Aspectos jurídicos de protección a la infancia y a la adolescencia. Parte I

Contenido

1.- Introducción. 3

2.- Normativa legal que ha cambiado el panorama de la protección jurídica a la infancia y a la adolescencia. 5

3.- Comparativa con la normativa anterior en materia de protección de menores y adolescentes. 8

4.- Estudio pormenorizado de las novedades introducidas en el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 13

5.- Necesidades que surgen como consecuencia de los mayores peligros para los menores en el mundo tecnológico. 15

6.- ¿Cómo se deben abordar estas novedades introducidas por la regulación de 2015?  19

7.- ¿Cómo han de actuar las Administraciones Públicas para conseguir los objetivos de la nueva legislación de protección a la infancia y a la adolescencia?. 22

8.- Conclusiones. 24

9.-Bibliografía. 25

1.- Introducción.

El objeto principal de este estudio consiste en el estudio de la reciente normativa compuesta por la ley orgánica 8/2015 y la ley 26/2015, relativas a este nuevo sistema de protección de la infancia y la adolescencia.

Este nuevo sistema legal ha supuesto un cambio importante en la modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Por otro lado, hay que destacar el hecho de que se trataba de un cambio necesario debido a los mayores peligros a los que se encuentran expuestos los niños y los adolescentes debido al uso de las nuevas tecnologías y otros peligros que actualmente existen y que son utilizados, en muchos casos por obligaciones estudiantiles, por niños y jóvenes.

En primer lugar, se hará un examen exhaustivo de la nueva normativa que ha dado un cambio radical al panorama de la regulación legal de la protección de la infancia y la adolescencia.

En segundo lugar, se hará una comparativa con la normativa anterior y se estudiará la necesidad de la nueva regulación para poder dar una mayor protección a estos sectores tan vulnerables de la sociedad por el hecho de que no están todavía totalmente formados.

En tercer lugar, se hará un estudio pormenorizado de todo lo que han supuesto las novedades que se han introducido en la nueva legislación, porque ha conllevado una gran modificación respecto a la legislación anterior y la protección existente en aquella normativa anterior. También se hará una referencia a las nuevas tecnologías.

En cuarto lugar, habrá que ver qué necesidades nuevas van surgiendo en relación a los menores y la necesidad de buscar nuevas vías de protección para la infancia y la adolescencia. Aquí hay que hacer referencia a las medidas y organismos de protección a los menores que existen, así como los textos legislativos que avalan estas medidas de protección.

En quinto lugar, se planteará cómo se deberá abordar esa nueva protección para los menores y cómo se habrá de impulsar desde las instituciones, tanto autonómicas, estatales e internacionales.

En sexto y último lugar, se plantearán las conclusiones que hayan surgido durante el estudio de los puntos planteados anteriormente.

2.- Normativa legal que ha cambiado el panorama de la protección jurídica a la infancia y a la adolescencia.

La normativa actual está contenida en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, dey en la Ley 26/2015, de 28 de julio, ambas con el título de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Ambas leyes han supuesto un importante cambio en este sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, debido a los innumerables peligros a que están expuestos los menores debido a las nuevas tecnologías y a otros cambios en el comportamiento de la gente.

La primera de ellas “desarrolla contenidos que afectan a derechos fundamentales del menor (infancia y adolescencia) en situaciones de especial vulnerabilidad pero que puede quedar simplemente en un ejercicio de buenas intenciones sin aplicación práctica suficiente, o, tal vez peor aún, diferente según las diversas Comunidades Autónomas.

El legislador ha tenido gran empeño en aprobar un marco jurídico de intensa protección hacia los menores en aspectos novedosos y que afectan a grandes leyes, ya que se modifican varias leyes orgánicas, a saber, la de Protección Jurídica del Menor; la de Enjuiciamiento Civil, la del Poder Judicial, la ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, y, la ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”[1].

En este punto hay que destacar el hecho de que la necesidad imperante de mejorar el sistema de protección a la infancia y adolescencia por todos los nuevos peligros que van surgiendo (algunos ya mencionados en la introducción de este artículo, como el uso de las nuevas tecnologías por los menores, y por las cuales muchas veces son engañados por adultos disfrazados de niños, entre otros peligros) y que obliga a establecer unos mecanismos cada vez más fuertes para poder proteger a los menores y adolescentes, sobre todo por la candidez de éstos y, a la vez, por la falta de madurez personal de los mismos.

En esta nueva normativa hay que destacar los siguientes puntos:

  1. “El interés superior del niño adquiere un nuevo desarrollo al establecerse que hay que determinar dicho interés superior para cada caso particular y establecer también el proceso y los criterios básicos para hacerlo. Se refuerza, además, el derecho de los niños a ser escuchados y participar en todos los asuntos que les conciernen.
  2. La protecciónde los niños frente a la violencia es otra de las mejoras significativas. Los hijos de víctimas de violencia de género pasan a ser considerados también como víctimas. Además, se pretende impedir que personas que tienen antecedentes por delitos sexuales trabajen en contacto con niños.
  3. En materia de adopción, se estipulan medidas de contacto con familia de origen. Por otro lado, en la adopción internacional, la Administración Central refuerza su papel en las decisiones sobre cuáles con los países que reúnen las condiciones adecuadas para adoptar.
  4. Las situaciones de riesgo y desamparo se han regulado y definido de forma mucho más concreta. La pobreza de padres o tutores ya no será la única causa para determinar la situación de desamparo de los niños. La elección del acogimiento familiar frente al residencial como medida preferente cuando un niño o niña necesite protección fuera de su familia de origen, especialmente los más pequeños.
  5. Se regula de forma clara el funcionamiento de los centros de protección de menores con problemas de conducta.
  6. Por primera vez, se incluye en nuestra legislación la obligatoriedad de realizar estudios previosque analicen el impacto que cualquier modificación normativa pudiera tener en los niños”[2].

A raíz de todos estos puntos, hemos de destacar sobre todo el último, por el hecho de que para poder garantizar una mayor protección a la infancia y a la adolescencia se requiere que por las autoridades competentes se realicen estudios que permitan conocer mejor los peligros que van surgiendo y que amenacen el mejor desarrollo personal y psicológico de estos dos grupos tan importantes para las sociedades del futuro.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que en el sistema educativo se deberían introducir herramientas de aprendizaje para enseñar a estos dos sectores de la sociedad a manejar las nuevas tecnologías de manera apropiada (aquí hay que tener en cuenta que la industria de los videojuegos está bombardeando a nuestros jóvenes con nuevas formas de diversión con consolas, ordenadores, móviles y todo tipo de instrumentos para utilizar los videojuegos y que permiten a adultos ocultarse en los mismos como niños o adolescentes y abusar así de estos grupos en el ámbito sexual).

También, dentro de estos sistemas que habría que implantar para proteger a menores y adolescentes (a estos últimos habría de calificar como de insensatos, no por falta de capacidad de entender, sino porque quienes ya han pasado por esta etapa de la adolescencia ya saben lo difícil que es convivir con constantes cambios en el cuerpo y en la forma de ser, así como de hacer o conservar a los amigos, ser popular, etcétera) son inseguros, así como muy manipulables, por lo que se requeriría mejorar los sistemas de protección.

3.- Comparativa con la normativa anterior en materia de protección de menores y adolescentes.

En lo que respecta a la Ley 26/2015, hay que destacar, en primer lugar, los siguientes cambios en relación a varias normas­:

  1. Principales modificaciones de la LO de Protección Jurídica del Menor
    1. Se introduce un nuevo Capítulo III en el Título I de la LO 1/1996 con la rúbrica «Deberes del menor», en el que se reconoce a los menores como titulare, no solo de derechos, sino también de deberes. En este sentido, se regulan los deberes de los menores en general y en los ámbitos familiar, escolar y social en particular.
    2. Se refuerza la posición del menor frente a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos y explotación de los menores, estableciendo el deber de toda persona que tuvieran noticia de un hecho que pudiera constituir un delito de este tipo de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Se establece, además, como requisito para poder acceder a una profesión que implique contacto habitual con menores, no haber sido condenado por uno de estos delitos.
    3. Se crea el Registro Central de Delincuentes Sexuales que contendrá la identidad de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, o explotación de menores, e información sobre su perfil genético de ADN.
    4. Se lleva a cabo una reforma de las instituciones de protección a la infancia bajo el principio rector de prioridad a las medidas estables frente a las temporales, a las familiares frente a las residenciales y a las consensuadas frente a las impuestas. Entre otras medidas, se definen a nivel estatal las situaciones de riesgo y desamparo, se simplifica la constitución del acogimiento familiar, de forma que no será preceptiva la intervención de un juez y se establece la obligación de la Administración de preparar para la vida independiente a los jóvenes ex tutelados.
  2. Modificaciones del Código Civil
    1. Se modifican las normas sobre acciones de filiación (reclamación de filiación no matrimonial e impugnación de la paternidad matrimonial) para adaptar la regulación de los arts. 133.1 y 136.1 a las SSTC 273/2005, 52/2006, 138/2005 y 156/2005 que los declararon inconstitucionales.
    2. Se aclara la competencia de la Entidad Pública para establecer por resolución motivada el régimen de visitas y comunicaciones respecto a los menores en situación de tutela o guarda, así como su suspensión temporal, informando de ello al Ministerio Fiscal.
    3. Se completa la reforma de las instituciones jurídicas de protección al menor contenidas en la reforma de la LO 1/1996, modificándose los preceptos que regulan el desamparo, la guarda provisional y voluntaria y el acogimiento.
    4. En materia de adopción, entre otras medidas, se regula con más detalle la capacidad de los adoptantes y se incorpora una definición de la idoneidad para adoptar; se crea la figura de la guarda con fines de adopción y la adopción abierta, que permite mantener al adoptado relación con su familia de origen a través de visitas o comunicaciones, lo que ha de ser acordado por el juez y se refuerza el derecho de acceso a los orígenes de las personas adoptadas.
  3. Modificaciones de la Ley de Adopción Internacional
    1. Se define el concepto de adopción internacional, para incluir los casos de adopciones internacionales sin desplazamiento internacional de los menores.
    2. Se deslindan las competencias entre la Administración estatal y las Administraciones autonómicas.
    3. Se refuerzan las previsiones de garantía de las adopciones internacionales señalando que solo podrán realizarse a través de la intermediación de Organismos acreditados y en los casos de países signatarios del Convenio de La Haya.
    4. Se detallan con mayor claridad las obligaciones de los adoptantes, tanto en fase preadoptiva como en fase postadoptiva.
    5. Se introducen importantes modificaciones en las normas de Derecho internacional privado.
  4. Modificaciones de la LEC
    1. Se introducen mejoras en los procedimientos ya existentes, orientadas a hacerlos más efectivos. Entre otras medidas:
    2. Se introducen disposiciones para promover la acumulación cuando existieran varios procesos de impugnación de resoluciones administrativas en materia de protección en curso que afecten a un mismo menor,
    3. Se prohíbe de forma expresa la ejecución provisional de las sentencias que se dicten en los procesos de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores,
    4. y se establece un mismo procedimiento para la oposición a todas las resoluciones administrativas, con independencia de su contenido o de las personas afectadas.
  5. Otras modificaciones
    1. Se modifica la Ley de Protección de Familias Numerosas, para asegurar que éstas conserven el título mientras que al menos uno de los hijos cumpla los requisitos y la edad establecida (veintiún años o veintiséis años si está estudiando).
    2. Se introducen en la Ley 43/2006 para la mejora del crecimiento y del empleo determinadas bonificaciones para los empleadores que contraten indefinidamente o con carácter temporal a víctimas de trata de seres humanos.
    3. Se reforma la Ley 39/2006 de Dependencia, para declarar inembargables las prestaciones económicas establecidas en virtud de esta norma.
    4. Se modifica la LGSS para impedir el acceso a las prestaciones de muerte y supervivencia a quienes sean condenados por la comisión de un delito doloso de homicidio cuando la víctima sea el sujeto causante de la prestación y para aumentar la pensión de orfandad de los hijos de la persona asesinada, que podrán cobrar la pensión de orfandad absoluta”[3].

Una vez llegados a este punto, en relación a las novedades que introduce la Ley Orgánica 8/2015, hay que destacar entre otros, la fijación del concepto de “interés superior del menor”, así como el derecho del menor a ser escuchado, el posible Ingreso de menores en centros de protección específicos para menores con problemas de conducta, o incluso la existencia de nuevos procedimientos judiciales para conseguir la protección del menor, como destaca un artículo en noticias jurídicas sobre las novedades de esta ley[4].

Por otro lado, también hay que tener en cuenta el ambiente de cultura y las necesidades de crear un sistema universal de protección a la infancia y a la adolescencia creando unos valores universales a introducir en los diferentes sistemas educativos para así crear una conciencia mayor de la necesidad de protección de la infancia y la adolescencia y que creen sistema de protección a nivel internacional para afrontar la amenaza global de la era informática, robótica y tecnológica.

También se hace hincapié en el interés superior del menor, incorporando aquí “tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como los criterios de la Observación general nº 14 del Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño, con un contenido triple: derecho sustantivo, principio general de carácter interpretativo y norma de procedimiento[5].

Entre otras novedades que se han establecido en la nueva regulación de la protección a la infancia y a la adolescencia se encuentran aspectos como el “derecho del menor a ser escuchado, sin discriminación alguna por edad, discapacidad, o cualquier circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento.

Y así muchos aspectos que pueden consultar en la bibliografía consultada, a fin de no ser más farragoso en este artículo.

 

 

4.- Estudio pormenorizado de las novedades introducidas en el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

La mayor de las mejoras introducidas en el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia se encuentra en el hecho de que los peligros a los que se encuentran expuestos tanto los niños como los adolescentes es que los mayores perversos son capaces de esconderse detrás de perfiles falsos en las redes sociales y en las plataformas de juegos online, a las que la mayoría de los menores pueden acceder sin problemas en principio, puesto que, aunque a veces tengan las condiciones de ser mayor de edad para acceder a estas plataformas online, los menores saben cómo sortearlas para entrar a jugar, ya sea a través de ordenadores, tabletas o videoconsolas.

Por eso, sería recomendable preguntar a los consumidores de estas tecnologías si en sus domicilios tienen menores para poder recomendar sistemas de protección para que no puedan entrar esos menores en los sitios que les hacen más vulnerables, además de introducir en el sistema educativo español asignaturas que ayuden a los jóvenes a aprender a utilizar estas plataformas y la tecnología en su beneficio (es decir, para su propia educación, introduciendo asignaturas de ética válida a nivel global y que enseñe ya valores para evitar que estos jóvenes de hoy en día lo hagan también mañana), así como otros mecanismos de defensa de los jóvenes.

Por otro lado, también habría que controlar por parte de los medios de defensa de los menores (es decir, las agencias de protección de los menores, así como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado) mediante mecanismos propios entregados por el Estado para poder hacer frente a estos peligros para los menores.

Siguiendo a Legal Today, “por un lado, las empresas que pretendan recabar y tratar la imagen de los menores, deberán cumplir con el deber de información establecido en el artículo 5 de la LOPD, informando a los menores, entre otras cuestiones, sobre la identidad de la empresa que será la responsable de sus datos, la finalidad para la que se recaban sus datos (por ejemplo, la captación de su imagen para llevar a cabo una determinada acción promocional o publicitaria, incluyendo la difusión en determinados medios), o sobre los derechos de que dispone el menor para el acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos, entre otros.

Dicha información se debe trasladar al menor, de forma expresa, precisa e inequívoca y, considerando que se trata de menores de edad, en un lenguaje claro y que sea fácilmente comprensible por éstos. A este respecto, cabe mencionarse que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, amplía la información que debe facilitarse a los titulares de los datos y enfatiza ese deber de informar con un lenguaje sencillo.

Por otro lado, en lo que respecta a la obtención del consentimiento del menor para el tratamiento de sus datos, cabe apuntar que la actual normativa de protección de datos permite recabar el consentimiento directamente a menores de edad que tengan más de 14 años (inclusive), siendo necesario el consentimiento de los padres o tutores cuando el menor no alcance dicha edad, sin perjuicio de que estos deban completar la capacidad del menor, aunque sea mayor de 14 años, en aquellos supuestos en que una Ley así lo establezca.

Para los restantes casos, es decir, para menores de 14 años (y de 13 años a partir de la aplicación del RGPD), será necesario contar en todo caso con el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela”[6] (Today, s.f.).

5.- Necesidades que surgen como consecuencia de los mayores peligros para los menores en el mundo tecnológico.

Las principales amenazas para la infancia y a adolescencia son los peligros que se esconden en el uso de las nuevas tecnologías y del uso de internet en los nuevos medios que se utilizan para jugar tanto en ordenadores como en videoconsolas de cualquier tipo, así como cualquier otro tipo derivados de los contratos de trabajos de menores de 18 años y mayores de 16 años en lo que se refiere a la celebración de contratos de trabajo, entre otros aspectos.

En las múltiples conductas lesivas para el interés superior y los derechos y deberes que se pueden contar, no sólo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, hay que destacar el reclutamiento de niños soldados para guerras en países en guerra, manipulación y explotación infantil en materia de sexo o de relaciones de trabajo, o incluso en el propio ámbito familiar.

En este punto, se van a hacer referencia a algunas de las conductas que se producen en cualquiera de los ámbitos que se han descrito en el párrafo anterior.

En relación con el reclutamiento de niños soldados, “Los Estados Partes de la Convención sobre los Derechos del Niño 909 se comprometen a respetar y velar porque se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño. Además, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños y las niñas afectados por un conflicto armado, de conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados. El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados 910, eleva la edad mínima para participar directamente en hostilidades de quince a dieciocho años, y prohíbe el reclutamiento voluntario o forzoso de menores de dieciocho años.

 El Estatuto de la Corte Internacional 911 considera delito de guerra, reclutar o alistar en las fuerzas armadas nacionales a niños menores de quince años, o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades de conflictos armados internacionales o internos. La Convención número 182 912 de la Organización Internacional del Trabajo, prohíbe el reclutamiento forzoso y obligatorio de menores, y lo define como una de las peores formas de trabajo infantil”[7].

Por otro lado, también hay que destacar el hecho de la intervención de menores en la celebración de contratos de trabajo. En este ámbito, hay que destacar que el menor necesita la autorización de los tutores o de los progenitores o de quienes ejerzan la patria potestad sobre el menor para completar la falta de capacidad de éste para firmar el contrato de trabajo o acudir a la regulación laboral en el caso de que no haya quien ejerza ninguna de las anteriores instituciones de protección del menor.

Por lo demás, y para no extendernos más en este apartado en cuanto a lo que venimos desarrollando, nos remitimos a la bibliografía de este artículo. Y centrándonos más en lo relativo a la protección del menor en lo relativo a la utilización de nuevas tecnologías, hay que destacar que, “en una sociedad cada día más digitalizada, la libertad empieza a desdibujarse y, en el caso de los menores, este hecho adquiere especial relevancia por tratarse de un colectivo vulnerable debido a su falta de madurez.

La información a la que tienen acceso niños y adolescentes se encuentra, principalmente, en internet, donde en base a un análisis de perfiles, los algoritmos seleccionan la información que se ofrece a cada usuario. Las website visitadas elaboran perfiles de personalidad para obtener mayor éxito en la oferta de sus servicios. Los datos que sirven para elaborar tales perfiles  se recogen fácilmente, ya que los menores (como la gran mayoría de los adultos) no leen los términos y condiciones de privacidad ni las políticas de protección de datos y, si lo hacen, probablemente no entienden su contenido. Se acepta  de forma automática y se sigue navegando o contratando servicios: series, redes sociales, música, etc. Las limitaciones de la capacidad de obrar del menor se entienden de forma restrictiva según el artículo 162 del Código Civil, por lo que la contratación de determinados servicios no les está legalmente vedada.

El nuevo RGPD permite a los Estados fijar este límite ente los 13 y los 16 años. El artículo 7 del proyecto de LOPD lo rebaja a los 13 años. No obstante, se ha presentado una enmienda que pretende que se sitúe en los 16 años por ser la edad que, como regla general, establece el Reglamento y por entender que no se justifica la excepción ya que debe prevalecer el interés del menor frente a los intereses del mercado. Actualmente es necesario el consentimiento de ambos progenitores para que los datos del menor, cuyo propio consentimiento aún no sea válido, puedan ser tratados.

Tristan Harris, antiguo diseñador ético y filosófico de Google y creador de la asociación “time Well Spent”, indica que “Con las alertas, el  móvil te dice en qué tienes que fijar la atención en cada momento.” De esta forma, se programa la mente con pequeños pensamientos en forma de alertas en la pantalla que no hemos elegido. Es una sutil restricción de la libertad, que además crea adicción a los dispositivos, a los estímulos que producen. La libertad se ve así también afectada por la hiperconexión.

En redes sociales, los algoritmos dan ventaja a los mensajes negativos. El miedo y el odio producen más enganche. A mayor tiempo de uso, mayor cantidad de datos recopilados y mayor rentabilidad de la red. Un menor puede abrir cuentas en redes sociales sin permiso de sus progenitores desde los catorce años. El control por parte de los padres se hace cada vez más difícil debido a la brecha digital que existe entre ambas generaciones. Son los algoritmos quienes les guían e imponen criterios, modas e ideologías a personas que aún carecen del pensamiento crítico propio de la madurez, por lo que su libertad es más frágil.

Los menores tienen también derecho a su seguridad, a su intimidad y privacidad, reconocidos tanto en nuestra Constitución como en los artículos 17 y 18 de la Declaración de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, derechos que son extensiones del derecho a la libertad.

Sin embargo, seguridad, intimidad y privacidad se ven expuestas con frecuencia.  Ciberataques, sobrexposición en redes sociales de los menores, a veces por sus propios progenitores empeñados en mostrar la vida de sus hijos e incluso rentabilizarla, o la evolución del Internet of Thinks, hacen vulnerables estos derechos”[8].

Y todo esto es debido a que “los menores de hoy en día crecen rodeados por las nuevas tecnologías, lo que significa que se manejan con ellas incluso mejor que los adultos. No obstante, como ya nos dice el último informe de la UE EUKIDS, sus habilidades se restringen al uso recreativo y de redes sociales, existiendo importantes lagunas en lo que se refiere especialmente a la búsqueda selectiva de información, a la protección de la identidad digital y a otros usos no lúdicos.

Por otro lado, a menudo las familias y el profesorado no se sienten del todo capaces de guiarlos en su empleo de las TIC y, lo que es más importante, de protegerlos de los riesgos que pueden acarrear”[9].

6.- ¿Cómo se deben abordar estas novedades introducidas por la regulación de 2015?

Como se destaca en Confilegal, respecto a Internet, “Internet es un instrumento neutro para la difusión de datos, que puede utilizarse para bien o para mal.

Por una parte, indica José María López, por ejemplo, tiene muchas posibilidades como fuente de educación para las personas de todas las edades y capacidades.

Por la otra, internet puede servir para establecer trampas en línea y explotar usuarios con fines delictivos. Entre estos, los más vulnerables a esas trampas son los niños.

Al hablar de infancia e Internet entran en juego muchos factores: padres que no conocen del todo cómo funciona la red de redes, o el nuevo “gadget” que han comprado. Hijos que usan teléfonos, tablets y ordenadores desde antes de aprender a andar, medios de comunicación que sobredimensionan los peligros de Internet.

Todo esto da como resultado la desconfianza de muchos padres y tutores que ven Internet como algo a lo que hay tener respeto, si no miedo.

Internet, tal como ha señalado Svetlozar Kovachez, hace el mundo más infantil, más cercano a los niños, y si Internet no hubiese sido inventado con propósitos militares, tendríamos que haber inventado para los niños y las niñas. Se han cumplido más de los 25 años de la Convención del Niño (1.989), y las tecnologías de la información, y en la actualidad todo el mundo es consciente de que existen nuevos desafíos y retos a los que hacer frente, como pueden ser:

  1. La supervivencia y el propio desarrollo.
  2. La no discriminación.
  3. La participación.
  4. O el interés superior, siempre y en todos los casos sin excepción del niño.

Estas realidades deben ser puestas en conexión con los derechos que asisten de forma segura a los menores en Internet, y que hacen referencia a valores tales como: (i) el derecho de acceso a la información sin discriminación; (ii) el derecho a la libre expresión y asociación; (iii) el derecho de los niños y de las niñas a ser consultados; (iv) el derecho a la protección contra la explotación, los abusos y la violencia; (v) y el derecho al desarrollo personal y a la educación; (vi) el derecho a ser partícipes de todas las oportunidades que deparan todas las nuevas tecnologías; (vii) derecho a la dignidad personal y a la intimidad de las comunicaciones por medios electrónicos; (viii) el derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego; (ix) los padres y las madres tendrán el derecho y la responsabilidad de orientar; (x) los Gobiernos de los países desarrollados deben comprometerse a cooperar con otros países en esta labor; y (xi) el derecho a beneficiarse y a utilizar en su favor las nuevas tecnologías.

Estos derechos son los que deben marcar toda la labor de protección de la infancia y de la adolescencia en internet.

El que los niños  y las niñas accedan a nuevas tecnología  no significa que la estén aprovechando al máximo, deben estar acompañados de prácticas que  incentiven el buen uso de estas herramientas. No que las herramientas tengan el control sobre la organización del tiempo en la infancia.

Tal como viene señalan reiteradamente UNICEF en sus informes, Internet supone un espacio de comunicación, información y entretenimiento donde las capacidades de acceso, distribución, producción e interactividad rompen los roles de emisor y receptor que habían regido hasta el momento en los medios de comunicación tradicionales”[10].

 

 

7.- ¿Cómo han de actuar las Administraciones Públicas para conseguir los objetivos de la nueva legislación de protección a la infancia y a la adolescencia?

Según dispone el Gobierno de Aragón en su página web, “conocida la posible existencia de una situación de riesgo de un menor por profesionales en materia de Servicios Sociales de la Comarca o del Servicio Social Municipal se realizará un estudio interdisciplinar del menor y de su entorno, al objeto de constatar y evaluar la existencia de una situación de riesgo que requiera la adopción de medidas de protección.

En función de la gravedad de los indicadores de desprotección valorados, se podrá intervenir desde el propio Servicio Social Comarcal y/o Municipal o, en su caso, se comunicará al Servicio Especializado de Menores de la Comunidad Autónoma para la adopción de otras medidas de protección.

Cuando la Administración de la Comunidad Autónoma, de forma directa, por comunicación de otro órgano administrativo o mediante notificación, tenga conocimiento de una posible situación de desprotección y/o de desamparo en la que pudiera encontrarse un menor, la correspondiente Dirección Provincial del IASS, según el lugar de residencia del menor, incoará el oportuno procedimiento administrativo de protección al objeto de verificar la situación detectada o comunicada y de adoptar, en consecuencia, las medidas necesarias para asegurarle la debida asistencia moral o material.

Corresponde al Servicio Especializado de Menores de cada Dirección Provincial del IASS realizar el estudio multidisciplinar que analizará la situación personal del menor, sus circunstancias sociofamiliares y su entorno inmediato. El estudio se lleva a cabo por un equipo profesional integrado por psicólogos, Trabajadores Sociales, Educadores o aquellos otros técnicos que se estime oportuno.

El estudio interdisciplinar, del que se derivará un informe técnico, tendrá como finalidad constatar si se produce una situación de desprotección y/o de desamparo y diseñar un proyecto de intervención social individualizado que se considere más adecuado, de acuerdo con las características del menor.

Cuando en el proceso de investigación, y de forma previa a la evaluación, se detecte la existencia de riesgos fundados para la integridad del menor, se actuará por vía de urgencia en su interés, pudiendo declararse la situación de desamparo su fuera necesario”[11].

Por otro lado, está claro que, al ser las Comunidades Autónomas quienes tienen estas competencias, sean éstas las que lleven a cabo todos los mecanismos necesarios para la protección integral a la infancia y a la adolescencia, pero también habrá que establecer una autoridad central encargada de controlar a todas las instituciones autonómicas que lleven a cabo estos mecanismos y que imponga sanciones a las autoridades de ámbito inferior que no cumplan con lo establecido en la ley.

Por tanto, habrá que establecer un sistema que, desde el Estado, en coordinación con las Comunidades Autónomas, ayude a hacer efectivo el nuevo sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

8.- Conclusiones.

A raíz de todo lo que se ha establecido en este artículo, como primera conclusión se ha de decir que a pesar de toda la buena voluntad de la Ley para implantar un nuevo sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, no basta con esta buena voluntad, sino que se ha de exigir a las autoridades públicas que esta nueva legislación llegue a buen puerto, estableciendo sanciones para todas aquellas autoridades que no cumplan o no hagan los esfuerzos necesarios para cumplir los objetivos de la nueva legislación.

En segundo lugar, se ha de establecer la posibilidad de otorgar medios a los cuerpos y fuerzas de seguridad para poder detectar situaciones de abuso respecto a los sujetos incluidos en el ámbito subjetivo de protección de las dos nuevas leyes para poder tomar medidas y así realizar una primera toma de contacto para poder presentar a estos menores desprotegidos ante la autoridad judicial para que adopte las medidas de protección adecuadas.

En tercer lugar, habrá que establecer medidas de control de las autoridades encargadas de la protección a la infancia y adolescencia para que cumplan con sus objetivos de forma eficaz.

En último lugar, hay que decir que se hará otro estudio más exhaustivo del tema en el que se podrán estudiar con más profundidad las medidas establecidas en esta nueva legislación de protección a la infancia y adolescencia para acercar esta nueva realidad a la ciudadanía y por la que se aclararán todas estas medidas y sistema de protección.

9.-Bibliografía

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Noticias Jurídicas. (s.f.). Obtenido de http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10409-contenido-y-novedades-de-la-ley-26-2015-de-28-de-julio-de-proteccion-a-la-infancia-y-a-la-adolescencia/

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Unicef. (s.f.). Unicef. Obtenido de https://www.unicef.es/noticia/nueva-ley-de-proteccion-de-la-infancia-6-aspectos-destacar

[1] (Derecho, s.f.))

[2] (Unicef, s.f.)

[3] (Noticias Jurídicas, s.f.)

[4] a/ (jurídicas, s.f.)

[5]Las diez claves del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia: http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/9228-las-10-claves-de-la-reforma-del-sistema-de-proteccion-a-la-infancia-y-la-adolescencia/

[6] http://www.legaltoday.com/blogs/nuevas-tecnologias/blog-ecija-2-0/la-proteccion-de-la-imagen-de-los-menores-en-el-ambito-de-la-publicidad

[7] Cuadernos recopilatorios de legislación de menores de edad del Gobierno de Asturias. (Fernández, Marzo de 2017)

[8] https://www.abogacia.es/2018/10/08/son-libres-los-menores-en-la-era-digital/ (Abogacía española, s.f.)

[9] Junta de Andalucía: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/areas/tic-telecomunicaciones/menores.html (Andalucía, s.f.)

[10] Confilegal: https://confilegal.com/20150920-proteccion-infancia-adolescencia-necesaria-internet-20092015-1918/

[11] Gobierno de Aragón: http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/IASS/Inicio/AreasActividad/Infancia/ci.infancia_seccion_01_proteccion_infancia.detalleInaem (Aragón, s.f.)

 

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