La mala utilización del lenguaje, en especial el jurídico, por los periodistas

Actualmente, en cualquier medio informativo, cuando los periodistas informan sobre los diversos hechos acaecidos sobre noticias de última hora,  en cualquiera de los medios de comunicación, cometen un largo número de errores garrafales a la hora de informar.

No se está hablando de un ámbito concreto, sino de todos en general, pero en este artículo se quiere dejar constancia de la mala forma de redactar de los periodistas en el ámbito jurídico.

La verdad es que a este servidor, cada vez que lee un artículo en algún periódico, revista o lo escucha en radio, televisión, o cualquier otro artículo en un medio de comunicación, le sube la tensión, sobre todo por el hecho de que, en vez de poner el término jurídico exacto de la figura sobre la que se está hablando en el artículo y luego exponer en qué consiste, lo que hacen los periodistas es utilizar términos sinónimos que no describen bien en qué consiste la figura.

Como se destaca en la página web unir,

“Los juristas somos vendedores de palabras.

Al escribir o al hablar no buscamos la belleza literaria.

No aspiramos a ser oradores ni escritores brillantes”

(Joaquín Garrigues Díaz-Cañabate)

A la inversa, tampoco sería extraño que hayas oído a algún periodista quejarse por lo complicado que resulta elaborar una información comprensible para el público, a partir de un informe de un órgano jurídico o, sin ir más lejos, de una sentencia sobre algún asunto de actualidad.

Parecen mundos opuestos, y sin embargo están -o deberían estar- condenados a entenderse. Si queremos acercar el universo del Derecho a la ciudadanía, y si queremos que el lenguaje jurídico resulte más accesible, los medios de comunicación deben desempeñar un papel fundamental.

Así lo entendió la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, que en su informe de 2011 dedica un apartado específico a este aspecto. El documento comienza señalando que el derecho a comprender “se extiende más allá de las personas directamente implicadas en el litigio concreto para incluir también al público en general, legítimamente interesado en conocer y entender lo que sucede en el ámbito jurídico”. Una aspiración que alcanzarán, ¿por dónde si no?, a través de los medios de comunicación.

Profundizando en esa afirmación, el informe lanza las siguientes consideraciones:

  1. La opinión que los ciudadanos se forman sobre el funcionamiento de la Justicia depende en gran medida de lo que perciban de ella a través de los medios de comunicación.
  2. Por ello, si los profesionales de la comunicación emplean el lenguaje jurídico de manera “errónea, oscura o imprecisa”, el público se llevará una idea igualmente equivocada, o no ajustada a la realidad, sobre el poder judicial.
  3. En consecuencia, es preciso que los periodistas ejerzan como una especie de traductores o intérpretes, que sepan adaptar el lenguaje propio del ámbito jurídico al contexto periodístico. Deben tener en cuenta, sobre todo, que se trata de un mensaje cuyo receptor es muy diferente. Es el público en general, con un nivel de conocimientos y de interés por la materia muy variable.

Una matización muy interesante que introduce el informe es que los periodistas deben primar la “exigencia de claridad” por encima de la de “rigor técnico” y sacrificar éste si es preciso en aras de un lenguaje más comprensible.

  1. Llegados a este punto, el informe entra en recomendaciones que mezclan lo puramente lingüístico con aspectos deontológicos. Hace una llamada contra el sensacionalismo y aboga por una mayor cautela en procesos penales de interés público. El objetivo máximo: que no se vea afectada la presunción de inocencia.
  2. Para alcanzar todas estas metas, la comisión recomienda que la formación continua del periodista incluya cursos de especialización en el lenguaje jurídico, sobre todo para aquellos profesionales que cubren habitualmente las noticias de esa sección.
  3. Por último, la Comisión destaca la importancia la labor de los gabinetes de prensa de los órganos judiciales, que sirven para acercar a los profesionales del Derecho y a los medios de comunicación. Por eso recomienda fortalecerlos.

En definitiva, una serie de recomendaciones muy concretas con una premisa básica: lograr un lenguaje jurídico claro no solo es responsabilidad de quienes desempeñan su labor en el ámbito judicial. Los medios de comunicación y los periodistas también tienen o que decir”.

Sobre todo se quiere con este artículo que los periodistas que se dedican a este tipo de escritos hagan que las personas que lean esos textos y que no sean expertos en Derecho indaguen sobre el contenido de esa figura, que impliquen a la gente a conocer más sobre el Derecho (en este caso que trata sobre artículos periodísticos-jurídicos, así como en otros ámbitos como el médico, etc., sobre esos temas) y así ayuden a que la gente tenga un mayor nivel cultural y mayor conocimiento del mundo que le rodea, pero con perspectiva, es decir, que conozcan los campos sobre los que leen, pero que cuando tengan que acudir a los profesionales que tratan de esos temas hagan caso sobre las decisiones que les digan de hacer, pues ellos son los expertos.

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