El procedimiento de exequatur

1.- Introducción.

El propósito de este artículo es explicar en qué consiste el exequatur y relacionarlo con otro artículo anterior publicado en el mismo blog (concretamente, el artículo relativo a cooperación jurídica internacional).

En primer lugar, se hará referencia a qué es el exequatur, dando una definición lo más exacta posible que sea fácil de entender por un público no experto en Derecho, y analizando las características que han de reunir las resoluciones que han de sufrir el exequatur para poder ser ejecutadas en otro país.

En segundo lugar, se hará referencia al procedimiento de exequatur en sí mismo, así como han de actuar tanto las autoridades que han de ejecutar las resoluciones que han sido objeto del exequatur, como las autoridades que han dictado la resolución que ha de sufrir el exequatur para el reconocimiento por las autoridades que han de aplicar la resolución de que se trate.

En tercer lugar, se hará referencia a la normativa internacional, europea y española que rige en materia de regulación del exequatur, al ser una materia que regula las relaciones internacionales.

En cuarto lugar, se tendrá que hacer referencia a cómo ha de actuar el juez que recibe la resolución extranjera que ha de cumplir y cómo ha de devolverla al juez emisor.

En quinto lugar, se realizará un conjunto de conclusiones sobre el procedimiento de exequátur.

2.- ¿Qué es el exequátur? Definición y características.

El procedimiento de exequatur es aquel procedimiento por el que se otorga fuerza ejecutiva a las resoluciones dictadas en un país determinado y que han de producir efectos en otro país distinto a aquel en que se dicta.

Aquí hay que hacer referencia no sólo a las características básicas de lo que es el exequatur, sino también al concepto en sí de exequátur y el porqué de su existencia obligatoria.

El exequatur necesita de un conjunto de características especiales respecto al resto de procedimientos que se pueden ejecutar dentro de las fronteras de un país, debido a que se trata de sentencias que, como se ha dicho al principio, se han dictado dentro de las fronteras de otro país.

Como se puede ver, surgen problemas desde el inicio debido a la limitación de la jurisdicción y competencia de los tribunales de los países.

Podemos definir el exequatur como “el conjunto de normas conforme a las cuales el ordenamiento jurídico de un Estado comprueba que una sentencia judicial emanada de un Tribunal de otro Estado reúne los requisitos que permiten su reconocimiento y homologación. Si hablamos del exequatur como procedimiento judicial, es aquel procedimiento que tiene por objeto reconocer la validez de una sentencia dictada por un Tribunal extranjero y por tanto permitir su ejecución en un Estado distinto del que se dictó la misma”[1].

Por otro lado, en relación con este procedimiento de legalización de sentencias extranjeras, se ha de destacar que “los nacionales de países extranjeros, residentes legalmente en España o bien españoles que hayan obtenido una sentencia de divorcio en el extranjero y quieran que tenga efectos en España, deberán reunir una serie de requisitos para el reconocimiento de esa sentencia, el procedimiento llamado exequátur, los requisitos serán los siguientes:

  • La materia no deberá ser contraria a orden público.
  • Los documentos aportados deberán estar debidamente legalizados y legitimados por las autoridades judiciales y diplomáticas del país de origen.
  • En el procedimiento de exequátur, la parte que inste o quiera instar el reconocimiento de la sentencia, deberá ser representada por Procurador y asistida por Abogado, salvo en determinados casos de inscripción directa en el Registro Civil. Siendo la documentación precisa para el Exequátur de divorcio:
    1. La copia auténtica de la sentencia constando la apostilla de la Haya, sin que sea necesario la apostilla para las sentencias de países como Israel, Alemania e Italia;
    2. Certificado del testimonio de que la Sentencia es firme.
    3. Certificado de que la sentencia ha sido notificada al demandado, o en su caso que se ha dictado en rebeldía.
    4. Si el divorcio ha sido de mutuo acuerdo, el convenio regulador deberá estar legalizado y apostillado.
    5. Si la sentencia está en idioma diferente al español, deberá acompañarse traducción jurada.
    6. Certificado literal de matrimonio.
    7. Certificado literal de nacimiento de hijos, si los hubiera.
    8. Certificado literal de matrimonio del Registro español (en su caso).
    9. Poder general para pleitos (debiendo significar para el país a dónde va dirigida y legalizarlo en el Consulado de España)
    10. Fotocopia de D.N.I. o N.I.E. del ciudadano español.”[1]

Por tanto, se requiere que la parte que quiere que se ejecute la sentencia ha de solicitar la ejecución en el país donde se ha de ejecutar, y para ello ha de presentar copia de la propia sentencia y de todos los documentos que acrediten la identidad de las partes.

Por otro lado, hay que tener en cuenta, como ya se ha dicho, que los países son soberanos, y por eso se ha proceder a esa ejecución de sentencias y otras resoluciones extranjeras mediante exequatur.

También se ha de destacar, respecto al procedimiento de exequatur, que “éste se simplifica y moderniza notablemente, permitiendo acumular en un mismo escrito tanto la demanda de exequátur como la solicitud de ejecución este escrito deberá ajustarse a los principios de objeto y contenido de demanda de los artículos 399 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)-, si bien esta última no se tramitará hasta que se haya dictado resolución decretando el exequátur. Se permite también la solicitud, igualmente en aquel primer escrito, de adopción de medidas cautelares, que se sujetarán a lo previsto en los artículos 721 a 747 LEC.

3.- El procedimiento de exequatur.

Los documentos que deberán acompañar la demanda son esencialmente los mismos que los requeridos la antigua Ley de 1881: (i) original o copia auténtica, legalizada o apostillada, de la resolución extranjera; (ii) documento acreditativo de la firmeza, pudiendo constar la misma en la propia resolución, lo que supone una garantía legal a la hasta ahora facultad potestativa de los Juzgados de solicitar en documento independiente dicha firmeza, so pena de no admitir a trámite el exequátur; y por último, (iii) las traducciones, que atendiendo al artículo 144.2 LEC, podrá ser “privadas” -es decir, no juradas-, sin perjuicio de que la contraparte pueda impugnarlas por tenerlas como no fieles.

Una vez admitido el escrito de demanda, se dará traslado de la misma a la otra parte, quien podrá oponerse en el plazo de treinta días sobre la base de tres fundamentos numerus clausus: (i) impugnar la autenticidad de la resolución, (ii) corregir el emplazamiento al demandado, o (iii) corregir la firmeza y/o fuerza ejecutiva de la resolución. En cualquier caso, el Ministerio Fiscal se personará siempre en procesos de exequátur y hará las manifestaciones que considere oportunas.

Contra el auto de exequátur se podrá interponer recurso de apelación -artículos 455 a 465 LEC- y será elevado a la Audiencia Provincial competente. Contra esta resolución en segunda instancia, cabrá recurso extraordinario por infracción procesal -artículo 468 a 476 LEC- y casación -artículos 477 a 489 LEC-.

Por último, la ley expresamente contempla la posibilidad de que, en los procedimientos de exequátur, cualquiera de las partes pueda solicitar asistencia jurídica gratuita.”[2]

Respecto a otros posibles requisitos,

El art. 41 LCJIC establece que son susceptibles de reconocimiento -con atribución de los efectos propios del Estado de origen- y ejecución en España: (i) las resoluciones extranjeras firmes, de cualquier denominación, procedentes de un órgano jurisdiccional o su secretaría -incluida la liquidación de costas-, recaídas en un procedimiento contencioso, incluso las dictadas en procedimientos derivados de acciones colectivas (vid. art. 47 LCJIC); (ii) las resoluciones extranjeras definitivas adoptadas en un procedimiento de jurisdicción voluntaria -respecto de las cuales también resultan de aplicación los arts. 11 y 12 LJV 2015; y (iii) las medidas cautelares y provisionales únicamente cuando la denegación de su reconocimiento suponga una vulneración de la tutela judicial efectiva y siempre que se hubieran acordado con audiencia de la parte contraria (art. 41.4 LCJIC).

Todo ello a través de un procedimiento específico, de exequatur, para aquellas resoluciones que no provengan de la Unión Europea, siendo esta la primera vez que el término exequatur aparece recogido en un texto legal español.

El exequatur se configura con una doble finalidad. La finalidad principal y tradicional es la homologación de una resolución judicial extranjera de forma que, una vez concedido el exequatur, la resolución judicial extranjera merecerá el reconocimiento y será ejecutada como si se tratara de una resolución judicial española (art. 42.1 LCJIC). No obstante, el procedimiento de exequatur también podrá utilizarse para declarar que una resolución no es susceptible de reconocimiento y/o ejecución en España (art. 42.2 LCJIC).

El reconocimiento, que se ha de producir imperativamente en caso de concurrir los requisitos precisos y no mediar causa de denegación, puede tener lugar por medio de un procedimiento específico de exequatur o por vía incidental en un proceso principal tramitado ante un órgano jurisdiccional.

Así, junto con el exequatur la LCJIC regula la posibilidad de que una resolución extranjera pueda ser reconocida de forma incidental en un proceso judicial, si bien en este caso el reconocimiento incidental queda limitado a lo resuelto en ese concreto proceso judicial y no impide que pueda solicitarse posteriormente el exequatur de la resolución extranjera (art. 44.2 LCJIC).

Por último, se prevé específicamente que no se requerirá ningún proceso especial para la inscripción en los Registros de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles de las resoluciones judiciales extranjeras firmes (art. 59 LCJIC y art. 12.2 LJV 2015). No obstante lo anterior, el Registrador deberá verificar la regularidad y autenticidad de los documentos que se le presenten y también la inexistencia de causas de denegación del exequatur y, en aquellos casos en que el Registrador deniegue la inscripción, se remite a los interesados al proceso de exequatur ante los tribunales.

Para la concesión del exequatur deberá estarse a los términos de la propia resolución, con dos excepciones en que se puede producir la adaptación de la resolución o su modificación. La primera de ellas es que la resolución contenga una medida que sea desconocida en el ordenamiento jurídico español, en cuyo caso se adaptará a una medida conocida que tenga efectos equivalentes y persiga una finalidad e intereses similares, reconociéndose el derecho de cualquiera de las partes a impugnar la adaptación realizada (art. 44.4 LCJIC). La segunda se refiere a resoluciones que se refieran a materias que, por su propia naturaleza, son susceptibles de ser modificadas.”[3]

4- La regulación del exequatur.

Hay que distinguir aquí entre la normativa española y la europea. “En España, hasta la aprobación de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil (LCJIC), el Derecho español regulaba el exequatur en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (LEC).

Asimismo, en el ámbito de la Unión Europea, se aplica el Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y el Reglamento (CE) 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003 referido a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.”[4]

Más en concreto, hay que destacar que “la vigente Ley 29/2015 de 30 de julio de cooperación jurídica internacional en material civil, norma que dedica al que denomina “procedimiento judicial de exequátur” el Capítulo IV, del Título V, artículos 52 y siguientes. La exposición de motivos de la nueva norma explica la necesidad de la reforma de dicho procedimiento en los siguientes términos: “El proceso judicial de exequátur es una de las piezas claves del texto y una de las áreas más necesitadas de reforma en nuestra legislación interna. La vigente Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, derogó la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881, con la excepción, entre otras normas, de los artículos 951 a 958, sobre eficacia en España de sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales extranjeros, que quedaron en vigor hasta la vigencia de la Ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil. El diseño actual de los artículos 951 a 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 no se coordina con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha desbordado el tenor literal de tales preceptos, ni con leyes especiales modernas o con la más autorizada doctrina. Para el diseño de un nuevo proceso judicial de exequátur se han tenido en cuenta las más actuales corrientes doctrinales, así como las concreciones legislativas más recientes que, a modo de ejemplo, surgen de la normativa de la Unión Europea, y de ejemplos puntuales de nuestra reciente normativa contenidos en textos como la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, y la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.”

En cualquier caso, es indudable que este cambio legislativo va a suscitar dudas interpretativas respecto al nuevo procedimiento establecido por el legislador que requerirán de la intervención de las Audiencias Provinciales en apelación, y del Tribunal Supremo en última instancia, para fijar un criterio o canon interpretativo fiable y duradero. Pero de entre todas esas cuestiones que pueden plantearse, la intención de este artículo es modestamente la de analizar una duda concreta que ya se suscitaba con la normativa anterior, a saber: en los supuestos de divorcios o separaciones de mutuo acuerdo dictadas por un Tribunal o autoridad extranjera, ¿es necesario e imprescindible en todo caso dar traslado de la demanda de exequátur presentada al ex cónyuge no personado?”[5].

La verdad es que se puede pensar lo que implica realizar este procedimiento para obtener un derecho respecto a otra persona que reside fuera del país en el que se ha cometido el ilícito civil o mercantil, pero la verdad es que recorta mucho los plazos, al menos respecto a los países de la Unión Europea con toda la normativa para armonizar en estos países este tipo de procedimiento.

También hay que destacar la gran evolución que ha sufrido esta normativa para poder mejorar el exequatur. Y todo esto debido a que “la Audiencia Provincial de Cádiz, en auto de 6-11-2012, número 134/2012, indica : “En estricta aplicación de lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22/diciembre/2000, relativo al reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil , en su art. 33.1 se establece como principio general que ” las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros, sin que fuere necesario recurrir a procedimiento alguno “. Siendo ello así, el reconocimiento se obtiene con la simple presentación de la resolución que corresponda (…) En definitiva de lo que se trata es de favorecer el tráfico jurídico y hacer viable y sencillo el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales ejecutivas dictadas por autoridades judiciales de otros Estados miembros de la Unión Europea. (…) lución expedirá, a instancia de cualquier parte interesada, una certificación conforme al formulario normalizado que figura en el anexo V del presente Reglamento”.

Serán de aplicación los siguientes reglamentos: el Reglamento 1215/2012 para resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y el 2201/2003 para resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental. En cuanto a los supuestos en los que no será reconocida la Sentencia, según el artículo 34 del Reglamento 44/2001 de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil serán:

  • cuando el reconocimiento fuere contrario al orden público del Estado miembro requerido;
  • cuando la Sentencia se dictare en rebeldía del demandado, si no se hubiere entregado al mismo la cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma tal y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse, a menos que no hubiere recurrido contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo;
  • cuando la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido;
  • si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado miembro o un Estado tercero entre las mismas partes en un litigio que tuviere el mismo objeto y la misma causa, cuando esta última resolución reuniere las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido.

En caso de que la sentencia sea emitida por un Tribunal de un país no miembro de la Unión Europea, el reconocimiento y ejecución de sentencias entre los mismos se llevará a cabo a través de la figura del “exequátur”.

La norma que regula el exequátur en España es la Ley 29/2015 de 30 de Jul (Cooperación jurídica internacional en materia civil), que deroga los Art. 951 a Art. 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881”.[6]

Todo esto en cuanto a la normativa española. En cuanto a la normativa europea, hay que destacar que los Reglamentos Bruselas I y Bruselas I bis, así como los Reglamentos Roma I y Roma II, además de la Orden sobre obtención de pruebas, el Reglamento sobre notificación y traslado de notificaciones, el Reglamento sobre traslado de documentos, y la Orden Europea de Retención de cuentas[7].

5.- Actuación del juez que ha de ejecutar el exequátur.

En este punto, se ha de decir que este procedimiento “se simplifica y moderniza notablemente, permitiendo acumular en un mismo escrito tanto la demanda de exequátur como la solicitud de ejecución -este escrito deberá ajustarse a los principios de objeto y contenido de demanda de los artículos 399 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)-, si bien esta última no se tramitará hasta que se haya dictado resolución decretando el exequátur. Se permite también la solicitud, igualmente en aquel primer escrito, de adopción de medidas cautelares, que se sujetarán a lo previsto en los artículos 721 a 747 LEC.

Los documentos que deberán acompañar la demanda son esencialmente los mismos que los requeridos la antigua Ley de 1881: (i) original o copia auténtica, legalizada o apostillada, de la resolución extranjera; (ii) documento acreditativo de la firmeza, pudiendo constar la misma en la propia resolución, lo que supone una garantía legal a la hasta ahora facultad potestativa de los Juzgados de solicitar en documento independiente dicha firmeza, so pena de no admitir a trámite el exequátur; y por último, (iii) las traducciones, que atendiendo al artículo 144.2 LEC, podrá ser “privadas” -es decir, no juradas-, sin perjuicio de que la contraparte pueda impugnarlas por tenerlas como no fieles.

Una vez admitido el escrito de demanda, se dará traslado de la misma a la otra parte, quien podrá oponerse en el plazo de treinta días sobre la base de tres fundamentos numerus clausus: (i) impugnar la autenticidad de la resolución, (ii) corregir el emplazamiento al demandado, o (iii) corregir la firmeza y/o fuerza ejecutiva de la resolución. En cualquier caso, el Ministerio Fiscal se personará siempre en procesos de exequátur y hará las manifestaciones que considere oportunas.

Contra el auto de exequátur se podrá interponer recurso de apelación -artículos 455 a 465 LEC- y será elevado a la Audiencia Provincial competente. Contra esta resolución en segunda instancia, cabrá recurso extraordinario por infracción procesal -artículo 468 a 476 LEC- y casación -artículos 477 a 489 LEC-.

Por último, la ley expresamente contempla la posibilidad de que en los procedimientos de exequátur, cualquiera de las partes pueda solicitar asistencia jurídica gratuita”[8].

También se ha de destacar que “la piedra angular de la política respecto de la cooperación judicial en materia civil y mercantil de la UE es el principio de reconocimiento mutuo. Con la intensificación del reconocimiento mutuo de las resoluciones y las sentencias judiciales y la indispensable aproximación de las legislaciones, se pretende facilitar tanto la colaboración entre las administraciones como la protección judicial de los derechos individuales.

El objetivo final de la política de reconocimiento mutuo consiste en permitir la libre circulación de cualquier tipo de decisión judicial en materia civil y mercantil por todos los Estados miembros y, por lo tanto, en posibilitar su reconocimiento y aplicación en otros Estados miembros sin necesidad de pasos intermedios.

Un elemento clave en la elaboración de la legislación de la UE en esta materia es la eliminación progresiva de los obstáculos para el reconocimiento y la ejecución de sentencias entre los sistemas judiciales de los Estados miembros.

El primer paso consistió en la supresión de los procedimientos intermedios en el caso de las demandas en materia mercantil o de consumo de escasa cuantía, así como en el de las deudas no impugnadas. La modificación del Reglamento Bruselas I va un paso más allá y suprime el exequátur de las decisiones judiciales en materia civil y mercantil en general. También se ha suprimido el exequátur en el caso de determinadas decisiones relacionadas con el Derecho de familia y la obligación de alimentos.

Los instrumentos aprobados hasta la fecha se describen en las páginas siguientes de esta guía. La descripción de cada instrumento pretende ofrecer una idea resumida de su contenido, pero no sirve como sustituto para la consulta ni el estudio del texto íntegro”[9].

6.- Conclusiones.

En primer lugar, el procedimiento de exequatur resulta muy útil para todos los procedimientos de reconocimientos de resoluciones judiciales para su posterior ejecución en todos aquellos procedimientos que se hayan iniciado en países no comunitarios.

En segundo lugar, se ha decir que, por todo el procedimiento de integración europea, el exequatur ya no es necesario en la Unión Europea por los instrumentos de confianza mutua entre los países comunitarios.

En tercer lugar, también se ha de destacar que, a pesar de la confianza entre los países europeos, todavía existe cierto recelo entre ellos porque son soberanos, y el procedimiento no ha desaparecido del todo, aunque se han reducido los pasos para el reconocimiento de sentencias.

Por último, hay que decir que el procedimiento de exequatur ayuda a que las sentencias sean más justas y que no vulneren los derechos fundamentales.

7.-Bibliografía

abogados, B. (s.f.). Bastida abogados. Obtenido de EXEQUÁTUR PARA EL RECONOCIMIENTO DE SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA EN ESTADO EXTRANJERO, CON EL QUE NO EXISTE CONVENIO APLICABLE.: https://www.bastidabogados.com/work/exequatur/?gclid=Cj0KCQjw2K3rBRDiARIsAOFSW_6rDGI22XiyaXxaXdlmz927kzTxSQg3htPCIYbwBt4R6uEXr1oyP3MaApTGEALw_wcB

dipr, M. (s.f.). Millenium derecho internacional privado. Obtenido de La nueva regulación del exequátur y el régimen de notificaciones en procedimientos de mutuo acuerdo: http://www.millenniumdipr.com/n-232-la-nueva-regulacion-del-exequatur-y-el-regimen-de-notificaciones-en-procedimientos-de-mutuo-acuerdo

Europea, C. (s.f.). Cooperación judicial en materia civil. Guía para juristas.

Iberley. (s.f.). Regulación del procedimiento de exequatur para el reconocimiento de sentencias extranjeras en España . Obtenido de https://www.iberley.es/temas/regulacion-exequatur-56221

jurídicos, C. (s.f.). Procedimiento de exequatur. Obtenido de https://www.conceptosjuridicos.com/exequatur/

kluwer, W. (s.f.). Exequatur. Obtenido de Guías wolters Kluwer: https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2OwQrCMBBE_yZHaT0Uesil1oMgIlrE6zZdkmBMbLKpzd-bWg8uLDvsPIYZI_rU4UwcZxwjUPQsJOtsevLOR2QEfeAFA0ERTOsELxetJ-ygz3_nB_RNyoocgblg4DULyr1PMGkJpJ1twK9Rehj4_l4sU26rqmYT-pABftMSLSFTW

Lerín, R. L. (s.f.). Legal Today. Obtenido de El procedimiento del exequatur en España: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/supranacional/d_ue/el-procedimiento-del-exequatur-en-espana

[1] Bastida abogados: EXEQUÁTUR PARA EL RECONOCIMIENTO DE SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA EN ESTADO EXTRANJERO, CON EL QUE NO EXISTE CONVENIO APLICABLE.

[2] Millenium dipr: http://www.millenniumdipr.com/n-232-la-nueva-regulacion-del-exequatur-y-el-regimen-de-notificaciones-en-procedimientos-de-mutuo-acuerdo

[3] (kluwer, s.f.)5

[4] Conceptos jurídicos: https://www.conceptosjuridicos.com/exequatur/

[5] Lupicinio: https://www.lupicinio.com/la-reforma-del-procedimiento-de-exequatur-civil-y-mercantil/

[6] Iberley, el valor de la confianza: https://www.iberley.es/temas/regulacion-exequatur-56221

[7] Cooperación judicial en materia civil en la Unión Europea. Guía para juristas. Comisión Europea.

[8] Lupicinio.

[9] Guía Europa sobre cooperación jurídica internacional.

[1] LEGAL TODAY POR Y PARA ABOGADOS (http://www.legaltoday.com/practica-juridica/supranacional/d_ue/el-procedimiento-del-exequatur-en-espana

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