Derecho de igualdad y no discriminación por razón de género

1.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres.

1.1. Introducción.

El artículo 14 de la Constitución proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se inserta sean reales y efectivas.

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer).

La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam.

El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, entre otras causas, muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres.

Resulta necesaria una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres.

Merecen especial consideración los supuestos de doble discriminación y las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres que presentan especial vulnerabilidad (minorías, mujeres migrantes, mujeres con discapacidad).

Por lo expuesto, se manifestó la necesidad de elaborar una ley para hacer frente a esta situación, surgiendo así la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

La mayor novedad de esta ley radica en la prevención de las conductas discriminatorias y en la previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad. Tal opción implica necesariamente una proyección del principio de igualdad sobre los diversos ámbitos del ordenamiento de la realidad social, cultural y artística en que puede generarse o perpetuarse.

La ley se refiere a la generalidad de políticas públicas en España. Y lo hace al amparo de la atribución constitucional al Estado de la competencia para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales.

La complejidad que deriva del principio de igualdad se expresa también en la estructura de la ley. Ésta se ocupa en su articulado de la proyección general del principio en los diferentes ámbitos normativos.

1.2. Estructura de la Ley.

La ley comprende 78 artículos, 31 disposiciones adicionales, 12 disposiciones transitorias, q disposición derogatoria y 8 disposiciones finales. Los 78 artículos se distribuyen entre un Título Preliminar y 8 Títulos numerados.

1.3. Naturaleza y entrada en vigor.

La Disposición Adicional Segunda, bajo la rúbrica “Naturaleza de la Ley”, nos aclara el carácter de la misma: “las normas contenidas en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de esta ley tienen carácter orgánico. El resto de los preceptos contenidos en esta Ley no tienen tal carácter”.

La entrada en vigor se concreta en su Disposición Final Octava: “La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, con excepción de lo previsto en el artículo 71.2, que lo hará el día 31 de diciembre.

1.4. Ámbito y objeto de la Ley.

Se regula en el Título Preliminar.

1.4.1. Objeto de la Ley (artículo 1).

Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, especialmente mediante la eliminación de la discriminación de la mujer en cualquiera de los ámbitos de la vida y de las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para.

A estos efectos, la ley establece principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas y prevé medidas para eliminar y corregir toda forma de discriminación por razón de sexo.

1.4.2. Ámbito de aplicación (artículo 2).

Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Las obligaciones establecidas en la ley serán de aplicación a toda persona que se encuentre o actúe en territorio español.

1.5. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.

1.5.1. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres (artículo 3).

El principio de igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

1.5.2. Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas (artículo 4).

La igualdad de trato y de oportunidades es un principio informador del ordenamiento jurídico y se integrará y observará en la interposición y aplicación de las normas jurídicas.

1.5.3. Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo (artículo 5).

El principio igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el empleo público, se garantizará en el acceso al empleo, incluso al empleo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales.

No constituirá discriminación en el acceso al empleo una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante.

1.5.4. Discriminación directa e indirecta (artículo 6).

Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.

Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima.

1.5.5. Acoso sexual y acoso por razón de sexo (artículo 7).

Sin perjuicio de lo establecido en el código penal, a los efectos de esta ley constituye acoso sexual “cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.

Constituye acoso por razón de sexo “cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acos por razón de sexo se considerará también acto de discriminación.

1.5.6. Discriminación por embarazo o maternidad (art. 8).

También se considera discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad.

1.5.7. Igualdad frente a represalias (art. 9).

También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad.

1.5.8. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias (art. 10).

Los actos y cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones.

1.5.9. Acciones positivas (art. 11).

Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los poderes públicos adoptarán las medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objeto perseguido en cada caso.

1.5.10. Tutela judicial efectiva (artículo 10).

Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en artículo 53.2 CE, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.

La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos que versen sobre la defensa de este derecho corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo determinadas en las leyes reguladoras de estos procesos.

La persona acosada será la única legitimada en procesos por acoso sexual y acoso razón de sexo.

1.5.11. Prueba (artículo 11).

De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar informe o dictamen de los organismos públicos competentes.

Esta inversión de la carga de la prueba no será de aplicación a los procesos penales.

1.6. Políticas públicas de seguridad.

1.6.1. Principios generales.

A) Criterios generales de actuación de los poderes públicos (artículo 14). A los fines de esta ley, serán criterios generales de actuación de los poderes públicos:

  1. El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres.
  2. La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino.
  3. La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas en la aplicación del principio de igualdad.
  4. La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electores y en la toma de decisiones
  5. La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
  6. La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, mujeres con discapacidad, etc.
  7. La protección de la maternidad, en especial en atención a la asunción de obligaciones por embarazo, parto y lactancia.
  8. El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y la vida personal y familiar.
  9. El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones Públicas y los agentes sociales, asociaciones de mujeres y otras entidades.
  10. El fomento de la efectividad del principio de igualdad.
  11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en las relaciones sociales, culturales y artísticas.
  12. Todos los asuntos considerados se promoverán e integrarán de igual manera en la política española.

B) Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres (artículo 15): el principio de igualdad de trato y de oportunidades informará, con carácter transversal, la actuación de todos los poderes públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.

C) Nombramientos realizados por los poderes públicos (art. 16): los poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de responsabilidad que les correspondan.

D) Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (art. 17): el Gobierno aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres.

E) Informe periódico (artículo 18): en los términos que reglamentariamente se determinen, el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad de este principio.

F) Informes de impacto de género (artículo 19): los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre impacto de género.

G) Adecuación de las estadísticas y estudios (art. 20): al objeto de hacer efectivas las disposiciones de esta ley y que se garantice la integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos deberán:

  1. Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos.
  2. Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, etc., de mujeres y hombres.
  3. Diseñar e introducir indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de discriminación múltiple.
  4. Realizar muestras suficientemente amplias.
  5. Explotar datos de que se dispone de modo que se puedan conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres.
  6. Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas con objeto de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres.

H) Colaboración entre las Administraciones Públicas (artículo 21): la AGE y las Administraciones de las CCAA cooperarán para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus respectivas competencias, y, en especial, en sus relaciones de planificación. Las Entidades locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán con el resto de las Administraciones Públicas.

I) Acciones de planificación equitativa de los tiempos (art. 22): con el fin de avanzar un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las corporaciones locales podrán establecer Planes municipales de organización del tiempo en la ciudad.

1.6.2. Acción administrativa para la igualdad.

A) La educación para la igualdad de hombres y mujeres (art. 23): el sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, el sistema educativo incluirá la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva y el fomento de la igualdad plena entre mujeres y hombres.

B) Integración del principio de igualdad en la política de educación (art. 24): las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la integración activa del principio de igualdad de trato. Las Administraciones educativas desarrollarán las siguientes actuaciones:

  1. La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres.
  2. La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
  3. La integración del estudio y aplicación del principio en los cursos y programas para formación inicial y continuada del profesorado.
  4. La programación de la presencia equilibrad de mujeres y hombres en los órganos de control y gobierno en los centros docentes.
  5. La cooperación con el resto de Administraciones educativas para el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión de los principios de coeducación.
  6. El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la Historia.

C) La igualdad en el ámbito de la educación superior (art. 25): en el ámbito de la educación superior, las Administraciones Públicas fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado de la igualdad entre mujeres y hombres.

En particular, las Administraciones públicas promoverán:

  1. La inclusión en los planes de estudio de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
  2. La creación de postgrados específicos.
  3. La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia.

D) La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual (artículo 25): las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en cuanto al a creación y producción artística e intelectual.

Los distintos organismos, agencias, entes y demás estructuras de las AAPP desarrollarán las siguientes actuaciones:

  1. Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de las mujeres en la cultura y combatir su discriminación.
  2. Políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de autoría femenina.
  3. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública.
  4. Que se respete y garantice la representación equilibrada en los distintos órganos consultivos, científicos, técnicos y de decisión existentes.
  5. Adoptar medidas de acción positiva a la creación y producción artística e intelectual.
  6. En general, todas las acciones positivas para corregir las situaciones de desigualdad.

E) Integración del principio de igualdad en la política de la salud: las políticas, estrategias y programas de salud integrarán las distintas necesidades de mujeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente. Las AAPP garantizarán un igual derecho a la salud de las mujeres y los hombres, a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones de la política de salud.

Las Administraciones Públicas desarrollarán las siguientes actuaciones:

  1. La adopción sistemática de iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de la salud de las mujeres, así como de prevenir su discriminación.
  2. El fomento de la investigación científica que atienda las diferencias entre mujeres y hombres
  3. La consideración del acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
  4. La integración del principio de igualdad en la formación del personal al servicio de las organizaciones sanitarias.
  5. La presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de responsabilidad profesional del conjunto del Sistema Nacional de Salud.
  6. La obtención y el tratamiento desagregados por sexo.

F) Sociedad de la información (artículo 28): todos los programas públicos de desarrollo de la sociedad de la información incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad de oportunidades. El Gobierno incorporará la plena incorporación de las mujeres en la Sociedad de la Información mediante el desarrollo de programas específicos, en especial en materia de acceso y formación en tecnologías de la información.

En los proyectos del ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación sufragados total o parcialmente con dinero público, se garantizará un lenguaje y contenidos no sexistas.

G) Deportes (art. 29): todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. El Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a mujeres.

H) Desarrollo rural (artículo 30): a fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desarrollarán la figura jurídica de la titularidad compartida, para que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente protección de la Seguridad social y el reconocimiento de su trabajo.

En las actuaciones encaminadas al desarrollo del medio rural, se incluirán acciones dirigidas a mejorar el nivel educativo y de formación de las mujeres, y especialmente las que favorezcan su incorporación al mercado de trabajo.

I) Políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda (artículo 31): las políticas y plantes de las Administraciones públicas en materia de acceso a la vivienda incluirán medidas destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, fomentará el acceso a la vivienda de las mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión, y de las que hayan sido víctimas de violencia de género. Las Administraciones públicas tendrán en cuenta el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico.

J) Política española de cooperación para el desarrollo (artículo 32): todas las políticas, planes, documentos de planificación estratégica, tanto sectorial como geográfica, y herramientas de programación operativa de la cooperación española para el desarrollo incluirán el principio de igualdad entre mujeres y hombres como un elemento sustancia en su agenda de prioridades, y recibirán un tratamiento de prioridad transversal y específica.

Además, se elaborará una Estrategia Sectorial de Igualdad entre mujeres y hombres para la cooperación española.

K) Contratos de las Administraciones Públicas (artículo 33): las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de los órganos de contratación, y, en relación con la ejecución de los contratos que celebren, podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo.

L) Contratos de la Administración General del Estado (art. 34): anualmente, el Consejo de Ministros, a la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el mercado laboral, determinará los contratos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos que obligatoriamente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres conforme a la legislación de contratos del sector público.

En el acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrán establecerse las características de las condiciones que deban incluirse en los pliegos atendiendo a la naturaleza de los contratos.

Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que cumplan con las directrices de los párrafos anteriores.

M) Subvenciones públicas (artículo 35): las AAPP, en los planes estratégicos de subvenciones que adopten, determinarán los ámbitos en que, por razón de la existencia de una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las bases reguladoras puedan incluir la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad. A estos efectos, podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo social de la empresa en materia de igualdad.

1.7. Igualdad y medios de comunicación.

1.7.1 La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad pública (art. 36).

Los medios de comunicación social de titularidad pública velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, y promoverán el conocimiento y difusión del principio de igualdad.

1.7.2 Corporación RTVE (art. 37).

Esta corporación, en el ejercicio de su función de servicio público, perseguirá en su programación los siguientes objetivos:

  1. Reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida social.
  2. Utilizar el lenguaje en forma no sexista.
  3. Adoptar, mediante la autorregulación, códigos de conducta tendentes a transmitir el contenido del principio de igualdad.
  4. Colaborar con las campañas e instituciones dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y a erradicar la violencia de género.

1.7.3 Agencia EFE (art. 38).

En el ejercicio de sus actividades, la Agencia EFE velará por el respeto del principio de igualdad entre mujeres y hombres, y, en especial, por la utilización no sexista del lenguaje.

1.7.4. La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad privada (art. 39).

Todos los medios de comunicación respetarán la igualdad entre mujeres y hombres, evitando cualquier forma de discriminación. Las Administraciones Públicas promoverán la adopción por los medios de comunicación de acuerdos de autorregulación que contribuya al cumplimiento de estas medidas.

1.7.5. Autoridad audiovisual (art. 40).

Las autoridades a las que corresponda velar por que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptarán las medidas que procedan para asegurar un tratamiento de las mujeres conforme con los principios y valores constitucionales.

1.7.6. Igualdad y publicidad (artículo 41).

La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con la Ley Orgánica de Igualdad se considerará publicidad ilícita, de conformidad con lo previsto en la legislación general de publicidad y de publicidad y comunicación audiovisual.

1.8. El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades.

1.8.1. Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral.

a) Programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres (art. 42): las políticas de empresa tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la permanencia en el empleo de las mujeres.

Los programas de inserción laboral activa comprenderán todos los niveles educativos y edad de las mujeres, incluyendo los de Formación Profesional, Escuelas y Talleres de Oficios, dirigidos a personas en desempleo, se podrán destinar prioritariamente a colectivos específicos de mujeres o contemplar determinada proporción de mujeres.

b) Promoción de la igualdad en la negociación colectiva (artículo 43): de acuerdo a lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación.

1.8.2. Igualdad y conciliación: los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral (artículo 44).

Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares. El permiso y la prestación por maternidad se prestarán en los términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social.

Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad.

1.8.3. Los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de la igualdad.

a) Elaboración y aplicación de los planes de igualdad (art. 45). Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar y acordar con los representantes de los trabajadores en la empresa.

En el caso de empresas de cincuenta o más trabajadores, las medidas igualdad deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este capítulo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las empresas deberán elaborar un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores.

b) Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas (art. 46): los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los planes fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas para su consecución y el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento.

Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Con carácter previo se elaborará un diagnóstico previo que contendrá las siguientes materias:

  1. Procesos de selección y contratación.
  2. Clasificación profesional.
  3. Formación.
  4. Promoción profesional.
  5. Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres.
  6. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.
  7. Retribuciones.
  8. Prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo.

c) Transparencia en la implantación del plan de igualdad (art. 47): se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los Planes de Igualdad y la consecución de sus objetivos.

d) medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo (art. 48): las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto de los mismos.

Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas.

Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección.

e) Apoyo para la implantación voluntaria de planes de igualdad (art. 49): para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno establecerá medidas de fomento especialmente dirigidas a las pequeñas y medianas empresas.

1.8.4. Distintivo empresarial en materia de igualdad (art. 50).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (en la actualidad, y por lo que respecta al ejercicio de esta competencia, Ministerio de la creará un distintivo para reconocer a aquellas empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras.

Con el fin de obtener el distintivo, cualquier empresa, sea de capital público o privado, podrá presentar al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, un balance sobre los parámetros de igualdad implantados respecto de las relaciones de trabajo y publicidad de los productos y servicios prestados.

Reglamentariamente, se determinará la denominación de este distintivo, el procedimiento y las condiciones para su concesión, las facultades derivadas de su obtención y las condiciones de difusión institucional de las empresas que lo obtengan y de las políticas de igualdad aplicadas por ellas.

1.9. El principio de igualdad en el empleo público.

1.9.1 Criterios de actuación de las Administraciones públicas (art. 51).

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán:

  1. Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público.
  2. Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
  3. Fomentar la formación en igualdad.
  4. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración.
  5. Establecer medidas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.
  6. Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier tipo de discriminación retributiva directa o indirecta.
  7. Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación.

1.9.2. El principio de presencia equilibrada en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.

A) Titulares de órganos directivos (artículo 52): el Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de personas titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.

B) Órganos de selección y Comisiones de Valoración (art. 53): todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres.

Asimismo, la representación de los Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las comisiones de valoración de méritos para la provisión de puestos de trabajo se ajustará al principio de presencia equilibrada.

C) Designación de representantes de la Administración General del Estado (artículo 54): la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella designarán a sus representantes en órganos colegiados, comités de personas o comités consultivos.

Asimismo, la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes observarán el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos que les corresponda efectuar.

1.9.3. Medidas de igualdad en el empleo para la Administración General del Estado y para los organismos públicos vinculados o dependientes.

a) Informe de impacto de género en las pruebas de acceso al empleo público (art. 55): la aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia.

b) Permisos y beneficios de protección de la maternidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral (artículo 56): sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la Administración general del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de ella con los representantes del personal al servicio de la Administración pública, la normativa aplicable a los mismos establecerá un régimen de excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios.

c) Conciliación y provisión de puestos de trabajo (artículo 57): en las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo, se computará el tiempo que las personas candidatas hayan permanecido en las situaciones a que se refiere el artículo anterior.

d) Licencia para el riesgo durante el embarazo y la lactancia (artículo 58): cuando las condiciones del puesto de trabajo de una funcionaria incluida en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer, del hijo o hija, podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo, en los términos y condiciones previstos en la normativa aplicable. Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación también durante el periodo de lactancia.

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