El Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas

Presentación

El Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo reconocido en la Constitución Española que se configura como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público, sin perjuicio de su función jurisdiccional encaminada al enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos. También se le atribuye el control de la contabilidad y de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, así como el de las aportaciones que reciban las fundaciones y asociaciones vinculadas a las formaciones políticas con representación parlamentaria.

Depende directamente de las Cortes Generales, ejerciendo sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. No obstante, el Tribunal de Cuentas disfruta de plena independencia para el ejercicio de sus funciones, reconociéndose constitucionalmente que los miembros del Tribunal gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se refiere al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad y de buena gestión financiera (economía, eficacia y eficiencia). Los resultados de la fiscalización se exponen mediante informes, memorias, mociones y notas, que se aprueban por el Pleno del Tribunal y se elevan a las Cortes Generales y, en lo que les afecte, a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y a los Plenos de las Corporaciones locales.

La función jurisdiccional consiste en el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos, siempre que se haya producido un menoscabo o perjuicio en los mismos. El Tribunal de Cuentas es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, sin perjuicio de que las sentencias de la Sala de Justicia del Tribunal sean susceptibles de impugnación mediante el recurso de casación –y, en su caso, extraordinario de revisión- ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

La organización del Tribunal de Cuentas responde a las dos funciones señaladas, al establecerse como órganos del Tribunal, entre otros, las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento, que se encuentran estructuradas en Departamentos para el mejor cumplimiento de sus cometidos.

Al margen del Tribunal de Cuentas, se han constituido diversos Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, bajo distintas denominaciones, que ejercen una función fiscalizadora sobre las Administraciones autonómicas y locales  de sus respectivos ámbitos territoriales, sin que ello excluya la competencia del Tribunal para fiscalizar la totalidad del sector público español. Sin embargo, el enjuiciamiento contable es una jurisdicción exclusiva del Tribunal de Cuentas.

Historia

Aun cuando no pueda establecerse una relación directa con el Tribunal de Cuentas, tal y como está configurado en la actualidad, los antecedentes más remotos de la actividad de control económico-financiero del ámbito público se sitúan en la Alta Edad Media. En este contexto, cabe señalar la existencia de figuras como la del Mayor in Domus, recogido en el Código de las Partidas de Alfonso X el Sabio, el Contador Mayor en la Corte castellana y el Maestre Racional en el Reino de Aragón.

Bajo el reinado de Juan II, Rey de Castilla y León, tuvo lugar la creación de la Casa de Cuentas de Valladolid y la Contaduría Mayor de Cuentas, antecedentes históricos del Tribunal de Cuentas. En Navarra se constituyó la Cámara de Comptos, que asumió funciones de Tribunal de Justicia en materia de Hacienda.

En el siglo XVI, Felipe II dispuso la creación, en sustitución de las anteriores Instituciones, de un Tribunal de Contaduría, cuya finalidad era la de resolver sobre los contenciosos relativos a la gestión económico-financiera pública y su registro contable.

En la Constitución de 1812, aprobada por las Cortes de Cádiz, se dispuso la creación de una Contaduría Mayor de Cuentas “para el examen de todas las cuentas de los caudales públicos”. En 1828 se aprobó la Ordenanza por la que se crea el Tribunal Mayor de Cuentas, que estuvo vigente hasta 1851.

Durante el régimen establecido en la Constitución de 1845 se llevaron a cabo una serie de importantes reformas en la Administración financiera del Estado, aprobándose la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de 1851, que constituye el auténtico germen de la Institución actual, atribuyéndole la fiscalización financiera de la Administración Pública.

En 1870 se aprobó una nueva Ley sobre Organización del Tribunal de Cuentas del Reino, que estuvo en vigor hasta que, en 1924, se creó el Tribunal Supremo de la Hacienda Pública, en el que quedaron integradas tanto las funciones de control externo como las de control interno del sector público.

La Constitución de 1931 estableció el Tribunal de Cuentas de la República como órgano fiscalizador de la gestión económica pública, aprobándose su Ley Orgánica en 1934.

Con posterioridad se fueron estableciendo normas de adaptación de la Institución al régimen político vigente, aprobándose una Ley de Organización, Funciones y Procedimientos del Tribunal de Cuentas del Reino en 1953, modificada en 1961, en la que se define al Tribunal de Cuentas como el órgano superior de control externo del Estado, con la función de informar al Jefe del Estado y a las Cortes del resultado de su actividad de fiscalización y con el reconocimiento de una auténtica función jurisdiccional.

En la actualidad, la Constitución Española de 1978 configura al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económico-financiera de todo el sector público, que es independiente del Poder Ejecutivo y se encuentra vinculado directamente a las Cortes Generales.

Régimen jurídico

El régimen jurídico del Tribunal de Cuentas se encuentra recogido, en primer lugar, en la Constitución Española de 1978, cuyo artículo 136 dispone lo siguiente:

  1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.
    Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
  2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.
    El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido. 
  3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces. 
  4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

Por su parte, el artículo 153 de la Constitución dispone que el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:

d.  Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

 Como consecuencia del mandato constitucional, se promulgó la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. En ella se efectuaba una remisión para su desarrollo a una ley posterior, que fue aprobada mediante la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Además de la legislación propia del Tribunal de Cuentas, se han promulgado otras disposiciones que contienen previsiones acerca de la función fiscalizadora del Tribunal. En especial, destaca la regulación incluida en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos, que encomienda al Tribunal de Cuentas la fiscalización de la actividad económico-financiera y la contabilidad ordinaria de las formaciones políticas; y en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que atribuye al Tribunal la competencia para fiscalizar la contabilidad electoral de los partidos políticos, excepto en las elecciones a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, cuya realización corresponde al respectivo Órgano de Control Externo autonómico, en las Comunidades que dispongan del mismo.

Existen atribuciones concretas al Tribunal de Cuentas en otras disposiciones, como la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial , la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo texto refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo o la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.

La disposición adicional undécima de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, añadida por el artículo 22.Dos de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, ha regulado una función consultiva limitada, en virtud de la cual deben someterse a informe del Tribunal de Cuentas los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones reglamentarias que versen sobre su régimen jurídico o sobre el ejercicio de sus funciones fiscalizadora o jurisdiccional.

Funciones de Fiscalización y Enjuiciamiento

Son funciones propias del Tribunal de Cuentas:

  1. La fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público.

    El Tribunal de Cuentas ejercerá su función fiscalizadora en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos y se referirá al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad y de buena gestión. Le corresponde también la fiscalización de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas del sector público percibidos por personas físicas o jurídicas.

    Además de lo anterior, el Tribunal de Cuentas fiscalizará la actividad económico-financiera de las formaciones políticas, tanto por lo que se refiere a su contabilidad ordinaria como a la de los procesos electorales en que participen, así como las aportaciones que reciban las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos.

     
  2. El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.

    La función de enjuiciamiento contable, como jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas, se ejercerá respecto de las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos, en orden a la exigencia de la responsabilidad contable en que aquellos pudieran haber incurrido.

    La jurisdicción contable es necesaria e improrrogable, exclusiva y plena. Es compatible respecto de unos mismos hechos con el ejercicio de la potestad disciplinaria y con la actuación de la jurisdicción penal. Cuando los hechos fueran constitutivos de delito, la responsabilidad civil será determinada por la jurisdicción contable en el ámbito de su competencia.

Sedes

El Tribunal de Cuentas tiene dos sedes:

El edificio sede principal del Tribunal de Cuentas es un palacio que data de la segunda mitad del siglo XIX, obra de D. Francisco Jareño y Alarcón.

El edificio fue levantado sobre un solar ocupado con anterioridad por la Casa Palacio del Conde de Aranda, que fue comprada posteriormente por Fernando VII y reconvertida en el Cuartel de Guardias Reales y más tarde en Quinta del Conde de Vocinquerra de Arcos.

Aunque es un edificio que refleja sin ninguna duda la arquitectura de su momento, es una de las obras menos clásicas de Jareño; basta compararla con sus dos grandes obras, el proyecto inicial de la Biblioteca Nacional o la hoy desaparecida Casa de la Moneda que ocupó la Plaza de Colón.

Fue construido entre 1860 y 1863, con un estilo muy alejado del clasicismo convencional de la época, optando por un edificio de volúmenes limpios y una presencia compacta del muro con elementos decorativos de gran sobriedad.

Su planta abarca toda la manzana y está estructurada en torno a un patio central que repite la forma trapezoidal de la manzana. Sus alzados tienen una composición muy uniforme en sus cuatro lados, solo alterada en sus fachadas Este y Oeste, coincidiendo con los cuerpos centrales y con las dos grandes entradas de carruajes.

Consta de planta baja más cuatro plantas. Una planta baja elevada sobre una semisótano, una principal y dos plantas más (una de ellas un bajo cubierta) hasta la cornisa que remataba en origen el edificio. La última planta del edificio actual es un añadido del siglo XX.

Desde el punto de vista urbanístico, el inmueble goza de una protección singular y forma parte del conjunto histórico de la Villa de Madrid.

Presidente del Tribunal de Cuentas

Atribuciones

El Presidente, entre otras competencias, representa al Tribunal de Cuentas, convoca y preside el Pleno y la Comisión de Gobierno -fijando los órdenes del día de las sesiones, dirigiendo las deliberaciones, decidiendo en caso de empate en las votaciones con su voto de calidad y acordando la ejecución de los acuerdos adoptados- y dispone los gastos del Tribunal y la contratación de obras, bienes, servicios, suministros y demás prestaciones necesarias para su funcionamiento, cuando hayan sido autorizados por el Pleno o la Comisión de Gobierno o tengan carácter ordinario y periódico.

Corresponde también al Presidente ejercer la jefatura superior del personal, convocar pruebas selectivas para cubrir las vacantes en los Cuerpos del Tribunal de Cuentas o en el personal laboral, efectuar los nombramientos del personal al servicio del Tribunal, nombrar y separar libremente al personal eventual –a propuesta, en su caso, de los Consejeros – y declarar las situaciones administrativas en que deban quedar los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos del Tribunal y, cuando proceda, la jubilación de los mismos.

Asimismo, ostenta la superior inspección de los servicios propios del Tribunal y le corresponde promover y ejercer la potestad disciplinaria en los casos de faltas graves.

El Presidente podrá delegar en el Secretario General el ejercicio de las competencias que le corresponden en materia de personal y como órgano de contratación, siempre que no requieran previa autorización o conocimiento del Pleno o de la Comisión de Gobierno.

Elección y nombramiento

El Presidente del Tribunal de Cuentas es nombrado por el Rey, de entre sus miembros, a propuesta del Pleno y por un período de tres años. La elección se efectúa, mediante votación secreta, por los Consejeros de Cuentas, reunidos el día de su toma de posesión o, si no fuera posible, en el siguiente día hábil, o bien una vez finalizado el período de tres años desde la elección anterior o en el supuesto de que se produjese la vacante en el cargo. Tras la elección, se convocará para el día hábil siguiente al Tribunal en Pleno –incluido el Fiscal-, que examinará la legalidad de aquella y remitirá la propuesta al Presidente del Congreso para que proceda a su elevación al Rey.

El Consejero elegido Presidente prestará juramento o promesa ante el Rey y tomará posesión ante el Tribunal en Pleno. Hasta que se haya efectuado la toma de posesión, ejercerá las funciones de Presidente el Consejero de más edad.

En los casos de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otro impedimento legal del Presidente, le sustituirán en sus funciones, por este orden, los Presidentes de las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento y, en su defecto, el Consejero de más edad.

Presidenta: Excma. Sra. Doña María José de la Fuente y de la Calle.

Designación como Consejera de Cuentas: Acuerdo de 17 de julio de 2012, del Pleno del Congreso de los Diputados (BOE 21-VII-2012).

Nombramiento como Presidenta del Tribunal de Cuentas: Real Decreto 947/2018, de 24 de julio (BOE núm. 179, de 25 de julio de 2018).

Adscripción como cotitular al Departamento de Partidos Políticos: Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas, de 24 de septiembre de 2015.

María José de la Fuente y de la Calle es Licenciada en Derecho y Letrada Asesora de Empresa por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).

Ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas en 1993, habiendo desarrollado su carrera profesional desde entonces en esta Institución.

Comenzó su actividad en el Departamento de Fiscalización de Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, sucesivamente, como Directora de Programas y Subdirectora Adjunta a la Asesoría Jurídica.

En 1999 pasó a la Presidencia del Tribunal de Cuentas, primero como Directora de la Unidad de Enlace con el Tribunal de Cuentas Europeo y, desde 2003 a 2012, como Directora de Relaciones Internacionales. En el ejercicio de este cargo desempeñó las funciones de Agente de Enlace con el Tribunal de Cuentas Europeo y con los Tribunales de Cuentas de los Estados miembros de la Unión Europea, así como de Directora de la Secretaría General de la Organización Europea de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EUROSAI). Fue responsable de la dirección técnica de la actividad internacional de Tribunal de Cuentas, entre otros ámbitos, en la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), en la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en proyectos de hermanamientos promovidos por la Unión Europea en países candidatos y en países con acuerdos preferenciales, y en auditorías externas de organismos internacionales. Ha coordinado proyectos internacionales liderados por el Tribunal de Cuentas, tanto a nivel bilateral con otras Entidades Fiscalizadoras Superiores, como en el contexto de la cooperación española en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional. Ha presidido y tomado parte en diversas comisiones y grupos de trabajo internacionales, fundamentalmente, en el marco de la Unión Europea, EUROSAI e INTOSAI.

Tras ser nombrada consejera de Cuentas, se asignó a su responsabilidad el Departamento de Entidades Locales, en el que desempeñó sus funciones desde agosto de 2012 hasta su designación como Presidenta del Tribunal de Cuentas. En esta condición ha presidido la Comisión de Coordinación en el ámbito local del Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas y la Comisión de la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales.

Como Presidenta del Tribunal de Cuentas, cuenta con la condición de Secretaria General de EUROSAI.

Ha sido Vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, a propuesta del Tribunal de Cuentas, desde su designación, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2014, hasta octubre de 2018, tras ser nombrada Presidenta del Tribunal de Cuentas.

Es autora de artículos y publicaciones en libros y revistas especializadas en materias relativas a la gestión económico-financiera del sector público y su control, habiendo recibido en 1999 el Premio Periodístico de la Revista “Auditoría Pública” de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas. Ha participado como docente en diversos cursos, conferencias y seminarios.

Presidentes Eméritos del Tribunal de Cuentas (desde la promulgación de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo)

–           Excmo. Sr. D. Ramón Álvarez de Miranda García (2012-2018)

–           Excmo. Sr. D. Manuel Núñez Pérez (2007-2012)

–           Excmo. Sr. D. Ubaldo Nieto de Alba (1997-2007)

–           Excma. Sra. Dª. Milagros García Crespo (1994-1997)

–           Excmo. Sr. D. Adolfo Carretero Pérez (1990-1994)

–           Excmo. Sr. D. Pascual Sala Sánchez (1988-1990)

–           Excmo. Sr. D. José María Fernández Pirla (1982-1988)

 Pleno

Atribuciones

Corresponde al Pleno, con carácter general, ejercer la función fiscalizadora, proponer a las Cortes Generales el planteamiento de conflictos que afecten a las competencias o atribuciones del Tribunal, resolver los recursos de alzada contra las disposiciones y actos adoptados por otros órganos del Tribunal en el ejercicio de funciones gubernativas o en materia de personal y todas las demás funciones que le atribuye la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

En este sentido, cabe añadir las siguientes competencias del Pleno del Tribunal:

  • Establecer y modificar la organización departamental de la Sección de Fiscalización.
  • Aprobar el Programa de fiscalizaciones de cada año, acordar la iniciación de los procedimientos fiscalizadores, establecer las directrices técnicas a que estos deben sujetarse y aprobar los informes, memorias, mociones y notas.
  • Acordar la contratación de expertos comisionados para inspeccionar, revisar y comprobar la documentación, libros, metálico, valores, bienes y existencias en el curso de los procedimientos fiscalizadores y emitir los correspondientes informes.
  • Avocar el conocimiento de las cuestiones sobre responsabilidad contable exigidas en vía administrativa y trasladarlas a la Sección de Enjuiciamiento.
  • Conocer de los incidentes de recusación que afecten a todos o a la mayoría de los miembros de la Sala de Justicia.
  • Aprobar el Anteproyecto de presupuesto del Tribunal para su integración en los Presupuestos Generales del Estado.
  • Elegir y remover libremente al Secretario General, al Interventor y, en su caso, al Director y Adjuntos del Gabinete Técnico.
  • Incoar los expedientes sobre incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo en que hubieran podido incurrir los Consejeros de Cuentas.
  • Aprobar la relación de puestos de trabajo, así como sus modificaciones, y la oferta de empleo público del Tribunal.
  • Otorgar autorización para contratar obras, servicios y suministros en los supuestos en que la legislación de contratación del sector público exige la autorización del Consejo de Ministros.

Composición y funcionamiento

El Pleno está integrado por los doce Consejeros de Cuentas –uno de los cuales será el Presidente – y el Fiscal del Tribunal de Cuentas.

El Secretario General ejerce las funciones de secretario del Pleno, con voz pero sin voto, y redacta las actas, que recogen el resultado de las deliberaciones y los acuerdos que se adopten.

El Pleno se reunirá, al menos, una vez dentro de cada mes -excepto en el período vacacional del mes de agosto-, así como en las convocatorias extraordinarias que efectúe el Presidente, con causa justificada, o cuando lo soliciten tres miembros del Pleno. El quórum para su válida constitución será de dos tercios de sus componentes y sus acuerdos se adoptarán por mayoría de los asistentes, salvo en los casos en que la Ley exija una mayoría cualificada.

El Pleno quedará válidamente constituido, aunque no se hubiesen cumplido los requisitos de la convocatoria, cuando se hallen reunidos todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.

Las deliberaciones del Pleno tienen carácter reservado, debiendo guardar secreto de las mismas los asistentes y cuantos pudieran conocerlas por razón de sus funciones.

Los Consejeros y el Fiscal podrán hacer constar en acta, en su caso, su voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen, debiendo aportarlos dentro de los dos días siguientes a la adopción del acuerdo. Cuando voten en contra y hagan constar por escrito su oposición motivada, el contenido de los votos particulares se incorporará a las memorias, informes, mociones o notas que remita el Tribunal de Cuentas a las Cortes Generales, a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, a los Plenos de las Corporaciones Locales, al Gobierno de la Nación y a los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.

Composición nominal del Pleno del Tribunal de Cuentas y nombramientos

Pleno

Atribuciones

Corresponde al Pleno, con carácter general, ejercer la función fiscalizadora, proponer a las Cortes Generales el planteamiento de conflictos que afecten a las competencias o atribuciones del Tribunal, resolver los recursos de alzada contra las disposiciones y actos adoptados por otros órganos del Tribunal en el ejercicio de funciones gubernativas o en materia de personal y todas las demás funciones que le atribuye la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

En este sentido, cabe añadir las siguientes competencias del Pleno del Tribunal:

  • Establecer y modificar la organización departamental de la Sección de Fiscalización.
  • Aprobar el Programa de fiscalizaciones de cada año, acordar la iniciación de los procedimientos fiscalizadores, establecer las directrices técnicas a que estos deben sujetarse y aprobar los informes, memorias, mociones y notas.
  • Acordar la contratación de expertos comisionados para inspeccionar, revisar y comprobar la documentación, libros, metálico, valores, bienes y existencias en el curso de los procedimientos fiscalizadores y emitir los correspondientes informes.
  • Avocar el conocimiento de las cuestiones sobre responsabilidad contable exigidas en vía administrativa y trasladarlas a la Sección de Enjuiciamiento.
  • Conocer de los incidentes de recusación que afecten a todos o a la mayoría de los miembros de la Sala de Justicia.
  • Aprobar el Anteproyecto de presupuesto del Tribunal para su integración en los Presupuestos Generales del Estado.
  • Elegir y remover libremente al Secretario General, al Interventor y, en su caso, al Director y Adjuntos del Gabinete Técnico.
  • Incoar los expedientes sobre incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo en que hubieran podido incurrir los Consejeros de Cuentas.
  • Aprobar la relación de puestos de trabajo, así como sus modificaciones, y la oferta de empleo público del Tribunal.
  • Otorgar autorización para contratar obras, servicios y suministros en los supuestos en que la legislación de contratación del sector público exige la autorización del Consejo de Ministros.

Composición y funcionamiento

El Pleno está integrado por los doce Consejeros de Cuentas –uno de los cuales será el Presidente – y el Fiscal del Tribunal de Cuentas.

El Secretario General ejerce las funciones de secretario del Pleno, con voz pero sin voto, y redacta las actas, que recogen el resultado de las deliberaciones y los acuerdos que se adopten.

El Pleno se reunirá, al menos, una vez dentro de cada mes -excepto en el período vacacional del mes de agosto-, así como en las convocatorias extraordinarias que efectúe el Presidente, con causa justificada, o cuando lo soliciten tres miembros del Pleno. El quórum para su válida constitución será de dos tercios de sus componentes y sus acuerdos se adoptarán por mayoría de los asistentes, salvo en los casos en que la Ley exija una mayoría cualificada.

El Pleno quedará válidamente constituido, aunque no se hubiesen cumplido los requisitos de la convocatoria, cuando se hallen reunidos todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.

Las deliberaciones del Pleno tienen carácter reservado, debiendo guardar secreto de las mismas los asistentes y cuantos pudieran conocerlas por razón de sus funciones.

Los Consejeros y el Fiscal podrán hacer constar en acta, en su caso, su voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen, debiendo aportarlos dentro de los dos días siguientes a la adopción del acuerdo. Cuando voten en contra y hagan constar por escrito su oposición motivada, el contenido de los votos particulares se incorporará a las memorias, informes, mociones o notas que remita el Tribunal de Cuentas a las Cortes Generales, a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, a los Plenos de las Corporaciones Locales, al Gobierno de la Nación y a los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.

Composición nominal del Pleno del Tribunal de Cuentas y nombramientos

Sección de Fiscalización

Art. 136 Constitución española

Es el órgano del Tribunal de Cuentas al que corresponden las funciones de verificación de la contabilidad de las Entidades del sector público, de examen y comprobación de las cuentas que se someten a la fiscalización, de examen de los procedimientos fiscalizadores tramitados en los distintos departamentos y de propuesta al Pleno de los resultados de los procedimientos fiscalizadores –informe, moción o nota- que se elevan a las Cortes Generales.

La Sección de Fiscalización se organiza en ocho departamentos: cinco departamentos sectoriales, que se acomodan, en la medida de lo posible, a las grandes áreas de la actividad económico-financiera del sector público estatal, dos departamentos territoriales, uno de los cuales fiscaliza la actividad económico-financiera de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas y otro la de las Entidades Locales y un departamento de Partidos Políticos.

A cada departamento le corresponde desarrollar las funciones de la Sección en el ámbito de sus atribuciones. Para ello, el Tribunal de Cuentas mantiene un censo o relación de entidades que conforman el sector público estatal, en el que se consignan los datos esenciales para su identificación y el departamento que tenga atribuida la fiscalización. El censo se actualiza permanentemente, con la colaboración de los departamentos de fiscalización.

Integran la Sección los siete Consejeros de Cuentas titulares de los departamentos de fiscalización. Uno de ellos es al mismo tiempo el Presidente de la Sección de Fiscalización.

La Sección de Fiscalización se reúne la semana anterior a la de la celebración del Pleno ordinario. El día de la reunión es en principio el penúltimo jueves de cada mes. Cuando existan razones que lo aconsejen, el Presidente de la Sección podrá convocar reuniones extraordinarias.

Las reuniones de la Sección de Fiscalización tienen por objeto principal preparar los asuntos de fiscalización que aprueba el Pleno del Tribunal; así, entre los más importantes están el programa anual de fiscalizaciones, las directrices técnicas a las que deben sujetarse cada uno de los procedimientos fiscalizadores, el informe, moción o nota que recoja los resultados alcanzados y las recomendaciones que se formulan, y la memoria anual del Tribunal de Cuentas.

Atención especial merece la deliberación sobre los proyectos de informes de fiscalización que se tramitan en cada departamento, de acuerdo con las atribuciones de cada uno de ellos. En la reunión de la Sección el Consejero de Cuentas titular del departamento que ha ejecutado los trabajos de fiscalización presenta el proyecto de informe y da cuenta del tratamiento dado a las alegaciones del fiscalizado, así como a las observaciones al proyecto que, en su caso, hayan presentado los restantes miembros del Pleno. Si el asunto se considera suficientemente debatido, se acuerda someterlo a la aprobación del Pleno.

El nombramiento del Presidente actual de la Sección de Fiscalización tuvo lugar en la sesión del Pleno del Tribunal de 24 de julio de 2015.

La reorganización y atribución de los departamentos sectoriales y territoriales de la Sección de Fiscalización, así como la adscripción de los mismos a los Consejeros de Cuentas, se aprobó en la sesión del Pleno del Tribunal de 3 de agosto de 2012.

Composición nominal de la Sección de Fiscalización y nombramientos:

  • Presidente de la Sección de Fiscalización: Excmo. Sr. Don Javier Medina Guijarro. (Nombramiento: B.O.E. de 21/07/2012; Senado).
  • Consejero titular del Departamento 1º Fiscalización: Área de Administración Económica del Estado: Excmo. Sr. Don Manuel Aznar López. (Nombramiento: B.O.E. de 21/07/2012; Senado).
  • Consejera titular del Departamento 2º Fiscalización: Área Político-Administrativa del Estado: Excma. Sra. Doña Enriqueta Chicano Jávega. (Nombramiento: B.O.E. de 21/07/2012; Congreso).
  • Consejera titular del Departamento 3º Fiscalización: Área de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social: Excma. Sra. Doña María Dolores Genaro Moya. (Nombramiento: B.O.E. de 21/07/2012; Senado).
  • Consejero responsable del Departamento 4º Fiscalización: Empresas Estatales y otros Entes Públicos: Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz. (Nombramiento: B.O.E. de 21/07/2012; Senado).
  • Consejero titular del Departamento 5º Fiscalización: Financiero y de Fundaciones y otros Entes Estatales: Excmo. Sr. Don Javier Medina Guijarro. (Nombramiento: B.O.E. de 21/07/2012; Senado).
  • Consejero titular del Departamento 6º Fiscalización: Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas: Excmo. Sr. Don Ángel Antonio Algarra Paredes. (Nombramiento: B.O.E. de 21/07/2012; Congreso).
  • Consejero titular del Departamento 7º Fiscalización: Entidades Locales: Excmo. Sr. D. Ramón Álvarez de Miranda García (Nombramiento: B.O.E. de 21/07/2012; Congreso).
  • Consejeras responsables del Departamento de Partidos Políticos: Excma. Sra. Doña María Dolores Genaro Moya y Excma. Sra. Doña María José de la Fuente y de la Calle.

Estructura de la Sección de Fiscalización:

Presidencia de la Sección de Fiscalización

Art. 136 Constitución española

El Presidente de la Sección de Fiscalización es al mismo tiempo titular de uno de los departamentos de fiscalización. En la condición de Presidente de la Sección realiza actividades de dirección y de coordinación de los trabajos de fiscalización. Así, entre otras, la Presidencia de la Sección de Fiscalización impulsa la preparación del Programa anual de fiscalizaciones y elabora el documento final que se somete a la aprobación del Pleno; canaliza y da traslado a los miembros del Pleno de los dictámenes del ministerio fiscal y del servicio jurídico del Estado, de los documentos de observaciones y de la contestación a las mismas formulados durante la tramitación de los proyectos de informes de fiscalización; y cuida de la revisión formal del informe aprobado por el Pleno antes de la remisión a las Cortes Generales, Asambleas Legislativas o Plenos de las Corporaciones Locales y al Gobierno de la Nación o Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, según corresponda.

La Presidencia de la Sección elabora y tramita el proyecto de directrices técnicas de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado y coordina la elaboración del documento en el que queda recogido el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Elabora también la parte del proyecto de memoria anual relativa al ejercicio de la función fiscalizadora.

Como Presidente de la Sección convoca las reuniones de la misma, acompañando a la convocatoria el correspondiente orden del día. Cuando existan razones que lo aconsejen, el Presidente podrá convocar reuniones extraordinarias por iniciativa propia o a solicitud de un tercio de los miembros de la Sección.

En la condición de Presidente de la Sección de Fiscalización forma parte, junto con el Presidente del Tribunal de Cuentas y el Presidente de la Sección de Enjuiciamiento, de la Comisión de Gobierno.

Presidente: Excmo. Sr. Don Javier Medina Guijarro. Madrid, 1956

Designación como Consejero de Cuentas: Acuerdo de 18 de julio de 2012, del Pleno del Senado (BOE 21-VII-2012).

Nombramiento como Presidente de la Sección de Fiscalización: Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas, de 24 de julio de 2018.

Formación académica y profesional

  • Licenciado en Derecho (Universidad Complutense de Madrid, 1978).
  • Funcionario del Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas (1979).
  • Censor Jurado de Cuentas (1988).
  • Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (1989).

Trayectoria profesional

  • Presidente de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas (desde julio de 2012).
  • Consejero del Tribunal de Cuentas del Departamento Quinto de la Sección de Fiscalización (desde julio de 2012).
  • Consejero del Tribunal de Cuentas del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento (desde noviembre de 2001 hasta julio de 2012).
  • Director Técnico de la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas (1998-2001).
  • Director Técnico del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas (1990-1998).
  • Jefe de División de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas (1986-1990).
  • Delegado Instructor en la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas (1982-1986).
  • Censor-Jefe de Cuentas. Fiscalización de Fondos Públicos en el Tribunal de Cuentas (1979-1982).

Otras actividades y cargos

  • Ha ejercido labores de docencia en la Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Complutense de Madrid y en Instituciones de post-grado. Ha participado en numerosos Cursos, Seminarios y Congresos, tanto nacionales como internacionales, y es autor y co-autor de publicaciones y de artículos en revistas especializadas sobre diversas materias de Derecho Público relacionadas con la gestión y el control económico-financiero del Sector público.

Otra información relevante

  • Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort (Orden Ministerial 06/12/1995).

Función de Fiscalización

Detalle Sala de Justicia

La primera de las dos funciones propias del Tribunal de Cuentas, según la ley orgánica, es la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público. Se califica de externa porque la realiza un órgano ajeno al sujeto fiscalizado, a diferencia del control interno que llevan a cabo los órganos de la propia Administración pública; es permanente porque se ejerce de manera continuada en el tiempo; y consuntiva, por su carácter de final y definitiva. La fiscalización comprende el conjunto de actuaciones que el Tribunal de Cuentas realiza, de conformidad con sus leyes orgánica y de funcionamiento, para comprobar el sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, así como, en su caso, otros de buena gestión. Se ejerce en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos.

Las fiscalizaciones definen los objetivos que se pretenden conseguir y, en función de ellos, suelen distinguirse los siguientes tipos:

  1. fiscalización de cumplimiento, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias a que está sometida la gestión económico-financiera de la entidad, actividad o programa que se fiscaliza;
  2. fiscalización financiera, cuyo objetivo es emitir una opinión sobre la fiabilidad de la información que suministran los estados financieros de una entidad en función de su adecuación a los principios, criterios y normas contables de aplicación a la misma; y
  3. fiscalización operativa o de gestión, cuyo objetivo es proporcionar una valoración, total o parcial, de las operaciones y de los sistemas y procedimientos de gestión de la entidad, programa o actividad fiscalizada en cuanto a su racionalidad económico-financiera y su sometimiento a los principios de buena gestión, pudiendo referirse tal valoración a la adecuación de los sistemas y procedimientos de gestión con respecto a los objetivos que deben cumplir –fiscalización de sistemas y procedimientos- o al grado de cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y economía –fiscalización de economía, eficacia y eficiencia.

Si se combinan distintos tipos de fiscalización, se habla de fiscalizaciones de regularidad –la que persigue, conjuntamente, los objetivos de las fiscalizaciones de cumplimiento y financiera- o de fiscalizaciones integrales –las que abarcan todos los tipos de fiscalización referidos anteriormente. También existen las fiscalizaciones horizontales, que son aquellas cuyo ámbito subjetivo abarca una pluralidad de entidades del mismo o de distinto subsector público con características comunes y los mismos objetivos y ámbito temporal para todas ellas, pudiendo ser de cualquiera de los tipos de fiscalizaciones a los que se acaba de hacer mención.

La ley dispone que en los procedimientos de fiscalización de entidades singulares puedan utilizarse las técnicas de auditoría que resulten idóneas a la fiscalización pretendida. La realidad es que la inmensa mayoría de las actuaciones fiscalizadoras se llevan a cabo haciendo uso de esta posibilidad, de manera que la fiscalización suele consistir en una auditoría, entendida como actividad sistemática de revisión, verificación y evaluación de documentos contables y de procedimientos de control y gestión, realizada siguiendo las normas técnicas establecidas al efecto.

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó, en Sesión celebrada el 23 de diciembre de 2013, las NORMAS DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, cuyo objetivo es servir de instrumento para el cumplimiento más eficaz y eficiente de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas y, en definitiva, para la defensa del interés público.

Una de las principales actuaciones fiscalizadoras del Tribunal de Cuentas es el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado, a los que procede por delegación de las Cortes Generales. A partir de los resultados que ofrezcan el examen y comprobación referidos, el Pleno del Tribunal aprueba la declaración, que recoge de forma clara y sucinta la opinión que finalmente merezca la Cuenta General.

Según establece la ley, el Tribunal de Cuentas hará constar en el resultado de la fiscalización cuantas infracciones, abusos o prácticas irregulares haya observado, con indicación de la responsabilidad en que, a su juicio, se hubiere incurrido y de las medidas para exigirla. Asimismo, propondrá las medidas que haya que adoptar, en su caso, para la mejora de la gestión económico-financiera del sector público.

La tramitación de los procedimientos de fiscalización se lleva a cabo por el departamento ponente, en ejecución del programa anual de fiscalizaciones. El texto de anteproyecto de informe se somete a alegaciones de los fiscalizados y el proyecto de informe resultante se pone de manifiesto al ministerio fiscal y al servicio jurídico del Estado para que informen en relación con sus respectivas competencias, y a todos los miembros del Pleno para que realicen las observaciones que consideren convenientes. La Sección de Fiscalización delibera sobre el texto resultante y lo somete a la aprobación del Pleno del Tribunal, obtenida la cual el resultado de la fiscalización –por lo general, el informe- se remite a los destinatarios –Cortes Generales, Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o Plenos de las Corporaciones Locales, según los casos, así como al Gobierno de la Nación, a los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas o a los Plenos de las Corporaciones Locales, según corresponda- y se incorpora al portal web del Tribunal. Una vez que la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas conoce el resultado de las actuaciones fiscalizadoras y después de que haya procedido a su examen, las resoluciones que se aprueben se publican en el Boletín Oficial del Estado, conjuntamente con el informe.

Programa anual de fiscalización

La primera atribución del Pleno del Tribunal, según su ley de funcionamiento, es aprobar el programa de fiscalizaciones de cada año y elevarlo a la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

El programa anual de fiscalizaciones, que se enmarca en la planificación que el Tribunal realiza a medio y largo plazo, recoge, para cada ejercicio, las iniciativas fiscalizadoras del Tribunal de Cuentas, las fiscalizaciones que emanan de las Cortes Generales y, en su ámbito, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, y las que deban realizarse por mandato legal.

El programa se aprueba antes de que finalice el año anterior al que se refiera. Durante la vigencia del programa los miembros del Pleno podrán proponer la inclusión de nuevas actuaciones o la modificación, suspensión o supresión de las previstas.

Sección de Enjuiciamiento

Atribuciones de la Sección de Enjuiciamiento como órgano del Tribunal de Cuentas:

La Sección de Enjuiciamiento está integrada por su Presidente y los Consejeros de Cuentas a quienes, como órganos de primera instancia o adscritos a la Sala o Salas del Tribunal, corresponde conocer de los procedimientos jurisdiccionales.
En esta Sección hay tres Departamentos de primera instancia, cada uno de ellos dirigido por un Consejero y todos con idéntico ámbito competencial.

Composición nominal de la Sección de Enjuiciamiento y nombramientos:

  • Presidente de la Sección de Enjuiciamiento: Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano. (Nombramiento: B.O.E. de 21/07/2012; Congreso).
  • Consejera titular del Departamento Primero: Excma. Sra. Doña María Antonia Lozano Álvarez. (Nombramiento: B.O.E. de 21/07/2012; Congreso).
  • Consejera titular del Departamento Segundo: Excma. Sra. Doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón. (Nombramiento: B.O.E. de 21/07/2012; Senado).
  • Consejero titular del Departamento Tercero: Excmo. Sr. Don Felipe García Ortiz. (Nombramiento: B.O.E. de 21/07/2012; Senado).

Estructura de la Sección de Enjuiciamiento:

·  Otras secciones…

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