La organización territorial del Estado

1.- Introducción.

Ante el desafío independentista de Cataluña que tanto tiempo se lleva agraviando en España, pero más sobre todo en los últimos tiempos, se pretende en este ensayo llevar a cabo un estudio de cómo la norma suprema de nuestro territorio, la Constitución Española, ha previsto la distribución del territorio, así como las instituciones que han de regir las regiones que se formen, además de las competencias que la propia Constitución ha previsto para ellas.

En primer lugar, en cuanto a la organización del territorio español, se va a hacer un estudio de la legislación vigente, así como de la forma en que esta legislación ha previsto la organización del territorio, las instituciones que han de regir esas regiones, así como también la vía en que estas regiones han de darse los recursos necesarios para su sustento.

En segundo lugar, en cuanto a las instituciones que han de regir las diversas regiones españolas, así como las instituciones que tengan para controlar el gasto, o las instituciones para perseguir las posibles conductas que vayan en contra de los principios económicos, políticos e institucionales propios de esas instituciones, así como los medios que creen para llevar a cabo todas las competencias que asuman. Sobre todo, se hará referencia a las instituciones de Castilla y León, Comunidad a la que pertenece este servidor.

En tercer lugar, también se tratará de dar los argumentos jurídicos basados en los artículos a los que en este ensayo se va a hacer referencia. Así, se citarán sentencias, tanto del Tribunal Supremo, como del Tribunal Constitucional, sobre los artículos que hacen referencia a la organización territorial del Estado.

En cuarto lugar, también se hará una referencia a la conexión de estos artículos con la necesidad percibida de aplicar las leyes de seguridad ciudadana y de seguridad nacional por tratarse la separación que se quiere hacer por las autoridades catalanes de España.

Por último, se hará referencia al reparto de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas, acudiendo para ello al estudio de los artículos 148 y 149 del texto constitución, así como a algunos estatutos autonómicos. Por otro lado, se sacarán las conclusiones pertinentes a lo descrito en otros artículos.

2.- Organización del territorio español.

Para abordar este tema, en primer lugar, se ha de acudir al Título VIII de nuestra norma suprema, la Constitución española. Este Título VIII de la Constitución es el que ha permitido establecer las distintas Comunidades Autónomas tal como están distribuidas hoy y que tengan las instituciones que tienen. Por otro lado, también ha permitido establecer un total de 52 provincias, distribuidas entre todas esas Comunidades Autónomas.

Un punto muy importante aquí es que, en este proceso de formación de las Comunidades Autónomas, Segovia quiso formar por su propia cuenta. En este punto, hay que destacar que el recurso de inconstitucionalidad que se interpuso a la Ley Orgánica 5/1983, de uno de marzo, por la que se aprueba la incorporación de Segovia a la Comunidad Autónoma de Castilla y León (cuyo Estatuto de Autonomía se aprobó mediante Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero), cuando Segovia había pretendido constituirse en Comunidad Uniprovincial.

Debe adelantarse que la STC 100/1984, de 8 de noviembre, declaró la plena constitucionalidad de dicha Ley Orgánica.

Es preciso recordar que Segovia pertenecía al Ente Preautonómico creado a través del Real Decreto Ley 20/1978, de 13 de junio. Este Ente, en octubre de 1979, es el encargado de poner en marcha el proceso de iniciativa autonómica al amparo de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 1ª de la CE que preceptúa: “En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que el apartado 2 de artículo 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes.”

No obstante, en Segovia no llegan a obtenerse las mayorías municipales necesarias y posteriormente, en 1980, la propia Diputación Provincial de Segovia adopta acuerdo tendente a desmarcarse oficialmente del proceso autonómico, acordando igualmente no ejercer aún iniciativa de constitución de Comunidad Autónoma Uniprovincial.

En los Pactos Autonómicos de 1981 se acuerda integrar a Segovia en el proceso de configuración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Pero poco después, la Diputación Provincial de Segovia inicia el proceso para constituirse en Comunidad Autónoma Uniprovincial consiguiendo además los acuerdos municipales necesarios (que además representan el 56% de la población censada). No obstante, Cuéllar revoca el acuerdo inicial de adhesión a la Comunidad Autónoma uniprovincial. Esta situación altera el régimen de mayorías necesarias por cuanto, el quórum de mayorías municipales desaparece.

Con esta base, se puede afirmar que el proceso de determinación de la configuración territorial de España como Estado Federal supuso un gran problema, no ya sólo por la configuración territorial y qué provincias formarían parte de las distintas regiones que hoy componen España, sino también posteriormente por la asunción de competencias. El principal error en este punto de las competencias ha sido atribuir competencias tan importantes como Sanidad o Educación a las diferentes Comunidades Autónomas.

Sobre todo, el problema ha surgido aquí en algunas de las Comunidades que siempre han tendido a separarse de España y que tienen una segunda lengua oficial, como País Vasco y Cataluña, que siempre han estado en rebeldía. En contraposición a estas Comunidades Autónomas, otras Comunidades como Castilla y León y Madrid destacan por unos sistemas de Educación bastante excelentes.

Por otro lado, también se ha de destacar que en lo que en ningún momento entra ninguna de las partes es en “la existencia y justificación del interés nacional” que exige el artículo 144 por considerar que se trata de un concepto político.

Igualmente se arguye que dado que la iniciativa autonómica había fracasado era necesario el transcurso de 5 años para volver a intentarlo. A este respecto debo manifestar que no considero que la iniciativa hubiere fracasado en lo tocante a Castilla y León, es obvio que el proceso continuaba su normal trámite parlamentario. Creo que lo que sí fracasó fue la iniciativa de constituirse como Comunidad Autónoma Uniprovincial por cuanto la revocación del acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Cuéllar dio al traste con la posibilidad de continuar la tramitación de constitución de Comunidad Autónoma Uniprovincial al no contarse con las mayorías municipales necesarias. Por ello, considero que únicamente podría imponerse el cumplimiento del artículo 143.3 (transcurso de cinco años para poder volver a ejercitar esta iniciativa) a la Diputación Provincial de Segovia, en el supuesto de que no hubiera sido objeto de incorporación a Castilla y León por el artículo 144.c) CE.

Los Abogados del Estado señalan que esta prescripción de espera de cinco años para retomar el proceso de iniciativa autonómica no puede imponerse a las Cortes Generales y en idéntico sentido se manifiesta el Tribunal Constitucional al señalar que supondría un contrasentido supeditar los motivos de interés nacional al transcurso de un largo plazo cuyo término inicial depende de la esfera de decisión de los diversos entes a que se refiere el artículo 143.1 y 2 de la CE. En mi opinión, la clave la otorga el TC cuando afirma que “es necesario no confundir el derecho a la autonomía que la CE reconoce y garantiza a las nacionalidades y regiones con el derecho de cada provincia a la autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El derecho a la autonomía no implica que cualquier provincia tenga derecho a constituirse en Comunidad Autónoma uniprovincial pues han de ser las Cortes Generales las que verifiquen si en cada una de esas Provincias concurren los requisitos exigidos al respecto. Finalmente, el Estado de las Autonomías tiene unos límites que se derivan de que la autonomía no es sinónimo de soberanía, el principio de unidad de la nación prima por encima del resto configurándose como el frontispicio en el que deben enmarcarse el resto de normas promulgadas para la constitución del estado autonómico.

En este punto, hay que recordar que el artículo 143 de la Constitución ya establecía que el plazo para la constitución de las diferentes Comunidades Autónomas tenía un plazo de cinco años para su configuración.

En este punto también hay que destacar que nuestro ordenamiento jurídico configura al municipio como punto clave en la organización del territorio, y, a partir de aquí, se va hacia la formación de las diferentes provincias, como asociación de municipios, y, posteriormente, hacia la formación de las diferentes Comunidades Autónomas, que se pueden configurar como uniprovinciales (Navarra, La Rioja), o pluriprovinciales (Castilla y León, Comunidad Valenciana).

Anuncios

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s