El defensor del pueblo

El objeto principal de este artículo es dar a conocer la institución del Defensor del Pueblo, como mecanismo de defensa de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en nuestra institución.

Se trata del alto comisionado de las Cortes Generales para la protección de los derechos y libertades fundamentales de nuestro ordenamiento. Se ha de decir que “es elegido por el Congreso de los Diputados y el Senado, por una mayoría de tres quintos. Su mandato dura cinco años y no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad. Desempeña sus funciones con independencia e imparcialidad, con autonomía y según su criterio. Goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo.

Cualquier ciudadano puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención, que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración pública española o sus agentes, presuntamente irregular. También puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su conocimiento aunque no se haya presentado queja sobre ellos.

El Defensor del Pueblo da cuenta de su gestión a las Cortes Generales en un informe anual y puede presentar informes monográficos sobre asuntos que considere graves, urgentes o que requieran especial atención.

Tras la ratificación por el Estado español del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York el 18 de diciembre de 2002, las Cortes Generales atribuyeron al Defensor del Pueblo las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en noviembre de 2009.

El Defensor del Pueblo, en su condición de MNP, realiza visitas preventivas a cualquier centro de privación de libertad destinadas a detectar problemas que pudieran favorecer la comisión de prácticas de tortura o malos tratos. Las conclusiones de estas visitas quedan reflejadas en el informe que cada año presenta a las Cortes Generales y al Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, con sede en Ginebra.

El Defensor del Pueblo está auxiliado por dos Adjuntos, en los que puede delegar sus funciones”.

En cuanto a su elección, “desde su creación en 1982, la persona que lo preside es elegida por el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos. Su mandato dura cinco años y no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad —según se destaca en la web del Defensor del Pueblo—, desempeñando sus funciones con independencia e imparcialidad, con autonomía y según su criterio. Además, goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo.

Como cualquier cargo público, tiene una serie de incompatibilidades, recogidas en su ley orgánica y en su reglamento de desarrollo, y a las cuales se renunciará en el plazo de 10 días desde que se publicó el nombramiento y en todo caso antes de la toma de posesión. Las incompatibilidades con su cargo son:

  • Cualquier mandato representativo y cargo político.
  • Permanencia en activo en cualquier administración pública o cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral.
  • Con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal.
  • Afiliación a partido político, sindicato, asociación, fundación o la realización de funciones en las mismas.

En cuanto a quién puede acudir a él, hay que decir que “cualquier ciudadano puede acudir al Defensor y solicitar su intervención, que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración pública o sus agentes, presuntamente irregular. La institución también puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su conocimiento aunque no se haya presentado queja sobre ellos.

Pueden presentar quejas, de manera individual o colectiva, cualquier ciudadano, español o extranjero, independientemente de su edad o de su situación legal en España.

Suele estar asistido de dos Adjuntos, elegidos de la misma forma que el Defensor y sujetos a las mismas incompatibilidades. También hay que destacar la existencia de figuras semejantes en las Comunidades Autónomas, como el Defensor del Pueblo Andaluz (Andalucía), o el Procurador del Común en Castilla y León.

FUENTES:

ABC

Página web del Defensor del Pueblo.

Página web de Dudas legislativas

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