La cooperación jurídica internacional

1.- Introducción.

El objeto principal de este artículo es el estudio de qué es la cooperación jurídica internacional, así como sus características, el procedimiento para solicitar y realizar los actos de cooperación jurídica internacional, los sujetos que pueden intervenir en los actos de comunicación en la cooperación jurídica internacional, la forma de realizar el auxilio judicial internacional y qué recursos caben contra la denegación de la cooperación jurídica internacional.

En primer lugar, se hará referencia al concepto de la cooperación jurídica internacional, así como a sus características y qué condiciones han de concurrir para poder solicitar la cooperación jurídica internacional tanto en un procedimiento judicial iniciado en España como en un procedimiento judicial iniciado en el extranjero. En este artículo sólo se hará referencia al procedimiento civil.

En segundo lugar, se hará un estudio pormenorizado de cómo se han de llevar a cabo los procedimientos de cooperación jurídica internacional para poder ser solicitada la cooperación jurídica internacional entre España y un país extranjero, principalmente centrándose el presente artículo en los procedimientos de cooperación jurídica internacional entre países de la Unión Europea.

En tercer lugar, se hará referencia a la normativa tanto a nivel europeo como español existente para regular la cooperación jurídica internacional y la jerarquía entre ambas, así como los casos en que procede cada una y cuál prima en caso de conflicto.

En cuarto, se hará referencia a los recursos que caben contra las resoluciones dictadas en procedimientos de cooperación jurídica internacional y cómo solicitarlos, así como han de proceder las partes en estos recursos.

Por último, se hará una conclusión referida a cuanta información se ha recopilado en este artículo, así como la posibilidad de posibles mejoras en los diversos procedimientos que se realicen tanto a nivel europeo como internacional.

2..- Concepto de cooperación jurídica internacional.

En primer lugar, hay que destacar que, según la ley de cooperación jurídica internacional, “el concepto de cooperación jurídica internacional se utiliza de forma muy amplia, lo que permite incluir materias que como la litispendencia y la conexidad internacionales, el reconocimiento y ejecución de sentencias o la información y prueba del Derecho extranjero, en sentido estricto, son ajenas al concepto indicado y que tradicionalmente se han regulado en otros cuerpos normativos, como la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley Orgánica del Poder Judicial”[1].

Por otro lado, se ha de destacar que “la cooperación jurídica internacional puede ser entendida, en un sentido amplio, como una manera formal de colaboración entre dos países para la realización de actuaciones jurisdiccionales fuera del respectivo ámbito territorial.

El ejercicio de la función jurisdiccional por parte de las autoridades judiciales de un Estado, como manifestación tradicional de la soberanía estatal, se limita al interior de sus fronteras. No obstante, el contexto actual, en el que los movimientos migratorios y las relaciones entre los individuos trascienden las fronteras estatales, hace necesaria la cooperación entre los Estados para poder satisfacer las demandas de justicia y seguridad de los individuos y de la sociedad, así como para luchar de una manera efectiva contra la delincuencia internacional.

Para ello los Estados se han dotado de mecanismos jurídicos que permitan la actuación extraterritorial en el ejercicio de la jurisdicción, al tiempo que se salvaguarde la soberanía de cada Estado”[2].

A raíz de todo esto que se ha expuesto, se ha de decir que, aunque la jurisdicción tiene como límites no ya sólo el territorio del lugar donde tiene su sede, sino también las fronteras del país al que pertenece el órgano jurisdiccional, el auxilio judicial o la cooperación jurídica internacional permite que el juez pueda solicitar al juez del territorio del país extranjero donde se hayan de practicar las pruebas su traslado a ese territorio para realizar, con la venia del tribunal de ese territorio, las pruebas pertinentes, o bien solicitar que ese juez realice las prácticas necesarias para preservar las pruebas que haya en su territorio y se las envíe con las garantías necesarias al juez solicitante.

Por tanto, la cooperación jurídica internacional permite superar las fronteras de un país como medida para ejecutar las medidas de seguridad y las penas impuestas a un delito y para que su autor resulte castigado conforme a la legislación del país en el que haya cometido el crimen, salvo que el país en el que se encuentre ya haya iniciado un procedimiento penal contra él o le haya impuesto el castigo correspondiente a ese delito, si esa conducta está prevista como delito en el país en el que se encuentre.

Por otro lado, hay que destacar que todo este procedimiento resulta necesario como consecuencia de que la jurisdicción es un elemento del poder judicial de cada Estado, como ya se ha señalado más arriba, y, por tanto, se haya limitado por las fronteras interiores de cada Estado, y sobre todo porque cada Estado se considera soberano, lo que dificulta que un juez extranjero entre a juzgar un hecho en el territorio de otro Estado.

En cuanto a las características que han de reunir los procedimientos de cooperación jurídica internacional, se ha de decir que este procedimiento requiere de legitimación tanto de la parte que solicita el reconocimiento de la sentencia extranjera como de quien es parte pasiva y ha de sufrir los efectos de la sentencia extranjera.

Por otro lado, también se ha de destacar “el principio general favorable a la cooperación constituye una pieza fundamental de la esencia de la LCJI (recogido en su precepto tercero). Este principio pretende que las autoridades españolas mantengan una postura colaboradora con las autoridades de otros Estados. Postura requerida en aquellos supuestos en los que Estaña es tanto Estado requirente, como Estado requerido. Pues debe garantizarse no sólo la posibilidad de los particulares de acudir a los órganos jurisdiccionales españoles, sino también que los jueces y tribunales españoles cooperen con los órganos jurisdiccionales de terceros Estados cuando éstos estén conociendo del litigio -facilitando las notificaciones y práctica de pruebas en el territorio español, por ejemplo- y doten de eficacia a las resoluciones extranjeras. Aunque esta Ley pretenda reforzar la cooperación de las autoridades españolas, es cierto que el principio general de cooperación emana del Derecho Internacional Privado en su conjunto”[3].

[1] https://elderecho.com/ley-de-cooperacion-juridica-internacional-en-materia-civil (Derecho, s.f.)

[2] https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/area-internacional/cooperacion-juridica/auxilio-judicial-internacional (España, s.f.)

[3] Trabajo Fin de Grado: La Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil: Primeras aproximaciones a su régimen de reconocimiento y ejecución. Universidad de Málaga.

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