Una aproximación a la nueva Ley de Contratos del Sector Público

Contenido

1.- Introducción.. 1

2.- Objeto de la nueva normativa de contratos del sector público. 1

3.- Principales novedades de la nueva ley de contratos del sector público.  1

4.- Principales objetivos de la nueva normativa sobre contratación del sector público.. 1

5.- Conclusiones.. 1

6.-Referencias.. 1

1.- Introducción.

El principal objetivo de este trabajo es acercar al lector a la nueva ley de contratos del sector público de 2017. Este nuevo texto legal tiene por objeto trasponer al ordenamiento jurídico español las nuevas directivas europeas sobre contratación pública de 2014.

En primer lugar, se hará un breve estudio del objeto de esta ley, tanto objetivo como subjetivo.

En segundo lugar, se hará referencia a las principales novedades que introduce el texto respecto a la anterior normativa legal (el Real decreto legislativo 3/2011, de contratos del sector público).

En tercer lugar, habrá que hacer referencia a los principales objetivos de la nueva regulación y al porqué de la modificación de la normativa sobre contratos del sector público.

En cuarto lugar, se harán unas conclusiones al contenido de este artículo aunando todo cuanto se ha explicado en el mismo sobre la normativa de contratos del sector público.

2.- Objeto de la nueva normativa de contratos del sector público.

En este primer apartado, se va a estudiar qué es lo que busca regular esta nueva normativa sobre contratos del sector público.

Hay que decir que, siguiendo a Iberley, “acerca del objeto de los contratos, los apartados 1 a 3 del Art. 99 recogen lo siguiente:

  • El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.
  • No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
  • Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los siguientes:
    • El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia.
    • El hecho de que la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente”[1].

La primera conclusión que podemos sacar de todo esto es que se ha de conceder el contrato administrativo que resulte a quien, según la vigente normativa, garantice su buen fin, así como que, aunque inicialmente no se permita la división del contrato, sí que se permite su ejecución por fases cuando se garantice su buena finalización.

Por otro lado, también se ha de destacar que no han sido pocos los artículos de la actual ley que han causado contradicción en su aplicación desde su entrada en vigor en marzo de 2018.

En este punto, hay que destacar que “precisamente, al hilo de preceptos contradictorios, en estos últimos días han surgido los primeros pronunciamientos sobre el controvertido artículo 118 LCSP 2017, que establece el régimen de los contratos menores y que contiene cuestiones que reclaman una interpretación de su alcance. También se ha publicado una recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación con la finalidad de aclarar numerosas dudas que han ido surgiendo antes de su entrada en vigor respecto a la interpretación de alguno de los preceptos que, con carácter novedoso, incorpora.

Muchas de estas incertidumbres tienen que ver con al régimen de contratación de los poderes adjudicadores que no son Administración Pública pero también hay otras que atañen a la posibilidad de aplicar las reglas de solvencia técnica previstas para las empresas de nueva creación (que no tendrán que demostrar experiencia) a los contratos sujetos a regulación armonizada, las reglas de desempate en los procedimientos de contratación (art. 147 LCSP 2017), la duración de los contratos de servicios o de suministros (art. 29 LCSP 2017) y el régimen de contratación de acceso a bases de datos y suscripciones a publicaciones.

Sin embargo, es seguro que surgirán muchas dudas más, especialmente con los medios electrónicos, pilar de esta reforma, de uso obligatorio en la práctica totalidad de la vida del contrato y sin precedente en nuestro país. Cierto es que varios de nuestros vecinos europeos ya los han implantado y además lo han hecho con éxito, como es el caso de Portugal. Pero no es menos cierto que va a ser necesaria una importante adaptación tecnológica y organizativa del sector, especialmente de los licitadores y contratistas que deberán adaptarse a los nuevos requerimientos.

A modo de anécdota, es muy llamativo el número de licitaciones de contratos que en los días previos a la entrada en vigor de la LCSP 2017 se han publicado en los diversos boletines oficiales, especialmente en los provinciales, en algunos de los cuales todos los anuncios eran de licitaciones de los ayuntamientos para tratar de evitar la Ley 9/2017 (LA LEY 17734/2017)”[2].

Por lo que respecta al ámbito objetivo y subjetivo de la ley, siguiendo a la página web de notarios y registradores, hay que destacar que, “en primer lugar, desde el plano del ámbito objetivo de la nueva normativa, cabe apuntar la introducción de las siguientes novedades. El artículo 1, frente a la redacción del Real Decreto 3/2011, pasa a desdoblarse en tres apartados. En el primero, se analiza el elemento teleológico de la normativa, introduciendo dos precisiones respecto a la anterior normativa. La primera es una concreción de los principios de igualdad de trato y no discriminación, que si bien antes se referían a los candidatos in genere, ahora se fija la no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

En segundo lugar, se introduce como indicábamos, como elemento fundamental en la contratación pública, el principio de integridad. El reconocimiento específico de este principio no es una cuestión casual, sino que reconoce la aspiración del legislador de garantizar la transparencia en materia de contratación pública, con el fin de evitar males tales como la opacidad, la parcialidad y en general cualquier tipo de elemento irregular en este plano.

En tercer lugar, destaca la introducción de un nuevo apartado tercero que introduce amplias novedades en la materia y que se pronuncia así: 3. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, además de las empresas de economía social. Del precepto expuesto, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

  1. Se introduce la fijación de criterios sociales y medioambientales en relación con la vertiente objetiva del contrato y en conexión con el principio de eficiencia en el empleo de los fondos públicos. Esta previsión se introduce como consecuencia de la directiva 2014/24/CE del Parlamento y del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre Contratación Pública, que introduce como objetivo fundamental el avanzar en una contratación social más responsable que busque principios tales como la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, la conciliación de la vida profesional y personal o la responsabilidad social de las empresas, entre otros. Igualmente, la propia directiva establece cláusulas de índole medioambiental que deben inspirar la contratación pública y que deben traducirse en actuaciones tales como la protección de la vida animal, la conservación de las especies vegetales y garantizando siempre el desarrollo sostenible –véase el considerando 41 de la Directiva-.
  2. Se introduce también el principio de eficiencia en la utilización de los fondos públicos. En los últimos años, uno de los principales objetivos de la política económica ha sido la corrección del déficit excesivo y la estabilidad presupuestaria, en aras a dar cumplimiento a los objetivos de déficit marcados por la Unión Europea.
  3. Finalmente, y en relación con la referencia a las condiciones sociales de la contratación, se recoge la mención expresa de fomentar el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y las empresas de economía social. Sobre las PYMES, la directiva 2014/24/CE recogía en su considerando 2, la necesidad de facilitar su participación en la contratación pública.

Igualmente, destaca como novedad en el artículo 2, apartado 1, la definición de los contratos onerosos como aquellos en los que el contratista obtiene algún tipo de beneficio económico, sea directo o indirecto.

Desde el punto de vista del ámbito subjetivo de la ley, se mantiene la clasificación tripartita entre sector público, administraciones públicas y poderes adjudicadores. No obstante, se introducen una serie de novedades:

  1. En el plano de las administraciones territoriales, a diferencia de la anterior regulación, se menciona específicamente a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y adicionalmente se prefija que también forman parte del sector público, a los efectos de la ley, las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que se refiere a su actividad de contratación.
  2. Se incluye a los fondos sin personalidad jurídica dentro de las entidades integradas en el sector público a los efectos de contratación pública.
  3. Destaca como principal novedad desde el punto de vista subjetivo, la aplicación de la presente ley a los partidos políticos (en el sentido definido en la Ley Orgánica 8/2007), sindicatos (a que se refiere la Ley Orgánica 11/1985) organizaciones empresariales y asociaciones profesionales (a que se refiere la Ley 19/1977), además de fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos cuando se cumplan los requisitos para ser poder adjudicador de conformidad con la letra d) del apartado 3 del artículo 3. Estas entidades deberán regir sus actuaciones bajo los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. Destaca asimismo que estas entidades deberán aprobar instrucciones internas en materia de contratación, que deberán ser informadas por su órgano de asesoría jurídica y publicarse en sus páginas web.

El resultado final de este nuevo cambio normativo es que la nueva Ley de Contratos del Sector Público presenta una estructura compleja, cuya comprensión y aplicación exigirá un gran esfuerzo de los operadores de la contratación pública, y que podrá conllevar situaciones de inseguridad jurídica, ya que la Ley no realiza un esfuerzo de acomodación de los conceptos provenientes de las Directivas europeas a nuestra tradición jurídica, sino que traduce literalmente conceptos esenciales, en detrimento de la claridad”.

3.- Principales novedades de la nueva ley de contratos del sector público.

Se ha de destacar, en primer lugar, que esta ley se ha aprobado con retraso en cuanto a las nuevas necesidades que habían planteado las nuevas directivas europeas sobre contratación europea de 2014.

También hay que destacar que “la Ley está compuesta por un Título Preliminar, 4 Libros, 53 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 16 disposiciones finales y 6 anexos; frente al Título Preliminar, 5 Libros, 36 disposiciones adicionales, 10 disposiciones transitorias, 6 disposiciones finales y 3 anexos que conformaban el Real Decreto Legislativo 3/2011”[3].

Por otro lado, siguiendo al INAP, hemos de destacar, en cuanto a las novedades de esta ley de contratos del sector público, que “en cuanto a las novedades específicas más importantes debemos destacar la inexistencia de clasificación para los contratos de servicios, la ya especificada desaparición del contrato de gestión de servicios públicos, las precisiones en relación con los medios propios, que a diferencia en lo previsto en la directiva debe ser íntegramente públicos y sin participación privada, la ya igualmente comentada desaparición del procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía y la incorporación de un procedimiento abierto simplificado, que incluso tiene una modalidad de contratación sumaria.

En cuanto a los procedimientos se siguen manteniendo la categoría de contratos menores, que ven rebajados sus umbrales de los 18.000€ vigentes en el TRLCSP para suministros y servicios a unos nuevos 15.000€. Igualmente, para obras se reduce las cuantías de los actuales a los nuevos 40.000€ tal y como se especifica 118 de la nueva LCSP.

En materia de contratos menores además de la ya referida reducción de los importes debe de reseñarse la necesidad de motivar específicamente la utilización del procedimiento, así como que ningún caso mediante la suma de dichos importes se va a llegar a cualquier actuación, que pudiera suponer un fraccionamiento del contrato por su cuantía

Junto a los nuevos importes para la consideración como contrato menor debemos señalar que en cuanto a los procedimientos se incorpora uno nuevo referido a la asociación para la innovación y se modifican los procedimientos abiertos y negociado existiendo por tanto cinco tipos de procedimientos para la realización de contratos del Sector Público:

  1. Abiertos (donde se crea una modalidad abreviada)
  2. Restringidos
  3. Objeto de negociación (los antiguamente denominados negociados, donde desaparece el negociado por razón de importe)
  4. Dialogo competitivo
  5. Asociación para la innovación

Por otro lado, se amplían los ámbitos y características del recurso especial en materia de contratación, puesto que es aplicable a todos los contratos que en materia de obras por más de 3.000.000 € y en suministros y servicios en más de 100.000€. Incorporándose de forma específica la posibilidad de recurso especial para los rescates de concesiones, esto es para la resolución de contratos de concesión de servicios por razón de oportunidad, o de legalidad con oposición del contratista.

En cuanto a la composición de las mesas de contratación en ningún caso podrán formar parte de las mismas ni emitir informes de valoración de las ofertas los cargos públicos representativos ni el personal eventual y únicamente podrá formar parte de la misma el personal funcionario interino cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente. No obstante, en el caso de las entidades locales, la Disposición Adicional Segunda sí permite a los miembros electos formar parte de la Mesa de contratación, pero no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma Tampoco podrá formar parte de las Mesas de contratación el personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate con las excepciones previstas en la Disposición Adicional Segunda.

El artículo 326.7 también prevé la posibilidad de que las leyes autonómicas, u otra legislación de desarrollo, establezcan que sea la Mesa de contratación la que ejerza las competencias relativas a la adjudicación que la LCSP atribuye a los órganos de contratación.

Ahora bien, la capacidad para la resolución de dichos contratos puede atribuirse no solo al tribunal Central de Recursos Contractuales y Tribunales autonómicos (como el de Madrid), sino que se prevé la posibilidad de creación de Tribunales Locales de Contratación”[4].

Por último, dentro de este apartado, también podemos destacar que “las principales novedades de la reforma van dirigidas a incorporar el criterio de la mejor relación calidad-precio y las cláusulas sociales y medioambientales, la publicidad y los medios electrónicos, y la simplificación general de los procedimientos de contratación.

En cuanto a los tipos contractuales, desaparece el contrato de colaboración público-privada y también la figura del contrato de gestión de servicios públicos, que viene a ser sustituido por el contrato de concesión de servicios. En este contrato, así como en el contrato de concesión de obras, la Administración transferirá ahora el «riesgo operacional» al concesionario a cambio de un precio. Por otra parte, los umbrales para calificar como con-tratos menores se han reducido a 40.000 € para los contratos de obras y 15.000 € para los contratos de suministro y servicios (antes 50.000 € y 18.000 €, respectivamente) al tiempo que se introducen —en medio de una ardiente polémica sobre su interpretación— medidas que pretenden reducir su uso, garantizar la transparencia y evitar la corrupción.

En relación con los procedimientos, la novedad más relevante es la limitación del procedimiento negociado sin publicidad motivada por su falta de transparencia. La nueva ley crea un nuevo procedimiento abierto simplificado, que se publicará en el perfil del contratante y, además, un procedimiento abierto super-simplificado. Asimismo, la LCSP introduce un nuevo procedimiento denominado «asociación para la innovación», que permite desarrollar nuevos productos, servicios u obras innovadoras, para su ulterior adquisición por los poderes adjudicadores.

Desde el punto de vista de la gobernanza, las mesas de contratación solo pueden estar integradas por funcionarios, se les otorga un carácter más técnico con la finalidad de impedir la corrupción y, además, se crea una Oficina independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.

Hay más modificaciones destacables, como las consultas preliminares de mercado, los requisitos flexibles de solvencia, los nuevos controles sobre las empresas de subcontratación, la publicación de toda la documentación de licitación relevante en el perfil del contratante o la extensión considerable de los susceptibles de impugnación en el recurso especial en materia de contratación, entre otras”[5].

Para más información sobre este punto, se hará un artículo más extensivo sobre esta ley más adelante. Mientras tanto, si el lector quiere aumentar sus conocimientos sobre esta materia, se le anima a consultar las fuentes aquí reseñadas, y los siguientes enlaces sobre la ley de contratos del sector público.

Principalmente se han de destacar las innovaciones en materia laboral, entre las que podemos destacar algunas como “la responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones laborales anteriores a la transmisión” o “Las garantías de corresponsabilidad de los empresarios principal, contratista y subcontratista” (consultar aquí el artículo de grupo El Derecho).

4.- Principales objetivos de la nueva normativa sobre contratación del sector público.

Como destaca el periódico El País, en su sección de Cinco Días, “el pasado día 9 de marzo comenzó una nueva etapa en la contratación pública española. Desde esa fecha está en vigor la Ley de Contratos del Sector Público cuyo contenido viene a incorporar las últimas Directivas sobre Contratación aprobadas por la Unión Europea.

Si hubiera que poner un calificativo singular a la nueva Ley, quizás podría ser el de “Ley de Reacción”. Prácticamente toda la doctrina especializada identifica la nueva Ley de Contratos como una Norma que pretende reaccionar desde el primer instante frente a los numerosos abusos de los últimos años en la contratación pública administrativa.

La Norma cita el término “corrupción” en más de diez ocasiones, sin complejo alguno, y ya desde el artículo 1º se aporta un nuevo concepto: “el principio de integridad”. El propósito del legislador, como reacción, es luchar contra las actuaciones irregulares: condescendientes, clientelar y monopolística en un mercado tan importante como siempre ha sido la contratación pública. Para ello, se ponen en marcha instrumentos y herramientas que, de manera eficaz, consigan evitar o paliar la anterior situación, a veces demasiado habitual en algunas Administraciones o entes del sector público.

Medidas como la obligatoria publicidad, prácticamente de todos los procedimientos, incluidos los contratos menores, (también rebajados en su cuantía), en los que se habrá de dar cuenta mediante publicación trimestral, de todos los realizados y, con quienes, a fin de evitar la reiteración de contratistas o la superación del límite de 15.000 €/año; la eliminación del procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía; la obligatoria inclusión en la Plataforma Web estatal del “Perfil de Contratante” de cualquier entidad del sector público; la inclusión ahora en ese perfil, (como medio de publicidad obligatorio y habitual en la web) de casi todos los actos de contratación, incluso las actas de las Mesas de Contratación, las valoraciones realizadas, identificación de licitadores, informes etc…

La ampliación de los recursos especiales en materia de contratación con mayores medidas cautelares y competencia de los Tribunales Administrativos independientes; el incremento de las prohibiciones para contratar ante conflicto de intereses o las posibles denuncias a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia por prácticas indebidas.

Pero a su vez hay otros aspectos, constructivos, incorporados a la norma y dirigidos a incrementar la competitividad entre empresas y propiciar notablemente una mayor participación de la pequeña y mediana en los procedimientos de contratación. Podemos considerar la nueva Ley como transversal: con efectos inmediatos en el sector público, (mediante la adopción de las anteriores medidas de control), pero a su vez, con repercusión positiva hacia las empresas o “sector privado licitador”, teniendo como especial referencia a las Pymes. La nueva Norma presenta, con cierta intencionalidad, importantes novedades dirigidas a promover la máxima concurrencia, publicidad, igualdad, transparencia o impulso de la competencia empresarial”[6].

Por tanto, lo principal en cuanto a objetivos de la ley es acabar con la corrupción en la adjudicación de los contratos del sector público, en cualquiera de sus niveles.

Como se resalta en la página de la Agencia APD, hay que destacar lo siguiente:

““La nueva Ley trata de luchar contra el fraude y la corrupción”, explicaba Patricia Palacios en una entrevista concedida a Estrategia Empresarial. La Socia Directora del Departamento de Derecho Público en País Vasco y Navarra de Garrigues, lo tiene claro: “La nueva norma se sustenta sobre la visión transparente y eficiente de la contratación pública, que viene de un pasado histórico opaco, con mala prensa, con un uso intensivo y a veces abusivo de procedimientos que deberían haber sido excepcionales… Por eso, el primer objetivo que se persigue es dotar de mayor transparencia a la contratación y luchar contra esa opacidad”.

“Uno de los ejes principales de la nueva Ley es la transparencia y la integridad en una materia tan comprometida como la contratación pública, de ahí que la norma contemple múltiples novedades”, subrayaba también Gonzalo Barrio, especialista en Derecho Administrativo de Garrigues.

Entre esas novedades aparece la incorporación de criterios sociales y medioambientales para la adjudicación de contratos, una regulación del perfil del contratante mucho más exhaustiva, o la supresión de la posibilidad de realizar contratos sin publicidad. A continuación, detallamos algunas de las principales implicaciones que tendrá la nueva norma para las empresas.

“La nueva Ley pone mayores límites a la figura del contrato menor, hasta ahora tan cuestionada, a través de la rebaja de las cuantías y de determinadas exigencias de publicidad e informes justificativos en el expediente de contratación”, subraya Palacios.

En este sentido, la normativa suprime la posibilidad de adjudicar contratos sin publicidad y obliga a dar una mayor visibilidad y transparencia a los contratos menores (servicios y suministros de pequeña cuantía con procedimientos más simples y rápidos en la adjudicación). Estos, además, se reducirán a aquellos con un valor igual o inferior a 40.000 euros (cuando se trate de obras) o a 15.000 euros (cuando sea el caso de suministros o servicios). Tal y como explica Barrio, “también se incorpora la limitación de que el contratista no haya suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra indicada”.

Además, se crean nuevos procedimientos de contratación tales como el procedimiento el abierto simplificado (para contratos por obras con una cuantía igual o inferior a dos millones de euros y de hasta 100.000 euros para servicios y suministros), el de licitación con negociación o el de asociación para la innovación (con el objetivo de encontrar nuevas soluciones innovadoras)”[7].

5.- Conclusiones.

En primer lugar, hay que destacar el importante cambio que supone esta normativa en relación con la anterior, sobre todo en el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de la ley, donde se destaca la entrada a las pymes en cuanto a la posibilidad de licitar para realizar contratos de carácter público en igualdad de condiciones que las grandes empresas, o incluso las multinacionales.

En segundo lugar, hay que destacar la mayor amplitud de contratos para ofrecer un abanico más amplio en cuanto ofrecer mejores servicios a la sociedad por parte de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su potestad.

En tercer lugar, mejoras en cuanto a la forma de realización de la oferta por parte de la Administración Pública para ofrecer los servicios y contratos, y, en cuanto a las empresas que licitan, a la forma de realizarlos.

En cuarto y último lugar, la forma de tener una normativa común europea para permitir a más empresas ofrecer mejores servicios en países de la Unión Europea.

6.-Referencias.

AGENCIA APD. (1 de Enero de 2018). Nueva Ley de Contratos del Sector Público: ¿mayor transparencia e integridad en las contrataciones? Obtenido de https://www.apd.es/nueva-ley-de-contratos-con-el-sector-publico-mayor-transparencia-y-menos-corrupcion/

Cinco días. (s.f.). La ley de contratos se propone luchar contra la corrupción. Obtenido de https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/04/06/legal/1522997486_182360.html

Contrato de obras. (s.f.). La nueva ley de contratos del sector público. Obtenido de https://contratodeobras.com/esquemas-de-la-nueva-ley-92017-de-contratos-del-sector-publico/

Cremades&Calvo Soleto abogados. (9 de Marzo de 2018). Cremades y Calvo Sotelo abogados. Obtenido de Las principales novedades introducidas por la nueva Ley de Contratos del Sector Público: https://www.cremadescalvosotelo.com/noticias-legales/las-principales-novedades-introducidas-por-la-nueva-ley-de-contratos-del-sector

El Consultor contratación administrativa. (7 de Marzo de 2018). El consultor Contratación Administrativa. Obtenido de Ya está en vigor la LCSP 2017: ¿estamos preparados?: http://consultorcontratacionadministrativa.laley.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDA0NTUyNDFXK0stKs7Mz7M1MjC0MDA2AAtkplW65CeHVBak2qYl5hSnqiUmFefnlJakhhZl2oYUlaYCAOgXqpJGAAAAWKE

García Rubio, F. (16 de Noviembre de 2017). La Administración al día. INAP. Obtenido de La nueva Ley de Contratos del Sector Público. Descripción de las novedades en la Administración Local: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507995

Grupo El Derecho. (2018). las principales novedades de la ley de contratos del sector público en materia laboral. Obtenido de https://elderecho.com/las-principales-novedades-de-la-ley-de-contratos-del-sector-publico-en-materia-laboral

Iberley. (1 de Marzo de 2018). Elementos de los contratos del sector público. Obtenido de Iberley: https://www.iberley.es/temas/elementos-contratos-sector-publico-62692

Notarios y registradores. (6 de Junio de 2018). LA NUEVA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. OBJETIVOS DE LA LEY, ÁMBITO SUBJETIVO Y OBJETIVO (I). Obtenido de notarios y registradores: https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/la-nueva-ley-de-contratos-del-sector-publico-objetivos-ambito-subjetivo-y-objetivo/

VILLAREJO GALENDE, H., & CALONGE VELÁZQUEZ, A. (1 de Septiembre de 2018). Las principales novedades de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Obtenido de Junta de Castilla y León.

[1] Elementos de los contratos del sector público: https://www.iberley.es/temas/elementos-contratos-sector-publico-62692

[2] El consultor contratación administrativa: http://consultorcontratacionadministrativa.laley.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDA0NTUyNDFXK0stKs7Mz7M1MjC0MDA2AAtkplW65CeHVBak2qYl5hSnqiUmFefnlJakhhZl2oYUlaYCAOgXqpJGAAAAWKE

[3] Cremades y Calvo-Sotelo: Las principales novedades de la Ley de Contratos del Sector Público. https://www.cremadescalvosotelo.com/noticias-legales/las-principales-novedades-introducidas-por-la-nueva-ley-de-contratos-del-sector

[4] La Administración al día. INAP: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507995

[5] Las principales novedades de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. https://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100Detalle/1131978346397/_/1284821870851/Redaccion

[6] Cinco días: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/04/06/legal/1522997486_182360.html

[7] Agencia APD: https://www.apd.es/nueva-ley-de-contratos-con-el-sector-publico-mayor-transparencia-y-menos-corrupcion/

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