La Tutela Judicial ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer

1.- Introducción.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, pretende proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres. El ámbito de la citada ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales, y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que influye en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, así como del principio de subsidiaridad.

El artículo 1.1 de la mencionada ley determina el objeto de la misma, estableciendo que “la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.

Para alcanzar los objetivos de esta ley, se reforman varias leyes, entre ellas la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Planta y Demarcación Judicial.

 

2.- Tutela judicial ante los Juzgados de violencia sobre la mujer.

La Ley orgánica del Poder Judicial, en la regulación sobre los Juzgados de Violencia, dispone lo siguiente: “En cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital de aquel y jurisdicción en el ámbito territorial de aquel. Tomarán su designación del municipio de su sede”.

Sin perjuicio de lo previsto sobre demarcación y planta, el Gobierno podrá establecer, a propuesta del CGPJ, que estos juzgados extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia. O que el conocimiento de los asuntos de estos Juzgados sea atribuido a un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

Asimismo, el artículo 87 ter de la LOPJ establece la competencia objetiva de estos Juzgados.

Los Juzgados de violencia sobre la mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos:

  1. Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el apartado anterior.
  2. Que alguna de las partes sea víctima de los actos de violencia de género en los términos indicados en el apartado a) de la competencia objetiva.
  3. Que alguna de las partes del proceso civil imputado como autor, inductor o cooperador necesario.
  4. Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia de Género actuaciones penales por delito a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se hayan adoptado una orden de protección a un a víctima de violencia de género.

Cuando el juez aprecia que estos casos no constituyen violencia de género, podrá inadmitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial competente. Está vedada la mediación.

La Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial e introduce el apartado 6 del artículo 87 ter, disponiendo lo siguiente:

“El Consejo General del Poder judicial deberá estudiar la necesidad o carencia de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y agresor durante el el proceso, así como impulsar la creación de las mismas, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas competentes. Se procurará que estas mismas dependencias sean utilizadas en los casos de agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual”.

Asimismo, la citada ley introduce el artículo 87 quáter en la Ley Orgánica del Poder Judicial estableciendo normas para la evaluación de datos obtenidos de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer­:

“El Consejo General del Poder Judicial encomendará al Observatorio contra la Violencia doméstica y de Género la evaluación de los datos provenientes de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, así de aquellos asuntos relacionados con la materia en juzgados no específicos.

Anualmente se elaborará un informe sobre los datos relativos a violencia de género y violencia sexual, que será publicado y remitido a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso de los Diputados y del Senado.

La información mencionada se incorporará a la Memoria Anual del Consejo General del Poder Judicial. Habrá de contener información sobre la discapacidad de las víctimas”.

Por su parte, el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reitera la competencia objetiva, en materia penal, de los Juzgados de Violencia sobre la mujer.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal determina la competencia territorial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, estableciendo en su artículo 15 bis que “en el caos de que se trate de algunos de los delitos y faltas cuya instrucción o conocimiento corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial vendrá determinada por el lugar de domicilio de la víctima.

Y, por último, también el artículo 17 bis de la LECrim determina que la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a se extenderá a la instrucción y enjuiciamiento de los delitos conexos.

En la regulación del procedimiento para el Enjuiciamiento Rápido de determinados delitos conexos, siempre que la conexión tenga su origen en los números 3 y 4 del artículo 17 de la LECrim.

3.- Especialidades procesales.

Hay que recordar que el artículo 14 de la LECrim determina la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, fijando los delitos y los requisitos y condiciones que han de concurrir en su comisión. Asimismo, este artículo dispone que esta competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, serán de aplicación tanto la LECrim como la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

No obstante, las peculiaridades que presentan tanto los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, así como los delitos atribuidos a su conocimiento, se ven reflejadas en algunas normas específicas o especialidades procesales, especialmente en el Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos y en el juicio por delitos leves.

En la regulación del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos se dispone en el artículo 797 bis de la LECrim, lo siguiente:

“En el supuesto de que la competencia corresponda al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, las diligencias y resoluciones señaladas en los artículos anteriores deberán ser practicadas y adoptadas durante las horas de audiencia”[1].

Asimismo, se dispone que la Policía judicial habrá de realizar las citaciones a que se refiere el artículo 796[2] ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en el día hábil más próximo. A este respecto, el artículo 797 bis LECrim dispone que, para la realización de las citaciones, la Policía Judicial fijará el día y hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

En el caso de la detención por la Policía Judicial de alguna persona, en algún procedimiento atribuido a un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, dicho detenido habrá de ser puesto a disposición del Juzgado de Guardia cuando no sea posible su presentación ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

En cuanto a las especialidades previstas, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, modificó el artículo 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, adicionando un nuevo apartado al mismo. Asimismo, la Ley Orgánica 1/2004 también modificó el artículo 160 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por último, también modificó el artículo 789 de la LECrim, introduciendo un nuevo apartado.

En cuanto a los procedimientos civiles atribuidos a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, el número 2 del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

4.- Pérdida de la competencia objetiva de los Juzgados civiles cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer.

Al examinar la competencia objetiva, se ha dicho que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tienen atribuidas competencias para conocer de determinados procedimientos de naturaleza civil, siendo esta competencia exclusiva y excluyente cuando concurran los requisitos previstos en el número 3 del artículo 87 ter de la LOPJ.

A este respecto, la Ley Orgánica 1/2004 reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil, adicionando a la misma un nuevo artículo 49 bis, que establece que:

1. Cuando un Juez, que esté conociendo en primera instancia de un procedimiento civil, tuviese noticia de la comisión de un acto de violencia de los definidos en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal o a una orden de protección, tras verificar la concurrencia de los requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá inhibirse, remitiendo los autos en el estado en que se hallen al Juez de Violencia sobre la Mujer que resulte competente, salvo que se haya iniciado la fase del juicio oral.

2. Cuando un Juez que esté conociendo de un procedimiento civil, tuviese noticia de la posible comisión de un acto de violencia de género, que no haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal, ni a dictar una orden de protección, tras verificar que concurren los requisitos del apartado 3 del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá inmediatamente citar a las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal que se celebrará en las siguientes 24 horas a fin de que éste tome conocimiento de cuantos datos sean relevantes sobre los hechos acaecidos. Tras ella, el Fiscal, de manera inmediata, habrá de decidir si procede, en las 24 horas siguientes, a denunciar los actos de violencia de género o a solicitar orden de protección ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que resulte competente. En el supuesto de que se interponga denuncia o se solicite la orden de protección, el Fiscal habrá de entregar copia de la denuncia o solicitud en el Tribunal, el cual continuará conociendo del asunto hasta que sea, en su caso, requerido de inhibición por el Juez de Violencia sobre la Mujer competente.

3. Cuando un Juez de Violencia sobre la Mujer que esté conociendo de una causa penal por violencia de género tenga conocimiento de la existencia de un proceso civil, y verifique la concurrencia de los requisitos del apartado 3 del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, requerirá de inhibición al Tribunal Civil, el cual deberá acordar de inmediato su inhibición y la remisión de los autos al órgano requirente.

A los efectos del párrafo anterior, el requerimiento de inhibición se acompañará de testimonio de la incoación de diligencias previas o de juicio de faltas, del auto de admisión de la querella, o de la orden de protección adoptada.

4. En los casos previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo, el Tribunal Civil remitirá los autos al Juzgado de Violencia sobre la Mujer sin que sea de aplicación lo previsto en el artículo 48.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo las partes desde ese momento comparecer ante dicho órgano.

En estos supuestos no serán de aplicación las restantes normas de esta sección, ni se admitirá declinatoria, debiendo las partes que quieran hacer valer la competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer presentar testimonio de alguna de las resoluciones dictadas por dicho Juzgado a las que se refiere el párrafo final del número anterior.

5. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ejercerán sus competencias en materia civil de forma exclusiva y excluyente, y en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.”

5.- Medidas Judiciales de protección y de seguridad de las víctimas.

La Ley 27/2003, de 31 de julio, reformó la LECrim, modificando el artículo 13 de la misma e introduciendo el artículo 544 ter, regulándose en este artículo la Orden de Protección.

5.1.- Introducción.

La Orden de Protección a las víctimas de violencia doméstica y de Género unifica los distintos instrumentos de amparo y tutela a las víctimas de estos delitos.

Pretende que, a través de un rápido y sencillo procedimiento judicial, sustanciado ante el Juzgado de Instrucción, pueda obtener la víctima un estatuto integral de protección que concentre de forma coordinada una acción cautelar de naturaleza civil y penal.

La orden judicial de protección supondrá, a su vez, que las distintas Administraciones activen inmediatamente los distintos instrumentos de protección judicial.

La decisión judicial habrá de sustanciarse de la manera menos perturbadora ene l seno del proceso penal en curso. A estos efectos, se posibilita que la audiencia judicial del presunto agresor coincida con la comparecencia prevista en el artículo 505.1 de la LECrim, cuando fuere procedente por la gravedad de los hechos o las circunstancias concurrentes, con la audiencia del artículo 798 si se tratase de causas tramitadas por el procedimiento de enjuiciamiento rápido.

Asimismo, se crea el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica, al que tendrán inmediato acceso las órdenes de protección dictadas.

Con relación a la intervención del Juez de Violencia sobre la Mujer en la adopción de la Orden de Protección del artículo 544 ter LECrim, debe tenerse también en cuenta la Disposición Adicional Cuarta de la LECrim.

5.2.- Supuestos.

El Juez de Instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia doméstica y de género en los casos en que, existiendo indicios fundados en la Comisión de un delito contra la vida, la integridad física o moral, libertad sexual, o seguridad de alguna de las personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código penal, resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección.

Sin perjuicio de la obligación de denunciar, las entidades u organismos asistenciales que tuvieran conocimiento de algunos de los hechos anteriores, deberán ponerlos inmediatamente en conocimiento del juez de guardia o del Ministerio fiscal.

5.3.- Legitimación para formular la solicitud de orden de protección y organismos ante los que debe efectuarse.

La orden de protección será acordada por el juez de oficio o a instancia de la víctima o persona que tenga con ella alguna de las relaciones indicadas en el artículo 173.2 CP, o del Ministerio Fiscal.

La orden protección podrá solicitarse directamente ante la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención a la víctima o los Servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones públicas, y ser remitida inmediatamente al Juez competente.

A estos efectos, el artículo 544 ter de la LECrim dispone que los servicios sociales y las instituciones facilitarán a las víctimas de violencia doméstica y de género la información, formularios y canales de comunicación telemáticos.

5.4.- Tramitación.

Recibida la solicitud de orden de protección, el Juez de Guardia convocará a una audiencia urgente a la víctima, su representante legal, al solicitante y al presunto agresor, asistido de abogado. Asimismo, será convocado el Ministerio Fiscal.

Esta audiencia se podrá sustanciar simultáneamente con la prevista en el artículo 505 LECrim cuando su convocatoria fuera procedente, con la audiencia regulada ene l artículo 798 LECrim en aquellas causas que se tramiten conforme al procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos o con el con el acto de juicio de delitos leves.

5.5.- Resolución y contenido de la misma.

Celebrada la audiencia, el Juez de guardia resolverá mediante auto lo que proceda sobre la solicitud de la orden de protección, así como sobre el contenido y vigencia de las medidas que incorpore.

La orden de protección confiere a la víctima de un delito de violencia doméstica y de género un estatuto integral de protección que comprenderá las medidas cautelares de orden civil y penal contempladas en este artículo y aquellas otras medidas de asistencia y protección social establecidas en el ordenamiento jurídico. La orden de protección podrá hacerse valer ante cualquiera autoridad y Administración Pública.

5.6.- Medidas de naturaleza civil.

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, ha modificado el apartado 7 del artículo 544 ter, estableciendo lo siguiente:

“Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos o personas con capacidad modificada judicialmente, determinando su régimen de cumplimiento, y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas, siempre que no hubieran sido previamente acordadas”.

Cuando existan menores o personas con la capacidad judicialmente modificada que convivan con la víctima, el Juez deberá pronunciarse sobre la pertinencia de la adopción de las medidas referidas. Estas medidas podrán consistir en la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, determinar el régimen de guarda y custodia, visitas, etc.

5.7.- Vigencia de las medidas de carácter civil.

Las medidas de carácter civil tendrán una vigencia temporal de 30 días. Si dentro de ese plazo fuese incoado a instancia de la víctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción civil, las medidas acordadas permanecerán en vigor durante 30 días siguiente a la demanda.

5.8.- Notificación de la orden de protección e información de la víctima.

La orden de protección será notificada a las partes, y comunicada por el Letrado de la Administración de Justicia inmediatamente, mediante testimonio íntegro, a la víctima y al as Administraciones públicas competentes para la adopción de medidas de protección.

La orden de protección implicará el deber de informar permanentemente a la víctima sobre la situación procesal del investigado o encausado, así como del alcance y vigencia de las medidas cautelares adoptadas.

5.9.- Inscripción de la Orden de Protección.

La orden de protección será inscrita en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género.

A este respecto, el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, regula en su artículo 1 el objeto del Real Decreto:

1. El presente real decreto tiene por objeto crear el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, y regular su organización y funcionamiento.

2. Dicho Sistema de registros estará integrado por el Registro Central de Penados, el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género, el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, el Registro Central de Rebeldes Civiles, el Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores y el Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Asimismo, el artículo 2.3.c) de este Real Decreto dispone el objeto del Registro central para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género, siendo éste “la inscripción de penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia por delito o falta, medidas cautelares y órdenes de protección acordadas en procedimientos penales en tramitación, contra alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Asimismo, la inscripción de los quebrantamientos de cualquier pena, medida u orden de protección acordada en dichos procedimientos penales”.

Respecto de la inclusión de datos en el sistema relativo al Registro central para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género, hay que atender al artículo 13.1 del mismo real decreto, debiendo remitirse esta información en el plazo máximo de 24 horas desde la firmeza de la sentencia o desde que se adopte la medida cautelar o sentencia no firme cuando se trate de inscripciones en el Registro Central para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género.

5.10.- Otro supuesto de inicio del procedimiento.

En aquellos casos en que durante la tramitación de un procedimiento penal en curso surja una situación de riesgo para alguna de las personas vinculadas con el investigado, conforme al artículo 173.2 del Código penal, el Juez o Tribunal podrá acordar la orden de protección de la víctima conforme a lo visto en otros apartados.

El último párrafo del artículo 544 bis de la LECrim, en relación a los delitos del artículo 57 del Código penal, dispone que, en caso de incumplimiento por parte del inculpado de la medida acordada por el Juez o Tribunal, éste convocará la comparecencia del artículo 505 para la adopción de la prisión provisional en los términos del artículo 503, de la orden de protección del artículo 544 ter o de otra medida cautelar de mayor limitación de la libertad provisional.


[2] Este artículo atribuye a la policía judicial, en este procedimiento, la práctica de diligencias consistentes en citar ante el Juzgado de Guardia al denunciado y a los testigos de los hechos.

[1] La referencia hecha a los artículos anteriores debe entenderse hecha a los artículos 796 y 797

1.- Introducción.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, pretende proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres. El ámbito de la citada ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales, y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que influye en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, así como del principio de subsidiaridad.

El artículo 1.1 de la mencionada ley determina el objeto de la misma, estableciendo que “la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.

Para alcanzar los objetivos de esta ley, se reforman varias leyes, entre ellas la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Planta y Demarcación Judicial.

 

2.- Tutela judicial ante los Juzgados de violencia sobre la mujer.

La Ley orgánica del Poder Judicial, en la regulación sobre los Juzgados de Violencia, dispone lo siguiente: “En cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital de aquel y jurisdicción en el ámbito territorial de aquel. Tomarán su designación del municipio de su sede”.

Sin perjuicio de lo previsto sobre demarcación y planta, el Gobierno podrá establecer, a propuesta del CGPJ, que estos juzgados extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia. O que el conocimiento de los asuntos de estos Juzgados sea atribuido a un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

Asimismo, el artículo 87 ter de la LOPJ establece la competencia objetiva de estos Juzgados.

Los Juzgados de violencia sobre la mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos:

  1. Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el apartado anterior.
  2. Que alguna de las partes sea víctima de los actos de violencia de género en los términos indicados en el apartado a) de la competencia objetiva.
  3. Que alguna de las partes del proceso civil imputado como autor, inductor o cooperador necesario.
  4. Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia de Género actuaciones penales por delito a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se hayan adoptado una orden de protección a un a víctima de violencia de género.

Cuando el juez aprecia que estos casos no constituyen violencia de género, podrá inadmitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial competente. Está vedada la mediación.

La Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial e introduce el apartado 6 del artículo 87 ter, disponiendo lo siguiente:

“El Consejo General del Poder judicial deberá estudiar la necesidad o carencia de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y agresor durante el el proceso, así como impulsar la creación de las mismas, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas competentes. Se procurará que estas mismas dependencias sean utilizadas en los casos de agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual”.

Asimismo, la citada ley introduce el artículo 87 quáter en la Ley Orgánica del Poder Judicial estableciendo normas para la evaluación de datos obtenidos de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer­:

“El Consejo General del Poder Judicial encomendará al Observatorio contra la Violencia doméstica y de Género la evaluación de los datos provenientes de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, así de aquellos asuntos relacionados con la materia en juzgados no específicos.

Anualmente se elaborará un informe sobre los datos relativos a violencia de género y violencia sexual, que será publicado y remitido a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso de los Diputados y del Senado.

La información mencionada se incorporará a la Memoria Anual del Consejo General del Poder Judicial. Habrá de contener información sobre la discapacidad de las víctimas”.

Por su parte, el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reitera la competencia objetiva, en materia penal, de los Juzgados de Violencia sobre la mujer.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal determina la competencia territorial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, estableciendo en su artículo 15 bis que “en el caos de que se trate de algunos de los delitos y faltas cuya instrucción o conocimiento corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial vendrá determinada por el lugar de domicilio de la víctima.

Y, por último, también el artículo 17 bis de la LECrim determina que la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a se extenderá a la instrucción y enjuiciamiento de los delitos conexos.

En la regulación del procedimiento para el Enjuiciamiento Rápido de determinados delitos conexos, siempre que la conexión tenga su origen en los números 3 y 4 del artículo 17 de la LECrim.

3.- Especialidades procesales.

Hay que recordar que el artículo 14 de la LECrim determina la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, fijando los delitos y los requisitos y condiciones que han de concurrir en su comisión. Asimismo, este artículo dispone que esta competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se llevará a cabo de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, serán de aplicación tanto la LECrim como la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

No obstante, las peculiaridades que presentan tanto los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, así como los delitos atribuidos a su conocimiento, se ven reflejadas en algunas normas específicas o especialidades procesales, especialmente en el Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos y en el juicio por delitos leves.

En la regulación del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos se dispone en el artículo 797 bis de la LECrim, lo siguiente:

“En el supuesto de que la competencia corresponda al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, las diligencias y resoluciones señaladas en los artículos anteriores deberán ser practicadas y adoptadas durante las horas de audiencia”[1].

Asimismo, se dispone que la Policía judicial habrá de realizar las citaciones a que se refiere el artículo 796[2] ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en el día hábil más próximo. A este respecto, el artículo 797 bis LECrim dispone que, para la realización de las citaciones, la Policía Judicial fijará el día y hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

En el caso de la detención por la Policía Judicial de alguna persona, en algún procedimiento atribuido a un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, dicho detenido habrá de ser puesto a disposición del Juzgado de Guardia cuando no sea posible su presentación ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

En cuanto a las especialidades previstas, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, modificó el artículo 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, adicionando un nuevo apartado al mismo. Asimismo, la Ley Orgánica 1/2004 también modificó el artículo 160 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por último, también modificó el artículo 789 de la LECrim, introduciendo un nuevo apartado.

En cuanto a los procedimientos civiles atribuidos a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, el número 2 del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

4.- Pérdida de la competencia objetiva de los Juzgados civiles cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer.

Al examinar la competencia objetiva, se ha dicho que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tienen atribuidas competencias para conocer de determinados procedimientos de naturaleza civil, siendo esta competencia exclusiva y excluyente cuando concurran los requisitos previstos en el número 3 del artículo 87 ter de la LOPJ.

A este respecto, la Ley Orgánica 1/2004 reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil, adicionando a la misma un nuevo artículo 49 bis, que establece que:

1. Cuando un Juez, que esté conociendo en primera instancia de un procedimiento civil, tuviese noticia de la comisión de un acto de violencia de los definidos en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal o a una orden de protección, tras verificar la concurrencia de los requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá inhibirse, remitiendo los autos en el estado en que se hallen al Juez de Violencia sobre la Mujer que resulte competente, salvo que se haya iniciado la fase del juicio oral.

2. Cuando un Juez que esté conociendo de un procedimiento civil, tuviese noticia de la posible comisión de un acto de violencia de género, que no haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal, ni a dictar una orden de protección, tras verificar que concurren los requisitos del apartado 3 del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá inmediatamente citar a las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal que se celebrará en las siguientes 24 horas a fin de que éste tome conocimiento de cuantos datos sean relevantes sobre los hechos acaecidos. Tras ella, el Fiscal, de manera inmediata, habrá de decidir si procede, en las 24 horas siguientes, a denunciar los actos de violencia de género o a solicitar orden de protección ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que resulte competente. En el supuesto de que se interponga denuncia o se solicite la orden de protección, el Fiscal habrá de entregar copia de la denuncia o solicitud en el Tribunal, el cual continuará conociendo del asunto hasta que sea, en su caso, requerido de inhibición por el Juez de Violencia sobre la Mujer competente.

3. Cuando un Juez de Violencia sobre la Mujer que esté conociendo de una causa penal por violencia de género tenga conocimiento de la existencia de un proceso civil, y verifique la concurrencia de los requisitos del apartado 3 del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, requerirá de inhibición al Tribunal Civil, el cual deberá acordar de inmediato su inhibición y la remisión de los autos al órgano requirente.

A los efectos del párrafo anterior, el requerimiento de inhibición se acompañará de testimonio de la incoación de diligencias previas o de juicio de faltas, del auto de admisión de la querella, o de la orden de protección adoptada.

4. En los casos previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo, el Tribunal Civil remitirá los autos al Juzgado de Violencia sobre la Mujer sin que sea de aplicación lo previsto en el artículo 48.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo las partes desde ese momento comparecer ante dicho órgano.

En estos supuestos no serán de aplicación las restantes normas de esta sección, ni se admitirá declinatoria, debiendo las partes que quieran hacer valer la competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer presentar testimonio de alguna de las resoluciones dictadas por dicho Juzgado a las que se refiere el párrafo final del número anterior.

5. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ejercerán sus competencias en materia civil de forma exclusiva y excluyente, y en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.”

5.- Medidas Judiciales de protección y de seguridad de las víctimas.

La Ley 27/2003, de 31 de julio, reformó la LECrim, modificando el artículo 13 de la misma e introduciendo el artículo 544 ter, regulándose en este artículo la Orden de Protección.

5.1.- Introducción.

La Orden de Protección a las víctimas de violencia doméstica y de Género unifica los distintos instrumentos de amparo y tutela a las víctimas de estos delitos.

Pretende que, a través de un rápido y sencillo procedimiento judicial, sustanciado ante el Juzgado de Instrucción, pueda obtener la víctima un estatuto integral de protección que concentre de forma coordinada una acción cautelar de naturaleza civil y penal.

La orden judicial de protección supondrá, a su vez, que las distintas Administraciones activen inmediatamente los distintos instrumentos de protección judicial.

La decisión judicial habrá de sustanciarse de la manera menos perturbadora ene l seno del proceso penal en curso. A estos efectos, se posibilita que la audiencia judicial del presunto agresor coincida con la comparecencia prevista en el artículo 505.1 de la LECrim, cuando fuere procedente por la gravedad de los hechos o las circunstancias concurrentes, con la audiencia del artículo 798 si se tratase de causas tramitadas por el procedimiento de enjuiciamiento rápido.

Asimismo, se crea el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica, al que tendrán inmediato acceso las órdenes de protección dictadas.

Con relación a la intervención del Juez de Violencia sobre la Mujer en la adopción de la Orden de Protección del artículo 544 ter LECrim, debe tenerse también en cuenta la Disposición Adicional Cuarta de la LECrim.

5.2.- Supuestos.

El Juez de Instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia doméstica y de género en los casos en que, existiendo indicios fundados en la Comisión de un delito contra la vida, la integridad física o moral, libertad sexual, o seguridad de alguna de las personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código penal, resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección.

Sin perjuicio de la obligación de denunciar, las entidades u organismos asistenciales que tuvieran conocimiento de algunos de los hechos anteriores, deberán ponerlos inmediatamente en conocimiento del juez de guardia o del Ministerio fiscal.

5.3.- Legitimación para formular la solicitud de orden de protección y organismos ante los que debe efectuarse.

La orden de protección será acordada por el juez de oficio o a instancia de la víctima o persona que tenga con ella alguna de las relaciones indicadas en el artículo 173.2 CP, o del Ministerio Fiscal.

La orden protección podrá solicitarse directamente ante la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención a la víctima o los Servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones públicas, y ser remitida inmediatamente al Juez competente.

A estos efectos, el artículo 544 ter de la LECrim dispone que los servicios sociales y las instituciones facilitarán a las víctimas de violencia doméstica y de género la información, formularios y canales de comunicación telemáticos.

5.4.- Tramitación.

Recibida la solicitud de orden de protección, el Juez de Guardia convocará a una audiencia urgente a la víctima, su representante legal, al solicitante y al presunto agresor, asistido de abogado. Asimismo, será convocado el Ministerio Fiscal.

Esta audiencia se podrá sustanciar simultáneamente con la prevista en el artículo 505 LECrim cuando su convocatoria fuera procedente, con la audiencia regulada ene l artículo 798 LECrim en aquellas causas que se tramiten conforme al procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos o con el con el acto de juicio de delitos leves.

5.5.- Resolución y contenido de la misma.

Celebrada la audiencia, el Juez de guardia resolverá mediante auto lo que proceda sobre la solicitud de la orden de protección, así como sobre el contenido y vigencia de las medidas que incorpore.

La orden de protección confiere a la víctima de un delito de violencia doméstica y de género un estatuto integral de protección que comprenderá las medidas cautelares de orden civil y penal contempladas en este artículo y aquellas otras medidas de asistencia y protección social establecidas en el ordenamiento jurídico. La orden de protección podrá hacerse valer ante cualquiera autoridad y Administración Pública.

5.6.- Medidas de naturaleza civil.

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, ha modificado el apartado 7 del artículo 544 ter, estableciendo lo siguiente:

“Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos o personas con capacidad modificada judicialmente, determinando su régimen de cumplimiento, y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas, siempre que no hubieran sido previamente acordadas”.

Cuando existan menores o personas con la capacidad judicialmente modificada que convivan con la víctima, el Juez deberá pronunciarse sobre la pertinencia de la adopción de las medidas referidas. Estas medidas podrán consistir en la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, determinar el régimen de guarda y custodia, visitas, etc.

5.7.- Vigencia de las medidas de carácter civil.

Las medidas de carácter civil tendrán una vigencia temporal de 30 días. Si dentro de ese plazo fuese incoado a instancia de la víctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción civil, las medidas acordadas permanecerán en vigor durante 30 días siguiente a la demanda.

5.8.- Notificación de la orden de protección e información de la víctima.

La orden de protección será notificada a las partes, y comunicada por el Letrado de la Administración de Justicia inmediatamente, mediante testimonio íntegro, a la víctima y al as Administraciones públicas competentes para la adopción de medidas de protección.

La orden de protección implicará el deber de informar permanentemente a la víctima sobre la situación procesal del investigado o encausado, así como del alcance y vigencia de las medidas cautelares adoptadas.

5.9.- Inscripción de la Orden de Protección.

La orden de protección será inscrita en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género.

A este respecto, el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, regula en su artículo 1 el objeto del Real Decreto:

1. El presente real decreto tiene por objeto crear el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, y regular su organización y funcionamiento.

2. Dicho Sistema de registros estará integrado por el Registro Central de Penados, el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género, el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, el Registro Central de Rebeldes Civiles, el Registro de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores y el Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Asimismo, el artículo 2.3.c) de este Real Decreto dispone el objeto del Registro central para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género, siendo éste “la inscripción de penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia por delito o falta, medidas cautelares y órdenes de protección acordadas en procedimientos penales en tramitación, contra alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Asimismo, la inscripción de los quebrantamientos de cualquier pena, medida u orden de protección acordada en dichos procedimientos penales”.

Respecto de la inclusión de datos en el sistema relativo al Registro central para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género, hay que atender al artículo 13.1 del mismo real decreto, debiendo remitirse esta información en el plazo máximo de 24 horas desde la firmeza de la sentencia o desde que se adopte la medida cautelar o sentencia no firme cuando se trate de inscripciones en el Registro Central para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género.

5.10.- Otro supuesto de inicio del procedimiento.

En aquellos casos en que durante la tramitación de un procedimiento penal en curso surja una situación de riesgo para alguna de las personas vinculadas con el investigado, conforme al artículo 173.2 del Código penal, el Juez o Tribunal podrá acordar la orden de protección de la víctima conforme a lo visto en otros apartados.

El último párrafo del artículo 544 bis de la LECrim, en relación a los delitos del artículo 57 del Código penal, dispone que, en caso de incumplimiento por parte del inculpado de la medida acordada por el Juez o Tribunal, éste convocará la comparecencia del artículo 505 para la adopción de la prisión provisional en los términos del artículo 503, de la orden de protección del artículo 544 ter o de otra medida cautelar de mayor limitación de la libertad provisional.


[1] La referencia hecha a los artículos anteriores debe entenderse hecha a los artículos 796 y 797

[2] Este artículo atribuye a la policía judicial, en este procedimiento, la práctica de diligencias consistentes en citar ante el Juzgado de Guardia al denunciado y a los testigos de los hechos.

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