La cooperación jurídica internacional

1.- Introducción.

El objeto principal de este artículo es el estudio de qué es la cooperación jurídica internacional, así como sus características, el procedimiento para solicitar y realizar los actos de cooperación jurídica internacional, los sujetos que pueden intervenir en los actos de comunicación en la cooperación jurídica internacional, la forma de realizar el auxilio judicial internacional y qué recursos caben contra la denegación de la cooperación jurídica internacional.

En primer lugar, se hará referencia al concepto de la cooperación jurídica internacional, así como a sus características y qué condiciones han de concurrir para poder solicitar la cooperación jurídica internacional tanto en un procedimiento judicial iniciado en España como en un procedimiento judicial iniciado en el extranjero. En este artículo sólo se hará referencia al procedimiento civil.

En segundo lugar, se hará un estudio pormenorizado de cómo se han de llevar a cabo los procedimientos de cooperación jurídica internacional para poder ser solicitada la cooperación jurídica internacional entre España y un país extranjero, principalmente centrándose el presente artículo en los procedimientos de cooperación jurídica internacional entre países de la Unión Europea.

En tercer lugar, se hará referencia a la normativa tanto a nivel europeo como español existente para regular la cooperación jurídica internacional y la jerarquía entre ambas, así como los casos en que procede cada una y cuál prima en caso de conflicto.

En cuarto, se hará referencia a los recursos que caben contra las resoluciones dictadas en procedimientos de cooperación jurídica internacional y cómo solicitarlos, así como han de proceder las partes en estos recursos.

Por último, se hará una conclusión referida a cuanta información se ha recopilado en este artículo, así como la posibilidad de posibles mejoras en los diversos procedimientos que se realicen tanto a nivel europeo como internacional.

2..- Concepto de cooperación jurídica internacional.

En primer lugar, hay que destacar que, según la ley de cooperación jurídica internacional, “el concepto de cooperación jurídica internacional se utiliza de forma muy amplia, lo que permite incluir materias que como la litispendencia y la conexidad internacionales, el reconocimiento y ejecución de sentencias o la información y prueba del Derecho extranjero, en sentido estricto, son ajenas al concepto indicado y que tradicionalmente se han regulado en otros cuerpos normativos, como la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley Orgánica del Poder Judicial”[1].

Por otro lado, se ha de destacar que “la cooperación jurídica internacional puede ser entendida, en un sentido amplio, como una manera formal de colaboración entre dos países para la realización de actuaciones jurisdiccionales fuera del respectivo ámbito territorial.

El ejercicio de la función jurisdiccional por parte de las autoridades judiciales de un Estado, como manifestación tradicional de la soberanía estatal, se limita al interior de sus fronteras. No obstante, el contexto actual, en el que los movimientos migratorios y las relaciones entre los individuos trascienden las fronteras estatales, hace necesaria la cooperación entre los Estados para poder satisfacer las demandas de justicia y seguridad de los individuos y de la sociedad, así como para luchar de una manera efectiva contra la delincuencia internacional.

Para ello los Estados se han dotado de mecanismos jurídicos que permitan la actuación extraterritorial en el ejercicio de la jurisdicción, al tiempo que se salvaguarde la soberanía de cada Estado”[2].

A raíz de todo esto que se ha expuesto, se ha de decir que, aunque la jurisdicción tiene como límites no ya sólo el territorio del lugar donde tiene su sede, sino también las fronteras del país al que pertenece el órgano jurisdiccional, el auxilio judicial o la cooperación jurídica internacional permite que el juez pueda solicitar al juez del territorio del país extranjero donde se hayan de practicar las pruebas su traslado a ese territorio para realizar, con la venia del tribunal de ese territorio, las pruebas pertinentes, o bien solicitar que ese juez realice las prácticas necesarias para preservar las pruebas que haya en su territorio y se las envíe con las garantías necesarias al juez solicitante.

Por tanto, la cooperación jurídica internacional permite superar las fronteras de un país como medida para ejecutar las medidas de seguridad y las penas impuestas a un delito y para que su autor resulte castigado conforme a la legislación del país en el que haya cometido el crimen, salvo que el país en el que se encuentre ya haya iniciado un procedimiento penal contra él o le haya impuesto el castigo correspondiente a ese delito, si esa conducta está prevista como delito en el país en el que se encuentre.

Por otro lado, hay que destacar que todo este procedimiento resulta necesario como consecuencia de que la jurisdicción es un elemento del poder judicial de cada Estado, como ya se ha señalado más arriba, y, por tanto, se haya limitado por las fronteras interiores de cada Estado, y sobre todo porque cada Estado se considera soberano, lo que dificulta que un juez extranjero entre a juzgar un hecho en el territorio de otro Estado.

En cuanto a las características que han de reunir los procedimientos de cooperación jurídica internacional, se ha de decir que este procedimiento requiere de legitimación tanto de la parte que solicita el reconocimiento de la sentencia extranjera como de quien es parte pasiva y ha de sufrir los efectos de la sentencia extranjera.

Por otro lado, también se ha de destacar “el principio general favorable a la cooperación constituye una pieza fundamental de la esencia de la LCJI (recogido en su precepto tercero). Este principio pretende que las autoridades españolas mantengan una postura colaboradora con las autoridades de otros Estados. Postura requerida en aquellos supuestos en los que Estaña es tanto Estado requirente, como Estado requerido. Pues debe garantizarse no sólo la posibilidad de los particulares de acudir a los órganos jurisdiccionales españoles, sino también que los jueces y tribunales españoles cooperen con los órganos jurisdiccionales de terceros Estados cuando éstos estén conociendo del litigio -facilitando las notificaciones y práctica de pruebas en el territorio español, por ejemplo- y doten de eficacia a las resoluciones extranjeras. Aunque esta Ley pretenda reforzar la cooperación de las autoridades españolas, es cierto que el principio general de cooperación emana del Derecho Internacional Privado en su conjunto”[3].

3.- Procedimiento a seguir para llevar a cabo la cooperación jurídica internacional.

El procedimiento a seguir en la cooperación jurídica internacional viene regulado en la Ley 29/2015, de cooperación jurídica internacional. Lo que más destaca esta ley en su ámbito de aplicación material es “el proceso judicial de exequátur, que es una de las piezas claves del texto y una de las áreas más necesitadas de reforma en nuestra legislación interna. El diseño actual, regulado en los artículos 951 a 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que deroga la presente norma, no se coordina con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha desbordado el tenor literal de tales preceptos, ni con leyes especiales modernas o con la más autorizada doctrina.

Por tanto, esta ley procede a una revisión de conjunto del sector del reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, optando por el mantenimiento del exequátur como procedimiento especial cuyo objeto es declarar, a título principal, el reconocimiento de una resolución judicial extranjera y, en su caso, autorizar su ejecución. Ello contrasta con lo establecido en los reglamentos de la Unión Europea y se estima adecuado pues el régimen contenido en este texto se aplica a resoluciones originarias de países con los que no se mantiene ningún vínculo y parece conveniente mantener ciertas cautelas antes de dar validez a las decisiones adoptadas por sus órganos jurisdiccionales.

También se clarifican la terminología y los conceptos, se detalla el tipo de resoluciones susceptibles de reconocimiento y ejecución y sus efectos, y se abordan las cuestiones del reconocimiento y ejecución parcial, incidental y la de las modificaciones de resoluciones extranjeras, modernizándose las causas de denegación.

Asimismo, se regula por primera vez la necesidad de adaptar las medidas contenidas en la sentencia extranjera que fueren desconocidas en el ordenamiento español, que se adoptará en dicho caso una medida propia del Derecho español que tenga efectos equivalentes y persiga una finalidad o intereses similares, si bien tal adaptación no tendrá más efectos que los dispuestos en el Derecho del Estado de origen”[1].

Por tanto, se puede decir que el procedimiento de cooperación jurídica internacional está revestido de cierta complejidad, debido a que, como consecuencia de que los Estados son soberanos, no permiten aplicar directamente las resoluciones judiciales o arbitrales dictadas en otros Estados, requiriendo para que estas puedan ser aplicadas y surtan sus efectos un procedimiento complicado, denominado exequatur (y del que nos ocuparemos en otro artículo), que permite comprobar la veracidad de esas resoluciones y aplicarla en el Estado receptor de la resolución a aplicar.

También hay que tener en cuenta ciertas normas de la Unión Europea para poder aplicar este derecho. Y esto es consecuencia del hecho de que, “para obligar a la otra parte (el demandado o deudor) a cumplir una resolución que le sea contraria (que le obligue, por ejemplo, a pagar), tendrá usted que acudir a las autoridades de ejecución. Son las únicas competentes para obligar al deudor a pagar y para recabar, en su caso, la intervención de las fuerzas de seguridad.

Con arreglo al Reglamento Bruselas I (refundición), que regula el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en asuntos transfronterizos, si es Vd. destinatario de una sentencia ejecutiva dictada en un Estado miembro de la Unión Europea, puede dirigirse a las autoridades de ejecución de otro Estado miembro donde, por ejemplo, el deudor tenga activos, sin necesidad de cumplir ningún procedimiento intermedio (el Reglamento suprime el procedimiento de exequatur). El deudor contra el que se solicita la ejecución puede recurrir al tribunal para que deniegue la ejecución.

El objeto de la ejecución suele ser el cobro de cantidades de dinero, pero puede ser también el cumplimiento de alguna otra obligación (por ejemplo, de hacer o de abstenerse de hacer algo, como entregar bienes, terminar una obra o no entrar en un determinado lugar).

En los casos civiles transfronterizos pueden emplearse distintos procedimientos (como el requerimiento europeo de pago, el proceso europeo de escasa cuantía y el título ejecutivo europeo), pero todos ellos implican la ejecución de una resolución judicial con arreglo a las normas y los procedimientos del Estado en el que se practique la ejecución (normalmente, el de ubicación del deudor o sus activos)”[2].

 

 

4.- Normativa europea y española de cooperación jurídica internacional.

En cuanto a la normativa europea en esta materia, hay que destacar que “la cooperación judicial en materia civil, que en sus inicios se regía por convenios internacionales, fue incluida en el Tratado de Maastricht como una «cuestión de interés común» y, posteriormente, en el Tratado de Ámsterdam (1997), que sitúa la cooperación judicial en materia civil en el ámbito comunitario al asociarla con la libre circulación de personas.

El Consejo Europeo, en sus conclusiones de Tampere de 1999, declaró que «en un auténtico Espacio Europeo de Justicia, no debe suceder que la incompatibilidad o la complejidad de los sistemas jurídicos y administrativos de los Estados miembros impida a personas y empresas ejercer sus derechos o las disuada de ejercerlos». Así confirmó su compromiso de crear un auténtico espacio de justicia «en el que las personas puedan recurrir a los tribunales y a las autoridades de cualquier Estado miembro con la misma facilidad que a los del suyo propio». Esto fue confirmado por el Programa de la Haya de 2004 para reforzar la justicia, así como la por la Comisión Europea en el denominado Programa de Estocolmo de 2009”[3].

Según destaca el Parlamento europeo en su página web, “la cooperación judicial en materia civil no formaba parte de los objetivos de la Comunidad Europea en el momento de la aprobación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE). No obstante, el artículo 220 del TCE disponía que los Estados miembros debían simplificar «las formalidades a que están sometidos el reconocimiento y la ejecución recíprocos de las decisiones judiciales y de los laudos arbitrales». La cooperación judicial en materia civil se integró oficialmente en el ámbito de acción de la Unión Europea con el Tratado de Maastricht, en el marco intergubernamental de «justicia y asuntos de interior» (1.1.3). El Tratado de Ámsterdam inscribió la noción de cooperación judicial en materia civil en el marco comunitario, al transferirla del Tratado de la Unión Europea al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, sin someterla, no obstante, al método comunitario. El Tratado de Niza permitió la adopción de medidas correspondientes al ámbito de la cooperación judicial en materia civil —excluyendo el Derecho de familia— a través del procedimiento legislativo de codecisión.

El Consejo Europeo de Tampere (octubre de 1999) preparó el terreno para la construcción del espacio europeo de justicia. Tras constatar los deficientes resultados en la aplicación del programa acordado, el Consejo Europeo de La Haya (noviembre de 2004) lanzó un nuevo plan de acción para el periodo 2005-2010. El Programa de La Haya subrayó la necesidad de proseguir con la aplicación del reconocimiento mutuo y de ampliarlo a nuevos ámbitos, como el patrimonio familiar, las sucesiones y los testamentos. Este programa fue sustituido por el Programa de Estocolmo, a saber: la hoja de ruta para el futuro desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia en el periodo de cinco años comprendido entre 2010 y 2014.

El Tratado de Lisboa ha sometido el conjunto de medidas relativas a la cooperación judicial en materia civil al procedimiento legislativo ordinario. Sin embargo, el Derecho de familia sigue sujeto a un procedimiento legislativo especial: el Consejo adopta sus decisiones por unanimidad previa consulta al Parlamento Europeo.

Cabe señalar que, en virtud de los Protocolos n.o 21 y n.o 22 anexos a los Tratados, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido gozan de cláusulas de exclusión voluntaria respecto del título V de la tercera parte del TFUE (espacio de libertad, seguridad y justicia). Irlanda y el Reino Unido se benefician de una cláusula de exclusión flexible en relación con la legislación adoptada en este ámbito, lo que les permite optar por participar o no en las disposiciones o iniciativas legislativas caso por caso (Protocolo n.o 21 anejo a los Tratados). En cambio, en el caso de Dinamarca, se trata de una cláusula de exclusión más rígida en relación con el espacio de libertad, seguridad y justicia, lo que significa que no participa en absoluto en esta política. En las negociaciones del Tratado de Lisboa, Dinamarca tuvo la posibilidad de convertir su cláusula de exclusión en un modelo de inclusión flexible al estilo de las cláusulas de exclusión de Irlanda y el Reino Unido (Protocolo n.o 22). El 3 de diciembre de 2015 se celebró un referéndum para aprobar la adopción de esta opción. Fue rechazada por el 53 % de los votantes”[4].

A partir de aquí hay que destacar que la principal normativa adoptada en el ámbito europeo en materia de cooperación jurídica internacional está compuesta por los siguientes instrumentos legales: “El instrumento principal en este ámbito es el Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento «Bruselas I»). Este Reglamento tiene como objetivo armonizar las normas sobre conflictos de jurisdicción en los Estados miembros, además de simplificar y acelerar el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones en materia civil y mercantil. El dispositivo del Reglamento Bruselas I se complementa con el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (Reglamento Bruselas II bis). La creciente movilidad conduce a un aumento de los vínculos familiares entre personas de distinta nacionalidad. Las parejas binacionales han de saber cómo llamar a sus hijos y las personas divorciadas han de poder comenzar de nuevo en otro país sin perder el contacto con sus hijos. Con respecto a los menores que son sustraídos por uno de sus progenitores, el Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, que cuenta con 99 Estados signatarios (en octubre de 2018) entre los que se incluyen todos los Estados miembros de la Unión, se basa en un objetivo muy simple: La rápida restitución de los menores sustraídos. De forma paralela, se ha producido un intenso debate en torno a la mejora de las disposiciones relacionadas con esta cuestión del Reglamento Bruselas II bis, en vigor desde hace más de quince años.

A fin de facilitar el cobro internacional de las obligaciones de alimentos, el Consejo adoptó en diciembre de 2008 el Reglamento (CE) nº 4/2009. Este Reglamento reagrupó en un único instrumento normas uniformes sobre la competencia, la ley aplicable y el reconocimiento y la ejecución de resoluciones, así como sobre la cooperación entre autoridades nacionales. Con el fin de aumentar la eficacia y la eficiencia de los procedimientos de insolvencia transfronterizos, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el Reglamento (CE) n.º 2015/848, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia, que fija normas uniformes sobre la competencia jurisdiccional, el reconocimiento y el Derecho aplicable en este ámbito. Con vistas a suprimir el exequátur para las decisiones relativas a créditos no impugnados, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el Reglamento (CE) nº 805/2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados. El Reglamento (UE) n.o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo pretende eliminar los obstáculos a los que se enfrentan los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos en el contexto de una sucesión internacional.

En vista de las diversas consecuencias jurídicas derivadas de las peculiaridades propias del matrimonio y de la unión registrada, la Comisión presentó en 2011 dos propuestas de Reglamento diferentes en relación con el régimen de propiedad de las parejas internacionales, una sobre los regímenes matrimoniales y otra sobre las uniones registradas. Ambas se refieren a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales”[5].

En este punto, también hay que destacar que “el legislador ha aprovechado la LCJI para, a través de su disposición final segunda, introducir dos disposiciones finales en la LEC con el fin de facilitar la aplicación en España del Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento 1215/2012), y del Reglamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (Reglamento 650/2012).Estas disposiciones finales desarrollan ambos reglamentos comunitarios y aclaran los trámites procesales que deben seguir las partes en el ejercicio de los derechos que reconocen estos instrumentos de derecho derivado”.

Como ya se ha dejado ver en todo este artículo, la necesidad de cooperar para asegurar los derechos que se reconocen a las partes en cualquier tipo de procesos en los Estados democráticos implica la necesidad de crear mecanismos para que los órganos jurisdiccionales no se excedan en su potestad jurisdiccional. Y por ello la Unión Europea ha creado varias directivas y reglamentos para hacer que la normativa de sus países miembros sea coincidente.

En cuanto a la normativa en el ámbito español, hay que destacar la Ley 29/2015, de 30 de julio , de cooperación jurídica internacional.

Hay que destacar en este punto que “La LCJIC se rige por el principio de subsidiaridad (artículo 2), esto es, se aplica de forma subsidiaria a (i) las normas de la Unión Europea y los tratados internacionales de los que España sea parte, por una evidente razón de jerarquía normativa, y (ii) las normas especiales de Derecho interno (entre otras, determinados preceptos de las Leyes Concursal, de Consumidores y Usuarios y de Jurisdicción Voluntaria que aparecen relacionadas en la Disposición Adicional Primera de la LJCIC).La LJCIC entró en vigor el pasado 20 de agosto de 2015, veinte días después de su publicación en el BOE, respecto de (2) : (i) las solicitudes de cooperación jurídica internacional recibidas o remitidas por las autoridades españolas con posterioridad dicha fecha; (ii) las demandas que se presenten ante los tribunales españoles con posterioridad a dicha fecha, en lo relativo a las normas sobre litispendencia y conexidad internacionales; y (iii) las demandas de exequatur que se presenten ante los tribunales españoles con posterioridad a dicha fecha, con independencia de aquélla en que se hubiese dictado la resolución extranjera”[6]. Y todo esto con quince años de retraso respecto a la previsión de la Ley de Enjuiciamiento Civil de llevar a cabo una regulación respecto de este ámbito tan habitual en un escenario internacional como el que existía en los inicios del siglo XX.

Por otro lado, en este mismo sentido, sobre la misma ley se puede decir que “regula la cooperación jurídica internacional entre las autoridades españolas y extranjeras en materia civil y mercantil. Su plasmación en un texto estaba pendiente desde la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 1985.

El concepto de cooperación jurídica internacional se utiliza de forma muy amplia en esta ley, lo que permite incluir materias que, en sentido estricto, son ajenas al concepto indicado y que tradicionalmente se han regulado en otros cuerpos normativos, como la LEC o la LOPJ: la litispendencia y la conexidad internacionales, el reconocimiento y ejecución de sentencias o la información y prueba del Derecho extranjero”[7].

Para más información sobre la normativa, se recomienda mirar la bibliografía del artículo.

 

 

5.- Recursos en los procedimientos de cooperación jurídica internacional.

En este punto, hay que seguir en primer lugar a Uría Menéndez Asociados, bufete que, en un estudio de la ley, destaca que

la LCJI regula las excepciones de litispendencia y conexidad internacionales, que facultan al órgano jurisdiccional español para sus-pender un procedimiento iniciado en España.Para acordar la suspensión por litispendencia inter-nacional es necesario que exista un procedimiento anterior, pendiente ante los órganos jurisdicciona-les de un Estado extranjero, cuyo objeto y causa de pedir resulten idénticos a los del proceso iniciado en España.

148Actualidad Jurídica Uría Menéndez / 43-2016 / 143-151La suspensión solo podrá acordarse a solicitud de una de las partes, previo informe del Ministerio Fiscal. Se exige, además, que la competencia del órgano jurisdiccional extranjero responda a una conexión razonable con el litigio, lo que se presu-me cuando esta responde a criterios equivalentes a los previstos en la legislación española para el caso concreto. Es necesario, además, que el órgano jurisdiccional español confirme que la resolución que se dicte en el procedimiento extranjero sea, previsiblemente, susceptible de reconocimiento en España. Finalmente, se incluye como requisito que la sus-pensión del procedimiento resulte necesaria en «aras de la buena administración de justicia», lo que introduce un concepto jurídicamente indetermina-do de apreciación libre para el órgano jurisdiccional que permite una amplia discrecionalidad a la hora de decidir sobre la suspensión. En todo caso, la suspensión puede ser alzada en un momento posterior —aunque siempre a instancia de parte y previo informe del Ministerio Fiscal— en los casos previstos en el artículo 39.2 LCJI, que, en esencia, recogen supuestos en los que se ha producido la desaparición (sobrevenida) de alguno de los requisitos apreciados en su momento para considerar la existencia de litispendencia internacional. Si el procedimiento extranjero finaliza con una resolución susceptible de reconocimiento y ejecución en España, el órgano jurisdiccional español debe poner fin y archivar el procedimiento suspendido. En cuanto a la suspensión por conexidad internacional, es preciso que exista un procedimiento pen-diente que se esté tramitando en el extranjero, anterior al inicio del proceso en España, y que exista una relación tan estrecha entre las demandas de ambos procedimientos que resultaría oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo, a fin de evitar resoluciones inconciliables.

El resto de requisitos, así como los supuestos en los que el órgano jurisdiccional español podría levantar la suspensión acordada, se regulan de forma análoga, mutatis mutandis, a lo previsto para la litispendencia internacional. La LCJI no regula las consecuencias que deben derivarse de la terminación del procedimiento extranjero conexo con una resolución sobre el fon-do. Creemos que lo procedente en estos casos sería levantar la suspensión acordada en el procedimiento español, donde la decisión adoptada en procedimiento extranjero puede tener carácter prejudicial —tras el oportuno reconocimiento incidental, en su caso—.Dentro de las disposiciones generales —comunes a ambas excepciones— la LCJI aclara el concepto de pendencia, apuntando que un proceso se entenderá pendiente desde la fecha de interposición de la demanda, siempre que sea admitida, de forma coherente con lo previsto en el artículo 410 LEC para la litispendencia interna .Asimismo, la LCJI dispone que ambas excepciones (litispendencia y conexidad internacionales) habrán de ser alegadas y tramitadas en la misma forma que la prevista para la litispendencia interna, esto es, como excepciones procesales que deben ser resueltas en la audiencia previa (ex arts. 416 y 421 LEC”[8].

A continuación, hay que destacar el hecho de que, al ser la jurisdicción un factor propio de cada Estado, los procedimientos a seguir dentro de cada Estado y los recursos a seguir dentro de cada procedimiento de cooperación jurídica internacional en materia civil será la establecida en la normativa general o básica que regula esos procedimientos civiles.

 

 

6.- Conclusiones.

Las conclusiones que se pueden sacar de todo el escrito sobre la cooperación jurídica internacional, aunque ya se han sacado a lo largo de todo el escrito, es que se debe procurar a las partes extranjeras los mismos derechos que los nacionales que intervienen en esos procedimientos, además de facilitar al órgano jurisdiccional el conocimiento del derecho extranjero a aplicar, porque hay que tener en cuenta aquí que el juez sólo debe conocer el Derecho propio, el de su país.

Por otro lado, también hay que decir que debido a todo esto, y la movilidad cada vez mayor de las personas, la movilidad internacional va a ser cada vez mayor, y se van a dar cada vez más estos procedimientos, así que es necesario ir ahondando en este tipo de cooperación y mejorar estos procediientos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.-Bibliografía

Derecho, E. (s.f.). Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil. Obtenido de https://elderecho.com/ley-de-cooperacion-juridica-internacional-en-materia-civil

E-justice, P. E. (s.f.). Portal Europeo de E-justice. Obtenido de https://e-justice.europa.eu/content_procedures_for_enforcing_a_judgment-299-es.do

España, M. d. (s.f.). Auxilio Judicial Internacional. Obtenido de https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/area-internacional/cooperacion-juridica/auxilio-judicial-internacional

Jiménez Palma, E. M. (s.f.). La Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil: Primeras aproximaciones a su régimen de reconocimiento y ejecución. Trabajo de fin de Grado. Universidad de Málaga, 16.

La cooperación judicial en materia civil. Parlamento Europeo. (2019). Obtenido de Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/154/la-cooperacion-judicial-en-materia-civil

Notarios y registradores. (2015). Resumen de la Ley de Cooperación jurídica internacional en materia civil. Obtenido de Notarios y registradores: https://www.notariosyregistradores.com/web/normas/destacadas/resumen-de-la-ley-de-cooperacion-juridica-internacional-en-materia-civil/

Ribó, A. (2015). Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. La Ley Digital 360, 9.

 

[1] Elderecho.com: ley de cooperación jurídica internacional en materia civil.

[2] European Justice: https://e-justice.europa.eu/content_procedures_for_enforcing_a_judgment-299-es.do (E-justice, s.f.)

[3] https://e-justice.europa.eu/content_cooperation_in_civil_matters-75-es.do

[4] Página web del Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/154/la-cooperacion-judicial-en-materia-civil (La cooperación judicial en materia civil. Parlamento Europeo, 2019)

[5] Parlamento europeo: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/154/la-cooperacion-judicial-en-materia-civil

[6] Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. ANA RIBÓ

[7] Notarios y registradores (Notarios y registradores, 2015)

[8] https://www.uria.com/documentos/publicaciones/5105/documento/foro_int01.pdf?id=6766

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