Derecho, Política

Instituciones básicas del Estado español

1.- Introducción.

El objetivo principal de este trabajo es dar a conocer en profundidad las instituciones básicas del Estado español, sobre todo las que tienen base en el texto constitucional.

En primer lugar, se hará referencia a la Corona, como institución de profundo calado en nuestra historia y como institución de mediación entre las solicitudes de la ciudadanía para conseguir mayores beneficios y derechos, y los poderes públicos. Se hará referencia a su principal función de consenso y mediación.

En segundo lugar, se hará referencia al Tribunal Constitucional, intérprete supremo de nuestro texto constitucional. Se destacarán sus principales funciones de interpretación y cómo ha de llevarlas a cabo.

En tercer lugar, se hará referencia al Consejo General del Poder Judicial, como titular de uno de los poderes del Estado y al que corresponde velar por el buen funcionamiento del Poder Judicial.

En cuarto lugar, se hará referencia al Poder legislativo, órgano fundamental del Estado titular de la función legislativa y al que corresponde expedir las normas. También se hará referencia a la función compartida que tiene con las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, y a las que corresponde también expedir normas.

En quinto lugar, se hará referencia al Poder ejecutivo, como poder fundamental al que corresponde la función de hacer efectivas las leyes dictadas por las normas emitidas por el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo está constituido por el Gobierno de la Nación y por la Administración General del Estado y las Administraciones Autonómicas. En este punto también se hará referencia a los medios a través de los cuales estas Administraciones hacen efectivos sus fines, como la policía nacional y las policías autonómicas.

En sexto lugar, se hará referencia al Defensor del Pueblo, como comisionado de las Cortes Generales, y al que corresponde comprobar que se cumplen las condiciones necesarias para garantizar la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas.

En séptimo lugar, se hará una breve referencia al Tribunal de Cuentas, al que ya se ha hecho referencia en otro artículo y al que corresponde principalmente la función de fiscalizar los beneficios e ingresos del sector público.

En octavo lugar, se hará referencia al Consejo Económico y Social, como segundo órgano consultivo del Poder Ejecutivo.

Por último, se harán una serie de conclusiones para terminar y hacer una breve referencia al conjunto del presente trabajo.

2.- La institución de la Corona.

La Corona constituye una institución básica dentro del Estado democrático constituido en la Constitución Española.

En este punto hay que destacar, como introducción, que “la Monarquía, en sus diferentes concepciones y modalidades, ha venido siendo de modo predominante la forma de Gobierno, o de máxima organización del poder político, que se ha conocido en España y en sus territorios adyacentes e insulares a lo largo de la Historia. En este sentido, la historia político-institucional de España, como la de otros países europeos, es en parte la historia de su Monarquía y sus Reyes.

Ya reinos míticos de la antigüedad, como Tartesos en el sur peninsular, o los pueblos tradicionalmente asentados en toda Iberia desde la Edad de los Metales —íberos, celtas y otros— adoptaron de manera mayoritaria formas de gobierno y de poder de definición y estructura monárquicas.

La civilización romana en la Península a partir de finales del siglo III a. de C. consolidó esa tendencia al incorporar la Península —desde entonces conocida como Hispania— al marco del Imperio Romano. Éste se afirmó como una construcción política netamente monárquica desde la plena incorporación de Hispania en tiempos del primer Emperador, Augusto. Hispania dio a Roma algunos de sus principales emperadores, como Trajano —que extendió sus fronteras desde las islas Británicas a Mesopotamia, incluyendo la actual Rumanía; Adriano y Marco Aurelio —conocidos por la impronta cultural, filosófica y artística que legaron; o Teodosio el Grande, que dividió definitivamente el Imperio en dos partes, posibilitando de este modo la existencia y continuidad de un gran Estado de cuño grecolatino en el orbe oriental —el Imperio Romano de Oriente, comúnmente llamado Imperio bizantino— hasta los albores de la Edad Moderna a mediados del siglo XV.

El colapso y la desintegración del Imperio Romano Occidental, en gran parte propiciados por la incursión de pueblos de origen germánico organizados también al modo monárquico, trajeron consigo la articulación de reinos independientes en las antiguas provincias romanas. En Hispania, se instaló a partir del siglo V d. de C. el pueblo visigodo que, oriundo del norte de Europa, venía transitando por territorio romano desde hacía varios siglos. Ya el Rey Ataúlfo, primer monarca visigodo que reina en Hispania todavía bajo soberanía formal romana, adoptó disposiciones regias en lo que se considera una muestra de ejercicio de poder real autónomo en España hace mil seiscientos años. Posteriormente, con el Rey Leovigildo y sus sucesores, se alcanzó en los siglos VI y VII una forma de unidad política, territorial, jurídica y religiosa del territorio hispánico tras ser reducidos algunos poderes rivales como el Reino suevo instalado en el noroccidente peninsular y tras unificar códigos legales para su aplicación indistinta a los pobladores de origen romano y godo y al lograrse la unidad religiosa en torno al catolicismo tras el definitivo apartamiento del arrianismo.

La Monarquía hispanogoda, que se reconoció política y legalmente heredera y sucesora de Roma en la Península, constituye la primera realización efectiva de un Reino o Estado independiente de ámbito y territorialidad plenamente hispánicos. Su Corona o jefatura máxima tuvo carácter electivo al ser seleccionados sus monarcas dentro de una determinada estirpe.

El derrumbamiento del Reino hispanogodo como consecuencia de sus conflictos intestinos y de la conquista musulmana dio comienzo al largo proceso convencional e históricamente denominado Reconquista. En varios núcleos cristianos del norte peninsular —particularmente en Asturias— se constituyeron reinos y espacios articulados monárquicamente que, de manera paulatina e ininterrumpida, procedieron a recuperar el territorio peninsular teniendo como referente el extinguido Reino hispanogodo y como objetivo su plena restauración.

Asturias, Galicia, León y Castilla, así como Navarra, Aragón y los condados catalanes consolidaron sus solares originarios y ampliaron sus territorios favoreciendo también la creación de nuevos reinos en los espacios adyacentes. Así se articularon en la Península e Islas otros reinos como Portugal, Valencia y Mallorca. Por aquellos siglos, el sector peninsular correspondiente a al-Andalus, se organizó, como el cristiano, al modo monárquico constituyéndose, según los distintos periodos, el Emirato y el Califato de Córdoba y, después, los reinos de Taifas.

Cabe destacar que tanto en la Hispania cristiana heredera de la tradición hispanorromana e hispanogoda como en Al-Andalus se organizaron institucionalmente las más altas percepciones de las cosmovisiones monárquicas que imperaban en el mundo de entonces. Así, si en la Europa occidental el máximo rango político-formal correspondía al Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en la España cristiana fueron varios los Reyes —particularmente Alfonso VI y Alfonso VII de León y de Castilla— que asumieron la dignidad de Emperador de España o de las Españas. En tierras hispanomusulmanas, monarcas de Córdoba adoptaron los títulos de Emir y Califa al igual que sus contrapartes del universo islámico afroasiático con centros en Damasco o Bagdad.

La culminación de la Reconquista a fines del siglo XV tuvo como resultado la extinción del espacio hispanomusulmán y la convergencia política y territorial de las principales Coronas españolas, las de Castilla y Aragón, con unos mismos monarcas, los Reyes Católicos Isabel y Fernando. A esa unión monárquica se incorporaron poco después el Reino de Navarra y, a finales del siguiente siglo, con Felipe II, el Reino de Portugal, lográndose así la completa unión peninsular hispánica, o ibérica, en el marco de una Monarquía común. Coetáneamente, y también con posterioridad, durante los siglos XVII y XVIII, la Monarquía de España adquirió una dimensión planetaria con la consiguiente incorporación de territorios y reinos en diferentes continentes. Los pueblos y territorios de América se organizaron como los de las tierras andaluzas después de las conquistas de tiempos de Fernando III el Santo. Lo mismo que en Andalucía se formaron reinos —los de Jaén, Córdoba, Sevilla, y posteriormente Granada— en Indias también se constituyeron reinos con virreyes como delegados del monarca, en Nueva España, El Perú y posteriormente, en Nueva Granada y en el Plata, por lo que el Rey se consideraba sucesor de los emperadores autóctonos, como se quiso expresar mediante las esculturas de Moctezuma, último emperador azteca, y de Atahualpa, último emperador incaico, situadas en una de las fachadas del Palacio Real de Madrid.

El título o tratamiento tradicional de Católicos concedido a los Reyes de España por el papa Alejandro VI en 1496, a Fernando, Isabel y sus sucesores, hizo referencia en su momento a la concreta adscripción religiosa del monarca y a su defensa de la fe católica, aunque también denotaba, según ciertas interpretaciones, una proyección de carácter ecuménico y universalista en un momento en el que, por primera vez en la historia del mundo, un poder político —en este caso la Monarquía Hispánica— alcanzaba una dimensión global con soberanía y presencia efectiva en todos los continentes —América, Europa, Asia, África y Oceanía— y en los principales mares y océanos —Atlántico, Pacífico, Índico y Mediterráneo”[1].

Llegados a este punto, hay que destacar respecto a esta institución que, actualmente, la institución de la Corona sólo tiene funciones de representación de España en determinadas instituciones internacionales y de organización del personal a su servicio, así como de la dirección de las Fuerzas Armadas bajo la supervisión del Ministro respectivo. En el resto de funciones que prevean la Constitución y las leyes, sus actos tendrán que ser refrendados por los miembros del Gobierno de la Nación.

En cuanto a las funciones que corresponden al Monarca, hay que destacar que, “de acuerdo con la Constitución, como símbolo de la unidad del Estado, corresponde al Rey intervenir en importantes actos del Estado: 

  • Sanción y promulgación de las leyes (artículo 62 a);
  • Expedición de decretos acordados en el Consejo de Ministros (artículo 62 f);
  • Nombramiento del Presidente y de los miembros del Gobierno (artículos 99.3 y 100).
  • Nombramientos del Presidente y de los Magistrados del Tribunal Constitucional (artículos 159 y 160);
  • Nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo (artículo 123.2);
  • Nombramiento de los Presidentes de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas (artículo 152.1).

También al Rey le corresponde:

  • Conferir los empleos civiles y militares, así como conceder honores y distinciones (artículo 62 f);
  • El mando supremo de las Fuerzas Armadas (artículo 62 h);
  • Ejercer el derecho de gracia (artículo 62 i);
  • El alto patronazgo de las Reales Academias (artículo 62 j).

 Como símbolo de la permanencia del Estado, la Corona de España es hereditaria (artículo 57).

Como árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, corresponde al Rey: 

  • La convocatoria y disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones (artículo 62 b);
  • La convocatoria de referéndum (artículo 62 c);
  • La propuesta del candidato a presidente del Gobierno (artículo 62 d);
  • Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros (artículo 62 g).

Como más alto representante del Estado español en las relaciones internacionales, corresponde al Rey: 

  • Acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos, manifestar el consentimiento del Estado en tratados, y declarar la guerra y hacer la paz (artículo 63).  

De acuerdo con lo dispuesto en las leyes correspondientes, corresponde al Rey el nombramiento de las siguientes autoridades

  • Presidente del Tribunal de Cuentas (artículo 29 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas).
  • Fiscal General del Estado (artículo 29.1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal).
  • Gobernador del Banco de España (artículo 24.1 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España).

Prestan juramento o promesa ante el Rey:

  • Presidente y miembros del Gobierno.
  • Magistrados del Tribunal Constitucional (artículo 21 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional).
  • Presidente y Vocales del Consejo General del Poder Judicial (artículos 123.4 y 115 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).
  • Presidente del Tribunal de Cuentas (artículo 21.6 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas).
  • Fiscal General del Estado (artículo 29.3 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal).
  • Gobernador del Banco de España”[2].

Llegados a este punto, hay que referirse a la normativa sobre la Monarquía como forma jurídica de Estado. En primer lugar, hay que estar al Título II de la Constitución, norma jurídica suprema del ordenamiento jurídico español. Este Título comienza en el artículo 56, el cual, en su apartado primero, establece que “el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”.

Aquí es de destacar también que, al contrario de lo que pasaba en la Edad Media o en épocas anteriores a la actual, en Europa la Monarquía era una institución bien considerada, pero la cosa empezó a cambiar desde la Revolución francesa. Actualmente, sólo queda la Monarquía como Institución en Reino Unido, en España, en Bélgica, en Holanda y en Dinamarca.

En España, aunque ha sido una institución muy querida, ha perdido muchos apoyos últimamente. Como informaba el periódico El Diario en una noticia de mayo de 2018, “el 37% de los españoles cree que abolir la monarquía sería lo mejor para el país, de acuerdo con la última encuesta publicada por Ipsos Global Advisor. El estudio, llevado a cabo en 28 países de todo el mundo y en el que se ha entrevistado a más de 20.000 personas a nivel mundial, sitúa a la monarquía española como la que menos apoyo recibe por parte de sus ciudadanos dentro de Europa.

Esto se traduce en que casi 2 de cada 5 españoles cree que abolir el régimen monárquico sería positivo para mejorar el futuro de nuestro país, frente a un 24% de la población que opina que clausurar la Casa Real tendría un efecto negativo. 

La situación contrasta de manera radical con la situación de otras monarquías europeas, como la británica, ya que tan sólo un 15% de los habitantes de Reino Unido cree que el fin del reinado de Isabel II sería positivo. A nivel mundial, la Familia Imperial japonesa es la que mejor parada sale, ya que cuenta con un 96% de apoyo por parte de sus ciudadanos. 

Vicente Castellanos, director de Public Affairs de IPSOS España señala que “el apoyo a la monarquía en España es mayoritario, pero el porcentaje de quienes la perciben prescindible es igualmente importante”. Por otro lado, apunta que los datos de la encuesta “marcan una fractura generacional, donde las generaciones más jóvenes reclaman su derecho a decidir independientemente de su ideología política”.

Castellanos hace referencia en sus declaraciones a los datos arrojados por el último Omnibus, un estudio independiente realizado por IPSOS España el pasado mes de abril, donde más de la mitad de los encuestados, un 52%, está a favor de celebrar un referéndum sobre la posibilidad de instaurar una república en vez de una monarquía. Dentro de este sector, los jóvenes son los más partidarios de que se lleve a cabo una consulta. En concreto, un 63% de los españoles de entre 25 y 34 años quiere votar para decidir de manera democrática si mantener al rey Felipe VI en su puesto o no. 

Esta fractura se hace aún más evidente a la hora de analizar la intención de voto de los más de 1.000 participantes en esta encuesta, ya que los votantes de izquierdas se muestran mucho más proclives a llevar a cabo un referéndum que los de derechas. Si bien un 86% de los votantes de Podemos apoya la incitativa de una consulta popular, en el caso de los votantes del Partido Popular los datos van a la inversa, ya que tan sólo un 25% de ellos se muestra a favor del referéndum. Sin embargo, para Castellanos la opinión sobre la monarquía “se muestra más como una cuestión generacional que de ideología política, aunque esta potencia o mitiga según los casos las opiniones extremas”[3]

Pero esta decadencia no es únicamente predicable de la Monarquía española, sino también de todas las Monarquías europeas. Como informa infobae, “en Europa existen ocho monarquías parlamentarias: Reino Unido, España, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega y Luxemburgo. En todos ellos, la jefatura de estado recae sobre el rey, que es un cargo hereditario, y la jefatura política y de gobierno sobre el primer ministro, designado por el parlamento.

“Pero la monarquía -continúa el politólogo- es una institución exclusivamente simbólica, porque carece de poder político. Su legitimidad se asienta sobre la ejemplaridad y el mantenimiento de una serie de conductas. Un escándalo de las características del que afecta a la casa real española tiene consecuencias mayores que si el protagonista fuera un político”.

Según José María Portillo Valdés, historiador de la Universidad del País Vasco consultado por Infobae, los monarcas no tienen funciones políticas concretas, y las que eventualmente puedan ejercer no las hacen por sí mismos, sino a través del gobierno. No obstante, tienen una función constitucional muy importante, que es la de ser la representación del Estado en el exterior.

Este marco simbólico de contención y representación que brindan permitió a muchas naciones con profundas diferencias internas permanecer unidas y desarrollar un proyecto común en el tiempo.

Un país como Bélgica sería inviable sin el monarca, al igual que Reino Unido o España. Son estados compuestos de pueblos y naciones diversos, que se pueden unir porque se identifican con la figura de un rey”, dice Vallespin.

“En el caso español, Juan Carlos fue imprescindible para la transición, fue la condición sine qua non, porque no fue un proceso rupturista, sino un quiebre desde adentro, en el que el monarca era el garante de la continuidad entre un régimen y otro”, agrega, en relación a la caída de la dictadura de Francisco Franco y la instauración de la monarquía parlamentaria, que se produjo en 1975 con la muerte de quien gobernó España durante casi 40 años.

En Reino Unido cumple una función adicional que no está presente en los otros casos: mantiene la continuidad con el viejo imperio británico a través de la Commonwealth, una mancomunidad de 53 países independientes, pero que cooperan entre sí y tienen una jefatura de estado común, la reina Isabel II. Estas naciones, distribuidas en todo el mundo, se suman a las ocho europeas en tener una monarquía parlamentaria como forma de gobierno.

Entre ellas hay muchas americanas, como Jamaica, Bahamas, Barbados y Canadá. Australia e India, otras dos ex colonias importantes de Reino Unido, también mantienen una monarquía parlamentaria con Isabel II como reina.

“En América Latina las revoluciones de independencia supusieron emanciparse de la corona española (y portuguesa) y, por lo tanto, formar directamente una república. Pero en Europa hubo un proceso complejo de entrelazamiento de tradición y modernidad que duró dos siglos. La permanencia de la monarquía es un componente de continuidad de la tradición“, explica Portillo Valdés.

La monarquía ayudó así a los países europeos a evitar crisis políticas e institucionales, y a unirse en un proyecto común de nación. Al ser una institución que permanece en el tiempo, da certidumbre al devenir del Estado, que se mantiene consolidado a pesar de que cambien los gobiernos.

A su vez, que haya una figura que, al menos simbólicamente, está en un lugar superior por ser el depositario de la tradición, funciona como un freno a los gobiernos deseosos de acumular poder sin límite[4].

A continuación, en cuanto a la sucesión en la institución de la Corona, hay que acudir al artículo 57 de la Constitución, según el cual:

  1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores, en la misma línea el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
  2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.
  3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.
  4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.
  5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.

En cuanto a la sucesión, hay que destacar la abdicación de su Majestad Juan Carlos I en su hijo Felipe VI en 2014.

3.- El Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución en España. Es único en su orden. Hay que destacar que no pertenece al tercer poder del Estado, el Poder Judicial, sino que es un órgano constitucional, regulado en el Título IX de la Constitución y en su propia Ley Orgánica.

En la actualidad, “el Tribunal Constitucional se compone de doce miembros, con el título de Magistrados del Tribunal Constitucional, nombrados por el Rey. De ellos, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, por mayoría de tres quintos de sus miembros; dos a propuesta del Gobierno; y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, por mayoría de tres quintos de sus miembros”[5].

En cuanto a su personal, en primer lugar, hay que decir quee “n cuanto a los requisitos objetivos para poder formar parte del Tribunal Constitucional, además de los generales de nacionalidad española y mayoría de edad, propios de lo que es ejercicio del derecho de acceso a cargo público previsto en el art. 23.2 en relación con los arts. 11 y 13.2 CE, el art. 159.2, reiterado por el art. 18 LOTC, exige que los miembros de este Tribunal se nombren de entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos, y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Al margen de cuestiones tales como qué categorías de profesores universitarios se encuentran citadas en dicha enumeración o si la condición de jurista requiere la posesión de la licenciatura en derecho o basta un ejercicio continuado de su estudio, o incluso si han de tenerse en cuenta las tachas que pudieren manchar la biografía profesional del candidato, tal y como ha sostenido en otro contexto el propio Tribunal en STC 174/1996, de 11 de noviembre, problemas en su mayor parte estudiados por la doctrina y sobre los que no procede ahora detenerse, debe destacarse que, pese a su amplitud, la formulación anterior contiene una serie de elementos reglados cuyo cumplimiento ha de verificarse por los órganos autores de la propuesta, por el propio Tribunal Constitucional e incluso, si fuera llamada a ello, por la jurisdicción contencioso – administrativa.

Así, en el caso de los magistrados de propuesta parlamentaria, el artículo 16 LOTC contempla, en su apartado 1, que los Magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara y, en su apartado 2, la obligación de los candidatos propuestos por el Congreso y por el Senado de comparecer previamente ante las correspondientes Comisiones en los términos que dispongan los respectivos Reglamentos. De este modo, las candidaturas presentadas deberán acreditar, de forma indubitada, que los candidatos cumplen los requisitos exigidos por la Constitución y las leyes para desempeñar el cargo y se presentarán acompañadas de una relación de los méritos profesionales y demás circunstancias que, en opinión del Grupo parlamentario, manifiesten la idoneidad del candidato para el puesto. Con este material y previa la comparecencia personal, en su caso, del candidato propuesto, la Comisión elabora un dictamen adoptado mediante el sistema de voto ponderado que ilustrará al Pleno para su decisión final.

La reforma de la LOPJ de 2013 hizo desaparecer la Comisión de Calificación asumiendo sus competencias la Comisión Permanente. Sin embargo, ya no hay una previsión legal de filtro previo para controlar la idoneidad de los candidatos. Así, en el Consejo General del Poder Judicial, la decisión del Pleno ha de producirse por mayoría de tres quintos. En cuanto al Gobierno no existe disposición alguna que recoja un filtro para los nombramientos a propuesta del Gobierno, con la única excepción del examen que de todos los asuntos que vayan a someterse a la aprobación del Consejo de Ministros corresponde a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios previsto en el art. 8.4 de la ley 50/1997.

Pero también el Tribunal Constitucional cuenta con competencias para comprobar la idoneidad de los candidatos, ya miembros de pleno derecho, para lo que cuenta con la previsión del art. 10.1.i) LOTC, que atribuye al Pleno esta facultad. Se trata de una disposición poco operativa por cuanto se aplica al final del proceso de selección, aunque pueda tener su utilidad para el control formal externo de los nombramientos a propuesta de las Cámaras parlamentarias, que escapan de la competencia de la jurisdicción contencioso – administrativa, de modo que sólo un recurso de amparo ante el propio Tribunal Constitucional por la vía del art. 43, con los límites a la legitimación procesal que ello implica, permitiría controlar una elección defectuosa. No existen, por lo demás, previsiones de recursos específicos frente a la decisión que tome este órgano, pero parece razonable la posibilidad de acudir ante la Sala Tercera, de lo contencioso – administrativo, del Tribunal Supremo, de acuerdo con lo establecido en el art. 58.primero LOPJ y los arts. 1.3 y 12.1 de la ley 13/1998, que admiten la competencia de esta jurisdicción sobre los actos en materia de personal del Tribunal Constitucional, categoría dentro de la que puede incluirse una decisión de este género. En fin, en atención, precisamente, a la condición de elementos reglados de actos discrecionales, tal y como se configuró esta doctrina por la STS de 4 de abril de 1997, o al menos como actos separables, en la línea sostenida por la STS de 28 de junio de 1994, puede afirmarse la competencia de dicha jurisdicción prevista en el art. 12.1 de la ley 13/1998,  para pronunciarse con carácter general sobre la concurrencia de los requisitos constitucionalmente establecidos en los candidatos propuestos por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial, órgano, éste, de naturaleza gubernativa como establece la STC 45/1986, de 17 de abril.

El nombramiento formal, cualquiera que sea el órgano que formula la propuesta, toma la forma de Real Decreto, expedido por el Rey y refrendado por el Presidente del Gobierno. Producido éste, se prestará juramento o promesa ante el Rey de acatamiento a la Constitución como paso previo a la toma de posesión.

Con el fin de intentar acompasar las renovaciones parciales, se reformó el art. 16 añadiendo un nuevo apartado quinto que, in fine, dispone que “Si hubiese retraso en la renovación por tercios de los Magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación””[6].

En cuanto a las competencias del Tribunal, hay que estar primero a lo previsto en el artículo 161 del Tribunal Constitucional. Por lo que respecta a este precepto constitucional, hay que decir que “el único precedente en nuestro derecho histórico es el artículo 121 de la Constitución de 1931 en el que se regulaban las atribuciones del Tribunal de Garantías Constitucionales estableciendo que tendría competencia para conocer de: a) el recurso de inconstitucionalidad de las leyes, b) el recurso de amparo de garantías individuales, cuando hubiere sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades, c) los conflictos de competencia legislativa y cuantos surjan entre el Estado y las Regiones autónomas y los de éstas entre sí, y d) el examen y aprobación de los poderes de los compromisarios que juntamente con las Cortes eligen al Presidente de República. En realidad esta norma era una recepción bastante temprana del fenómeno entonces en boga, y estudiado entre nosotros entre otros por Cruz Villalón, del establecimiento en Europa de instituciones dedicadas al control de constitucionalidad de las leyes, realidad ésta que tuvo su inicio con la asunción de dicha competencia por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a partir de la famosa decisión Marbury v. Madison (1803).

No es posible resumir, evidentemente, en pocas líneas la gran variedad y riqueza de soluciones que en el derecho comparado se dan en la actualidad respecto a la regulación de un fenómeno como el de los Tribunales Constitucionales bastante extendido a lo largo y ancho del planeta. En todo caso cabe resaltar que prácticamente siempre tienen atribuidos dichos órganos el control de la constitucionalidad de las leyes, como sucede, por poner ejemplos de nuestro contexto europeo, en Italia (art 134 de su Constitución), Alemania (art. 93 de la Ley Fundamental de Bonn) y Francia (art. 61 de la Constitución). Menos frecuente es su faceta de protector último de los derechos fundamentales mediante un recurso específico similar al del amparo en España, que no existe, por ejemplo, en Italia y en Francia, pero sí en Alemania (art 93 de la Ley Fundamental de Bonn). En los Estados compuestos cuenta con una gran tradición el que a estos Tribunales se les atribuyan las competencias necesarias para dirimir los conflictos entre los diferentes componentes de los mismos -Regiones, Estados federados- y el Estado central o de aquéllas entre sí (por ejemplo, arts. 134 Constitución italiana y 93 Ley Fundamental de Bonn.).

La norma que desarrolla con todo detalle este artículo es evidentemente la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en adelante LOTC) que, además, y en virtud de la habilitación contenida en el apartado 1.d) del mismo ha procedido a añadir a las competencias previstas en aquél otras que el legislador ha considerado necesarias para cerrar el sistema de jurisdicción constitucional español. Así, podemos reproducir el art. 2 de la LOTC que determina los casos y la forma en que conocerá el Tribunal Constitucional de: a) Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley; b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicos relacionados en el artículo cincuenta y tres, dos, de la Constitución; c) De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí; d) De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado; d) bis. De los conflictos en defensa de la autonomía local; e) De la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales; e) bis. Del control previo de inconstitucionalidad en el supuesto previsto en el artículo setenta y nueve de la presente Ley; f) De las impugnaciones previstas en el número dos del artículo ciento sesenta y uno de la Constitución; g) De la verificación de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Constitucional, para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la presente Ley; h) De las demás materias que le atribuyen la Constitución y las Leyes orgánicas.

La atribución más clásica de las que recibe el Tribunal Constitucional en este artículo es la del control de la constitucionalidad de las leyes. Se opta en la CE por el modelo de jurisdicción constitucional concentrada, europea o kelseniana frente al difuso o norteamericano, si bien con la matización de que al lado del control abstracto o directo (recurso de inconstitucionalidad) se introducen mecanismos de control concreto (cuestión de inconstitucionalidad, que se examinará en su momento).

El objeto del recurso de inconstitucionalidad viene precisado en el art. 27.2 LOTC que incluye en el mismo a los Estatutos de Autonomía y demás leyes orgánicas; al resto de las leyes, disposiciones normativas (Decretos-Leyes y Decretos Legislativos) y actos del Estado con fuerza de ley (autorización de tratados, convalidación o derogación de Decretos Leyes, autorizaciones de estados excepcionales y medidas del art. 155 CE); a los tratados internacionales; a los reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales; y a las leyes , actos y disposiciones normativas con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas y los reglamentos de sus Asambleas legislativas. Más compleja es la atribución de la competencia de controlar la constitucionalidad de las reformas constitucionales que algunos deducen del sistema constitucional en su conjunto (Aragón).

En cuanto al parámetro de control, ha sido el art. 28.1 LOTC, a través del denominado “bloque de la constitucionalidad”, el que lo ha precisado: “Para apreciar la conformidad o disconformidad con la Constitución de una Ley, disposición o acto con fuerza de Ley del Estado o de las Comunidades Autónomas, el Tribunal considerará, además de los preceptos constitucionales, las Leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes Comunidades Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas.” Ahora bien, no es infrecuente que el propio Tribunal Constitucional haya añadido como parámetro de control de la constitucionalidad los reglamentos parlamentarios y, en determinada medida, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por España.

Existe un plazo de tres meses a partir de la publicación de la ley, disposición o acto con fuerza de ley impugnado para formular el recurso (art. 33 LOTC). En la reforma de la LOTC aprobada por la LO 1/2000, de 7 de enero, se amplió dicho plazo a nueve meses siempre que antes de la impugnación de una ley estatal o autonómica se haya intentado llegar a un acuerdo. De la legitimación nos ocuparemos en el comentario al art. 162. El procedimiento (arts 33 y 34 LOTC) intenta dotar de rapidez a todos los actos del recurso. Aun así, nunca se han cumplido los plazos de diez y treinta días, tras la formulación de alegaciones, para dictar Sentencia. La admisión del recurso no suspende la vigencia de las leyes, excepto en el caso de las autonómicas cuando así lo solicite el Gobierno del Estado (art 161.2 CE). Esta competencia tiene una indudable importancia cualitativa y tampoco le falta cuantitativa, si bien ha habido etapas en las que parecía observarse una cierta decadencia del recurso de inconstitucionalidad, en los últimos años ha sido resucitado con fuerza.

El recurso de amparo se constituye como una vía especial de protección de los derechos fundamentales que es una característica peculiar del Tribunal Constitucional español, pues, aunque existe en muchos otros países (Alemania, por ejemplo), no son pocos los que no la poseen (Italia y Francia, por poner ejemplos cercanos). Cabe resaltar que es la competencia que mayor volumen de trabajo le da al Tribunal. De hecho, tal es así que justamente la reforma de la LOTC operada por la LO 6/2007, de 24 de mayo, ha pretendido mitigar esta carga adicionando una dimensión objetiva para admitir a trámite el recurso de amparo y, en consecuencia, constituir una auténtica cortapisas a su propia admisión con la interpretación dada por la STC 155/2009.

El objeto de este recurso viene definido por los derechos amparables, que son los reconocidos en los arts. 14 al 30 CE (art. 53.2 CE) y los actos recurribles, que son todos los del poder público, con excepción de las leyes y las normas o actos con fuerza de ley, frente a las que, por otra parte, existe la vía indirecta de amparo a través del uso de la llamada autocuestión de constitucionalidad (art. 55.2 LOTC). Pueden impugnarse, por tanto, actos de las Cámaras Legislativas (art. 42 LOTC y art. 6 LO de iniciativa legislativa popular), actos del Gobierno y la Administración (art. 43 LOTC), actos judiciales (art. 44 LOTC y regulación del amparo electoral) y los actos de otras entidades públicas.

De acuerdo con lo previsto por el artículo 48 LOTC, el conocimiento de los recursos de amparo constitucional corresponde a las Salas del Tribunal Constitucional y, en su caso, a las Secciones. Todo ello salvo avocación al Pleno. Los plazos para interponerlos van desde los dos días (amparo electoral) a tres meses (amparo frente a actos de las Cámaras), pasando por los veinte días más habituales en los amparos frente a actos del Gobierno o del Poder Judicial. La fase de admisión de los mismos se ha convertido en un verdadero filtro que sólo superan un porcentaje pequeño de los presentados y en la que mediante Auto o providencia una Sección del Tribunal decide sumariamente sobre la concurrencia de los requisitos necesarios para que el amparo pueda prosperar. Uno de los requisitos más importantes, que intenta proteger el carácter subsidiario del recurso ante el Tribunal Constitucional, es del agotamiento de la vía judicial previa que, con la única excepción del amparo frente a actos parlamentarios, se exige ineludiblemente. También tiene especial importancia la potestad del Tribunal de suspender los efectos del acto recurrido, potestad que se usa con mucha prudencia para no lesionar los intereses de terceros y el bien jurídico de la firmeza de las resoluciones, sobre todo las judiciales.

 Es importante destacar la modificación que la LO 6/2007 introdujo en el artículo 50 LOTC, en cuyo apartado 1 b), se establece un nuevo requisito para la admisibilidad del recurso de amparo: que “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.” Con este nuevo requisito, el Tribunal cuenta con una posibilidad, semejante al writ of certiorari norteamericano, a la hora de determinar la admisión o no de los asuntos.

 Los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas y entre éstas entre sí son una atribución lógica en un Tribunal Constitucional de un Estado compuesto, como es el español, y este órgano ha desarrollado una labor importantísima, a través de ellos, para ir perfilando las decisiones básicas del constituyente, de manera que no puede entenderse nuestro Estado autonómico sin tener presente la jurisprudencia constitucional en esta materia. El Tribunal aparece aquí como protector de la forma de Estado desde el punto de vista territorial y de la autonomía política de las Comunidades Autónomas.

El parámetro de resolución de los conflictos lo integran la Constitución, los Estatutos de Autonomía y las leyes orgánicas y ordinarias que delimitan las respectivas competencias. Se trata de una atribución cualitativamente importante, aunque haya disminuido en la actualidad el número de conflictos.

De su resolución entiende el Pleno del Tribunal. Pueden ser planteados por el Gobierno estatal o por los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas. El objeto de los mismos son las disposiciones, resoluciones o actos de los órganos del Estado o de las Comunidades Autónomas o su omisión. Pueden por ello ser positivos, impugnando actuaciones invasoras de competencias, o negativos, impugnando una denegación a ejercer o asumir competencias. Los Gobiernos están legitimados para interponer los primeros y los segundos deberán ser planteados por los interesados en que se produzca la actuación, sean personas físicas o jurídicas o el Gobierno del Estado.

Antes de llegar al Tribunal Constitucional habrá que plantear un requerimiento al otro órgano u obtener la declinación de competencia correspondiente (conflictos negativos). El órgano que plantee el conflicto podrá solicitar la suspensión del acto objeto del mismo, que el TC acuerda o deniega libremente salvo que el Gobierno estatal invoque el art. 161.2 CE, en cuyo caso la suspensión es inmediata y el TC habrá de mantenerla o levantarla dentro de los cinco meses.

La LOTC, haciendo uso de la delegación contenida en el art. 161.1 d) CE, atribuye al TC la resolución de los conflictos entre órganos constitucionales del Estado. Se trata de defender atribuciones propias frente a su ejercicio por parte de otros órganos. Mediante esta competencia se intenta garantizar jurídicamente la división de poderes. De acuerdo con el art. 59.3 LOTC este conflicto puede oponer al Gobierno con el Congreso de los Diputados, el Senado, o el Consejo General del Poder Judicial, o a cualquiera de ellos entre sí. Además, hay que recordar que, como ya sabemos, la LO del Tribunal de Cuentas atribuye a éste la capacidad de plantear conflictos, lo que ha provocado muchas dudas en la doctrina. No caben los conflictos por omisión y las decisiones que pueden ser objeto de los mismos son en principio actos o normas con rango inferior a la ley. Es una función que no se usa muy habitualmente, pero que no por ello deja de gozar de una gran trascendencia. Hasta ahora ha habido dos Sentencias del TC resolviendo conflictos: la 45/1986, de 17 de abril, que se ocupó de una controversia entre el Consejo General del Poder Judicial, el Congreso y el Senado; y la 234/2000, de 3 de octubre, en la que el TC dirimió un conflicto entre el Gobierno y el Senado.

La competencia contenida en el art. 161.2, tal y como la ha desarrollado la LOTC (Título V), supone una medida de cierre del sistema mediante la cual se atribuye al Gobierno del Estado la capacidad de acudir al TC frente a todo tipo de actos o disposiciones autonómicas que considere inconstitucionales con el privilegio, además, de la suspensión automática. Los únicos límites para este tipo de impugnaciones son que no pueden ir contra leyes y que han de estar basadas en vicios de inconstitucionalidad, puesto que para oponerse a la legislación o por motivos de legalidad existen otras vías en el ordenamiento.

El control preventivo de constitucionalidad se limita en España, frente a lo que ocurre en otros países, como Francia, en los que no es la excepción sino la regla, al de los tratados internacionales, regulado en los arts. 95 CE y 78 LOTC. Estas fuentes se controlan así dada su especial posición en el sistema jurídico.

Otro supuesto de ampliación de las competencias del TC, ex art. 161.1 d), es el de la previsión de un conflicto en defensa de la autonomía local, introducido en la LOTC por la LO 7/1999, de 21 de abril. Se permite mediante el mismo a los entes locales impugnar las leyes estatales y autonómicas que atenten contra su autonomía garantizada por la Constitución. Se presenta como un conflicto constitucional, pero se dirige solo contra normas con rango de ley. Sujetos activos del mismo son los municipios, en solitario cuando la ley es de destinatario único, o agrupados en litisconsorcio activo necesario un elevado número de ellos (un séptimo de  los municipios del ámbito territorial de la ley que representen a un sexto de la población) en otro caso. Las provincias deberán ser al menos la mitad de las del territorio afectado, representando como mínimo la mitad de la población. En las Comunidades Autónomas insulares harán falta tres Cabildos en Canarias y dos Consejos insulares en Baleares. En el País Vasco gozan de legitimación las Juntas Generales y las Diputaciones Forales de cada Territorio Histórico.

Antes de plantear el conflicto habrá de solicitarse dictamen no vinculante del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma correspondiente. Posteriormente se formulará demanda que habrá de superar un trámite de admisión. Tras el traslado a los interesados para que formulen alegaciones, el Pleno del TC dictará Sentencia en la que se declare si ha habido vulneración de la autonomía local. En caso de apreciarla podrá plantearse una autocuestión de constitucionalidad, que terminará con una nueva Sentencia resolviendo sobre la constitucionalidad de la norma con rango de ley impugnada.

Finalmente, como decíamos, una nueva competencia ha sido atribuida al Tribunal Constitucional cual es la introducida por la LO 1/2010 de 19 de febrero que añade la Disposición Adicional Quinta a su Ley Orgánica para atribuir al Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos contra las Normas Forales fiscales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Esta reforma fue recurrida a través de varios recursos de inconstitucionalidad y, finalmente, el Tribunal Constitucional ha declarado su constitucionalidad en la STC 118/2016”[7].

En cuanto a su estructura y composición, hay que decir que “La estructura organizativa del Tribunal Constitucional presenta un carácter dual, pudiendo distinguirse entre una estructura organizativa en el ejercicio de la función jurisdiccional y una estructura organizativa en el ejercicio de las funciones de gobierno y administración.

La estructura organizativa jurisdiccional la integran los órganos en los que actúa el Tribunal en el ejercicio de su función jurisdiccional a través de los diversos procesos constitucionales: el Pleno, las Salas y las Secciones. Además de estos órganos, también pueden incluirse en esa estructura los que pueden denominarse órganos de apoyo al Tribunal en el ejercicio de su función jurisdiccional por tener encomendado, entre otros, el desempeño de cometidos al servicio de la misma. Condición ésta que cabe predicar de la Secretaría General, las Secretarías de Justicia, el Registro General y el Archivo General.

La estructura organizativa gubernativa está integrada por los órganos del Tribunal que tienen encomendadas funciones de gobierno y administración: el Pleno, el Presidente; la Vicepresidenta; la Junta de Gobierno; el Secretario General y, en su caso, por delegación de éste, el Secretario General Adjunto. También forman parte de la estructura administrativa los distintos Servicios y Unidades, que dependen de la Secretaría General”[8].

4.- El Consejo General del Poder Judicial.

En este punto, en primer lugar, hay que decir que la primera referencia que encontramos en nuestro ordenamiento respecto al Poder Judicial como poder del Estado está prevista en el Título VI de nuestra Constitución.

En segundo lugar, tenemos que acudir a la Ley Orgánica del Poder Judicial para ampliar la información y conocer mejor la estructuración de este poder del Estado.

En cuanto a los principios y características que se predican del poder judicial y de sus miembros y órganos, el artículo 117 de la Constitución, primer artículo del Título VI de la Constitución, establece estos principios y características.

Hay que decir aquí que “El apartado primero del art. 117 destaca en primer lugar la legitimación democrática del Poder Judicial al señalar que “la justicia emana del pueblo”. Es una concreción de lo dispuesto en el art 1.2 de la Constitución según el cual “la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”.

En la línea de confirmar la emanación popular de la Administración de Justicia, la Constitución ha previsto en su artículo 125 la institución del Jurado, la acción popular (art.101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal promulgada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882) y los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. Así, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su art. 19, atribuye el carácter de Tribunal consuetudinario y tradicional al Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana y al Consejo de Hombres Buenos de Murcia.

Pero la legitimación democrática no se traduce en la elección popular de Jueces y Magistrados, sino en la exclusiva sujeción de éstos a lo dispuesto en la Constitución y en la ley, como el propio artículo 117 se encarga de resaltar, “sometidos únicamente al imperio de la ley”.

El sometimiento al imperio de la ley implica que los jueces no puedan sin más inaplicar aquélla cuando consideren que puede ser contraria a la Constitución, ya que cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, puede ser contraria a la Constitución, habrá de plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en relación con los reglamentos o cualquier otra disposición normativa, el principio de legalidad sí que impone su inaplicación cuando sean contrarios a la ley o al principio de jerarquía normativa (art.6 LOPJ; art.1.1 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).

Este principio cardinal de sometimiento a la ley está también Íntimamente ligado a la proclamación de la independencia de Jueces y Magistrados que hace el art.117 de la CE y que encuentra eco en los arts.12 a 14 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

En la misma línea tampoco pueden los Jueces y Tribunales, órganos de gobierno de los mismos o el Consejo General del Poder Judicial dictar instrucciones, de carácter general o particular, dirigidas a sus inferiores sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio de su función jurisdiccional. Por otra parte el art.14 faculta a los Jueces y Magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia para ponerlo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de las acciones que puede promover el Ministerio Fiscal en defensa de la independencia judicial.

Cuando el art. 117.1 de la CE señala que la justicia se “administra en nombre del Rey”, no está sino incidiendo en el hecho de que el monarca es símbolo de la unidad y permanencia del Estado (art. 56).  Con esto se reafirma además la vieja fórmula, típica del Derecho hispánico que encuentra su origen en el Fuero Viejo de Castilla, anterior en medio siglo a la ley de Partidas.

En cuanto a la inamovilidad de Jueces y Magistrados, el apartado 2 del art. 117CE, del que es copia exacta el art.15 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, consagra la inamovilidad.

La inamovilidad va a ser la fórmula que garantice la independencia personal de jueces y magistrados frente a los abusos del ejecutivo. En términos similares a los recogidos en la Constitución de Cádiz será recogida esta garantía por los demás textos de nuestro constitucionalismo histórico y por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870.

La inamovilidad ha de manifestarse en un régimen legal de estabilidad de los Jueces y Magistrados en el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Descartado en nuestro Derecho el carácter vitalicio de la condición de juzgador, la referida estabilidad se hace efectiva mediante la necesidad de que el establecimiento de una edad de jubilación, la separación del servicio, el traslado, la suspensión sólo puedan obedecer a causas legales razonables y ser el resultado de un determinado procedimiento legal.

Como ha destacado el Tribunal Constitucional, de lo que se trata es de que sea la ley la que proceda a una regulación de carácter abstracto y general. Merece destacarse que la situación estatutaria de los Jueces y Magistrados es más rigurosa que la de los funcionarios de la Administración civil del Estado, a los que se reconoce el derecho a la sindicación (art.103.3 de la CE), con los efectos que ello puede acarrear, derecho que se niega expresamente a los miembros de la Magistratura (art.127 de la CE).

En cuanto a la exclusividad e integridad de la función jurisdiccional, el apartado tercero, que contempla la exclusividad y la integridad de la función jurisdiccional, también tiene su génesis en la Constitución de 1812. La exclusividad tiene una vertiente positiva reconducible a que los Jueces y Magistrados sean los únicos que juzguen y hagan ejecutar lo juzgado, sin injerencias de los otros poderes del Estado o de otras instancias.

Naturalmente el art.117.3 está estrechamente relacionado con el derecho al Juez predeterminado por la ley que garantiza el art.24.2 CE, ya que una interpretación sistemática de ambos pone de manifiesto que la garantía de la independencia e imparcialidad de los jueces radica en la ley.

La exclusividad tiene también una vertiente negativa que es la que recoge el art.117.4 CE y en desarrollo del mismo el art.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que atribuye a los Juzgados y Tribunales las funciones de registro civil. Otra función no jurisdiccional tradicionalmente encomendada a los Juzgados y Tribunales es la de intervenir en los actos de jurisdicción voluntaria.

En cuanto a la unidad jurisdiccional, el principio de unidad jurisdiccional se recoge en los apartados 5 y 6. Hay que remontarse al año 1868 y al decreto llamado de Unidad de fueros para encontrar el momento a partir del cual se pretendió en España la instauración de un auténtico Poder Judicial mediante la supresión de todas y cada una de las múltiples jurisdicciones propias del Antiguo Régimen que establecían diferentes órdenes para cada uno de los distintos grupos de sujetos y los correspondientes privilegios que se les reconocían. Este Decreto sólo mantuvo, pero reconociendo su competencia y límites, las jurisdicciones militar, eclesiástica y la del Senado.

 Cuando nuestra Constitución habla de la unidad jurisdiccional como la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales, está excluyendo las jurisdicciones especiales, tanto los Tribunales de excepción (art. 117.6) como los Tribunales de Honor (art. 26). Téngase en cuenta que la prohibición de jurisdicciones especiales no afecta a la posibilidad de especialización de Juzgados y Tribunales. En este sentido el art. 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial autoriza al Consejo General del Poder Judicial a acordar, que en aquellas circunscripciones donde exista más de un Juzgado de la misma clase, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinadas clases de asuntos o de las ejecuciones propias del orden jurisdiccional de que se trate. En todo caso, tales Juzgados conservan su régimen ordinario, se enmarcan en la organización común y están servidos por Jueces y Magistrados integrantes de la carrera judicial.

La Constitución ha optado por el mantenimiento de la jurisdicción militar aunque en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. Son textos legales básicos para esa jurisdicción  la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, completada por la Ley  44/1998, de 15 de diciembre, de Planta y Organización Territorial de la Jurisdicción Militar y la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar.

La estructura orgánica de los Tribunales Militares anterior a la Ley Orgánica 9/2003 condicionaba de manera inevitable la necesidad de que al menos uno de los vocales intervinientes en alguna actuación procesal previa -recursos contra el auto de procesamiento o adopción de medidas cautelares- debiera formar sala en la vista oral sobre el fondo del asunto.

Con el fin de prevenir la “contaminación”, la Ley Orgánica 9/2003 modifica la composición numérica de los Tribunales Militares cuando se trate de celebrar juicio oral y dictar sentencia en procedimientos por delito y en los recursos jurisdiccionales en materia disciplinaria militar, de modo que la correspondiente sala se constituya por el Auditor presidente o quien le sustituya, un Vocal Togado y un Vocal Militar, tres miembros en lugar de cinco, de manera que los integrantes de la sala puedan ser distintos de los que hayan adoptado resoluciones interlocutorias o previas en el mismo procedimiento.

La jurisprudencia constitucional ha reducido, además, a límites muy estrechos el posible ámbito competencial de la jurisdicción militar. El art 117.5 impide al legislador atribuir arbitrariamente a los órganos de la jurisdicción militar el conocimiento de delitos ajenos al ámbito estrictamente castrense y lo estrictamente castrense sólo puede ser aplicado a los delitos exclusiva y estrictamente militares, tanto por su directa conexión con los objetivos, tareas y fines propios de las Fuerzas Armadas, es decir, los que hacen referencia a la organización bélica del Estado, indispensable para las exigencias defensivas de la Comunidad como bien constitucional, como por la necesidad de una vía judicial específica para su conocimiento y eventual represión”[9].

A raíz de todo esto, podemos decir que el Poder Judicial, con las garantías y principios previstos en el actual artículo 117 de la Constitución, y con el desarrollo de los mismos por la Ley Orgánica del Poder Judicial, es un auténtico poder del Estado, y cuya finalidad es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Pero también en relación con este artículo 117 de la Constitución hay que tener en cuenta no sólo los artículos 12 a 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 118 y 119 de la propia Constitución, así como las disposiciones legales de la Ley Orgánica del Poder Judicial que desarrollen estos preceptos constituciones, además de otras disposiciones legales al efecto.

5.- El Poder Legislativo.

El Poder Legislativo es el poder del Estado encargado de aprobar las leyes que hayan de regir la sociedad que ha elegido ese poder legislativo. En España podemos distinguir varios poderes legislativos, porque no sólo las Cortes Generales poseen ese poder o potestad para dictar leyes, sino que también se puede predicar tal potestad respecto de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Su regulación principal la encontramos en el Título III de la Constitución, así como en los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado. Respecto a la función legislativa de estas Cámaras de representación, el artículo 66 de la Constitución establece que “no es casual que en el orden de funciones la primera sea la potestad legislativa del Estado. No en vano es clásica la equivalencia entre Parlamento y Poder Legislativo. Esta potestad, que se ejerce en los términos del Título III de la Constitución y del Reglamento del Congreso de los Diputados y del Senado, necesita de varias precisiones.

Por una parte, estamos hablando del ejercicio de una potestad por un poder constituido, no por el poder constituyente en el pleno ejercicio de su soberanía. De ahí que el ejercicio de la potestad legislativa esté siempre sometido a la supremacía de la Constitución. De otra manera las Cortes Generales estarían ejerciendo de facto un poder constituyente para el que no están habilitadas salvo que ejerciten las competencias y procedimientos del Título X de la Constitución (por todas vidSTC 76/1983, de 5 de agosto). Ello no quiere decir, claro está, que sólo quepa una posible opción para el desarrollo legislativo del texto constitucional (cfr. STC 194/1989, de 16 de noviembre).

Por otra parte, la potestad legislativa no es exclusiva de las Cortes Generales. El Gobierno puede llegar a ejercerla bien por delegación de las propias Cortes (art. 82), bien como consecuencia del despliegue de competencias propias (art. 86), a través de Decretos-leyes. Aun así, frente al carácter amplio de la potestad legislativa de las Cámaras que sólo encuentra su límite en la propia Constitución, el Gobierno tiene atribuida su competencia en el marco de condiciones limitadas y sometidas, en todo caso, a una ulterior convalidación del Congreso de los Diputados.

En un sistema constitucional territorialmente descentralizado y plural, las Cortes Generales gozan de la potestad legislativa del Estado, pero no de toda la potestad legislativa en el Estado. En efecto, en la medida en que las Comunidades Autónomas gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (art. 137) disfrutan también de una potestad legislativa propia (art. 152.1 y 153 a) entre otros), que desarrollan las correspondientes Asambleas Legislativas. Aquí entra en juego todo el sistema de relaciones internormativas entre el derecho del Estado y el de las Comunidades Autónomas. En todo caso ello no implica la superioridad jerárquica de un ordenamiento sobre otro sino la necesidad de perfilar el sistema competencial que determinará, en última instancia, la capacidad del Estado o de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de la potestad legislativa. Y eso siempre que no tenga que acudir de manera     coordinada y concurrente al ejercicio de esta potestad (p. ej. en el caso de los Estatutos de Autonomía)”[10].

Como ya se ha dicho, pero para desarrollarlo a su máxima expresión, hay que decir que “el ejercicio de la potestad legislativa del Estado corresponde a las Cortes Generales, que representan al pueblo español y controlan la acción del Gobierno. Están compuestas por dos Cámaras: Congreso de los Diputados y Senado. Se trata, por consiguiente, de un sistema parlamentario bicameral del tipo conocido como «bicameralismo imperfecto», puesto que las competencias de una y otra Cámara no son equiparables. Diputados y senadores son elegidos por cuatro años. Existe la posibilidad de disolución anticipada de las Cortes a iniciativa del presidente del Gobierno.

El Congreso de los Diputados. Se compone de 350 diputados. Todos los proyectos y proposiciones de ley han de examinarse en primer lugar, sin excepción alguna, en el Congreso de los Diputados, correspondiendo al Senado el derecho de veto o de enmienda sobre el texto elaborado por el Congreso y reservándose a éste la decisión definitiva tras un nuevo examen. Asimismo, es el Congreso el que otorga la investidura del presidente del Gobierno y, por lo tanto, es esta Cámara la que puede provocar su dimisión, bien mediante la aprobación de una moción de censura, bien a través de la negativa a conceder la confianza solicitada por el Gobierno.

El Senado. Está configurado en la Constitución como la Cámara de representación territorial. En la XIII Legislatura lo integran 265 senadores, de los cuales 208 son elegidos por sufragio universal directo y otros 57 son designados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas que eligen un senador cada una y otro por cada millón de habitantes de su respectivo territorio[11]”.

Este poder legislativo se elige a través del procedimiento previsto en la Ley Orgánica 5/1995, de Régimen Electoral General, la cual también es aplicable a la elección de los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de los miembros de las Entidades Locales.

Aquí hay que decir que “los ciudadanos eligen a sus representantes mediante elecciones con un sufragio universal, libre y secreto cada cuatro años. Los partidos políticos juegan un papel clave en estas elecciones. Los representantes de todos los ciudadanos son los miembros de las Cortes Generales es decir, los Diputados y Senadores. Por eso votar es la principal forma de influir en la política del país. 

Las Cortes Generales representan a todos los ciudadanos, el poder soberano, por esta razón juegan un papel central en el sistema político. Están formadas por dos cámaras o asambleas con un peso desigual. Sus principales características son las siguientes:

  • Dan legitimidad democrática a los otros poderes e instituciones: Ejecutivo, Judicial y Tribunal Constitucional y proponen el nombramiento de sus miembros.
  • Controlan las actuaciones del Gobierno y la Administración
  • Aprueban los presupuestos generales, es decir, gastos que puede realizar el Gobierno
  • Sobre todo, aprueban las leyes que deben cumplir todas las instituciones y los ciudadanos. Las leyes reflejan las políticas públicas, establecen los derechos y las obligaciones de todos.

El Congreso de los Diputados o Cámara Baja. Tiene un mayor peso en las funciones descritas. Sus 350 diputados son elegidos por un sistema de elección proporcional, con una corrección que favorece ligeramente a los partidos con mayoría de votos en cada provincia. Las listas son cerradas. Cada provincia elige al menos dos diputados. Los restantes diputados se distribuyen por todas las provincias según la población de las mismas. Las ciudades de Ceuta y Melilla tienen un diputado cada una. 

El Senado, Cámara Alta, es una cámara de representación territorial y de segunda lectura, es decir, ve una segunda vez los asuntos. Tiene un menor peso o poder que el Congreso en el ejercicio de las funciones de las Cortes Generales. Por ejemplo, no participa en la designación del Presidente del Gobierno; en la aprobación de las leyes, sus objeciones pueden ser superadas por él Congreso cumpliendo unos requisitos especiales de mayorías y plazos. Sus funciones prestan más atención a los temas relacionados con las Comunidades Autónomas (regiones).

Sus miembros los Senadores son 259. La mayoría, 208 son elegidos en cada provincia. El sistema de elección es mayoritario; cada papeleta electoral tiene los nombres de varios candidatos entre los que se puede elegir. Cada provincia elige a 4 senadores. 2 las Ciudades Autónomas. Las islas de Gran Canaria, Tenerife y Palma de Mallorca eligen 3, cada agrupación de otras islas uno.

Un menor número de senadores 51 son elegidos por las distintas Comunidades Autónomas (regiones) concretamente por sus parlamentos. Cada Comunidad Autónoma elige un Senador y pueden elegir otro Senador más por cada millón de habitantes”[12].

6.- El Poder Ejecutivo.

La regulación que encontramos en primer lugar respecto a este poder del Estado se encuentra en el Título IV y V de la Constitución, además de lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.

En primer lugar, lo que debemos decir respecto al principal órgano del Poder Ejecutivo, el Gobierno, es que “el Gobierno es un órgano político. Destacan: Sus miembros, funciones y las relaciones con los otros poderes e instituciones del estado.

Sus miembros son el Presidente del Gobierno, los Vicepresidentes, en su caso, y los Ministros. El Presidente lo dirige. Se reúnen en el Consejo de Ministros y comisiones. Todos asumen las decisiones adoptadas de forma colegiada.

¿Qué hace? Dirige la política internacional, nacional y la administración; propone proyectos de leyes y los presupuestos a las Cortes Generales; aprueba reglamentos. En resumen desarrolla, impulsa las políticas públicas e implementa las leyes aprobadas por las Cortes Generales.

Las relaciones del poder ejecutivo y las demás instituciones son claves para entender su legitimidad, cómo desarrolla sus funciones y cómo es supervisado. Esto garantiza equilibrios y evita abusos.

El Jefe del Estado el Rey nombra al Presidente del Gobierno tras hablar con los partidos con representación en el Congreso, considerando los miembros del Congreso elegidos en las elecciones. Al candidato a presidente le otorga la capacidad para formar un Gobierno, que logrará cono el apoyo del Congreso de los Diputados al mismo. El Presidente del Gobierno propone el nombramiento de los Ministros al Rey, este los nombra.

Las Cortes Generales como representantes de los ciudadanos tienen un papel especialmente relevante en su relación con el Gobierno:

  • Dan o retiran su apoyo al Gobierno. El Gobierno para poder realizar adecuadamente sus funciones necesita el apoyo de las Cortes Generales por ejemplo para aprobar una ley propuesta por él. Si desaparece esta confianza, se nombra un nuevo gobierno con apoyo en el Congreso o se convocan nuevas elecciones. Esta relación de confianza se refleja especialmente en la investidura, la moción de censura y la cuestión de confianza.
  • Las Cortes Generales aprueban el Presupuesto General del Estado, es decir, los gastos del Gobierno y las leyes propuestas por este.
  • Las Cortes supervisan y controlan sus actuaciones del Gobierno, por ejemplo, mediante sesiones específicas dedicadas al control del mismo, las preguntas parlamentarias y las comisiones de investigación.

El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas controlan la labor del Gobierno y las Administraciones e informan a las Cortes Generales.

Poder Judicial, los Tribunales, controlan la legalidad de sus actuaciones del Gobierno.

El Tribunal Constitucional garantiza el respeto de la Constitución por parte del Gobierno”[13].

Respecto a la Administración como órgano del Poder Ejecutivo, hay que decir en primer lugar que “la Administración General del Estado es una organización pública. Es el instrumento del Gobierno para desarrollar e implementar sus políticas públicas o prestar servicios.

El Gobierno dirige la Administración General del Estado. Ésta actúa inspirada por los siguientes principios: legalidad, neutralidad, eficacia, eficiencia, calidad.

Está al servicio del Gobierno elegido en cada momento, con independencia de su color político.

Para tener más información sobre las políticas e iniciativas del Gobierno y la Administración General del Estado consulta la página web del Gobierno de España Moncloa y el portal de los distintos ministerios.

La Administración General del Estado para desarrollar las políticas públicas y prestar servicios usa distintos medios.

  • Recursos humanos: En la Administración trabajan 570.691 empleados públicos, contando las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
  • Recursos económicos. Consulta la información sobre el Presupuesto General del Estado.
  • Patrimonio. La gestión de su patrimonio se encuentra en el Patrimonio del Estado. y una de sus principales acciones en el Plan para la puesta en valor de sus inmuebles.
  • Contratación pública. Plataforma de Contratación del Estado es un referente en materia de contratación pública.
(Abre en nueva ventana)
  • Comunicación. Secretaría de Estado de Comunicación coordina la comunicación institucional en el portal lamoncloa.gob.es .
  • Administración electrónica. El Portal de Administración Electrónica aborda el principal motor de innovación de la Administración General del Estado, las tecnologías de la información.
  • Reforma y modernización administrativa.

La Administración General del Estado (AGE) se organiza a través de distintos tipos de órganos e instituciones. Todos forman parte del Sector Público Estatal.

Mencionamos los principales tipos:

  1. Órganos centrales, es decir, los Ministerios.
  2. Los órganos de la AGE situados en las Comunidades Autónomas (regiones): Delegaciones, Subdelegaciones de Gobierno, Direcciones Insulares, órganos e instituciones dependientes directamente de los ministerios.
  3. Servicio Exterior del Estado.
  4. Organismos públicos adscritos a los Ministerios: organismos públicos, entidades públicas empresariales, agencias, fundaciones públicas y empresas públicas. Por ejemplo, el Servicio Estatal de Empleo.
  5. Instituciones reguladas por normas especiales. Por ejemplo, el Banco de España, Agencia Estatal de Administración Tributaria”[14].

En cuanto a las referencias legislativas sobre la Administración Pública, hay que estar en primer lugar a la normativa constitucional, especialmente los artículos 103 y 106 de la Constitución, y posteriormente a la normativa de la Administración General del Estado y la respectiva de las Comunidades Autónomas y la normativa sobre Administración local.

7.- El Defensor del Pueblo.

En primer lugar, hay que destacar en este punto que el Defensor del pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Es nombrado por el Gobierno y será asistido por dos Adjuntos y demás personal que se prevea legal y reglamentariamente.

Se ha de destacar aquí que “el Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas.

El Defensor del Pueblo es elegido por el Congreso de los Diputados y el Senado, por una mayoría de tres quintos. Su mandato dura cinco años y no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad. Desempeña sus funciones con independencia e imparcialidad, con autonomía y según su criterio. Goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo.

Cualquier ciudadano puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención, que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración pública española o sus agentes, presuntamente irregular. También puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su conocimiento aunque no se haya presentado queja sobre ellos.

El Defensor del Pueblo da cuenta de su gestión a las Cortes Generales en un informe anual y puede presentar informes monográficos sobre asuntos que considere graves, urgentes o que requieran especial atención.

Tras la ratificación por el Estado español del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York el 18 de diciembre de 2002, las Cortes Generales atribuyeron al Defensor del Pueblo las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en noviembre de 2009.

El Defensor del Pueblo, en su condición de MNP, realiza visitas preventivas a cualquier centro de privación de libertad destinadas a detectar problemas que pudieran favorecer la comisión de prácticas de tortura o malos tratos. Las conclusiones de estas visitas quedan reflejadas en el informe que cada año presenta a las Cortes Generales y al Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, con sede en Ginebra”[15]

En cuanto a sus funciones, se ha de destacar que “no puede actuar si no ha existido intervención de las administraciones públicas, si se trata de conflictos entre particulares o con empresas privadas que no sean agentes de la Administración.

Tampoco si ha transcurrido más de un año desde el momento en que se haya tenido conocimiento de los hechos objeto de la queja o si se trata de quejas anónimas, si no se especifican los motivos concretos de la queja, si se aprecia mala fe o en aquellas cuya tramitación pueda acarrear perjuicios a legítimos derechos de terceros.

No lo hace si se plantea disconformidad con el contenido de una resolución judicial o si el caso está pendiente de resolución por los tribunales.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo da cuenta de su gestión a las Cortes Generales en un informe anual y puede presentar informes monográficos sobre asuntos que considere graves, urgentes o que requieran especial atención.

También realiza visitas preventivas a cualquier centro de privación de libertad destinadas a detectar problemas que pudieran favorecer la comisión de prácticas de tortura o malos tratos”[16].

Para más información sobre el Defensor del pueblo, recomendamos leer el artículo de este blog referente a esta figura, así como los links que se han puesto a pie de página.

8.- El Tribunal de Cuentas.

Hay que destacar en primer lugar aquí que “el Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo reconocido en la Constitución Española que se configura como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público, sin perjuicio de su función jurisdiccional encaminada al enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos. También se le atribuye el control de la contabilidad y de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, así como el de las aportaciones que reciban las fundaciones y asociaciones vinculadas a las formaciones políticas con representación parlamentaria.

Depende directamente de las Cortes Generales, ejerciendo sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. No obstante, el Tribunal de Cuentas disfruta de plena independencia para el ejercicio de sus funciones, reconociéndose constitucionalmente que los miembros del Tribunal gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se refiere al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad y de buena gestión financiera (economía, eficacia y eficiencia). Los resultados de la fiscalización se exponen mediante informes, memorias, mociones y notas, que se aprueban por el Pleno del Tribunal y se elevan a las Cortes Generales y, en lo que les afecte, a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y a los Plenos de las Corporaciones locales.

La función jurisdiccional consiste en el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos, siempre que se haya producido un menoscabo o perjuicio en los mismos. El Tribunal de Cuentas es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, sin perjuicio de que las sentencias de la Sala de Justicia del Tribunal sean susceptibles de impugnación mediante el recurso de casación –y, en su caso, extraordinario de revisión- ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

La organización del Tribunal de Cuentas responde a las dos funciones señaladas, al establecerse como órganos del Tribunal, entre otros, las Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento, que se encuentran estructuradas en Departamentos para el mejor cumplimiento de sus cometidos.

Al margen del Tribunal de Cuentas, se han constituido diversos Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, bajo distintas denominaciones, que ejercen una función fiscalizadora sobre las Administraciones autonómicas y locales de sus respectivos ámbitos territoriales, sin que ello excluya la competencia del Tribunal para fiscalizar la totalidad del sector público español. Sin embargo, el enjuiciamiento contable es una jurisdicción exclusiva del Tribunal de Cuentas”[17].

Para más información, remitimos al lector a la página web del Tribunal de Cuentas, incluso si quiere saber más puede buscar información sobre órganos similares de las Comunidades Autónomas, así como leer el artículo de este blog relativo al Tribunal de Cuentas.

9.- El Consejo Económico y Social.

En primer lugar, hay que decir que “el Consejo Económico y Social es un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. Se configura como un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia, plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines, adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social”[18].

En cuanto a la naturaleza y funciones de este órgano constitucional, podemos afirmar que “Son funciones del Consejo Económico y Social las siguientes:

  • Emitir dictamen, con carácter preceptivo, sobre los Anteproyectos de Leyes del Estado y Proyectos de Reales Decretos Legislativos que regulen materias socioeconómicas y laborales y sobre los Proyectos de Reales Decretos que se considere por el Gobierno que tienen una especial trascendencia en la regulación de las materias indicadas.
  • Emitir dictamen, también con carácter preceptivo, sobre Anteproyectos de Leyes o Proyectos de disposiciones administrativas que afecten a la organización, competencias o funcionamiento del Consejo; sobre la separación del Presidente y del Secretario General del Consejo y sobre cualquier otro asunto que, por precepto expreso de una Ley, haya que consultar al Consejo.
  • Emitir dictamen sobre los asuntos que, con carácter facultativo, se sometan a consulta del Consejo por el Gobierno de la Nación o sus miembros.
  • Elaborar, a solicitud del Gobierno o de sus miembros, o por propia iniciativa, estudios e informes que se relacionen, en el marco de los intereses económicos y sociales que son propios de los interlocutores sociales, con las siguientes materias: Economía y Fiscalidad; Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social; Asuntos Sociales; Agricultura y Pesca; Educación y Cultura; Salud y Consumo; Medio Ambiente; Transporte y Comunicaciones; Industria y Energía; Vivienda; Desarrollo Regional; Mercado Único Europeo y Cooperación para el Desarrollo.
  • Regular su propio régimen de organización y funcionamiento interno.
  • Elaborar y elevar anualmente al Gobierno, dentro de los primeros cinco meses de cada año, una Memoria en la que se expongan sus consideracio

El Consejo Económico y Social se compone de 61 miembros, nombrados por el Gobierno y distribuidos de la siguiente manera:

  1. El Presidente.
  2. Veinte Consejeros, que forman el Grupo Primero, designados por las organizaciones sindicales más representativas, en proporción a su representatividad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6.2. y 7.1. de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
  3. Veinte Consejeros, que forman el Grupo Segundo designados por las organizaciones empresariales más representativas, en proporción a su representatividad, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, según la redacción dada por la Ley 32/1984, de 2 de agosto.
  4. Veinte Consejeros, que forman el Grupo Tercero, y que se organizan de la siguiente forma:
  5. Catorce que, integrados en el Grupo Tercero, son propuestos, en cada caso, por las organizaciones o asociaciones que a continuación se indican:
    1. Tres por las organizaciones profesionales con implantación en el sector agrario.
    1. Tres por las organizaciones de productores pesqueros con implantación en el sector marítimo-pesquero.
    1. Cuatro por el Consejo de Consumidores y Usuarios.
    1. Cuatro por las asociaciones de cooperativas y de sociedades laborales, en representación del sector de la economía social.
  6. Seis expertos que, integrados también en el Grupo Tercero, son nombrados por el Gobierno de la Nación, a propuesta conjunta de los Ministros de Empleo y  Seguridad Social y de Economía y Competitividad, previa consulta a las organizaciones representadas en el Consejo, entre personas con una especial preparación y reconocida experiencia en el ámbito socioeconómico y laboral.

Los miembros del Consejo Económico y Social actúan, en el ejercicio de las funciones que les corresponden, con plena autonomía e independencia.

El mandato de los miembros del Consejo, incluido su Presidente, es de cuatro años, renovable por períodos de igual duración. El mandato de los miembros del Consejo que pudieran ser nombrados para ocupar una vacante anticipada en el cargo expira al mismo tiempo que el de los restantes miembros del Consejo”[19].

En cuanto a sus órganos más, representativos, podemos estar al siguiente esquema:

  1. Presidente
  2. Pleno
  3. Comisión Permanente
  4. Comisiones de Trabajo
    1. Economía y Fiscalidad.
    1. Mercado Único Europeo, Desarrollo Regional y Cooperación al Desarrollo.
    1. Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social.
    1. Salud, Consumo, Asuntos Sociales, Educación y Cultura.
    1. Agricultura y Pesca.
    1. Políticas Sectoriales y Medio Ambiente.
  5. Para la elaboración de la Memoria sobre la situación Socioeconómica y Laboral de España.
  6. Vicepresidentes
  7. Vicepresidentes
  8. Secretario General
  9. Comité de Acción Exterior
  10. Comité de Publicaciones y Actividades Institucionales
  11. Grupo de trabajo de Política Informativa”[20].

Por último, en cuanto al funcionamiento del Consejo, hay que decir que “el funcionamiento del Consejo Económico y Social se rige por la Ley 21/1991, de 17 de junio, de Creación del Consejo; por el Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno aprobado por el Pleno del Consejo Económico y Social el 25 de febrero de 1993, y por las directrices e instrucciones que para su desarrollo dicte el propio Consejo.

Las sesiones plenarias del Consejo son públicas. No obstante, determinados debates pueden ser declarados reservados, por decisión del Pleno.

A las sesiones del Pleno del Consejo Económico y Social pueden asistir los miembros del Gobierno, previa comunicación al Presidente o a solicitud del Consejo, pudiendo hacer uso de la palabra. También pueden asistir las demás autoridades y funcionarios de la Administración del Estado, cuando sean invitados o autorizados para informar o para responder a preguntas relacionadas con asuntos de su competencia.

La emisión de los dictámenes sobre los asuntos que son sometidos a consulta por el Gobierno se realiza por el Pleno o, en su caso, por la Comisión Permanente, cuando aquél hubiera delegado en ésta tal función.

Los dictámenes del Consejo se documentan por separado, distinguiendo los antecedentes, la valoración efectuada y las conclusiones, con la firma del Secretario General y el visto bueno del Presidente, y a ellos se acompañan los votos particulares, si los hubiere. Los dictámenes del CES no son vinculantes para el Gobierno.

Asimismo, el Pleno o, en su caso, la Comisión Permanente, cuando aquél hubiera delegado en ésta la función, emite los estudios e informes relacionados con las materias de su competencia que elabora, a solicitud del Gobierno o de sus miembros o por propia iniciativa.

La decisión de acometer la elaboración de un informe o estudio por propia iniciativa se adopta por el Pleno a instancia del Presidente, de la Comisión Permanente, de un grupo o de once Consejeros, a través de la Comisión Permanente”[21].

10.- Conclusiones del Trabajo.

La primera conclusión que podemos sacar de este trabajo es que tenemos un complejo entramado de instituciones, sobre todo porque muchas de ellas se duplican, al crear órganos iguales en las diferentes Comunidades Autónomas, cuando una sola institución estatal bastaría.

Como segunda conclusión, se podría decir que todo este entramado de instituciones supone un ingente gasto para el Estado, lo que supone imponer un complejo entramado de impuestos para poder mantener todas estas instituciones. Y todo esto supone acribillar a los ciudadanos a impuestos, e impedirles ahorrar, con todo lo que ello supone.

Como tercera conclusión, podemos afirmar que se debería tomar medidas por el Gobierno Central para reorganizar bien el Estado, reduciendo instituciones y duplicidades para poder mejorar la llevanza de una buena economía.

Como cuarta conclusión, se puede establecer que deberíamos adoptar otra forma de Estado que suponga mejora para los ciudadanos, así como una facilidad de movimientos de los mismos.


[1] Casa Real. Historia de la Monarquía:

[2] Funciones de su Majestad El Rey. Casa Real: https://www.casareal.es/ES/corona/Paginas/la-corona-hoy_papel-jefe.aspx

[3] Periódico El Diario: https://www.eldiario.es/politica/ciento-espanoles-favor-abolir-monarquia_0_772023334.html

[4] Infobae: https://www.infobae.com/2014/01/11/1536411-por-que-europa-mantiene-la-monarquia-el-siglo-xxi/

[5] Página web del Tribunal Constitucional: https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/Composicion-Organizacion/composicion/Paginas/default.aspx

[6] Sinopsis artículo 159 de la Constitución: https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=159&tipo=2

[7] Análisis constitucional del artículo 161 de la Constitución: https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=161&tipo=2

[8] Página web del Tribunal Constitucional: https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/Composicion-Organizacion/organizacion/Paginas/default.aspx

[9] Sinopsis artículo 117 de la Constitución: https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=117&tipo=2

[10] Sinopsis artículo 66 de la Constitución: https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=66&tipo=2

[11] Página web del Palacio de la Moncloa: https://www.lamoncloa.gob.es/espana/organizacionestado/Paginas/index.aspx

[12] https://administracion.gob.es/pag_Home/espanaAdmon/comoSeOrganizaEstado/Institucionesl_Estado_old/PoderLegislativo.html#.XcuwqNWCHIU

[13] Punto de acceso general Administración General del Estado: https://administracion.gob.es/pag_Home/espanaAdmon/comoSeOrganizaEstado/Institucionesl_Estado_old/PoderEjecutivo.html?imprimir=1

[14] Portal de la Administración: https://administracion.gob.es/pag_Home/espanaAdmon/comoSeOrganizaEstado/Administracion_Gral_Estado.html#.XcvXhtWCHIV

[15] Página web del defensor del Pueblo: https://www.defensordelpueblo.es/el-defensor/que-es-el-defensor/

[16] Diario ABC: https://www.abc.es/espana/abci-y-para-sirve-defensor-pueblo-201706061426_noticia.html

[17] Página web del Tribunal de Cuentas: https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/la-institucion/Presentacion/index.html

[18] Página web del Consejo Económico y Social: http://www.ces.es/naturaleza

[19] Página web del Comité Económico y Social.

[20] Página Web del Comité Económico y Social.

[21] Página web del Consejo Económico y Social.

1 comentario en “Instituciones básicas del Estado español”

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