Una vez finalizada la práctica de la prueba, el Tribunal podrá conceder a las partes un turno de palabra para formular oralmente sus conclusiones.

 

 

 

 

[1] Guías jurídicas del Grupo Wolters Kluwer. http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNDE3NLtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAXlAfMDUAAAA=WKE

[2]http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNDE3NLtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAXlAfMDUAAAA=WKE

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