Derecho

La Justicia de Paz

1.- La Justicia de Paz.

Los Juzgados de Paz, primer escalón de la estructura judicial del Estado, aparecen configurados como en la Ley Orgánica del Poder Judicial (arts. 99 a 103) como órganos servidos por jueces legos, no profesionales, que llevan a cabo funciones jurisdiccionales y mientras desempeñan su cargo integran el Poder Judicial, gozando de inamovilidad temporal.

La peculiar naturaleza de los Jueces de Paz, que están sujetos al estatuto jurídico de Jueces y Magistrados con algunas excepciones por su mandato y no profesionalidad, exigió que el Consejo General del Poder Judicial dictase el Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, incluyendo las disposiciones de carácter secundario y auxiliar relativas a los requisitos de capacidad e incompatibilidad.

2.- Organización y competencia, elección del Juez de Paz, la figura del Secretario del Juzgado de Paz.

2.1. Organización. La figura del Secretario del Juzgado de Paz.

De acuerdo con el artículo 99 de la LOPJ, en cada municipio donde no exista un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con jurisdicción en el término correspondiente, existirá un Juzgado de Paz.

Podrá existir una sola oficina para varia varios juzgados. Estas oficinas se constituyen en los casos en que el reducido número de habitantes de un municipio no justifica la constitución de una sede física para la oficina judicial del Juzgado de Paz; de este modo, la oficina agrupa a varios municipios y corresponde al Secretario el desplazamiento entre ellos.

En relación a estos juzgados, la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, estableció en su momento los siguientes criterios generales:

  • La Secretaría de Juzgados de Paz de poblaciones de más de 7000 habitantes y la de aquellos otros juzgados de paz o Agrupaciones de Secretarías de los mismos, en los que la carga de trabajo lo justifique, será desempeñada por un oficial al servicio de la Administración de Justicia (hoy cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa).
  • La Orden de plantilla determinará las agrupaciones a que se refiere el artículo 99.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (regulada en Real Decreto 257/1993, de 19 de febrero).
  • En los demás Juzgados de Paz, el Ayuntamiento nombrará una persona idónea para el desempeño de la Secretaría y lo comunicará al Ministerio para su aprobación, pudiendo con sujeción al régimen local, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos promover y efectuar Agrupaciones de Secretarías para que sean servidas por un solo funcionario.
  • En los juzgados de paz se prestará servicio por personal dependiente del Ayuntamiento.
  • No obstante, en los Juzgados de Paz de poblaciones de más de 7.000 habitantes y en aquellos Juzgados de paz en los que la carga de trabajo lo justifique, prestarán servicio funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.
  • Las instalaciones y medios del Juzgado, salvo cuando fuere conveniente su gestión por el Ministerio de Justicia, o la Comunidad Autónoma, estarán al cargo del ayuntamiento respectivo.
  • En los PGE, se establecerá un crédito para subvencionar a los Ayuntamientos por la atención de los conceptos a que se refieren los apartados anteriores.

La aprobación de la LO 19/2003, de 23 de diciembre, ha venido a introducir algún cambio sustancial en aquellos criterios. En primer término, se atribuye a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa el desempeño de la Secretaría Judicial de las Agrupaciones Juzgados de Paz, de Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes en los que la carga de trabajo lo justifique y los restantes puestos de trabajo adscritos a este cuerpo.

Y por otra parte, los miembros del Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz de municipios de más de 7.000 habitantes, declarados a extinguir, quedaron integrados en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.

Asimismo, y en relación con la sustitución de secretarías de Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes, el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional establece las siguientes reglas:

  1. En las secretarías de las oficinas judiciales de agrupaciones de secretarías de juzgados de paz, de juzgados de paz de más de 7.000 habitantes y en los de menos de 7.000 habitantes cuya carga de trabajo lo justifique, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, permisos vacaciones o licencias, las sustituciones se realizarán en este orden:
    1. Funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal.
    1. Funcionario del Cuerpo de Tramitación procesal si reúne los requisitos establecidos para el cuerpo.
  2. Si no es posible la sustitución en los términos anteriores, podrán conferirse comisiones de servicio sin relevación de funciones.

2.2. Competencias.

Los Juzgados de Paz conocerán, en el orden civil, según el artículo 100 de la LOPJ, de la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que la ley determine. Cumplirán también funciones de Registro civil y las demás que la ley les atribuya[1].

En el orden penal conocerán en primera instancia de los procesos por faltas (actualmente delitos leves)que les atribuya la ley. Podrán intervenir, igualmente, en actuaciones penales de prevención, o por delegación, y en aquellas otras que la ley señale.

2.3. Elección del Juez de Paz.

2.3.1 Requisitos para ser Juez de Paz.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 3/1995, de 7 de junio, se requiere ser español, mayor de edad y no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que establece el artículo 303 de la LOPJ.

Podrán ser nombrados Jueces de Paz, tanto titulares como sustitutos, quienes, aun no siendo licenciados en Derecho, reúnan los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial, excepto los derivados de la jubilación por edad.

2.3.2. Mandato.

Los jueces de paz y sus sustitutos serán nombrados por un periodo de cuatro años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

2.3.3. Proceso de designación.

El del Juez de Paz recaerá de ordinario en las personas elegidas por el respectivo Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101.1 de la LOPJ. Así, cuando la Sala de Gobierno del TSJ considere que las personas elegidas por el Ayuntamiento reúnen las condiciones de capacidad y de elegibilidad exigidas expedirá los correspondientes nombramientos y ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la provincia.

Sin embargo, existe un segundo procedimiento de designación, en el que, corresponde a la Sala de Gobierno del TSJ efectuar la elección del candidato para el cargo de Juez de Paz.

A) Designación a propuesta del Ayuntamiento respectivo. Las vacantes de Juez de Paz titular y sustito se anunciarán por el Ayuntamiento respectivo con la suficiente antelación, mediante convocatoria pública, con indicación del plazo y lugar de presentación de instancias. Se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y mediante edictos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia participarán a los Ayuntamientos la previsión o existencia de vacantes a los efectos de la necesaria convocatoria.

De conformidad con el artículo 101.2 de la LOPJ, la elección del Juez de Paz y de su sustituto se efectuará por el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten.

El acuerdo del Ayuntamiento será remitido al Juez de Primera Instancia e Instrucción del partido, y, si hubiere varios, al Decano, que lo elevará al TSJ. Al acuerdo del Ayuntamiento se acompañará una certificación comprensiva de estos hechos:

  1. Referencia detallada de las circunstancias en que se produjo la elección.
  2. Mención de la observancia del quórum exigido.
  3. Datos de identificación y condiciones de capacidad y de compatibilidad de los elegidos.

B) Designación directa por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia deberá efectuar la designación directa del Juez de paz en los siguientes casos:

  • Cuando considere, oído el Ministerio Fiscal, que la persona o personas propuestas no reúnen las condiciones exigidas por Ley.
  • Si, en el plazo de tres meses desde la vacante en un Juzgado de Paz, el Ayuntamiento no efectuase la correspondiente propuesta.
  • En los casos en que el Ayuntamiento formulase únicamente propuesta de Paz titular.

En todos estos casos, se anunciará la vacante en el Boletín Oficial de la provincia donde tenga su sede el Juzgado de Paz. Se acordará asimismo, la publicación de edictos en el tablón de anuncios en el Ayuntamiento correspondiente, en el Tribunal Superior de Justicia, en el del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del Partido y en el del Juzgado de Paz.

La Sala de Gobierno valorará los méritos de los solicitantes y designará al que estime más idóneo.

Si no hubiera solicitudes o los solicitantes no reunieran las condiciones legales la Sala de Gobierno podrá efectuar la designación libremente entre quienes reúnan los requisitos de idoneidad y se hallen dispuestos a aceptarla.

2.3.4. Toma de posesión.

Los Jueces de Paz tomarán posesión de su respectivo cargo dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido. La Sala de Gobierno podrá prorrogar tales plazos si mediase justa causa. La duración del mandato se computará desde la fecha de publicación de su nombramiento.

Si la persona nombrada Juez de Paz se negase a prestar juramento o promesa, cuando proceda, o dejara de tomar posesión sin justa causa, se entenderá que renuncia al cargo.

No estarán obligados a prestar juramento o promesa quienes ya lo hubieran prestado con anterioridad como Jueces de Paz. Una vez hayan tomada posesión de sus cargos, les será expedido por la Sala de Gobierno respectiva un carné acreditativo.

2.3.5. Incompatibilidades.

Durante su mandato los Jueces de Paz estarán sujetos al régimen de incompatibilidades y prohibiciones reguladas en los artículos 389 a 397 de la LOPJ[i] en lo que les sea aplicable, pero en todo caso tendrán compatibilidad para las siguientes actividades:

  1. La dedicación a la docencia o a la investigación jurídica.
  2. El ejercicio de actividades profesionales o mercantiles que no impliquen asesoramiento jurídico de ningún tipo, y que, por su naturaleza, no sean susceptibles de impedir o menoscabar su imparcialidad o independencia.

Cuando en la persona elegida por el Ayuntamiento concurriera alguna causa de incompatibilidad, podrá la Sala de Gobierno proceder a su nombramiento si el propuesto reúne los requisitos legales de capacidad, concediéndole el plazo de ocho días para que acredite el cese en el ejercicio de la actividad incompatible.

La autorización, reconocimiento o denegación de compatibilidad de los Jueces de Paz y sustituto corresponde al Consejo General del Poder Judicial previo informe del Presidente del TSJ respectivo.

2.3.6. Derechos y deberes.

A) Deber de residencia. Los Jueces de Paz deberán residir en la población donde tenga su sede el Juzgado de Paz de Paz. No obstante, la Sala de Gobierno del TSJ del que dependan podrá autorizar por causas justificada la residencia en distinto lugar, siempre que sea compatible con el exacto cumplimiento de las funciones.

B) Horas de audiencia. En cada Juzgado de paz el Juez fijará las horas de audiencia, dándose al acuerdo la debida publicidad.

C) Inamovilidad. Los jueces de paz durante el tiempo de su mandato gozarán de inamovilidad.

D) Prohibiciones. Los jueces de paz no podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos, o tener empleo al servicio de los mismos.

Los jueces de paz no podrán revelar hechos o noticias referentes a personas físicas o jurídicas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

E) Régimen económico. De conformidad con el artículo 103.1 de la LOPJ, los Jueces de Paz serán retributivos serán retribuidos por el sistema y cuantía legalmente establecidos.

F) Derechos honoríficos. Los Jueces de Paz tendrán derecho dentro su circunscripción al tratamiento y precedencia que se les reconozca en la suya a los Jueces de Primera Instancia e Instrucción.

G) Permisos y licencias. Los Jueces de Paz están sujetos al régimen de licencias y permisos previsto en los artículos 371 a 377 de la LOPJ.

2.3.7. Cese.

Los jueces de paz cesarán en su cargo por las siguientes causas:

  1. Por el transcurso del plazo por el que fueron nombrados.
  2. Por renuncia aceptada por la Sala de Gobierno.
  3. Por incurrir en causa de incapacidad o incompatibilidad.

En los casos anteriores, el Acuerdo correspondiente de la Sala de Gobierno será comunicado al CGPJ.

En caso de sanción disciplinaria, pérdida de la nacionalidad española o condena a pena privativa de libertad por razón de delito doloso, el cese será acordado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

2.3.8. Responsabilidad de los Jueces de Paz.

La responsabilidad penal por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones de su cargo, se exigirá conforme a los artículos 405 a 410 de la Ley Orgánica del Poder Judicial[ii].

Dispone el artículo 31 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, que los jueces de paz responderán únicamente por los daños y perjuicios que causaren cuando en el desempeño de sus funciones incurrieren en dolo o culpa, según los artículos 411 a 413 de la LOPJ (suspendidos por 7/20015.

La responsabilidad civil podrá exigirse de conformidad con los artículos 412 a 413 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, estas referencias deben considerarse tácitamente derogadas a partir de la aprobación de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.

Los Jueces de Paz están sujetos a responsabilidad disciplinaria en los casos y con las garantías previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3.- La Justicia de Paz en el ámbito de la cooperación jurisdiccional y en los procesos civiles y penales atribuidos a dichos órganos.

3.1. Competencias en el orden civil.

De conformidad con la previsión contenida en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial[iii], los Juzgados de Paz:

  1. Conocerán de la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que la ley determine. En concreto, según el artículo 47 de la Ley de Enjuiciamiento Civil[iv], que a los Juzgados de paz les corresponde el conocimiento en primera instancia, de los asuntos civiles de cuantía no superior a 90 euros no comprendidos en ninguno de los casos del artículo 250, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  2. Cumplirán también funciones de Registro Civil. En este punto, de acuerdo con la Ley y el Reglamento del Registro Civil, el Juez de Paz actúa por delegación del Juez de Primera Instancia y con iguales facultades por lo que respecta a las Secciones de Nacimientos, Matrimonios y Defunciones, salvo los expedientes. Extenderá las inscripciones dentro de plazo de nacimientos habidos en matrimonio, las ordinarias de defunción, las de matrimonio en forma religiosa mediante certificación respectiva, las de matrimonio en forma civil cuyo expediente haya instruido, y las notas marginales que no sean de rectificación o cancelación.
  3. Las demás que le atribuya la Ley. Entre otras funciones destaca la atribución del conocimiento de los actos de conciliación. Así, según el artículo 140.1 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, “será competente para conocer de los actos de conciliación el Juez de Paz o el Secretario Judicial (actualmente, Letrados de la .Administración de Justicia) o el Juzgado de lo Mercantil, cuando se trate de materias de su competencia, del domicilio del requerido…”. Y a continuación especifica que, “no obstante lo anterior, si la cuantía fuere inferior a 6.000 euros y no se tratara de cuestiones atribuidas a los Juzgados de lo Mercantil, la competencia corresponderá, en su caso, a los Jueces de Paz”.

3.2. Competencias en el orden penal.

Igualmente, de conformidad con el artículo 100 de la LOPJ, los Juzgados de Paz:

  1. Conocerán en primera instancia de los procesos por faltas que les atribuya la ley. Esta referencia al conocimiento de las faltas ha de entenderse derogada tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2015, de 1 de marzo, de modificación del Código penal. En el pasado, estos juzgados conocieron de algunos juicios de faltas, como los promovidos por deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de dominio público o privado sin la autorización de la Administración competente.
  2. Podrán intervenir en actuaciones penales de prevención, o por delegación, y de aquellas otras que señalen las leyes.

3.3. La cooperación jurisdiccional.

Establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 273, que los jueces y tribunales cooperarán y se auxiliarán entre sí en el ejercicio de la función jurisdiccional. Y añade el siguiente artículo que “Se recabará la cooperación judicial cuando debiere practicarse una diligencia fuera de la circunscripción del Juzgado o Tribunal que la hubiere ordenado o ésta fuere de la específica competencia de otro Juzgado o Tribunal. La petición de cooperación, cualquiera que sea el Juzgado o Tribunal a quien se dirija, se efectuará siempre directamente, sin dar lugar a traslados ni reproducciones a través de órganos intermedios”.

Las anteriores reglas se concretan posteriormente a través de las diferentes leyes procesales. Así lo establece, por ejemplo, el artículo 169 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se solicita el auxilio judicial para las actuaciones que hayan de efectuarse fuera de la circunscripción del tribunal que conozca del asunto, incluidos los actos de reconocimiento judicial, cuando el tribunal no considere posible o conveniente trasladarse fuera de su circunscripción. También podrá pedirse el auxilio para las actuaciones a practicarse fuera del término municipal en que tenga su sede el tribunal que las haya ordenado.

No obstante, el interrogatorio de las partes, la declaración de testigos y la ratificación de los peritos han de realizarse en la sede del tribunal que conozca del asunto.

Solo cuando por razón de la distancia, dificultad en el desplazamiento, circunstancias personales de la parte, del testigo o perito, u otra causa de análoga naturaleza, resulte imposible o muy gravosa la comparecencia de las personas citadas, se podrá solicitar el auxilio judicial para la práctica de los actos de prueba.

Así pues, la Ley de Enjuiciamiento civil limita la intervención de los Juzgados de Paz a la práctica de los actos de comunicación y no de otra clase. Además, de acuerdo con el Reglamento de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, en todo caso habrá de evitarse que sobre los Juzgados de Paz recaiga por vía de auxilio judicial la práctica de actuaciones que desborden las posibilidades de su organización y medios.

En términos similares, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los Jueces y tribunales se auxiliarán entre sí mutuamente para la práctica de todas las diligencias que fueren necesarias para la sustanciación de las causas criminales.

4.- Sistema de recursos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Juzgados de Primera Instancia conocerán en el orden civil de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Paz del partido. Norma que se complementa con la recogida en el artículo 455.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la que los juzgados de primera instancia conocerán de los recursos de apelación cuando las resoluciones apelables hayan sido dictadas por Juzgados de paz de su partido.

Por lo demás, contra las providencias se dará recurso de reposición (artículo 451 de la LEC), al igual que sucede con las resoluciones que pueda dictar un Juez de Instrucción. Sí cabrá frente a algún auto que pudiera adoptar en el marco de actuaciones penales a prevención o por delegación.

5.- Las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz.

Este régimen está previsto en el artículo 99.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El régimen jurídico aplicable a estas oficinas se encuentra recogido en el Real Decreto 257/1993, de 19 de febrero. Sus aspectos más significativos son los siguientes:

  1. Requisitos para su constitución. Todos los juzgados de paz integrantes de una agrupación deberán formar parte del mismo partido judicial, y las circunscripciones de los municipios cuyos juzgados de paz integren la agrupación.
  2. Sede de la Agrupación: el centro de destino de los funcionarios de estas agrupaciones se constituirá en el municipio de mayor población.
  3. Procedimiento para su aprobación. La constitución de las agrupaciones de secretarías de juzgados de paz, así como la determinación de la plantilla, se efectuará mediante orden del Ministro de Justicia, oídas las organizaciones sindicales más representativas y previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades Autónomas.
  4. Plan de actividades y desplazamientos: las Gerencias territoriales del Ministerio de Justicia, o el órgano competente de las Comunidades Autónomas, elaborarán un plan semestral de actividades y desplazamientos del personal.

[1] No obstante la competencia atribuida en materia de Registro civil a los jueces de paz, quedará sin efecto a partir del 30 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, y de la Ley Orgánica de 8/2011, de 21 de julio, complementaria de la Ley de Registro civil.


[i] Artículo 389

El cargo de Juez o Magistrado es incompatible:

  1. Con el ejercicio de cualquier otra jurisdicción ajena a la del Poder Judicial.
  2. Con cualquier cargo de elección popular o designación política del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias y demás entidades locales y organismos dependientes de cualquiera de ellos.
  3. Con los empleos o cargos dotados o retribuidos por la Administración del Estado, las Cortes Generales, la Casa Real, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y cualesquiera entidades, organismos o empresas dependientes de unos u otras.
  4. Con los empleos de todas clases en los Tribunales y Juzgados de cualquier orden jurisdiccional.
  5. Con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquélla, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
  6. Con el ejercicio de la Abogacía y de la Procuraduría.
  7. Con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido.
  8. Con el ejercicio de toda actividad mercantil, por sí o por otro.
  9. Con las funciones de Director, Gerente, Administrador, Consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género.

Artículo 390

1. Los que ejerciendo cualquier empleo, cargo o profesión de los expresados en el artículo anterior fueren nombrados Jueces o Magistrados, deberán optar, en el plazo de ocho días, por uno u otro cargo, o cesar en el ejercicio de la actividad incompatible.

2. Quienes no hicieren uso de dicha opción en el indicado plazo se entenderá que renuncian al nombramiento judicial.

Artículo 391

No podrán pertenecer a una misma Sala de Justicia o Audiencia Provincial Magistrados que estuvieren unidos por vínculo matrimonial o situación de hecho equivalente, o tuvieren parentesco entre sí dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, salvo que, por previsión legal o por aplicación de lo dispuesto en los artículos 155 y 198.1 de esta Ley existieren varias secciones, en cuyo caso podrán integrarse en secciones diversas, pero no formar Sala juntos.

Tampoco podrán pertenecer a una misma Sala de Gobierno Jueces o Magistrados unidos entre sí por cualquiera de los vínculos a que se refiere el párrafo anterior. Esta disposición es aplicable a los Presidentes.

Artículo 392

1. Los Jueces o Magistrados no podrán intervenir en la resolución de recursos relativos a resoluciones dictadas por quienes tengan con ellos alguna de las relaciones a que hace referencia el artículo anterior, ni en fases ulteriores del procedimiento que, por su propia naturaleza, impliquen una valoración de lo actuado anteriormente por ellas.

En virtud de este principio, además de la obligación de abstención, siempre que concurra cualquiera de los vínculos a que se refiere el artículo anterior, son incompatibles:

a) Los Jueces de Instrucción con los Jueces unipersonales de lo Penal que hubieran de conocer en juicio oral de lo instruido por ellos y con los Magistrados de la Sección que se hallen en el mismo caso.

b) Los Magistrados de cualquier Sala de Justicia, constituya o no sección orgánica, a la que se halle atribuido el conocimiento de los recursos respecto de las resoluciones de un órgano jurisdiccional, cualquiera que sea el orden a que pertenezca, con los Jueces o Magistrados de dicho órgano. Se exceptúan de esta incompatibilidad las Salas y Secciones del Tribunal Supremo.

2. Serán incompatibles cuando concurra entre ellas cualquiera de las relaciones a que se refiere el artículo anterior:

a) Los Presidentes y Magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y los de las Audiencias Provinciales, respecto de los miembros del Ministerio Fiscal de la correspondiente Fiscalía, salvo cuando en la Audiencia Provincial hubiere más de tres secciones.

b) Los Presidentes y Magistrados de la Sala de lo Civil y Penal respecto del Fiscal Jefe y Teniente Fiscal de dicho órgano.

c) Los Jueces de Instrucción y los Jueces unipersonales de lo Penal, respecto de los Fiscales destinados en Fiscalías en cuyo ámbito territorial ejerzan su jurisdicción, con excepción de los Partidos donde existan más de cinco órganos de la clase que se trate.

d) Los Presidentes, Magistrados y Jueces respecto de los Secretarios y demás personal al servicio de la Administración de Justicia que dependan de ellos directamente.

Artículo 393

No podrán los Jueces y Magistrados desempeñar su cargo:

1. En las Salas de Tribunales y Juzgados donde ejerzan habitualmente, como Abogado o Procurador, su cónyuge o un pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. Esta incompatibilidad no será aplicable en las poblaciones donde existan diez o más Juzgados de Primera Instancia e Instrucción o Salas con tres o más Secciones.

2. En una Audiencia Provincial o Juzgado que comprenda dentro de su circunscripción territorial una población en la que, por poseer él mismo, su cónyuge o parientes de segundo grado de consanguinidad intereses económicos, tengan arraigo que pueda obstaculizarles el imparcial ejercicio de la función jurisdiccional. Se exceptúan las poblaciones superiores a cien mil habitantes en las que radique la sede del órgano jurisdiccional.

3. En una Audiencia o Juzgado en que hayan ejercido la Abogacía o el cargo de Procurador en los dos años anteriores a su nombramiento.

Artículo 394

1. Cuando un nombramiento dé lugar a una situación de incompatibilidad de las previstas en los artículos anteriores quedará el mismo sin efecto y se destinará con carácter forzoso al Juez o Magistrado, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que hubiera podido incurrirse.

2. Cuando la situación de incompatibilidad apareciere en virtud de circunstancias sobrevenidas, el Consejo General del Poder Judicial procederá al traslado forzoso del Juez o Magistrado, en el caso del número 1 del artículo anterior, o del último nombrado en los restantes. En su caso podrá proponer al Gobierno el traslado del miembro del Ministerio Fiscal incompatible, si fuera de menor antigüedad en el cargo. El destino forzoso será a cargo que no implique cambio de residencia si existiera vacante, y en tal caso ésta no será anunciada a concurso de provisión.

Artículo 395

No podrán los Jueces o Magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos, y les estará prohibido:

1.º Dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir, en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicas que no tengan carácter judicial, excepto aquellas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial.

2.º Tomar en las elecciones legislativas o locales más parte que la de emitir su voto personal. Esto, no obstante, ejercerán las funciones y cumplimentarán los deberes inherentes a sus cargos.

Artículo 396

Los Jueces y Magistrados no podrán revelar los hechos o noticias referentes a personas físicas o jurídicas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 397

La competencia para la autorización, reconocimiento o denegación de compatibilidades, con arreglo a lo dispuesto en este capítulo, corresponde al Consejo General del Poder Judicial, previo informe del Presidente del Tribunal o Audiencia respectiva.

[ii] Artículo 405

La responsabilidad penal de los Jueces y Magistrados por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de las funciones de su cargo se exigirá conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 406

El juicio de responsabilidad penal contra Jueces y Magistrados podrá incoarse por providencia del Tribunal competente o en virtud de querella del Ministerio Fiscal, o del perjudicado u ofendido, o mediante el ejercicio de la acción popular.

Artículo 407

Cuando el Tribunal Supremo, por razón de los pleitos o causas de que conozca o por cualquier otro medio, tuviere noticia de algún acto de Jueces o Magistrados realizado en el ejercicio de su cargo y que pueda calificarse de delito o falta, lo comunicará, oyendo previamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, a los efectos de incoación de la causa. Lo mismo harán, en su caso, los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias.

Artículo 408

Cuando otras Autoridades Judiciales tuvieren conocimiento, a través de las actuaciones en que intervinieren, de la posible comisión de un delito o falta por un Juez o Magistrado en el ejercicio de su cargo, lo comunicarán al Juez o Tribunal competente, oído el Ministerio Fiscal, con remisión de los antecedentes necesarios.

Artículo 409

Cuando el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno u otro órgano o autoridad del Estado o de una Comunidad Autónoma considere que un Juez o Magistrado ha realizado, en el ejercicio de su cargo, un hecho que puede ser constitutivo de delito o falta, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal por si procediere el ejercicio de la acción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 406.

Artículo 410

En el caso de que alguna de las partes en un proceso, o persona que tuviese interés en él, formulasen querella contra el juez o magistrado que deba resolver en dicho proceso, con carácter previo a la admisión de ésta el órgano competente para su instrucción podrá recabar los antecedentes que considere oportunos a fin de determinar su propia competencia, así como la relevancia penal de los hechos objeto de la misma o la verosimilitud de la imputación.

[iii] Artículo 100

1. Los Juzgados de Paz conocerán, en el orden civil, de la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que la ley determine y cumplirán también las demás funciones que la ley les atribuya.

2. En el orden penal, conocerán en primera instancia de los procesos por faltas que les atribuya la ley. Podrán intervenir, igualmente, en actuaciones penales de prevención, o por delegación, y en aquellas otras que señalen las leyes.

[iv] Artículo 47 Competencia de los Juzgados de Paz

A los Juzgados de Paz corresponde el conocimiento, en primera instancia, de los asuntos civiles de cuantía no superior a 90 euros que no estén comprendidos en ninguno de los casos a que, por razón de la materia, se refiere el apartado 1 del artículo 250.

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