Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos

Contenido

1.- Regulación: 3

2.- Ámbito de aplicación. 3

3.- Actuaciones de la Policía Judicial. 5

5.- Preparación del Juicio oral. 8

5.1.- Apertura del juicio oral. 8

6.- Juicio oral y sentencia. 9

7.- Sentencia de conformidad dictada por el Juez de Instrucción. 10

1.- Regulación:

La Ley 38/2002, de 24 de octubre, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, crea un nuevo proceso especial para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, que en ciertos casos permite el enjuiciamiento inmediato de los mismos.

Se trata de hechos punibles en que la Policía Judicial ha detenido a una persona y la ha puesto a disposición del Juzgado de guardia o en que, aun sin detenerla, la ha citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial.

Este procedimiento queda circunscrito, dentro del ámbito de aplicación del procedimiento abreviado, en virtud de ciertas circunstancias reguladas en la LECrim.

La pieza calve es una instrucción concentrada ante el Juzgado de Guardia. Novedosa es, asimismo, la posibilidad de que el Juez de Instrucción pueda dictar sentencia de conformidad sin entrar a enjuiciar los hechos.

Este procedimiento se encuentra regulado en los artículos 795 a 803 de la LECrim (Título II del Libro IV de la susodicha norma). También hay que destacar que la LO 1/2004 ha introducido una disposición adicional cuarta a la LECrim.

2.- Ámbito de aplicación.

Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales, el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos se aplicará a la instrucción y enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se inicie en virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de Guardia, o que, sin detenerla, la haya citado ante el mismo, y concurran las siguientes circunstancias:

  1. Que se trate de delitos flagrantes. Es delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido tanto el delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de cometerlo, si la persecución no se abandonase, o el delincuente “in fraganti”.
  2. Que se trate de algunos de los siguientes delitos:
    1. Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica cometidas contra las personas del artículo 173[1] del Código penal.
    1. Delitos de hurto.
    1. Delitos de robo.
    1. Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.
    1. Delitos contra la seguridad del tráfico.
    1. Delitos de daños del artículo 263 del Código penal (el que causare daños en propiedad ajena no comprendidos otros Títulos de este Código, será castigado con la pena de 6 a 24 meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño).
    1. Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368[2] del Código.
    1. Delitos flagrantes relativos a la propiedad industrial e intelectual de los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código penal.

Este procedimiento no será de aplicación a la investigación y enjuiciamiento de los delitos que fueren conexos a los delitos no comprendidos en el apartado anterior. No se aplicará el procedimiento cuando procede acordar el secreto de las actuaciones. Supletoriamente se aplicarán las normas del procedimiento abreviado.

3.- Actuaciones de la Policía Judicial.

La Policía judicial deberá practicar en el tiempo imprescindible y durante la detención las siguientes diligencias:

  1. Sin perjuicio de recabar los auxilios del ordinal 1º del artículo 770, solicitará del facultativo o personal sanitario que atendiere al ofendido, copia del informe relativo a la asistencia presada para su unión al atestado policial.
  2. Informará a la persona a la que se atribuya el hecho, aun sin procederse a su detención, del derecho que le asiste de comparecer ante el Juzgado de guardia asistido de abogado.
  3. Citará a la persona que resulte denunciada para comparecer ante el Juzgado de Guardia en el día y hora que se le señale.
  4. Citará también a los testigos para que comparezcan en el Juzgado de Guardia en el día y hora que se les indique, apercibiéndoles de las consecuencias de su incomparecencia.
  5. Citará también el mismo día y hora a las entidades aseguradoras, en el caso de que conste su identidad.
  6. Remitirá al Instituto de Toxicología, Instituto de Medicina Legal o al laboratorio correspondiente las sustancias aprehendidas cuyo análisis resulte pertinente.
  7. La práctica de las pruebas de alcoholemia se ajustará a lo establecido en la legislación de seguridad vial.
  8. Si no fuera posible la remisión al Juzgado de Guardia de algún objeto que debiera ser tasado, se solicitará inmediatamente la presencia del perito o servicio correspondiente.

Para la realización de las citaciones a que se refiere el apartado anterior, la policía judicial fijará el día y la hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de Guardia.

Si la urgencia lo requiere, las citaciones podrán hacerse por cualquier medio de comunicación, incluso verbalmente. Cuando la policía judicial tuviera conocimiento de la comisión de un hecho incardinable en algunas de las circunstancias del apartado 1 del artículo 795, continuará las investigaciones iniciadas, haciéndolo constar en el atestado, que se remitirá al Juzgado de Guardia.

4.- Diligencias urgentes ante el Juzgado de Guardia.

El Juzgado de Guardia, tras recibir el atestado, incoará, si procede, diligencias urgentes. Contra este auto no cabrá recurso alguno.

Sin perjuicio de las demás funciones que tiene encomendadas, practicará las siguientes diligencias, por el orden que considere más conveniente, con la participación del Ministerio Fiscal:

  1. Recabará los antecedentes penales del detenido o persona investigada.
  2. Si fuere necesario para la calificación jurídica de los hechos imputados:
    1. Recabará los informes periciales solicitados por la Policía Judicial.
    1. Ordenará, cuando resulte pertinente, que el Médico forense examine a las personas que hayan comparecido a presencia judicial y emita informe pericial.
    1. Ordenará la práctica por un perito de la tasación de bienes u objetos aprehendidos o intervenidos y puestos a disposición del tribunal.
  3. Tomará declaración al detenido puesto a disposición del tribunal o a la persona que haya comparecido a la citación conforme al artículo 775 de la LECrim. Ante la falta de comparecencia, podrá aplicar el artículo 487 de la LECrim.
  4. Tomará declaración a los testigos citados que haya comparecido. Ante la falta de comparecencia de alguno, podrá éste aplicar el artículo 420 de la LECrim.
  5. Llevará a cabo las informaciones del artículo 776 de la LECRIM.
  6. Practicará el reconocimiento en rueda del investigado.
  7. Ordenará el careo de testigos si fuere necesario.
  8. Ordenará la citación de las personas que considere necesario comparezcan ante él.
  9. Ordenará la práctica de cualquier diligencia pertinente.

Cuando por la residencia del testigo o víctima o por cualquier otro motivo, fuere de temer que una prueba no podrá practicarse en el juicio, practicará inmediatamente la misma. Dicha diligencia deberá documentarse en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen.

A efectos de su valoración como prueba, la parte a quien interese, deberá instar esto en el juicio oral. Después el juez oirá a las partes y al Ministerio Fiscal.

El Juez de Guardia dictará resolución con alguno de estos contenidos:

  1. En el caso de ser suficientes las diligencias, dictará auto en forma oral, que deberá documentarse y no será susceptible de recurso alguno. Si el juez de guardia reputa falta (actualmente delito leve), procederá a su enjuiciamiento inmediato.
  2. En el caso de considerar insuficientes las diligencias practicadas, ordenará que el procedimiento continúe como diligencias previas del procedimiento abreviado.
  3. Cuando el juez de guardia dicte el auto acordando algunas de las decisiones previstas en los tres primeros números ordinales del apartado 1 del artículo 779, en el mismo acordará lo que proceda sobre la adopción de medidas cautelares.

Las diligencias reseñadas deberán practicarse y adoptarse durante el servicio de guardia.

5.- Preparación del Juicio oral.

Cuando el juez de Guardia hubiere acordado seguir este procedimiento, en el mismo acto oirá al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que se pronuncien sobre si procede la apertura de juicio oral o el sobreseimiento y para que soliciten o se ratifiquen respecto a las medidas cautelares.

En todo caso, si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento, el juez procederá conforme a lo previsto en el procedimiento abreviado.

Si el Ministerio fiscal solicitare el sobreseimiento de la causa, y no hubiere acusador particular, antes de acordar el sobreseimiento, el Juez de instrucción:

  • Podrá acordar que se haga saber la pretensión del Ministerio fiscal a los directamente ofendidos o perjudicados.
  • Podrá remitir la causa al superior jerárquico para que resuelva si procede o no la acusación.

Cuando el Ministerio Fiscal o la acusación particular soliciten la apertura del Juicio oral, el juez de guardia procederá conforme a lo previsto en el artículo 783.1 de la LECrim.

5.1.- Apertura del juicio oral.

Abierto el juicio oral, si no se hubiere constituido acusación particular, el Ministerio Fiscal, presentará de inmediato su escrito de acusación, o formulará ésta oralmente. El acusado, a la vista de la acusación, podrá en el mismo prestar su conformidad conforme al artículo 801 de la LECrim.

Si el acusado solicitara la concesión de un plazo para la presentación de escrito de defensa, el Juez fijará prudencialmente el mismo dentro de los cinco días siguientes.

El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de guardia hará señalamiento para la celebración del juicio oral en la fecha más próxima, y, en todo caso, dentro de los quince días siguientes. A estos efectos, el CGPJ, según el artículo 110 LOPJ (tenga en cuenta el opositor que este extremo se encuentra derogado, pero no afecta al CGPJ), dictará los reglamentos oportunos para la ordenación de los señalamientos orales.

Si se hubiese constituido acusación particular que hubiese solicitado la apertura de juicio oral, y así lo hubiese acordado el juez, éste reemplazará en el acto a aquella y al Ministerio Fiscal.

Si el Ministerio Fiscal no presentare su escrito de acusación, el Juez requerirá inmediatamente al superior jerárquico del fiscal para que, en el plazo de dos días, presente el escrito.

6.- Juicio oral y sentencia.

El juicio oral se desarrollará en los términos previstos para el procedimiento abreviado. En el caso de que no pueda celebrarse el juicio oral en el día señalado, o que no pueda concluirse en un solo acto, señalará para su celebración o continuación el día más inmediato posible.

La sentencia se dictará dentro de los tres días siguientes a la terminación de la vista, en los términos del procedimiento abreviado.

7.- Sentencia de conformidad dictada por el Juez de Instrucción.

Esta novedosa posibilidad está recogida en el artículo 801 de la LECrim, tras la redacción dada por LO 8/2002, de 24 de octubre. Este artículo establece que:

  1. El acusado podrá prestar su conformidad ante el juzgado de guardia y dictar éste sentencia de conformidad, cuando concurran los siguientes requisitos:
    1. Que no se hubiera constituido acusación particular y el Ministerio Fiscal hubiere solicitado la apertura del juicio oral, y así acordada, aquél hubiere presentado en el acto escrito de acusación.
    1. Que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito castigado con pena de hasta tres años de prisión, con pena de multa o con otra pena de distinta naturaleza no superior a diez años.
    1. Que, siendo pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las penas solicitadas no supere los dos años de prisión.
  2. Dentro del ámbito definido en el apartado anterior, el Juzgado de Guardia realizará el control de la conformidad, y dictará sentencia imponiendo la pena solicitada reducida en un tercio.
  3. Para acordar la suspensión de la pena privativa de libertad, bastará con el compromiso del acusado de satisfacer las responsabilidades civiles que se hubieran generado. Asimismo, en los casos en que, conforme al artículo 87.1.1ª CP sea necesaria una certificación suficiente por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado de que el acusado se encuentra deshabituado, bastará para aceptar la conformidad y acordar la suspensión de la pena privativa de libertad.
  4. Dicta la sentencia de conformidad, el juez de guardia acordará lo procedente sobre la puesta en libertad o el ingreso en prisión.
  5. Si hubiere acusador particular, el acusado podrá prestar su conformidad con la más grave de las acusaciones. El artículo 801 LECrim, también prevé la aplicación a este procedimiento del artículo 787 de la LECrim para el procedimiento abreviado.

[1] Quien sea o haya sido su cónyuge, o sobre persona que esté o haya estado ligado a él por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre personas con discapacidad, o que se hallen sujetos a la tutela, potestad, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente.

[2] Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se hace referencia en los artícupollos 369 bis y 370.

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