El estatuto de la víctima del delito

1.- Introducción.

En primer lugar, hay que decir que el Estatuto de la Víctima del Delito surge como un proyecto de la Unión Europea, para defender a todas las víctimas de delitos cometidos, o no, pero sobre todo los cometidos, en el territorio de la Unión Europea.

En este estudio se va a analizar, por tanto, lo que ha pretendido mejorar este estatuto de la víctima es evitarla largas esperas en los pasillos, que lo que han hecho siempre es agobiarla más por tener que declarar ante el antiguo imputado, hoy investigado, para luego no tener ni siquiera en cuenta su opinión, y provocando una cierta situación de desigualdad y de desamparo de la víctima del delito.

Hay que tener en cuenta que, a pesar de que el estatuto da una enorme protección a la víctima del delito, como dice la página de la Abogacía española, “hay que prepararse para los perjuicios que esta Ley puede acarrear, pues a la víctima se le concede el derecho a participar en la ejecución de las penas impuestas por sentencia, y esto pudiera enfrentar sus derechos con el fin primordial de reeducación y reinserción social de los penados, tal y como establecen la Ley General Penitenciaria y su Reglamento.

Así, según el art. 13 de la Ley 4/15, en periodo de ejecución se concede a las víctimas el derecho a recurrir ciertas resoluciones aun cuando no se hayan mostrado parte en la causa. Por ejemplo, ni más ni menos que el auto por el que el juez de Vigilancia Penitenciaria autorice la clasificación del penado en tercer grado antes de que se extinga la mitad de la condena, cuando la víctima fuera de algún delito de homicidio, lesiones, robo con violencia o intimidación, aborto del art. 144, contra la libertad, tortura y contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexual, terrorismo o trata de seres humanos.

O el auto por el que el juez de Vigilancia acuerde, conforme al 78.3 del Código Penal, que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional, se refieran al límite de cumplimiento de condena y no a la suma de las penas impuestas, cuando la víctima lo fuera de alguno de los delitos antes mencionados o de un delito cometido en el seno de un grupo u organización criminal.

Y también da derecho a recurrir el auto por el que se concede al penado la libertad condicional, cuando se trate de alguno de los delitos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 36.2 del CP (penas superiores a cinco años de prisión por delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo, los cometidos en el seno de una organización o grupo criminal, delitos del antiguo 183 del CP referente a contactos telemáticos para atentar contra la libertad sexual de menores de trece años, y los relativos a prostitución y corrupción de menores cuando la víctima sea menor de trece años”[1].

La conclusión que se puede sacar de estas líneas es el hecho de que, aunque a la víctima se la concede una protección bastante amplia, ello no implica que el acusado o investigado, como se le llama ahora al antiguo imputado en el delito, no tenga derecho a la defensa, ni que no tenga derecho a la defensa, sino que incluso se le siguen manteniendo los mismos derechos.

2.- El por qué elaborar este estatuto.

Como bien nos indica el Consejo de la Abogacía Española en su página web, “esta Ley era necesaria dado el gran olvido en que nuestra legislación estaba dejando a las víctimas de la mayoría de los delitos, que no se tenían en cuenta en ningún momento del procedimiento.

Cuántas veces en los procedimientos penales cotidianos la víctima, tras esperar largas horas en los pasillos de los juzgados para ser llamada a juicio como testigo, ni siquiera entraba en sala, al haber llegado el Ministerio Fiscal y el imputado – hoy investigado-  a una conformidad, desconociendo la víctima la condena impuesta a su agresor o autor del hecho”.

También nos sigue diciendo esta página web que “el Estatuto va a pasar a considerar víctima a toda persona que sufra cualquier perjuicio físico, moral o económico como consecuencia del delito, y víctima indirecta al cónyuge o persona vinculada a aquélla por una análoga relación de afectividad, sus hijos, progenitores, parientes directos… , concediéndoles una serie de derechos necesarios e imprescindibles de los que hasta ahora carecía legalmente y dándoles un papel relevante, no sólo en el procedimiento, sino que se tiene en cuenta y se valora el gran sufrimiento moral que acarrean en todo hecho delictivo, reconociendo su dignidad”.

Por tanto, como se puede comprobar, sí que se ha dado una mayor protección a la víctima del delito, pero no se refiere sólo a la persona que ha sufrido directamente el perjuicio, como se podría pensar en un inicio, sino que lo amplía a todas las personas que tienen una relación especial con esta persona que ha sufrido el mal.

En este punto hay que destacar que “esta ley y, su real decreto, constituyen un notable avance normativo en el reconocimiento de derechos, tratamiento y protección penal para las víctimas de cualquier delito, de todos los delitos y, por tanto, también de la inclusión novedosa de aquellas otras víctimas susceptibles de sufrir delitos de odio, definidos como hechos ilícitos cometidos contra personas y/o contra la propiedad, por su pertenencia a una determinada religión, etnia, origen, sexo, enfermedad u orientación sexual”[2].

También hay que destacar el hecho de que con este estatuto no basta para proteger a la víctima, sino que se necesita por parte de toda la sociedad para hacer efectivos esos derechos, pues hay que recordar en este punto que la víctima, por miedo a represalias, el cual hace que la propia persona que ha sufrido el mal no se atreva a denunciar el hecho del que ha sido objeto, a veces por miedo a ser objeto de las críticas de sus más allegados, no acaba interponiendo denuncia contra el mal constitutivo de delito.

Pero todo esto hay que recordar que no es un movimiento sólo español, sino que se trata de un movimiento europeo. Hay que destacar aquí que la cuestión del papel de las víctimas en los procedimientos penales a escala de la Unión Europea (UE), fue abordada ampliamente en la Decisión Marco del Consejo 2001/220/JAI, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal (DM)1, que significó una mejora sustancial para el reconocimiento de sus derechos, protección y asistencia en el Derecho comunitario2. Sin embargo, el tiempo transcurrido desde su aprobación y los avances conseguidos en la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia, así como la oportunidad de abordar nuevas cuestiones en el ámbito de los derechos de las víctimas, determinaron que la UE planteara la necesidad de revisar y ampliar su contenido, tomando en consideración las conclusiones de la Comisión sobre su puesta en práctica y aplicación en cada uno de los Estados miembros”.

También hay que destacar aquí que “para ciertos colectivos de víctimas con especial vulnerabilidad, se pretende otorgarles una protección especial en este texto mediante la transposición de otras dos Directivas recientes: la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, así como la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011 , relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas”[3].

3.- Novedades que ha introducido en el ordenamiento jurídico español.

La primera de estas novedades es la amplia modificación que ha llevado a cabo esta norma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hay que destacar el hecho de que lo que se pretende con esta norma es la mayor protección de la víctima del delito mediante una mejor determinación y protección de sus derechos.

Como se destaca en un artículo en la página jurídica de noticias jurídica, “el presente Estatuto, en línea con la normativa europea en la materia y con las demandas que plantea nuestra sociedad, pretende, partiendo del reconocimiento de la dignidad de las víctimas, la defensa de sus bienes materiales y morales y, con ello, los del conjunto de la sociedad.

Por ello aglutina en un único texto legislativo el catálogo de derechos de la víctima (el marco normativo garante existente hasta ahora incluye derechos exclusivamente procesales o se centran en algunos tipos muy concretos de víctimas de acuerdo con su normativa particular), de un lado transponiendo las Directivas de la Unión Europea en la materia (Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 , por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos),  y, de otro, recogiendo la particular demanda de la sociedad española.

El Estatuto de la Víctima del Delito tiene la vocación de ser el catálogo general de los derechos, procesales y extraprocesales, de todas las víctimas de delitos, no obstante, las remisiones a normativa especial en materia de víctimas con especiales necesidades o con especial vulnerabilidad.

Para ciertos colectivos de víctimas con especial vulnerabilidad, se pretende otorgarles una protección especial en este texto mediante la transposición de otras dos Directivas recientes: la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, así como la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011 , relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas”[4].

4.- Reticencias al mismo estatuto de la víctima.

Hay que destacar en este punto el hecho de que “la cuestión del papel de las víctimas en los procedimientos penales a escala de la Unión Europea (UE), fue abordada ampliamente en la Decisión Marco del Consejo 2001/220/JAI, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal (DM)1, que significó una mejora sustancial para el reconocimiento de sus derechos, protección y asistencia en el Derecho comunitario2. Sin embargo, el tiempo transcurrido desde su aprobación y los avances conseguidos en la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia, así como la oportunidad de abordar nuevas cuestiones en el ámbito de los derechos de las víctimas, determinaron que la UE planteara la necesidad de revisar y ampliar su contenido, tomando en consideración las conclusiones de la Comisión sobre su puesta en práctica y aplicación en cada uno de los Estados miembros”.

También hay que destacar que “el articulado de la ley, no es quizá el mejor, puesto que todavía aunque se habla de justicia restaurativa, a veces la confunde con la mediación, pero sin lugar a dudas, la exposición de motivos es clara en lo que respecta a nuestra labor de asesoramiento en el tema de justicia restaurativa, pues ha recogido nuestra reclamación, y así dice:  “Finalmente, se incluye una referencia a la posible actuación de los servicios de justicia restaurativa. En este punto, el Estatuto supera las referencias tradicionales a la mediación entre víctima e infractor y subraya la desigualdad moral que existe entre ambos. Por ello, la actuación de estos servicios se concibe orientada a la reparación material y moral de la víctima, y tiene como presupuesto el consentimiento libre e informado de la víctima y el previo reconocimiento de los hechos esenciales por parte del autor”.

Ahora toca que muchos se empiecen a dar cuenta que la Justicia Restaurativa no se acaba con la mediación, y que este estatuto no habla de Justicia Restaurativa solo para delitos más leves, al contrario, lo articula como un derecho más de las víctimas, sin especificar qué clase de víctimas”[5].

Entrando en las reticencias ya propiamente dichas, hay que destacar que no cabe entender “las reticencias de algún grupo parlamentario por el hecho de que se da la posibilidad a las víctimas de ser escuchadas, antes de la concesión de la libertad condicional de los infractores, también se la da una serie de derechos como el de ser escuchada e informada durante todo el proceso. ¿por qué se piensa que esto va a ser negativo y que las víctimas son muy punitivas? Claramente las víctimas tienen una serie de necesidades que no encuentran satisfacción al menos, hasta ahora no lo encontraban, en la Justicia tradicional penal, una de las más esenciales es ser escuchadas e informadas de la evolución de su caso, y por fin, esta norma va a hacerlas el centro de atención en consonancia con lo que establece la Justicia  Restaurativa, Puesto que esta Justicia Restaurativa habla de que surge por y para las víctimas y para atender sus necesidades de una forma más adecuada, nadie mejor que ellas para saber que necesitan”[6].

En este punto también hay que destacar que “las víctimas de cualquier tipo de delito tendrán próximamente el amparo de un Estatuto específico que garantice sus derechos. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presentado esta mañana a los representantes de los colectivos afectados el Estatuto de la Víctima del Delito, que nace con el objetivo de ser el catálogo general de los derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas de delitos, cuya principal novedad es que dispondrán de ellos tanto si están personadas en una causa penal como si no.

El proyecto, presentado hoy en el Palacio de Parcent junto al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, es un paraguas legal bajo el cual caben protocolos específicos para cada colectivo y que nace sin perjuicio del régimen particular que para las víctimas de terrorismo o las de violencia de género establezca su normativa especial.

La ley pretende ofrecer a las víctimas y a sus familiares desde los poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también social, a todos los problemas que se les puedan plantear con independencia de si están personados en un proceso judicial o no.

Para ello es fundamental ofrecer a la víctima directa, y también a la indirecta (los familiares en caso de fallecimiento o desaparición, entre los que por primera vez se incluirá a los hijos de su pareja si convivían con ella), las máximas facilidades para el ejercicio y tutela de sus derechos. Eso se conseguirá reduciendo los trámites innecesarios que supongan una segunda victimización (por ejemplo, eliminando declaraciones que puedan ser prescindibles y que puedan producirle algún trauma) y otorgándole información y orientación sobre los derechos y servicios que le corresponden.

Para hacer efectivas estas actuaciones, siempre orientadas a la persona, lo que exige una evaluación y un trato individualizado de toda víctima, es imprescindible la máxima colaboración entre las distintas Administraciones Públicas, el Poder Judicial, los colectivos de víctimas, los profesionales que las atienden y el conjunto de la sociedad a través de protocolos de actuación, como, por ejemplo, los firmados la semana pasada sobre Menores Extranjeros No Acompañados (MENAs) o el de Desplazamientos de víctimas de violencia de género y sus hijos entre casas de acogida. El proyecto de ley prevé que “toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención […] desde su primer contacto con la autoridad […], a lo largo de todo el proceso penal y por un periodo de tiempo adecuado después de su conclusión”. Por eso también se promoverán las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, tanto del Ministerio como de las Comunidades Autónomas, a las que tendrán que ser derivadas las víctimas que lo necesiten en función de la gravedad del delito o cuando lo soliciten.

El artículo 10 del proyecto de ley incluye también una importante novedad que consiste en que los hijos menores que se encuentran en un entorno de violencia de género o de violencia doméstica tendrán derecho a las mismas medidas de asistencia y protección que las víctimas de estos delitos.

El nuevo Estatuto atribuye una serie de derechos a las víctimas estén o no personadas en el proceso penal. Así, todas ellas tendrán derecho a que se les proporcione información en un lenguaje comprensible sobre cómo interponer una denuncia, los servicios asistenciales de los que dispone y cómo pueden acceder a medidas de protección y a asesoramiento legal, así como a la traducción de las resoluciones que se produzcan.

Se reconoce el derecho de la víctima a estar acompañada por la persona que designe y a ser informada sobre la causa abierta por el delito que sufrió, aunque no esté personada. Se le informará de cuándo se celebrará el juicio, se le notificarán las sentencias y los sobreseimientos, así como la adopción de medidas cautelares y de libertad del encausado y las resoluciones de las autoridades judiciales o penitenciarias que puedan poner en riesgo la seguridad de la víctima (permisos de salida, por ejemplo), siempre y cuando lo solicite previamente y exista una situación de peligro. En el caso de víctimas de violencia de género, estas serán informadas de la situación en la que se encuentre el encausado (puesta en libertad, fuga o medidas cautelares) incluso sin que lo hayan solicitado, salvo que manifiesten su voluntad expresa de no ser notificadas.

En los casos de grandes catástrofes, los abogados y procuradores no podrán dirigirse a las víctimas para ofrecerles sus servicios profesionales hasta que no haya transcurrido un mes desde el suceso. Esta prohibición quedará sin efecto en el caso de que la prestación de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la víctima”.

5.- La normativa europea sobre el Estatuto de la víctima del delito.

La primera norma europea es la Decisión Marco del año 2001, cuyo objetivo era reconocer un ámbito de protección a las víctimas del delito, según se desprende de sus considerandos, según los cuales:

“(1) De acuerdo con el plan de acción del Consejo y de la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Ámsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, y en particular con el punto 19 y la letra c) del punto 51 del mismo, en un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del Tratado se debe abordar la cuestión del apoyo a las víctimas mediante un estudio comparativo de los sistemas de compensación para las víctimas y evaluar la viabilidad de una actuación a escala de la Unión Europea.

(2) El 14 de julio de 1999, la Comisión presentó al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social una comunicación titulada “Víctimas de delitos en la Unión Europea – Normas y medidas”. El Parlamento Europeo aprobó el 15 de junio de 2000 una resolución relativa a la comunicación de la Comisión.

(3) Las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999, en particular su punto 32, establecen que deberán elaborarse normas mínimas sobre la protección de las víctimas de los delitos, en particular sobre su acceso a la justicia y su derecho a ser indemnizadas por los daños sufridos, también por lo que respecta a los gastos judiciales. Además, deberán crearse programas nacionales para financiar medidas, tanto públicas como no gubernamentales, de asistencia y protección de las víctimas.

(4) Conviene que los Estados miembros aproximen sus disposiciones legales y reglamentarias en la medida necesaria para realizar el objetivo de ofrecer a las víctimas de delitos un elevado nivel de protección, con independencia del Estado miembro en que se encuentren.

(5) Es importante concebir y tratar las necesidades de la víctima de forma integrada y articulada, evitando soluciones parciales o incoherentes que puedan acarrear una victimación secundaria.

(6) Por esta razón, las disposiciones de la presente Decisión marco no se limitan a atender a los intereses de la víctima en el marco del procedimiento penal en sentido estricto. Engloban asimismo algunas medidas de asistencia a las víctimas, antes o después del proceso penal, encaminadas a paliar los efectos del delito.

(7) Las medidas de ayuda a las víctimas de delitos, y en particular las disposiciones en materia de indemnización y de mediación, no afectan a las soluciones que son propias del proceso civil.

(8) Es necesario armonizar las normas y prácticas en lo que respecta al estatuto y a los principales derechos de la víctima, prestando especial atención al respeto de su dignidad, a su derecho a declarar y ser informada, a comprender y ser comprendida, a ser protegida en las diversas fases de las actuaciones y a que se tenga en cuenta la desventaja de residir en un Estado miembro distinto del de la comisión del delito.

(9) Las disposiciones de la presente Decisión marco, sin embargo, no obligan a los Estados miembros a garantizar a las víctimas un trato equivalente al de las partes en el proceso.

(10) Es importante la intervención de servicios especializados y organizaciones de apoyo a la víctima antes, durante y después del proceso penal.

(11) Es necesario que las personas que están en contacto con la víctima reciban una formación adecuada y suficiente, algo fundamental tanto para la víctima como para la realización de los objetivos del proceso.

(12) Conviene utilizar las redes de puntos de contacto existentes en los Estados miembros, ya sea dentro del sistema judicial, ya en el sector de las organizaciones de apoyo a la víctima”.

La segunda norma a considerar aquí es la Directiva 2012/29/UE, que lo que persigue es

  • “Denominada «Directiva sobre las víctimas», refuerza las medidas nacionales existentes con normas mínimas para toda la UE sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos en todos los países de la UE.
  • Las víctimas deben tener derecho a:
    • entender y ser entendidas durante el contacto con una autoridad (por ejemplo, en un lenguaje claro y sencillo);
    • recibir información desde el primer contacto con una autoridad;
    • presentar una denuncia formal y recibir una declaración por escrito de la misma;
    • traducción e interpretación (al menos durante las entrevistas o las tomas de declaración de la víctima);
    • recibir información sobre el progreso del caso;
    • tener acceso a servicios de apoyo a las víctimas”[7].

Gracias a estas dos normas, lo que se ha hecho es otorgar la misma protección a  la víctima del delito en todos los países de la Unión Europea.

[1] http://www.abogacia.es/2015/12/03/incertidumbres-sobre-el-estatuto-de-la-victima-del-delito/

[2] http://www.accem.es/es/los-derechos-reconocidos-por-el-estatuto-de-la-victima-del-delito-a2167

[3] http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10118-contenido-y-novedades-de-la-ley-4-2015-de-27-de-abril-del-estatuto-de-la-victima-del-delito/

[4] http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10118-contenido-y-novedades-de-la-ley-4-2015-de-27-de-abril-del-estatuto-de-la-victima-del-delito/

[5] http://blogdelajusticiarestaurativa.blogspot.com.es/2015/04/aprobado-por-fin-el-estatuto-de-la.html

[6] http://blogdelajusticiarestaurativa.blogspot.com.es/2015/04/aprobado-por-fin-el-estatuto-de-la.html

[7] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:jl0027&from=ES

Anuncios

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s