Los articulos de previo pronunciamiento

1.- Introducción.

El presente artículo tiene por objeto dar a conocer en profundidad al lector en qué consisten los artículos de previo pronunciamiento, de especial importancia en el proceso penal, así como sus características, cómo solicitarlos, y qué requisitos han de reunir los actos en los que se piden.

En primer lugar, se hará una breve introducción a estos artículos de previo pronunciamiento, así como una definición de los mismos.

En segundo lugar, se hará un resumen de sus características más importantes, además de todos los requisitos para solicitarlos ante el tribunal que esté conociendo del procedimiento penal en que se soliciten los artículos de previo pronunciamiento.

En tercer lugar, se hará referencia a las distintas clases de artículos de previo pronunciamiento que existen. Hay que tener en cuenta en este punto que la propia LECrim establece varios tipos que permiten tener un amplio abanico donde elegir para conseguir una mejor defensa de las partes en el proceso penal correspondiente.

En cuarto lugar, se hará referencia a las funciones que cumplen los artículos de previo pronunciamiento en el proceso penal. Principalmente, estas funciones son las de preservar la llegada a buen puerto del proceso penal en el que se declara la necesidad de dictar los artículos de previo pronunciamiento.

En quinto lugar, se establecerá la importancia de los artículos de previo pronunciamiento en el juicio oral, sobre todo para garantizar el buen transcurso del procedimiento penal.

En sexto lugar, se harán una serie de conclusiones sobre los procedimientos de previo pronunciamiento.

En este punto, hay que destacar que “el Derecho procesal penal nos ofrece unos medios para que la apertura del juicio se encuentre investida de las mayores garantías procesales y materiales pudiendo, llegado el caso, concluir su enjuiciamiento de manera anormal anterior a su apertura si prosperase alguno de los artículos de previo pronunciamiento y sin que el Tribunal pueda llegar a conocer el fondo del asunto.

En cuanto a la naturaleza jurídica de los artículos de previo pronunciamiento, existen diversas corrientes doctrinales al respecto y así encontramos quienes se posicionan a favor de que los mismos constituyen una excepción procesal y quienes los consideran presupuestos procesales. Para Chiovenda las excepciones procesales constituían una oposición de algún hecho, impeditivo o negativo, que excluye los efectos jurídicos y niega el fundamento de la pretensión. Para Calamandrei los presupuestos procesales son condiciones que deben existir a fin de que pueda tenerse un pronunciamiento favorable o desfavorable sobre la demanda.

Sin dudas lo que sí podemos avanzar es que los “artículos de previo y especial pronunciamiento” o cuestiones previas, han de de ser denunciados por las partes y resueltos por el órgano jurisdiccional con carácter previo al juicio oral, en una audiencia preliminar, a fin de poder obtener la concentración del juicio oral, eliminando “a limine” tales obstáculos procesales”[1].

2.- Definición de los artículos de previo pronunciamiento.

En este punto, en primer lugar, hay que decir que “los denominados artículos de previo pronunciamiento sirven para que, con anterioridad a conocer por el tribunal el fondo del asunto, se resuelvan algunas cuestiones de naturaleza procesal y material que podrían provocar que el juicio no pudiera continuar.

Existe un concepto de artículos de previo pronunciamiento acuñado por el propio Tribunal Supremo: “Con el nombre de artículos de previo pronunciamiento se engloban una serie de instituciones heterogéneas entre sí, unas de naturaleza procesal (..), el resto de naturaleza material o sustantiva, que tienen como nexo común su naturaleza de presupuestos procesales que pueden impedir el normal avance de la causa, pudiendo tener, en consonancia con su diversa naturaleza, unos efectos de muy distinto alcance que van desde la absolución en la instancia y remisión al Tribunal competente -declinatoria de jurisdicción-, al dictado de una decisión sobre el fondo equivalente a una sentencia absolutoria -supuestos de cosa juzgada, prescripción, amnistía o indulto-, o bien la suspensión temporal del procedimiento -supuesto de falta de previa autorización-. En todo caso, constituyen formas excepcionales de finalizar el proceso, en contraposición con el dictado de la sentencia subsiguiente al Plenario que sería su finalización normal”[2].

Por otro lado, también se puede decir que “los denominados artículos de previo pronunciamiento se encuentran regulados en el Título II del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Art. 666-679 ,LECrim), la cual no realiza un tratamiento específico de las actuaciones que han de llevarse a cabo con anterioridad a la celebración del juicio oral y, con carácter ulterior, a la apertura del mismo, sin embargo, de los mencionados preceptos, pueden extraerse las características de los artículos de previo pronunciamiento:

  1. Son cuestiones de naturaleza procesal que constituyen presupuestos para que el proceso pueda desarrollarse con normalidad y concluir con una sentencia que resuelva la pretensión punitiva.
  2. Su fin radica en eliminar del proceso aquellos defectos que puedan provocar una absolución o la suspensión del mismo.
  3. Son cuestiones planteadas por las partes del proceso, no obstante, esto no quiere decir que el Tribunal no pueda considerarlas de oficio y, previas alegaciones de las partes, resolver sobre las citadas cuestiones, especialmente sobre la competencia.
  4. A pesar de que los artículos de previo pronunciamiento constituyen un incidente del procedimiento ordinario, no significa que en los demás procedimientos estén ausentes:
    1. Procedimiento abreviado: Su discusión se lleva a cabo en el trámite inicial del acto del juicio (artículo 786.2 de la LECrim).
    1. Procedimiento del jurado: Existe un trámite especial de cuestiones previas regulado en el Art. 36 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, en el cual deberá plantearse algunas de las cuestiones previstas en el Art. 666 de la LECrim.
  5. Los efectos que produce la apreciación de algunas de estas cuestiones previas serán distintos en función de cuál sea la excepción estimada”[3].

En este punto cabe destacar también el hecho de que estos artículos suponen un hito importante en el procedimiento abreviado penal que permite establecer una forma de proceder en este procedimiento penal y que establece un mecanismo de ayuda en la investigación del delito de que se trate.

3.- Características más importantes de los artículos de previo pronunciamiento.

En primer lugar, hay que destacar que cumplen una función distinta dependiendo del procedimiento en que se utilicen estos artículos de previo pronunciamiento. También hay que destacar que no cumplen las mismas funciones ni tienen las mismas características en el procedimiento abreviado que respecto al procedimiento del Tribunal del Jurado o en el procedimiento ordinario.

Como características más importantes, podemos destacar las siguientes:

  1. Prueba en el artículo de previo pronunciamiento: Quien realice la proposición de artículos de previo pronunciamiento deberá acompañar junto a su escrito los documentos que justifiquen los hechos en los que se fundan. Si no tiene estos documentos a su disposición podrá designar el archivo u oficina donde se encuentren solicitando al tribunal que los reclame a quien corresponda. Transcurrido el término de los 3 días, el Tribunal estimará o denegará la reclamación de documentos, según que los considere o no necesarios para el fallo del artículo. Si no se presentan los documentos, o no se hace la designación del lugar en que se encuentren, no producirá efectos suspensivos la excepción alegada. Como algo importante a destacar, es que en los artículos de previo pronunciamiento no se admitirá prueba testifical.
  2. Contestación en el artículo de previo pronunciamiento: Los representantes de las partes a quienes se entregó copia de la propuesta de artículos de previo pronunciamiento tendrán 3 días para la contestación, acompañando también los documentos en los que fundan sus pretensiones o designando el lugar donde se encuentran para que el tribunal los solicite. Igualmente, transcurrido el término de los 3 días, el Tribunal estimará o denegará la reclamación de documentos, según que los considere o no necesarios para el fallo del artículo. Si no se presentan los documentos, o no se hace la designación del lugar en que se encuentren, no producirá efectos suspensivos la excepción alegada. Igualmente, aquí tampoco se admitirá prueba testifical.
  3. Vista para resolver el artículo de previo pronunciamiento: Una vez transcurra el tiempo indicado, el Secretario judicial señalará inmediatamente día para la vista, en la que podrán informar lo que convenga a su derecho los defensores de las partes si éstas lo pidiesen.
  4. Resolución del artículo de previo pronunciamiento: en el día siguiente al de la vista, el Tribunal dictará auto resolviendo sobre las cuestiones propuestas. Si una de ellas fuere la de declinatoria de jurisdicción, el Tribunal la resolverá antes que las demás. Cuando lo estime procedente, mandará remitir los autos al Tribunal o Juez que considere competente, y se abstendrá de resolver sobre las demás”[4].

En este punto, se puede destacar que, como consecuencia de estas características, se puede decir que “los citados artículos de previo pronunciamiento, el Tribunal Supremo ha admitido la posibilidad de plantear como cuestión previa la “nulidad de actuaciones”, siempre y cuando se trate de infracción de normas imperativas, causantes de indefensión. Para su alegación no es necesaria invocar cauce alguno de los previstos en el artículo 666, sino directamente los arts. 238 y ss LOPJ sobre la nulidad de los actos procesales”[5].

4.- Clases de artículos de previo pronunciamiento.

Siguiendo a la página de Bermejo Abogados, y teniendo en cuenta lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hay que tener en cuenta como primera clasificación la siguiente:

  1. Cosa juzgada, prescripción del delito o amnistía/indulto: Si el tribunal considera válidas las excepciones de cosa juzgada, prescripción del delito o amnistía o indulto, este sobreseerá libremente ordenando que se ponga en libertad al procesado que no esté preso por otra causa. Contra el auto que estime alguna de estas pretensiones, cabe recurso de apelación. Si se desestima, no es posible recurso alguno salvo el que proceda contra la sentencia.
  2. Declinatoria: Si el Tribunal no considera suficientemente justificada la declinatoria, declarará no haber lugar a ella, confirmando su competencia para conocer del delito. Si no estima justificada cualquier otra competencia, declarará simplemente no haber lugar a su admisión, mandando en consecuencia continuar la causa según su estado. Si se estima la declinatoria cabe recurso de apelación. Si se desestima, no es posible recurso alguno salvo el que proceda contra la sentencia.
  3. Falta de autorización para procesar: Si el Tribunal estima la falta de autorización para procesar, mandará subsanar inmediatamente este defecto, quedando entretanto en suspenso la causa, que se continuará según su estado, una vez concedida la autorización. Si solicitada esta autorización, la misma se deniega, quedará nulo todo lo actuado y se sobreseerá libremente la causa. Contra el auto en que se desestime esta excepción no se dará recurso alguno.
  4. Juicio oral y artículo de previo pronunciamiento: Las partes podrán reproducir en el juicio oral, como medios de defensa, las cuestiones previas que se hubiesen desestimado, salvo la de declinatoria. Lo anterior no será de aplicación en las causas de competencia del Tribunal del Jurado, sin perjuicio de lo que pueda alegarse al recurrir contra la sentencia”[6].

Para completar más esta clasificación y su definición y características, siguiendo a la página web Derechos por la Vida, “el primer artículo de previo pronunciamiento es la “Declinatoria de jurisdicción” (art. 666.1ª), y que ya la ley procesal nos avanza en el artículo 45 LECrim que las declinatorias se sustanciarán como artículos de previo pronunciamiento. Pero la declinatoria de jurisdicción tiene un amplio abanico de posibilidades que como cuestión previa pueden alegar las partes y que por ser una cuestión de orden público también pueden los órganos judiciales pronunciarse ex oficio. Así en primer lugar debemos ubicarnos en el artículo 23 LOPJ para ver cuáles son los hechos punibles de los que van a entrar a conocer nuestros Juzgados y Tribunales. Una vez depurado el ámbito jurisdiccional, corresponde determinar cuál sea la competencia territorial entre los órganos jurisdiccionales del mismo grado y que se resolverán por las reglas de los artículos 51 y 52 LOPJ. También es conveniente observar cuál sea la competencia objetiva por razón de la persona, cuando el investigado sea una persona sujeta a aforamiento.

Con anterioridad a la reforma de la LECrim por Ley 41/2015, de 5 de octubre para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales y con respecto a la falta objetiva de competencia y procedimiento inadecuado, ningún problema existía, habida cuenta de que los arts. 14.3 y 781.1 ambos de la LECrim, extendían la competencia del órgano judicial a todas las faltas conexas, sean o no “incidentales”, pero en lo atinente al procedimiento aplicable, es un presupuesto procesal cuya ausencia debe denunciarse con anterioridad y en su momento procesal adecuado (en la conclusión de las diligencias previas o en el primer emplazamiento tras el auto de conclusión del sumario). Pero la reforma de las reglas de la conexidad, que suponen una racionalización de los criterios de conformación del objeto del proceso, con el fin de que tengan el contenido más adecuado para su rápida y eficaz sustanciación y con ello pretender evitar el automatismo en la acumulación de causas y la elefantiasis procesal que se pone de manifiesto en los denominados macro procesos, parece haber tomado otro cariz, de manera que la simple analogía o relación entre sí no constituye una causa de conexión y sólo se justifica la acumulación cuando, a instancia del Fiscal, en su condición de defensor de la legalidad y del interés público, el juez lo considere más conveniente para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso y siempre que con ello no se altere la competencia. Así, se evitará el frecuente trasiego de causas entre distintos juzgados a la búsqueda del que deba conocer del asunto por una simple coincidencia de la persona a la que se atribuyen distintos delitos.

El segundo artículo de previo pronunciamiento es la “cosa juzgada” del art. 666.2º LECrim. La res iudicata constituye un efecto impeditivo de cualquier proceso judicial. No obstante y para que pueda prosperar es preceptiva la existencia de una sentencia judicial firme dictada sobre el mismo objeto o un auto de sobreseimiento libre, así como que en el procedimiento penal concurran las clásicas identidades de la cosa juzgada, identidad de persona (eaedem personae), identidad de cosa pedida (eadem res) e identidad de la causa de pedir (eadem causa petendi), si bien, dada la naturaleza del proceso penal creo que es indiferente la concurrencia de la identidad subjetiva activa y la de la “causa petendi”, por lo que como hemos avanzado será suficiente con la sentencia firme dictada sobre el mismo objeto. Para que deba apreciarse, incluso “ex oficio”, el incumplimiento de este presupuesto procesal es suficiente que concurra la identidad subjetiva pasiva (esto es, la del condenado e investigado y encausado), de un lado y la identidad objetiva o del hecho punible, de otro.

La tercera cuestión, la “Prescripción del delito” (art. 666.3ª). Aún cuando el art. 666.3ª tan solo contemple expresamente la prescripción del delito (art. 130.6 CP) no existe ninguna dificultad en entender también incluida la prescripción de la pena (art. 130.7 CP). Con respecto a este instituto de la prescripción invito al lector/a a seguir uno de nuestros artículos en derechoporlavida.com de gran aceptación entre los usuarios/as en el siguiente enlace.

En cuanto a la prescripción en los artículos de previo pronunciamiento, a diferencia de la prescripción civil, que integra una auténtica excepción procesal y exige, por tanto, la previa alegación en el proceso por la parte interesada, al constituir una causa de extinción de la responsabilidad penal, ostenta naturaleza material y, como consecuencia de la prevalencia del derecho fundamental a la libertad de los artículos. 1.1 y 17 de la Constitución española, podemos decir que es una cuestión de orden público, por lo que no debiera ser necesario que la prescripción fuera expresamente alegada por las partes, para poder ser tomada en consideración por el Tribunal, quien, al igual que las demás causas de exclusión de la penalidad, las ha de examinar de oficio, incluso dentro de la instrucción y sin necesidad de esperar al planteamiento de los artículos de previo pronunciamiento o de las cuestiones previas en el abreviado.

La cuarta cuestión la “Amnistía e indulto” del art. 666.4ª. Recoge aquí el precepto las causas de extinción de la responsabilidad penal previstas en el art. 130.4 CP. La amnistía, del griego oamnestia que significa olvido, no es una de las causas de extinción de la responsabilidad penal ex art. 130 CP y fue promulgada en España por Ley 46/1977, de 15 de octubre, representando una renuncia por parte del Estado al ius puniendi sobre ciertos delitos de intencionalidad política, de rebelión, sedición y denegación de auxilio. Por el contrario el indulto es una medida de gracia, de carácter excepcional, consistente en la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme, que otorga el Rey, a propuesta del Ministerio de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros que se hará público mediante Real Decreto inserto en el Boletín Oficial del Estado pudiendo ser solicitado por cualquier reo ante cualquier clase de delitos. Así el indulto supone la extinción de la responsabilidad penal, aunque no de la responsabilidad civil ex delicto así como tampoco va a suponer cancelación de los antecedentes penales. La amnistía, en cambio, supone el perdón del delito y por lo tanto también de la responsabilidad civil. Por otro lado el indulto exige de una sentencia firme mientras que en el caso de la amnistía no es necesario. Se rige el indulto por el art. 62.i) CE, la Ley de 18 de junio de 1870, el Decreto de 22 de abril de 1930 y la Ley 1/1998, de 14 de enero.

La última cuestión previa la “Falta de autorización administrativa” para procesar ex art. 666.5. En la actualidad esta prerrogativa es tan sólo reclamable con respecto a los miembros de las Cámaras legislativas dentro de su mandato legislativo y en el ejercicio de sus funciones ex art. 71.2 CE-. El procedimiento del suplicatorio se determina en los arts. 11-14 del Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982 y en el art. 22 del Reglamento del Senado, de 26 de mayo de 1982.

No obstante, los citados artículos de previo pronunciamiento, el Tribunal Supremo ha admitido la posibilidad de plantear como cuestión previa la “nulidad de actuaciones”, siempre y cuando se trate de infracción de normas imperativas, causantes de indefensión. Para su alegación no es necesaria invocar cauce alguno de los previstos en el artículo 666, sino directamente los arts. 238 y ss LOPJ sobre la nulidad de los actos procesales”[7].

5.- Funciones de los artículos de previo pronunciamiento en el proceso penal.

En este punto se va a hacer referencia a las funciones de los artículos de previo pronunciamiento en los distintos procedimientos penales existentes en la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En cuanto al Juicio sumario, los artículos de previo pronunciamiento podrán proponerse en el término de tres días, a contar desde el de la entrega de los autos para la calificación de los hechos. (667 Ley Enjuiciamiento Criminal).

La parte que lo plantee acompañará al escrito correspondiente los documentos justificativos de los hechos en que lo funde, y si no los tuviere a su disposición, designará clara y determinadamente el archivo u oficina donde se encuentren, pidiendo que el Tribunal los reclame a quien corresponda, originales o por compulsa, según proceda. Deberá aportar copia para su entrega al resto de las representaciones (artículo 668 Ley Enjuiciamiento Criminal), que contestarán en el término de tres días, acompañando también los documentos en que funden sus pretensiones, si los tuviesen en su poder, o designando el archivo u oficina en que se hallen, pidiendo en este caso que el Tribunal los reclame en los términos expresados en el artículo precedente (artículo 669 Ley Enjuiciamiento).

Transcurrido el término de los tres días, el Tribunal estimará o denegará la reclamación de documentos, según que los considere o no necesarios para el fallo del artículo (artículo 670 LECrim).

En el caso de que el Tribunal accediera a la presentación de documentos, recibirá el artículo a prueba por el término necesario, que no podrá exceder de ocho días. El Tribunal mandará en el mismo auto dirigir las comunicaciones convenientes a los Jefes o encargados de los archivos u oficinas en que los documentos se hallen, determinando si han de remitir los originales o por compulsa. No se admitirá en este incidente la prueba testifical (artículos 671 y 672 LECrim)

Transcurrido el término de prueba, el Tribunal señalará inmediatamente día para la vista, en la que podrán informar lo que convenga a su derecho los defensores de las partes si éstas lo pidiesen, resolviendo por auto al día siguiente (artículos 673 y 674 LECrim)

Si una de las cuestiones planteadas fuere la de declinatoria de jurisdicción, el Tribunal la resolverá antes que las demás. Si la estimara, mandará remitir los autos al Tribunal o Juez que considere competente, y se abstendrá de resolver sobre las demás (artículo 674 LECrim)

Cuando se declare haber lugar a cualquiera de las excepciones comprendidas en los números 2º, 3º y 4º del artículo 666 LECrim (cosa juzgada, prescripción o indulto), se sobreseerá libremente, mandando que se ponga en libertad al procesado o procesados que no estén presos por otra causa (artículo 675 LECrim).

Contra el auto resolutorio de la declinatoria y contra el que admita las excepciones 2ª, 3ª y 4ª del artículo 666 LECrim, procede el recurso de apelación. Contra el que las desestime, no se da recurso alguno salvo el que proceda contra la sentencia.

La regulación de los recursos es consecuencia de la reforma del artículo 676 LECrim operada por la Disposición Final Segunda de la Ley Orgánica 5/95 de 22 de mayo, del Tribunal Del Jurado.

Esta reforma planteó un problema importante. El único recurso que cabe para cuestionar el contenido de las resoluciones dictadas por una Audiencia Provincial ante el Tribunal Supremo es el de casación. El recurso de apelación es el pertinente ante el Tribunal Superior de Justicia pero sólo en el procedimiento de jurado. Por tanto, resultaba necesario concretar si se mantenía el recurso de casación contra las resoluciones prevista en el artículo 676 LECrim, cuando el trámite no era el jurado sino el sumario ordinario.

Esta cuestión fue sometida al Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su reunión de 8 de mayo de 1998, que aprobó el siguiente texto:

“El actual artículo 676 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras su modificación por Ley orgánica 5/95, de 22 de mayo, debe interpretarse en el sentido de que la apelación que en él se contempla es únicamente admisible en el ámbito competencial que la Ley Orgánica 5/1995 atribuye al Jurado, y su decisión en este limitado campo corresponde al Tribunal Superior de Justicia correspondiente. Fuera de ese ámbito procesal el recurso que corresponde es el de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a través de lo dispuesto en el artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.”

Lo resuelto en el citado acuerdo ha sido desarrollado en una ya abundante Jurisprudencia, de la que son ejemplo las Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de julio de 1998, 22 de enero de 2004 ó 13 de junio de 2007.

Las partes podrán reproducir en el juicio oral, como medios de defensa, las cuestiones previas que se hubiesen desestimado, excepto la de declinatoria (artículo 678 LECrim).

Siendo desestimadas las cuestiones propuestas, se comunicará nuevamente la causa por término de tres días a la parte que la hubiere negado para que presente escrito de calificación en el término de cinco días (artículo 679 LECrim).

En el Procedimiento de Jurado, el artículo 36 de la Ley Orgánica 5/95, que lo regula permite, que, al tiempo de personarse, las partes planteen la concurrencia de las excepciones previstas en el artículo 666 Ley Enjuiciamiento Criminal, o cualquier alegación sobre la competencia o inadecuación del procedimiento.

Se amplía el marco de las alegaciones de esta naturaleza que pueden efectuarse incluyendo:

  • Vulneración de algún derecho fundamental. En este apartado se incluiría la nulidad de actuaciones, que como anteriormente se ha señalado, ha sido admitida por el Tribunal Supremo entre las cuestiones de previo y especial pronunciamiento.
  • Interesar la ampliación del juicio a algún hecho respecto del cual hubiese inadmitido la apertura el Juez de Instrucción.
  • Pedir la exclusión de algún hecho sobre el que se hubiera abierto el juicio oral, si se denuncia que no estaba incluido en los escritos de acusación.

Si se plantea alguno de estos incidentes se le dará la tramitación establecida en el sumario.

En cuanto al Procedimiento abreviado, el artículo 786.2 Ley Enjuiciamiento Criminal establece que el juicio oral comenzará con la lectura por el Secretario de los escritos de acusación y defensa. Seguidamente, siempre que lo solicite alguna de las partes, el Juez o Tribunal abrirá un turno de intervenciones para que puedan las partes exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del órgano judicial, vulneración de algún derecho fundamental, existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión del juicio oral, nulidad de actuaciones, ente otras cuestiones.

El Juez, tras oír al resto de las partes, resolverá en ese momento. Frente a la resolución adoptada no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la pertinente protesta y de que la cuestión pueda ser reproducida, en su caso, en el recurso frente a la sentencia”[8].

6.- La importancia de los artículos de previo pronunciamiento en el proceso penal.

En este punto hay que destacar que esta figura adquiere una relevancia tal que, como será objeto de análisis, la prohibición del “non bis in idem” alcanza a los efectos civiles que se desprendan de una sentencia condenatoria en materia penal si previamente ya se ha sustanciado un procedimiento civil entre las mismas partes y en que el aquél ya hubiera resultado condenado al pago.

Claro ejemplo de lo expuesto es el pronunciamiento de nuestro Tribunal Supremo al señalar que “La parte recurrente, en efecto, planteó la tesis de la cosa juzgada en el trámite que, en el comienzo de la vista, respecto de los artículos de previo pronunciamiento, concede el art. 786.2 LECr., aunque el acta de la vista revela que si se alegó como cuestión previa la cosa juzgada penal, lo fue con la base de la documentación allí presentada, relativa al Decreto del Decano de los Juzgados de Instrucción y testimonio de la cuestión de competencia planteada entre los Juzgados de Instrucción nº 12 y nº 9 de Barcelona, resuelta a favor de éste, ante el que se sustanció Juicio de Faltas, sobre cuestiones distintas de las enjuiciadas en el presente procedimiento […].

Con arreglo a ello, el recurrente tiene razón y su reclamación casacional, que viene apoyada por el Ministerio Fiscal, debe ser estimada. En efecto, la sentencia condena al acusado como autor de un delito de apropiación indebida, sin imponer pena, por estimación de la excusa absolutoria por razón de parentesco, al pago de una indemnización de 367.371,92 euros con los intereses legalmente establecidos, en función del ejercicio de la acción civil que la perjudicada había efectuado en el proceso simultáneamente con la acción penal. Pero, según vimos más arriba, ocurre que dicha querellante ya había ejercitado previamente la acción civil, ante los órganos jurisdiccionales de este orden, en reclamación de la dicha cantidad.

Todo lo cual evidencia que la perjudicada, con anterioridad al ejercicio de la acción penal, ya había ejercitado la civil haciendo uso de la facultad de opción que establece el art. 109.2º CP, en armonía con lo que previene el art. 111 LECr., obteniendo una resolución condenatoria de acuerdo con sus pretensiones -aunque no hubiera conseguido su exitosa ejecución- y, por consiguiente, no era admisible duplicar dicha pretensión en el proceso penal en reclamación por los mismos daños patrimoniales pues ello supondría – como resalta, por ejemplo, la STS 1052/05, de 20 de septiembre -, efectivamente, la incongruencia de que se ejecutaran las dos sentencias -penal y civil- sobre los bienes del acusado para satisfacer una misma indemnización, lo que, de otra parte, supondría una flagrante vulneración del principio “non bis in idem”, debiendo de desaparecer toda mención a las responsabilidades civiles “ex delicto””[9].

7.- Conclusiones.

La primera conclusión que se puede sacar de este articulo es el hecho de que los artículos de previo pronunciamiento provocan en la fase en que se produce su aseguramiento el hecho de que permiten que el proceso penal no se estanque y se cumplan sus garantías, además de todos los derechos de las partes.

La segunda conclusión que podemos sacar de este artículo es el hecho de que “lo cierto es que la evolución en los últimos veinte años de una realidad delincuencial cada vez más compleja, que determina a su vez la complejidad de la fase de instrucción hasta el punto de postergar el inicio de las sesiones de juicio durante meses, incluso años, e incidiendo directamente en los derechos fundamentales de los acusados, no ha determinado una reforma legal como la que apuntaba la STS 7-6-97, pronunciándose abiertamente por la conveniencia y necesidad de configurar en el sumario una audiencia preliminar que pudiera dar lugar «al saneamiento de la prueba con carácter previo al inicio de las sesiones del juicio oral».

A diario, en los tribunales de enjuiciamiento, y al inicio de las sesiones del juicio por el procedimiento de sumario, surge la cuestión de si debe admitirse, el planteamiento de cuestiones como las referidas que, aun careciendo de cobertura legal, parecen adecuarse a las exigencias del derecho de defensa en su vertiente del derecho a un juicio con todas las garantías.

Y esta es la cuestión planteada a los componentes del foro: si j; y en caso de respuesta afirmativa, como articular su resolución por los tribunales para salvaguardar la unidad de acto que rige dicho procedimiento”[10].

Como conclusión final que se puede sacar es el hecho de que los artículos de previo pronunciamiento cumplen con su finalidad de preservar los derechos de las partes en el proceso y los derechos que están en juego.

8.- Referencias

Abogados Sánchez Bermejo. (s.f.). Sánchez Bermejo. Obtenido de Artículos de previo pronunciamiento: https://www.sanchezbermejo.com/articulos-de-previo-pronunciamiento/

Derecho por la vida. (s.f.). Derecho por la vida. Obtenido de Articulos de previo pronunciamiento: https://derechoporlavida.com/2015/10/25/cuestiones-previas-los-articulos-de-previo-pronunciamiento/

El Derecho . (s.f.). La admisibilidad de cuestiones previas en el procedimiento de sumario. El Derecho.

Guerrero Campos, S. (2013). Artículos de previo pronunciamiento y cuestiones previas. ¿Dos caras de la misma moneda? 38.

Guías Wolters Kluwer. (s.f.). Los artículos de previo pronunciamiento. Wolters Kluwer, 6.

Iberley. (12 de Noviembre de 2014). Iberley. Obtenido de Regulación de los artículos de previo pronunciamiento a la celebración del juicio oral en el proceso penal : https://www.iberley.es/temas/regulacion-articulos-previo-pronunciamiento-proceso-penal-55151


[1] Derecho por la vida. Artículos de previo pronunciamiento: https://derechoporlavida.com/2015/10/25/cuestiones-previas-los-articulos-de-previo-pronunciamiento/

[2] Abogados Sánchez Bermejo: https://www.sanchezbermejo.com/articulos-de-previo-pronunciamiento/

[3] Iberley. Artículos de previo pronunciamiento: https://www.iberley.es/temas/regulacion-articulos-previo-pronunciamiento-proceso-penal-55151

[4] Sánchez Bermejo abogados.

[5] Derecho por la vida.

[6] Sánchez Bermejo: https://www.sanchezbermejo.com/articulos-de-previo-pronunciamiento/

[7] Derecho por la vida.

[8] Guías jurídicas Wolters Kluwer. Los artículos de previo pronunciamiento.

[9] Artículos de previo pronunciamiento y cuestiones previas. ¿Dos caras de la misma moneda? Samuel Campos.

[10] El Derecho: https://elderecho.com/la-admisibilidad-de-cuestiones-previas-en-el-procedimiento-de-sumario

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