Derecho Público Europeo

1.- Introducción.

El objetivo primordial de este trabajo es el estudio del Derecho Público Europeo. Aquí hay que destacar que el Derecho Público Europeo está condicionado no sólo por la normativa interna de cada país (sobre todo por sus Constituciones internas), sino también por muchas directivas europeas, en ámbitos muy diversos como el de contratación pública, o de realización de los servicios públicos.

Como se destaca en un artículo de la página de la Abogacía española, “es frecuente pensar que el Derecho de la Unión Europea es un ámbito separado del Derecho nacional y que, al igual que ocurren el Derecho internacional, es un coto exclusivo de un reducido número de especialistas. Según este punto de vista la mayoría de los abogados rara vez entrar en contacto con el Derecho de la Unión Europea y menos aún se ven en la tesitura de tener que aplicarlo. Sin embargo, tras más de 10 años como abogado y miembro del equipo de expertos independientes del Servicio de asesoramiento a los ciudadanos de la Comisión Europea “Tu Europa – Asesoramiento” mi experiencia sugiero que estas ideas, aunque muy comunes, no siempre tienen fundamento.

El Derecho de la Unión Europea es parte integral del ordenamiento jurídico nacional y sus normas están presentes en casi todos los ámbitos del Derecho. No sólo es que buena parte de las normas que integran nuestro ordenamiento son una transposición de Directivas de la Unión Europea, sino que una gran mayoría de las disposiciones del ordenamiento de la Unión son directamente aplicables por los ciudadanos, la Administración y los órganos judiciales sin necesidad de medidas de transposición —ya sea por ser directamente aplicables, ya por tener efecto directo—. A día de hoy, pocas son las materias en las que el Derecho de la Unión no haya adoptado normas vinculantes para los Estados o los ciudadanos- De hecho, cada vez existe un mayor número de materias en las que el Derecho de la Unión ha realizado una armonización sustancial de las normas aplicables (e.g. en la protección de los usuarios y consumidores). Así, y en contra de lo que se podría pensar en un primer momento, los problemas de los ciudadanos y empresas muchas veces son “mixtos” y deben ser analizados tanto desde la perspectiva del Derecho nacional como desde de la perspectiva del Derecho de la Unión. Si se desconoce el Derecho de la Unión aplicable, el análisis del caso concreto resulta incompleto, incluso si no nos damos cuenta de ello.

Esto suscita una cuestión que es importante tener en consideración a la hora de valorar la importancia de la formación en este ámbito: es difícil aplicar las normas o los principios que no se conocen. Una de las virtudes del Derecho de la Unión Europea es que permite buscar soluciones nuevas en situaciones en las que las normas nacionales ofrecen escaso margen de maniobra. Piénsese, por ejemplo, en los numerosos procesos de ejecución de hipotecas que ha habido (y hay) en nuestro país. Ahora bien, frente a las escasas soluciones que ofrecen las normas nacionales, la célebre Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de marzo de 2013 en el Asunto C-415/11, Aziz, permite, sobre la base del Derecho de la Unión, poner en cuestión un procedimiento de ejecución por no poder formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de las cláusulas de la hipoteca.

Ahora bien, aunque el Derecho de la Unión Europea permite encontrar soluciones nuevas, también exige un esfuerzo continuado de formación en esta materia. Como no podía ser de otra forma, el Derecho de la Unión Europea aúna características de las diferentes tradiciones jurídicas de sus 28 Estados miembros. En particular, el papel que tiene la jurisprudencia en el Derecho de la Unión es más propio del Derecho anglosajón que de la tradición continental en la que se inscribe nuestro ordenamiento. Esto obliga a una continua labor de reciclaje y formación para estar al tanto de las novedades tanto legislativas como, sobre todo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Ahora bien, esto no es una pesada carga que deba sobrellevarse. Una de las peculiaridades del Derecho de la Unión es la calidad de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Sus Sentencias suelen reunir tres virtudes que me resultan encomiables: claridad, sencillez y una enorme capacidad didáctica. Esto no sólo facilita enormemente su aplicación sino que convierten su estudio en una experiencia enormemente enriquecedora. Esas virtudes, además, tienen además una importante consecuencia: la capacidad de persuasión del razonamiento del Tribunal de Justicia. He observado con frecuencia que nuestros jueces y tribunales son sensibles a los argumentos basados en el Derecho de la Unión si vienen respaldados por una Sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que ilustre el principio que intentamos defender. Una formación continua en este ámbito es la mejor garantía no sólo para una mejor defensa de los intereses de nuestros clientes, sino también para nuestro crecimiento y mejora como juristas”.

Es decir, en el ámbito de la Unión Europea, las normativas públicas se encuentran profundamente influidas por la normativa europea, sobre todo por directivas y reglamentos comunitarios.

2.- La estructuración del Derecho Público europeo.

En primer lugar, se ha de tener en cuenta la afirmación que se ha hecho con anterioridad de que el Derecho público de los países que forman la Unión Europea se encuentra influido por las normas comunitarias.

En este punto, hay que destacar que “antes de la traumática experiencia napoleónica, por derecho público europeo se entendía normalmente el conjunto de reglas, instituciones y valores referidos a los poderes públicos, comunes a los mayores ordenamientos europeos, es decir, la variante publicista del jus commune de origen medieval1. En este contexto, la expresión no tenía solamente un significado heurístico, sino también jurídico dado que, hasta la completa afirmación de la forma jurídica del Estado, la permeabilidad de los diferentes ordenamientos jurídicos permitía a los jueces nacionales decidir subsidiariamente respecto de su propio ordenamiento según instituciones y valores considerados como parte integrante del patrimonio común no excluidos por los juria propria. El derecho público participaba, de este modo, en la tendencia hacia la unidad de los ordenamientos jurídicos, favorecida por la memoria del imperio universal y por la existencia de una iglesia cristiana ecuménica.

La expresión permaneció también a lo largo de los siglos diecinueve y veinte, en el pleno apogeo de los Estados y los derechos nacionales, indicando un conjunto de principios referidos a la afirmación de la forma de gobierno parlamentario y a nociones complejas como «Estado de Derecho»4. La misma expresión (normalmente en la forma latina de jus publicum europaeum) fue utilizada en el derecho internacional del momento, refiriéndose a las reglas, de origen aun predominantemente europeo, para regular el espacio global (como los territorios coloniales y el mar). Uno de los mayores teóricos de estas teorías fue, tal como es sabido, Carl Schmitt en cuyo ensayo Der Nomos der Erde5, se captaba, con aguda lucidez, el inminente final de este sistema internacional eurocéntrico.

Las tradicionales acepciones de «derecho público europeo» no tienen mucho en común con el significado actual de la expresión, y actualmente forman ya parte de la historia jurídica e institucional. En el cuadro actual —cuyos inicios podemos situar en el período siguiente a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial— se detectan nuevos fenómenos, distintos entre sí pero con el resultado común de una Europa cada vez más integrada jurídicamente, especialmente en la vertiente del derecho público”[1].

La verdad es que se está ante un entramado bastante complejo de normas que son de obligado cumplimiento por todos los países miembros.

Hay que destacar la importancia que tienen los reglamentos y las directivas de la Unión Europea como instrumentos que permiten la armonización de los cambios legislativos que provienen de las instituciones de la Unión Europea y que permiten que la regulación de los países miembros en materias tan importantes como la contratación pública, etc., sea igual y permita así conocer la materia en cualquiera de ellos.

Hay que destacar aquí que las fuentes del Derecho de la Unión Europea son el Derecho Originario y el Derecho Secundario. El primero de ellos está formado por los Tratados constitutivos de la Unión Europea y el segundo por los reglamentos y las directivas.

En este punto hay que destacar que, conforme a la página web del parlamento de la Unión Europea, “los actos jurídicos de la Unión se enumeran en el artículo 288 del TFUE. Estos actos son los siguientes: el reglamento, la directiva, la decisión, la recomendación y el dictamen. Las instituciones de la Unión solamente podrán adoptar estos actos si una disposición de los Tratados les confiere la competencia para hacerlo. El principio de atribución, que rige la delimitación de las competencias de la Unión, se consagra de forma explícita en el artículo 5, apartado 1, del TUE. El TFUE precisa el ámbito de aplicación de las competencias de la Unión clasificándolas en tres categorías: competencias exclusivas (artículo 3), competencias compartidas (artículo 4) y competencias de apoyo (artículo 6), que permiten a la Unión adoptar medidas para apoyar o completar las políticas de los Estados miembros. Los artículos 3, 4 y 6 del TFUE establecen claramente los ámbitos de aplicación correspondientes a los tres tipos de competencias. Si no se han previsto los poderes de actuación necesarios para alcanzar uno de los objetivos fijados por los Tratados, las instituciones pueden recurrir al artículo 352 del TFUE para adoptar «disposiciones adecuadas»”[2]. Esta es la principal estructura del Derecho Público Europeo.

3.- Principios del Derecho Público Europeo.

Hay una serie de principios básicos que están informados por los derechos fundamentales que regulan todos los aspectos del Derecho público. Hay que recordar que el Derecho público es el conjunto de principios que regulan las relaciones entre los individuos o entidades privadas y los poderes públicos. Es decir, el Derecho Público “puede considerarse como la parte del ordenamiento jurídico que intenta regular las relaciones que surjan entre entre las personas y las entidades privadas con los órganos del poder público cuando estos últimos actúan con sus facultades legítimas y potestad públicas, dependiendo del procedimiento legal y de los órganos de la Administración pública que interactúen.

La principal característica del Derecho público es que sus mandatos no se encuentran sujetos a la autonomía de la voluntad que pudiesen ejercer las partes, son mandatos irrenunciables y obligatorios, en virtud de ser creados a partir de una relación de subordinación por parte del Estado. La justificación para la existencia del derecho público es que regulan derechos que hacen al orden público y deben ser acatados por todas las personas sujetas a un estado de derecho”.

Hay que tener en cuenta que el Derecho de la Unión Europea prima sobre los diferentes ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. También hay que destacar en este punto que “existe consenso doctrinal en que el fundamento de esta configuración (ordenamiento autónomo + principio de primacía) se encuentra en la célebre Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1964 Costa / ENEL).

En efecto en dicha sentencia, en que se cuestionaba si una ley nacional posterior podía condicionar o modificar lo dispuesto en los Tratados Comunitarios, el Tribunal dictaminó en los siguientes términos:

– A diferencia de los Tratados internacionales ordinarios, el Tratado de la CEE creó un ordenamiento jurídico propio, integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros desde la entrada en vigor del Tratado, y que vincula a sus órganos jurisdiccionales;

– La instituir una Comunidad de duración indefinida, dotada de Instituciones propias, personalidad, capacidad jurídica, de representación internacional y poderes reales derivados de una limitación de competencia o transferencia de atribuciones de los Estados a la Comunidad, estos han limitado su soberanía, y han creado un cuerpo normativo aplicable a sus nacionales y a sí mismos;

– Esta integración en el Derecho de cada país miembros de las disposiciones procedentes de las fuentes comunitarias tiene como corolario la imposibilidad de que los Estados miembros hagan prevalecer, contra un ordenamiento jurídico por ellos aceptado sobre una base de reciprocidad, una medida unilateral posterior, que no puede por tanto oponerse a dicho ordenamiento;

– La fuerza vinculante del Derecho comunitario no puede variar de un Estado a otro por razón de legislaciones internas ulteriores, sin que se ponga en peligro la realización de los objetivos del Tratado.

– La primacía del Derecho comunitario confirmada por el art. 189 TCEE no está acompañada de reserva alguna. Al Derecho comunitario creado por el Tratado, nacido de una fuente autónoma, no se puede oponer una norma interna, sin que al mismo tiempo aquel pierda su carácter comunitario y se ponga en tela de juicio la base jurídica misma de la Comunidad”[3].

[1] P. Chiti, Mario. ¿EXISTE UN DERECHO PÚBLICO EUROPEO? UNA PREGUNTA RETÓRICA.

[2] Página web del Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.2.1.html

[3] http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4942-las-ldquo;diferentesrdquo;-fuentes-del-derecho-de-la-union-europea/

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