La financiación de los partidos políticos I

1.- Introducción.

El objetivo principal de este artículo es la crítica de la financiación de los partidos políticos en España. Hay que destacar el hecho de que en España, desde la entrada en democracia, los partidos políticos viven más de ayudas económicas que reciben más como consecuencia de las disposiciones de ayudas económicas a asociaciones o agrupaciones de personas.

Hay que destacar que, en esta materia, la normativa fundamental en esta materia es la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de financiación de partidos políticos. Este artículo va a versar principalmente sobre esta materia.

En este punto, hay que destacar que, a pesar de la existencia de esta regulación básica, relacionada con la normativa de asociaciones y la existente en la regulación, esta forma de financiación debería desaparecer, debiendo financiarse estas asociaciones por las aportaciones de sus miembros. Esta va a ser la principal crítica de este trabajo.

También se estudiará otras formas de organización y financiación de partidos políticos en otros países europeos y las causas por las que se deba de equiparar nuestra forma prevista con la de esos países europeos.

La cadena ser ya destacaba en una noticia del 22 de marzo de 2017 que “en la España democrática, el primer caso de financiación ilegal de un partido político del que hay constancia nos remonta hasta la década de los ochenta. Sin embargo, aún hoy, décadas después, seguimos padeciendo esta lacra. Sin ir más lejos, PP y Convergencia, dos partidos con responsabilidades de gobierno, están acusados ahora mismo en los tribunales de haberse financiado ilegalmente. Pero, en todos estos años, ¿se han tomado medidas para impedir esa práctica? ¿Está nuestra democracia protegida hoy en día contra esta versión de la corrupción?

En 1987 se aprobó la primera ley de Financiación de Partidos Políticos.  Dicha norma admitía las donaciones anónimas pero estaban condicionadas a que no superaran los diez millones de pesetas anuales (60.000 euros de la actualidad) y a que el dinero no procediera de empresas que contrababan con la administración pública. Sin embargo, en la propia redacción de la ley estaba la trampa. Si las donaciones eran anónimas, ¿cómo era posible demostrar que no procedían de contratistas de la administración? En cuanto al límite de 60.000 euros por donación, con trocear unos ingresos que eran anónimos bastaba para saltar ese obstáculo”.

Pero la verdad es que los principios básicos de esta ley de financiación de los partidos políticos no se han tomado muy en serio, y el Tribunal de Cuentas, organismo básico de control de gasto de asociaciones políticas y de los organismos básicos que conforman el Estado español no ha realizado bien su trabajo.

2.- La Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos.

En primer lugar, la primera ley que se tuvo en España data de los años 80 del siglo XX. La actual es del año 2007. Hay que destacar que hay que relacionar esta ley con los delitos de vulneración de los preceptos de esta ley de financiación de partidos políticos.

El principal problema de financiación de los partidos políticos se produce en el ámbito de las campañas electorales. En este ámbito, han de presentar las cuentas de las campañas electorales al Tribunal de Cuentas. El principal problema es que se puede criticar que el Tribunal de Cuentas no ha estudiado en profundidad la contabilidad de los partidos políticos, pues los grandes partidos políticos siguen adquiriendo deuda por este sistema, sin devolver todo el dinero que han cobrado por esta vía.

En este punto, la página web cinio.es destaca que “la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos de 2007 establece todas las posibles aportaciones que puede recibir una formación y las divide entre recursos públicos y recursos privados. Los ingresos públicos, que tuvieron su momento álgido en 2011, año en el que superaron los 316 millones de euros, se han ido reduciendo hasta quedar en los 216,7 millones de 2013. Los privados, por el contrario, han ido creciendo desde 2007 (64,8 millones) hasta colocarse en los 70,4 millones de 2013. Un pequeño ascenso que no compensa la pérdida de ingresos públicos”[1].

Aquí hay que destacar que “de conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), están obligados a presentar al Tribunal de Cuentas la contabilidad electoral: Los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que hayan alcanzado los requisitos para la percepción de subvenciones estatales. Los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que hayan solicitado un adelanto con cargo a las subvenciones como consecuencia de haberlas obtenido en similar proceso electoral anterior”[2].

El documento del que se ha extraído este párrafo anterior también destaca que, en cuanto a los gastos electorales, “como consecuencia de la celebración de un único proceso electoral, para el cálculo del límite máximo de gastos electorales se aplicará lo contemplado en el artículo 131.1 de la LOREG, que dispone que ningún partido, federación, coalición o agrupación puede realizar gastos electorales que superen los límites establecidos en las disposiciones específicas establecidas en la propia Ley, que para las elecciones a Cortes Generales se contemplan en el artículo 175.2 de la LOREG.

De conformidad con lo previsto en dicho artículo y en el artículo 2 de la Orden HAP/2272/2015, de 30 de octubre, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones a Cortes Generales de 20 de diciembre de 2015, el límite de los gastos electorales para las elecciones a las Cortes Generales o a cualquiera de sus Cámaras será el que resulte de multiplicar por 0,37 euros el número de habitantes correspondientes a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partido, federación, coalición o agrupación.

A efectos de su comprobación, se computarán los gastos declarados por la formación política, siempre que se acomoden a los conceptos incluidos en la legislación electoral, con independencia de que el Tribunal de Cuentas los considere o no suficientemente justificados. Asimismo, se computarán aquellos gastos que no hayan sido declarados y que el Tribunal de Cuentas estime que corresponden a gastos electorales. No obstante, con independencia de su consideración a efectos de la observancia del límite de gastos, estos gastos no declarados no se incluirán dentro del importe de gastos electorales susceptibles de ser subvencionados.

Asimismo, se comprobará que el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral no supera, en número, al máximo de electores a nivel provincial, obtenido por la suma de los electores de las correspondientes circunscripciones en las que la formación política se haya presentado. En caso contrario, los gastos por el exceso de los envíos declarados sobre el número máximo de electores se considerarán no subvencionables por este concepto”[3].

3.- Crítica a este sistema de financiación.

La principal crítica que se puede hacer a este sistema de financiación es que, mientras a los particulares se les exigen muchos condicionantes para solicitar un crédito, entre otros la presentación de un elevado número de avales, y si no consiguen devolverlo, se les embargan los bienes, a los partidos políticos no se les dan los mismos requisitos, sino unos muchísimos mejores.

La verdad es que esto es criticable, pues, de conformidad a lo previsto en el artículo 14 de la Constitución española, todos los españoles son iguales ante la ley, hasta cierto punto, sin embargo, este mejor trato hacia los partidos políticos.

Esto está claro que viene de que nuestro sistema constitucional establece la igualdad para todos, no hay una igualdad efectiva, lo que supondría que los ciudadanos se levanten para exigir una mejor igualdad y que en materia de créditos y ayudas, se exija a todos por igual, además de que se tenga que devolver hasta el último céntimo.

[1] https://civio.es/el-boe-nuestro-de-cada-dia/2016/11/14/como-se-financian-los-partidos-politicos/

[2] Cabezuelo Valencia, David. Elecciones. Gastos de las formaciones políticas. Fiscalización.

[3] Ver número 2.

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