Caso peregrina. Estudio práctico

Este caso ha sido uno de los más importantes en los últimos dos años. La principal línea de investigación ha sido llevada por los investigadores con sumo sigilo hasta que han reunido las pruebas suficientes para detener al culpable.

La iniciación del procedimiento tuvo lugar como consecuencia de la desaparición de una peregrina estadounidense en la ruta entre León y el siguiente punto del Camino de Santiago.

La competencia territorial de los hechos corresponde a la Audiencia Provincial de León el pasado mes de marzo. Hay que destacar aquí que, por la materia a juzgar, ha sido un caso en el que ha participado el Tribunal del Jurado. Este polémico caso ha destacado por el modus operandi de la policía en la recopilación de pruebas y en la búsqueda de indicios para llevar a cabo la acusación del principal sospechoso. En este punto hay que destacar la colaboración entre la policía y la Unidad Militar de Emergencias en esa recopilación de pruebas e indicios del delito.

Esta competencia ha de determinarse conforme a lo previsto en los artículos 8 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En primer lugar, el artículo 8 establece que “La jurisdicción criminal es siempre improrrogable”[1]. Los artículos siguientes establecen normas para la determinación de jueces y tribunales para determinados tipos de enjuiciamiento de los delitos más graves.

También hay que destacar, por otra noticia del periódico El País, “en una historia en la que se cruzan cartas entre la Casa Blanca y la Moncloa, que llegó a formar parte de la agenda de una visita del secretario de Estado de Obama, John Kerry, a España —finalmente, no se produjo al lesionarse el alto cargo americano— incluso detalles tan nimios —pero no menos importantes— como una uña podría ser clave en el veredicto del jurado”.

Hay que destacar que, al ser un juicio ante el Tribunal del Jurado, éste habrá de regirse por lo establecido en la Ley del Jurado. Este procedimiento se rige por la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo. Esta Ley, en su artículo primero se establece que

“1. El Tribunal del Jurado, como institución para la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, tendrá competencia para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo por esta u otra Ley respecto de los contenidos en las siguientes rúbricas:

  1. a) Delitos contra las personas.
  2. b) Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.
  3. c) Delitos contra el honor.
  4. d) Delitos contra la libertad y la seguridad.
  5. e)
  6. Dentro del ámbito de enjuiciamiento previsto en el apartado anterior, el Tribunal del Jurado será competente para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos tipificados en los siguientes preceptos del Código Penal:
  7. a) Del homicidio (artículos 138 a 140).
  8. b) De las amenazas (artículo 169.1º).
  9. c) De la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196).
  10. d) Del allanamiento de morada (artículos 202 y 204).
  11. e) De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415). Letra e) del número 2 del artículo 1 renombrada por la disposición final tercera de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo). Anterior letra f).
  12. f) Del cohecho (artículos 419 a 426).
  13. g) Del tráfico de influencias (artículos 428 a 430).
  14. h) De la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434).
  15. i) De los fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438).
  16. j) De las negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440).
  17. El juicio del Jurado se celebrará sólo en el ámbito de la Audiencia Provincial y, en su caso, de los Tribunales que correspondan por razón del aforamiento del acusado. En todo caso quedan excluidos de la competencia del Jurado, los delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional”.

En cuanto a la iniciación del procedimiento, cabe también destacar la necesidad de la formación del sumario, cuya realización hay que llevarla a cabo conforme a lo previsto en los artículos 259 y siguientes, y que regulan la formación del sumario conforme la investigación se haga mediante querella o denuncia.

También hay que destacar la necesidad, tras la denuncia de la desaparición de la peregrina, de llevar a cabo los actos de instrucción. Esta institución hay que llevarla a cabo conforme a lo previsto en los artículos 299 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estos artículos

Como principales actos de investigación en este procedimiento han sido la inspección ocular de la policía en el lugar de los hechos, así como la intención de la declaración del imputado en el mes de marzo ante el juez de la Audiencia Provincial de León, la declaración de vecinos de la zona, como también de otras peregrinas a las que había intentado engañar también para que fueran por esa ruta, la prueba de ADN para la identificación de Denise, así como de la identificación de otros cadáveres que aparecieron en la zona en que se encontró a Denise, así como la búsqueda de indicios. Por último, hay que destacar una búsqueda por los servicios de investigación desde el aire.

El primero de estos actos, el de la inspección ocular y del lugar de los hechos por la policía se produjo como consecuencia de la denuncia de la desaparición de algunos otros peregrinos por la actitud de uno de los vecinos que les quería desviar de la ruta marcada por las autoridades para el buen seguimiento del Camino de Santiago. La inspección ocular se encuentra regulada en los artículos 326 a 333 de la LECrim. La finalidad principal de estos artículos es la determinación de los pasos a seguir en la inspección ocular.

La inspección ocular se puede definir como “un medio de prueba utilizado en el proceso penal, llamado así pues fundamentalmente se utiliza el sentido de la vista, aunque no se descarta el uso del resto de los sentidos.

Consiste en observar con el fin de examinar, ciertos hechos materiales que permitan comprobar, el modo en que se configuró el hecho delictivo o su efectiva ocurrencia. Se realiza por el instructor policial, por el juez o por peritos especialmente designados para ello. Es frecuente que sea hecha por el instructor policial pues en general se efectúa en las etapas preliminares del proceso, en la etapa sumarial, para que no se pierdan elementos que puedan comprobar el hecho materia del proceso, utilizando para ello auxiliares técnicos, como fotógrafos, peritos en balística, médicos legistas, etcétera”[2].

Por otro lado, en cuanto a la declaración del investigado, hay que estar a lo previsto en los artículos 385 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hay que destacar que, como informaba el periódico El País en su versión de internet, en este juicio se negaba a declarar.

La noticia establecía que, “con una simple frase, Miguel Ángel Muñoz ha acabado con todas las expectativas que rodeaban la segunda sesión del juicio oral que se celebra por el asesinato de la peregrina Denise Pikka Thiem. “No voy a declarar ni voy a contestar ninguna pregunta, ni de la acusación ni de mi abogado”, ha afirmado este martes el procesado, de 41 años, después de sentarse en el banquillo pasadas las doce y media de la tarde para afrontar los cargos del asesinato de la estadounidense y robo con violencia. Dos delitos por los que la fiscalía y la acusación particular piden una pena de hasta 25 años de cárcel.

Esta decisión de Muñoz implica un cambio de estrategia de la defensa, que adelantó que el supuesto asesino contestaría a su abogado, Vicente Prieto; pero también a la fiscal y al letrado de la familia de la víctima. “Pero este martes no estaba en condiciones psicológicas de declarar. Ni de afrontar un interrogatorio de dos horas. No sé qué hubiera pasado de haberlo hecho”, ha justificado Prieto, que ha denunciado que el acusado ha “sufrido” cómo asaltaban y quemaban su vivienda en las últimas semanas. “Y este lunes le sacaron a las siete de la mañana de la cárcel para traerle al juicio y le devolvieron a las cuatro de la tarde, sin comer ni darle un café. Y eso le ha afectado más”, ha remachado el abogado.

Tras la negativa del acusado a declarar, la vista ha quedado suspendida y se reanudará el miércoles con la declaración de varios policías que participaron en las investigaciones. Serán las primeras comparecencias que escuchen los componentes del jurado —ocho mujeres y un hombre—, a quienes se presentaron las partes este martes. “Muñoz les va a mentir, porque ya ha mentido antes”, les ha advertido la fiscalía. “Este caso es un asesinato porque existe alevosía. Denise era una mujer menuda, de 1,55 metros, extranjera y en un paraje desconocido. Y sufrió un ataque brutal y sorpresivo”, ha descrito la representante del ministerio público, antes de concluir: “Se encontró el cuerpo de la víctima por las indicaciones que dio el acusado”.

En esa idea también ha insistido el abogado de la familia de la víctima, que presentó al presunto asesino como un personaje “miserable”, “vil” y “despiadado”. “Ustedes tienen anti sí a Miguel Ángel Muñoz, el asesino confeso de Denise”, ha subrayado, antes de destacar cómo el procesado “le cortó las manos porque le había tocado y tenía miedo de que en ellas aparecieran huellas, restos o ADN de él”. “Espontáneamente nos contó cómo la mató y con todo tipo de detalles”, apuntó reiteradamente el letrado”[3].

Por otro lado, en cuanto a la declaración de testigos, la principal fue la de muchos otros peregrinos que informaron a la policía, tras conocer todos los hechos, que el sujeto también les había intentado desviar por esa ruta diciéndoles que el camino continuaba por ahí o diciéndoles que había un importante centro de interés en el camino en esa ruta. Para ello, hay que estar a lo establecido en los artículos 410 y siguientes de la LECrim.

Por otro lado, la prueba de ADN se ha llevado a cabo para la identificación de la peregrina Denise. Hay que decir aquí que su regulación es muy escasa, pero a la vez hay que destacar su importancia a la hora de identificar a las víctimas de delitos como homicidio o asesinato, y para la identificación del asesino también, por todo el ADN que haya quedado en el lugar del crimen.

Como es lógico, se han tenido que imponer al sospechoso tras su detención una serie de medidas personales para evitar su desaparición y escape.

La sentencia final ha sido, tras recabar todas las pruebas, así como la práctica del interrogatorio del principal sospechoso del crimen, de una condena final a 23 años de prisión para el investigado. La condena ha sido de esta magnitud por el hecho de que se le impone al investigado la pena de 20 años de prisión por el asesinato y de otros tres años de prisión por el robo de las pertenencias de la víctima. También ha sido tan abrumadora la sentencia por el hecho de que el propio asesino había cambiado radicalmente su aspecto para no ser reconocido.

Cabe recurso en este caso contra la sentencia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

[1] http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.l1t2.html#a8

[2] http://derecho.laguia2000.com/derecho-procesal/inspeccion-ocular

[3] http://politica.elpais.com/politica/2017/03/14/actualidad/1489493418_576299.html

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