El impuesto de sucesiones

En primer lugar, hay que destacar el carácter polémico de este impuesto en la economía y sociedad española en los últimos meses, e, incluso, en los últimos años. Las críticas han caído sobre todo por las circunstancias de este impuesto, por el hecho de querer heredar, incluso de los padres, y no digamos ya de otras familiares más lejanos, determinados bienes.

Algunas de las críticas más duras que ha recibido este impuesto es la enorme cantidad a pagar por la herencia y las donaciones que se recibe de padres, abuelos, tíos, etcétera. Hay que destacar que cuanto más recibes, más hay que pagar, teniendo en cuenta que esos bienes ya han sido pagados por las personas de las que se reciben los bienes, bien mediante el impuesto sobre la renta de las personas físicas, bien por el impuesto de matrimonio.

De esto se puede sacar la conclusión de por qué se ha de pagar por unos bienes que nuestros antepasados ya han estado pagando mientras estaban adquiriendo el bien (sobre todo en el caso de comprar una casa, un coche, etc.).

Como destaca el periódico cinco días, “el impuesto sobre sucesiones y donaciones es un tributo relativamente menor por recaudación, pero se ha convertido en la figura fiscal más controvertida. Existe una plataforma que propugna su supresión llamada Stop Impuesto de Sucesiones, en los últimos meses se han celebrado en Andalucía y Asturias manifestaciones con miles de personas clamando por su derogación y programas de televisión de máxima audiencia han dedicado horas de emisión mostrando los casos de familias que aseguran que el gravamen les ha arruinado la vida.

La percepción de que el impuesto sobre sucesiones supone una doble imposición –pagas por bienes por los que tus padres ya tributaron– es uno de los factores que contribuye a su mala fama. Los partidarios de su derogación defienden que el impuesto está generando un alud de cambios de domicilio de comunidades autónomas que aplican el impuesto hacia otras que lo tienen bonificado. También argumentan que se trata de un impuesto anacrónico, que se bate en retirada en la mayoría de países y que está detrás del incremento exponencial de las renuncias de herencias”[1].

Siguiendo un artículo de la página jurídica de Noticias jurídicas, “el Derecho originario de la Unión Europea reconoce como una de las cuatro libertades fundamentales la libertad de circulación de capitales. El art. 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prohíbe expresamente las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países. También prevé en su art. 65 que los Estados miembros puedan diferenciar en base a la residencia (ap. 1º lit. a) y adoptar medidas necesarias para impedir infracciones del Derecho tributario (ap. 1º lit. b), sin que estas medidas o procedimientos constituyan un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta a la libre circulación de capitales (ap. 3º).

A falta de una definición de la libertad de circulación de capitales y de acuerdo con la nomenclatura del anexo I de la Directiva 88/361/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1988, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que las herencias y los legados, así como las donaciones, constituyen movimientos de capitales de carácter personal (anexo I, XI. D y B). A partir de este presupuesto, el Tribunal se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la compatibilidad de leyes de Estados miembros en relación al impuesto sobre sucesiones y donaciones con la libertad de circulación de capitales. En términos generales, ha constatado una vulneración de esta libertad fundamental cuando un Estado miembro dispensa un trato fiscal diferente a los sujetos pasivos en base al criterio de su residencia. Concretamente, ha detectado infracciones a la libre circulación de capitales en los casos en que las leyes de un Estado miembro conceden beneficios fiscales más favorables a los residentes que a los no residentes, de tal suerte que el caudal heredado o donado se disminuye en mayor grado cuando el contribuyente no reside habitualmente en este Estado miembro”[2].

Una de las conclusiones que se puede sacar de esta introducción es el hecho de que, como consecuencia de las necesidades que tiene el Estado de recaudar por las herencias, se prohíba la libre circulación de capitales, no ya sólo dentro de la Unión Europea, sino hacia terceros países es un trato desigual, y que vulnera la libre circulación de capitales que permite el Tratado de la Unión Europea.

También se ha de criticar el afán recaudatorio de las autoridades, no ya sólo españolas, que también, sino también europeas, sobre todo para mantener este impuesto en el ámbito de la Unión Europea y así mantenerse en el poder.

Siguiendo también al periódico El Español, en una noticia de 25 de julio de 2016, “el Impuesto de Sucesiones, que grava las herencias de bienes y derechos entre personas, se está cubriendo de polémica. Si este tributo ya es discriminatorio en España en función de la región en la que se vive, la última sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que ha amparado que las parejas homosexuales no pudieran acceder a determinadas reducciones en el impuesto al no poder casarse antes de que aprobase la ley en 2005, ha vuelto a poner en la escena pública el debate sobre la necesidad de reformar un gravamen que genera controversias en muchos sectores de la sociedad.

La decisión del Tribunal Constitucional de no admitir a trámite este asunto se basa en asegurar que ya lo resolvió cuando avaló la Ley General de la Seguridad Social, que privaba de pensión de viudedad a las parejas del mismo sexo en esta misma situación. Es decir, las parejas homosexuales no podían casarse cuando aún no existía la Ley del matrimonio homosexual y, sin embargo, disfrutaban de determinados beneficios como “cónyuges”.

Por este motivo, los demandantes reclaman que se ha vulnerado su derecho a la igualdad. Para el experto en fiscalidad Rafael García Millán, del despacho Cremades-Calvo Sotelo, “se trata de un asunto complicado” entendiendo que “antes de que se apruebe una ley no puede pedirse su cumplimiento”, explica, en referencia al principio de seguridad jurídica.

Del mismo modo, en 2014, el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) aseguró que el Impuesto de Sucesiones violaba la legislación comunitaria al establecer una diferencia de trato fiscal entre los residentes y los no residentes. Según el Alto Tribunal, esta distinción vulnera el derecho a la libre circulación de capitales en la Unión Europea (UE). De ese modo, los no residentes estaban gravados por el tipo estatal, que discurre entre el 7,5% y el 34%, 30 puntos superior que en el caso de algunas comunidades”.

Siguiendo un poco más esta noticia, esta dice unas líneas más abajo que “en una radiografía general, los territorios donde de media menos impuestos se pagan por recibir una herencia son Madrid, La Rioja, País Vasco y Navarra. En el otro extremo, Andalucía, Asturias y Cataluña son las comunidades donde los tipos medios y altos del gravamen sobre las herencias son más elevados.

Paradójicamente, el tipo no siempre se corresponde con la cantidad de ingresos ya que también inciden otras características como el número de habitantes. García Millán señala que las regiones incrementan la recaudación mediante dos vías, una a través del aumento de los tipos y otra haciendo todo lo contrario, es decir, “incentivando la residencia”. Esta circunstancia queda demostrada en base a los datos de la Agencia Tributaria, y es que la Comunidad de Madrid, región con los tipos medios más bajos, es la que más fondos ingresa por este impuesto, seguida de Andalucía que, curiosamente, es la que presenta los niveles más agresivos. Por contra, la Comunidad Autónoma que menos recauda es La Rioja, seguida de Murcia y Canarias”.

Este hecho de que el tipo impositivo sea diferente en las distintas Comunidades Autónomas es también criticable, pues no se puede concebir que un impuesto de base nacional para todo el territorio tenga una tasa de recaudación distinta en cada una de sus regiones, además del hecho de que no se puede pagar tales ingentes cantidades por una cosa que ya se ha pagado cuando se adquirió.

[1] https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/04/10/midinero/1491839644_175322.html

[2] http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/10714-espana-y-su-asignatura-pendiente-en-el-impuesto-sobre-sucesiones-y-donaciones/#_Toc436658844

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