El impuesto de plusvalía

1.- Introducción.

Lo que pretende este servidor en este artículo es el estudio pormenorizado, pero a la vez sencillo para la mejor comprensión de los lectores que se atrevan a leer este artículo, del impuesto de plusvalía.

Este impuesto ha sido objeto de críticas en las últimas semanas de los meses de abril y mayo por el hecho de que supone un importante perjuicio para los consumidores y usuarios cuando estos quieren transmitir bienes, sobre todo cuando se tienen pérdidas en la transmisión del bien.

Esto es lo que ha determinado el Tribunal Constitucional. Según una noticia de 17 de mayo de 2017 del periódico El País, “los contribuyentes no tendrán que pagar el impuesto de plusvalía municipal cuando hayan registrado pérdidas en la venta de un inmueble. Así lo dicta el Tribunal Constitucional (TC), que extiende a todo el territorio nacional la decisión que había adoptado previamente para el territorio foral de Gipuzkoa. En una sentencia dictada el pasado 11 de mayo, el Alto Tribunal ha vuelto a dar la razón al contribuyente en idénticos términos a la sentencia foral.

El Alto Tribunal considera ahora que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) —conocido popularmente como impuesto de plusvalía— vulnera el principio constitucional de “capacidad económica” en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”.

El pasado 16 de febrero el Tribunal Constitucional (TC) ya resolvió la inconstitucionalidad del impuesto sobre el incremento de valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) de Gipuzkoa, cuando en la transmisión de un inmueble se hubiera vendido con pérdidas. Con la nueva sentencia, el Constitucional extiende esta doctrina a todo el territorio nacional.

Es decir, con la normativa actual, explica el Constitucional, el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal implica necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se ha producido un incremento del valor del bien o, más allá, cuando se ha producido un decremento del mismo. Esta circunstancia, explica el Alto Tribunal, impide al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir de acuerdo con su capacidad económica, según se prevé en el art. 31.1 de la Constitución”.

Por otro lado, también en el periódico El País se publicó otra noticia sobre el mismo impuesto, en la que se analizó cómo reclamar el impuesto de plusvalía municipal y quién podría hacerlo.

En esta noticia se nos explica que “la sentencia del Tribunal Constitucional declara nulos varios artículos del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) —conocido popularmente como plusvalía municipal—. El pleno del tribunal concluye, por unanimidad, que no se puede gravar con este impuesto municipal cuando se registren pérdidas en la venta del inmueble. La decisión del Alto Tribunal abre la puerta a que los contribuyentes presenten reclamaciones para cobrar la devolución del impuesto pagado de más.

¿Pero quiénes pueden reclamar? Con carácter general, explica José María Salcedo, de Ático Jurídico, solo pueden reclamar los que han sufrido pérdidas al vender el inmueble. “Solo se prodrán reclamar las plusvalías que no sean firmes”, insiste Salcedo, que recuerda que el artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional impide revisar “procesos fenecidos”. Es decir, solo podrán reclamar los que presentaron una autoliquidación del impuesto al vender el inmueble y aún no hayan transcurrido cuatro años desde entonces. También podrán hacerlo los que hayan presentado la liquidación —cuando es el Ayuntamiento el que calcula la cuota del impuesto— y aún no haya transcurrido un mes, que es el plazo generalmente establecido para considerarlo firme.

Por otro lado, en cuanto a los pasos a seguir, según esta segunda noticia que venimos analizando, “Legalitas explica en una nota cuáles son los pasos a seguir para reclamar. Y remarca lo especialmente duro que es el caso de aquellos que debieron pagar plusvalía, no por una venta, sino después de haber perdido el inmueble por no haber podido hacer frente al pago de la hipoteca, bien en una ejecución hipotecaria, bien en una dación en pago, a pesar de que el valor por el que se transmite es generalmente muy inferior al de precio por el que lo compraron.

Aunque se estableció para estas situaciones una exención del pago de ese impuesto en el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, solo afecta a los casos en que se trata de la vivienda habitual y además no se disponga de más bienes.

Es decir, que segundas viviendas, oficinas y locales de negocio quedaron fuera y sus dueños (a pesar de perder el inmueble por no poder pagar la hipoteca), quedaron en deuda con su ayuntamiento por “el incremento de valor” que les supuso esa pérdida.

Y como en la mayoría de los casos no pagaron la plusvalía (si no podían pagar la hipoteca, difícilmente podrían pagar la plusvalía) fueron sancionados”.

Por otro lado, en cuanto a la forma de hacerlo, Legálitas recomienda la reclamación de este impuesto teniendo en cuanta los siguientes pasos: Una vez que se ha efectuado el pago de la plusvalía, (requisito fundamental), el primer paso es presentar un escrito de solicitud de rectificación y devolución.

2.- ¿Qué es el impuesto de plusvalía?

Hasta ahora hemos estado analizando los criterios que se quieren seguir para intentar no pagar este impuesto, sobre todo cuando el objeto vendido o transmitido (normalmente un inmueble, por ejemplo, un piso) ha sido externalizado a otro sujeto por un precio inferior al que tiene en el mercado.

Pero lo que nos falta aquí es estudiar qué es el impuesto de plusvalía. Siguiendo al periódico El Economista, “es un tributo que aporta más de 2.000 millones a los ayuntamientos. Se aplica cuando se vende o dona un inmueble”.

Se trata, por tanto, de un impuesto atribuido a los ayuntamientos y que se ha de pagar cuando se ha transmitido un bien inmueble, y que se ha de pagar por la parte que transmite el bien inmueble.

Como también se puede aplicar en el caso de las herencias, en este caso quien lo tiene que pagar puede ser el donatario o el heredero. Así lo establece el propio periódico El economista cuando analiza el impuesto, según el cual “en el caso de una donación, en cambio, es la persona que recibe el bien quien deberá liquidar el tributo ante el ayuntamiento en el que se ubique el inmueble. Los contribuyentes que hereden un inmueble también deberán pasar por la caja del municipio para pagar el impuesto de plusvalía”.

Con todo esto lo que podemos sacar en conclusión es que es la manera de nuestros poderes públicos de hacernos pagar por cualquier vía lo que ganamos por la transmisión de un bien, ya sea mueble o inmueble, y es una manera de que todos los poderes del Estado se puedan mantener, mientras la clase media vive ahogada y sin poder ahorrar por la ingente cantidad de impuestos a que se haya sometida, incluso por bienes que ya eran suyos por el simple hecho de que se les han transmitido sus antecedentes (aquí se hace referencia al impuesto de sucesiones y donaciones, otro impuesto que también ha sido puesto en cuestión por el hecho de que se trata de una mala manera de sacar el dinero a los contribuyentes por un bien por el que ya han pagado cuando lo adquirieron y que lo que hace es que no se lleguen a heredar todos aquellos bienes que le pertenecen a una persona por el hecho de que se les han dejado sus ascendientes en muchos casos por el alto precio que han de pagar para poder constituirse en herederos, pero esto es objeto de estudio en otro artículo).

Está claro que nos encontramos ante un impuesto que reduce el beneficio que se obtiene por la transmisión de un bien y que, en opinión de un servidor, debería ser parte este beneficio del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, y no de un nuevo impuesto.

3.- Legalidad del impuesto conforme al Ordenamiento Jurídico español.

Este impuesto ha sido puesto en duda por el Tribunal Constitucional, como consecuencia de que se duda de su naturaleza constitucional y por el hecho de que se cree que vulnera nuestro ordenamiento constitucional.

Estamos ante un impuesto con un claro afán recaudatorio por parte de los Ayuntamientos por el hecho de que está planeado para el fin de recaudar y que los Ayuntamientos, de esta manera, se puedan mantener.

Así encontramos varias noticias que han estudiado el caso del impuesto de plusvalía y que, a través del estudio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, nos explican por qué es inconstitucional.

Por este lado, una noticia del periódico Cinco Días nos dice que “El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), conocido popularmente como arbitrio de plusvalía o impuesto de plusvalía municipal se ha convertido en el tributo estrella en los juzgados de toda España. Se trata de una figura fiscal que aplican los ayuntamientos y que grava teóricamente la revalorización de los bienes inmuebles en el momento de la venta, sin embargo, su fórmula de cálculo provoca que se exija el pago incluso cuando se registran pérdidas.

Muchos contribuyentes han recurrido las liquidaciones giradas por los ayuntamientos y cada vez son más las sentencias que han fallado en contra de la Administración. El último ejemplo tiene como protagonistas a Eroski y el Ayuntamiento de Leganés. La cooperativa vasca se embarcó en el proyecto del Centro Comercial Avenida M-40, ubicado en la ciudad madrileña y que se convirtió en un negocio ruinoso tras inaugurarse en 2004. Eroski se deshizo en 2012 con pérdidas de bienes inmuebles ubicados en este centro comercial, que volverá este año a abrir sus puertas con nuevos propietarios y bajo el nombre de Sambill Outlet.

Fuentes de la Concejalía de Hacienda de Leganés señalaron que la sentencia en contra no significa que el municipio deba devolver los 902.000 euros que exigió a Eroski por el impuesto de plusvalía. Explican que la empresa no llegó a pagar esa cantidad y, en su lugar, tuvo que presentar un aval al recurrir la liquidación. El ayuntamiento deberá abonar a Eroski los gastos de mantenimiento del aval –cuantificados en 51.572 euros–, y los intereses calculados provisionalmente en 6.666 euros. Aunque, eso sí, el municipio se quedará sin los 902.000 euros previstos.

A pesar de que la operación generó pérdidas a Eroski, el ayuntamiento exigió a la compañía 902.830 euros por el impuesto sobre plusvalía municipal. La compañía recurrió y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 17 de Madrid le dio la razón. El Ayuntamiento apeló y el pasado enero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid volvió a fallar a favor de la compañía. Existe cada vez más jurisprudencia que señala que no tiene sentido exigir el tributo si no se han generado beneficios. Los ayuntamientos argumentan que se limitan a aplicar la ley, que establece que para determinar la cuota a pagar del impuesto de plusvalía se tendrá en cuenta el valor catastral en el momento de la venta y se asignará una tasa de revalorización en función de los años en los que se haya sido propietario del inmueble. Así, se crea la ficción de que los bienes nunca pierden valor. “La contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del método de cálculo y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica”, señala una de las sentencias pioneras del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictada en 2012”.

Con lo establecido aquí, podemos sacar claramente la conclusión, haciendo hincapié en el hecho de que el Ayuntamiento de Leganés se negara a devolver el importe cobrado a la compañía vasca, de que este impuesto se mantiene por los poderes públicos (sobre todo por el poder legislativo y ejecutivo, pues son los encargados de aprobar las leyes sobre los impuestos, aunque la ejecución de los impuestos pueda corresponder a los Ayuntamientos o a las Comunidades Autónomas, por el hecho de las competencias que tengan estos organismos).

Por otro lado, también hay que tener en cuenta, según nos informa el Diario Sur, que “la definición de plusvalía según la Real Academia es «incremento del valor de un bien por causas extrínsecas a él». Sin embargo, todos los ayuntamientos de España cobran el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía, se haya producido o no un beneficio real en la venta, herencia o donación de una vivienda. Esto es así porque la fórmula que se usa para calcular este gravamen no se basa en la diferencia del precio de mercado entre el momento de la adquisición y de la transmisión, sino en el del valor catastral del inmueble. Y se da la circunstancia de que estos valores han experimentado una evolución opuesta a los de mercado desde que estalló la burbuja inmobiliaria: se han disparado, llegando a multiplicarse por cuatro en algunos municipios de la provincia.

Por otro lado, según nos dice la misma noticia, “que un impuesto ligado al mercado inmobiliario se haya disparado precisamente en los años en los que el ladrillo ha estado más parado puede resultar paradójico, pero así viene ocurriendo con las plusvalías, que se han convertido en un auténtico filón para las arcas de los ayuntamientos de la provincia. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU) generó en 2015 unos ingresos de 135,7 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia, frente a los 99,8 recaudados en 2014 o los 80,3 del año anterior. Hay dos factores que están detrás de esta considerable subida. De un lado, unos valores catastrales que han llegado a duplicarse como consecuencia de que la última revisión efectuada por la Dirección General del Catastro se acometió en pleno ‘boom’ del ladrillo. De otro, que los tipos de gravamen que se aplican a la base imponible en la mayoría de municipios rozan o incluso llegan al máximo legal, fijado en el 30%.

Los tribunales superiores de otras regiones ya han dictaminado la nulidad de este gravamen cuando no hay beneficio

La sentencia emitida por el juzgado malagueño recuerda que casi todos los tribunales superiores de justicia del país han declarado ya la nulidad de la plusvalía cuando no se produce una revalorización económica real de una vivienda. Concretamente se refiere a varias sentencias emitidas por los máximos órganos del poder judicial en Cataluña, Madrid, Valencia y La Rioja. «Si no ha existido, en términos económicos y reales, incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para configurar el tributo y éste no podrá exigirse, por más, por más que la aplicación de las reglas del artículo 107.2 de la Ley de Haciendas Locales siempre produzca la existencia de teóricos incrementos», cita la magistrada.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) todavía no se ha manifestado sobre este asunto pero tendrá que hacerlo próximamente, ya que hay recursos presentados por ciudadanos que han perdido reclamaciones en primera instancia que están llegando al máximo órgano del poder judicial en la región. El propio José María Caro está esperando la resolución de un caso por parte del TSJA cuyo demandante tuvo que pagar 40.000 euros en concepto de plusvalía pese a haber vendido su inmueble por menos dinero del que le costó”.

4.- Críticas.

Con todo lo que hemos comentado hasta este punto, la primera crítica que podemos sacar de este impuesto es su claro carácter de vulneración de los derechos fundamentales, libertades públicas y principios rectores de la política social y económica establecidos en nuestro texto constitucional. Esto por el hecho de que perjudica a los contribuyentes que venden o transmiten bienes, bien sea mediante el sistema de contratos, civiles o mercantiles, o bien mediante el sistema de sucesión y donación de bienes.

En segundo lugar, también hay que destacar el hecho de que, a raíz de las Sentencias del Tribunal Constitucional sobre casos en que se ha visto requerido para que emitiese un dictamen a raíz de un conflicto por este impuesto entre las entidades recaudadoras del mismo y los ciudadanos, este impuesto lo que hace, en realidad, paralizar la iniciativa de los particulares para que el mercado esté en pleno funcionamiento, por el miedo que este impuesto puede transmitir, debido a la cantidad que se deba pagar por este impuesto tras la transmisión del bien o la donación o la herencia.

En tercer lugar, también implica este impuesto la falta de libertad económica para poder iniciar actividades o contratos consistentes en la transmisión de bienes, y lo que supone la vulneración de los ciudadanos de poder entrar en el mercado para iniciar una actividad económica o para poder realizar contratos.

También implica que nuestros poderes públicos sólo piensan en acomodarse en sus sillones de los Ayuntamientos o Entidades Locales, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o en el Congreso nacional con el fin de seguir manteniendo sus escaños y poder seguir manteniendo los coches oficiales, sus “comilonas”, y todos sus beneficios fiscales, mientras que la clase media se ve sin posibilidad de ahorrar y de poder adquirir más poder adquisitivo.

5.- Opinión personal.

La conclusión que puede sacar un servidor a raíz de este estudio es la necesidad de que los poderes públicos dejen de imponer tantas cargas a los contribuyentes (que, en España, se corresponde con la clase media, pues los que no llegan al mínimo anual para tributar, actualmente establecido en 22000 euros, está claro que se les ha de eximir de contribuir, y luego la clase política siempre se las apaña para no tributar en España), y hacer que todos los grandes empresarios que tengan su sede social aquí, así como los políticos, tributen por todo lo que ganan en España, y no haría falta aumentar la cuantía a la clase media.

Todo esto este servidor, a raíz de este estudio, lo saca como conclusión por el hecho de que siempre la clase media se ve sin protección por los tribunales por el hecho de que este poder está muy influenciado por los políticos para que no les hagan traer sus bienes en el extranjero para tributar por ellos.

Y todo esto es debido a que no se ha sabido hacer una buena separación de poderes en España y por el hecho de que se permite al poder político influenciar en el poder judicial. Lo que se debería hacer es que la ciudadanía se levante para que se cambie todo esto y no echarse la culpa unos a  otros, pues da lo mismo ser político de izquierdas o de derechas, pues todos se llevan lo suyo.

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