Diferencias entre texto articulado y texto refundido

Son muchas las dudas que plantean las dudas entre un texto articulado y un texto refundido, incluso para los juristas. La verdad es que se trata de una diferencia muy difícil de entender.

En primer lugar, hay que decir que “se trata de formas de delegación dadas entre el poder legislativo de las Cortes Generales y el poder ejecutivo del Gobierno. Las Cortes Generales tienen la potestad legislativa según establece el artículo 66 de la constitución española. Sin embargo, según se tipifica en algunos artículos de los cuales hablaremos abajo, delegan al Gobierno la potestad para crear textos con rango de ley, estos textos pueden ser de 2 tipos: texto articulado y texto refundido. En el artículo 82.2 de la Constitución Española se explica la creación de un texto u otro según sea el origen de la delegación[1].

En este punto, hay que decir que “un texto articulado es aquel que se crea con la finalidad de crear nueva normativa sobre una determinada materia, que aún no tiene una regulación establecida. Parten de las leyes de Bases reguladas en el artículo 82 de la Constitución Española. Y la forma final del texto articulado es la de un Decreto legislativo o Real Decreto legislativo, dependiendo de dónde emane”[2].

En cuanto al texto refundido, hay que decir que “un texto refundido es aquel que recoge y unifica varias leyes que regulan la misma materia y tienen mismo rango jerárquico para unirlas en un único texto refundido. El origen de un texto refundido es una Ley ordinaria. Al unificar la normativa vigente se deshace de todos los preceptos derogados. El texto refundido tiene su forma final en una normal con rango de ley, conocido como Decreto Legislativo.

La refundición de textos viene recogida en el artículo 82.2 de la constitución, el Gobierno está habilitado para la creación de un texto refundido, tras la emisión de una ley ordinaria por parte de las Cortes, que lo habilite para ello. El artículo 82.5 habla de las facultades y limitaciones de las que dispone el Gobierno para llevar a cabo la refundición”.

Para entenderlo mejor, se puede decir que la principal diferencia entre uno y otro tipo de norma legislativa es la forma de realizar la delegación. En el caso del texto articulado, la delegación se lleva a cabo por medio de una ley de bases que regula las bases que han de regir la creación de la nueva norma. En el caso del texto refundido, la delegación se lleva a cabo mediante ley ordinaria.

También hay que destacar a quí, que “los términos subjetivos de la delegación legislativa se encuentran definidos de forma enteramente lógica en el art.82.1 CE, a cuyo tenor: “Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior”, de donde resulta que ningún otro órgano puede ser autor y recipiendario, respectivamente, de una delegación legislativa.

El Gobierno al que alude el artículo 82.1 es, sin duda, el órgano constitucional estrictamente definido en el artículo 98.1 CE, y no otra autoridad a la que pueda entenderse impropiamente aludida bajo el término Gobierno. Este requisito subjetivo permite a un sector de la doctrina defender que la delegación pierde su vigencia por caducidad si se produce el cese del Gobierno por cualquiera de las cusas previstas en el artículo 101 CE o sostener que el plazo por el que se concede la delegación no puede ser superior a cuatro años.

La cuestión de la supervivencia o no de la delegación en el caso de cese del Gobierno es parcialmente resuelta por el artículo 21.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. En virtud de este precepto, “Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales”. Una vez que el Gobierno deje de estar en funciones se entiende que puede de nuevo ejercer las delegaciones legislativas durante el plazo que se hubiera establecido.

La Ley del Gobierno no resuelve, sin embargo, cuál es el destino de las delegaciones legislativas en otros casos en los que la confianza parlamentaria en el Gobierno haya decaído. El ejemplo más claro es el de la moción de censura. Resulta problemático, al menos desde un punto de vista político, que un Gobierno ejerciera las delegaciones que estuvieran en vigor en el plazo que media entre la presentación de la moción de censura y la votación de la misma (vid art. 113.3 CE). Se trata de problemas que el Derecho positivo no resuelve de forma expresa y sobre los que la jurisprudencia no ha tenido todavía ocasión de pronunciarse”[3].

En cuanto a los requisitos objetivos de la delegación, hay que destacar que “en cuanto a los contenidos necesarios comunes a las dos modalidades de delegación, éstos vienen expresados en el apartado 3 del artículo 82, a cuyo tenor: “La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que haga de ella el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno”.

Este apartado recoge los principales requisitos que enmarcan constitucionalmente la delegación legislativa, y que pueden interpretarse como límites formales de la misma:

a) En primer término, la delegación debe otorgarse al Gobierno de forma expresa, lo que excluye a priori cualquier fórmula tácita o implícita de delegación. Así lo reitera el propio artículo 82.2 al afirmar que la delegación no podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado, tratando de garantizar en sede constitucional la exclusión terminante de los mecanismos de otorgamiento de plenos poderes que enturbiaron la experiencia constitucional del período de entreguerras (Constitución de la III República Francesa, Constitución de Weimar).

b) En segundo lugar, la delegación ha de otorgarse para materia concreta lo que, en principio, parece excluir delegaciones de ámbito excesivamente amplio. Sin embargo, este requisito ha merecido una interpretación enormemente flexible en la práctica, avalada por la jurisprudencia constitucional, con la consecuencia de abrir la puerta en nuestro ordenamiento a la delegación legislativa para amplios sectores normativos, con el ejemplo, tantas veces cuestionado desde la perspectiva constitucional, de la Ley 47/1985, de 27 de diciembre, de Bases de delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas, que dio lugar a 15 Decretos Legislativos de desarrollo y que, ciertamente, no resulta fácil calificar como una materia “concreta”. A pesar de todo, el Tribunal Constitucional en la STC 13/1992, de 6 de febrero, al igual que la STC 205/1993, de 17 de junio, han aclarado que dicho carácter concreto no impide la delegación sobre materias de cierta amplitud, siempre que se trate de un sector delimitado de intervención legislativa o administrativa (en concreto, Hacienda General y Deuda del Estado en el primer pronunciamiento o fijación de la competencia territorial de los Juzgados de lo Social, en el segundo). 

c) Por último, la delegación legislativa debe otorgarse con expresa indicación del plazo para su ejercicio, lo que excluye tanto la delegación sin plazo como la fijación de plazos tan dilatados que conviertan en inoperante este requisito. Los problemas relativos al requisito del plazo se plantean a propósito de la prórroga de tales plazos, lo que resulta una práctica frecuente cuando el Gobierno no es capaz de cumplir el horizonte temporal diseñado por la Ley de delegación, forzando una nueva intervención del legislador para extender el ámbito inicialmente previsto. Las dudas se plantean si dicha prórroga excede los límites temporales de la Legislatura, como ha sucedido en numerosas ocasiones. Esta práctica puede plantear serias dudas de adecuación a la Constitución, al igual que el establecimiento de delegaciones en Leyes completamente ajenas a la materia sobre la que versa la autorización, empleando la técnica de introducir modificaciones en la Ley original, en un discutible cumplimiento del requisito de homogeneidad y conexión material. Como ejemplo significativo, podemos traer a colación el ya citado de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, cuya Disposición Adicional cuarta establece una prórroga en la autorización para elaborar los Textos Refundidos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes y del Impuesto sobre Sociedades (finalmente aprobados como Reales Decretos Legislativos 3, 4 y 5/2004, de 5 de marzo). En los mismos términos, la Disposición Adicional quinta establece una más que discutible modificación de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales, con el fin de incorporar a este texto normativo la autorización para elaborar un texto refundido.

En cuanto a los contenidos necesarios específicos de la delegación mediante Ley de Bases se deducen del apartado 4 del artículo 82, a cuyo tenor:  “Las leyes de Bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio”. Estas exigencias vienen a reforzar la necesidad de que la delegación recaiga sobre materia concreta y excluir tajantemente la delegación en blanco.

Los contenidos necesarios específicos de la delegación para refundir textos vienen establecidos en el apartado 5 del artículo 82: “La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos”. La STC 13/1992, de 6 de febrero, se ha referido al supuesto en que la autorización para refundir textos legales incluye su adaptación a la Constitución, aclarando que resulta una mención superflua, pero, en ningún caso, contraria a la previsión constitucional.

Junto a los contenidos que necesariamente han de figurar en las Leyes de Delegación, la CE enuncia, a la inversa, una serie de prohibiciones, igualmente de carácter objetivo:

a) En primer lugar, las materias excluidas de la delegación, como son todas aquellas que deben ser reguladas mediante Ley Orgánica y, de forma implícita, las funciones que competen a las Cortes Generales no como órgano legislativo sino por otros conceptos, básicamente como órgano de control político.

b) En segundo lugar, la prohibición de subdelegación, lo que no entraña prohibición de que el Gobierno se habilite a sí mismo o a otra autoridad, en un texto articulado, para desarrollar reglamentariamente algún extremo del mismo”[4].


[1] Dudas legislativas: https://dudaslegislativas.com/diferencia-entre-texto-articulado-y-texto-refundido/

[2] Dudas legislativas.

[3] Sinopsis del artículo 82: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=82&tipo=2

[4] Sinopsis artículo 82.

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