Derecho, Oposiciones Justicia

Diferencia entre término y plazo en Derecho procesal

El objeto principal de este artículo es conseguir que el lector pueda diferenciar entre término y plazo procesal.

Hay que destacar que “todos los actos procesales se han de llevar a cabo dentro de los plazos o en el término que disponga la ley.Ambos conceptos no son sinónimos, el plazo hace referencia al periodo o lapso de tiempo dentro del cual, y en cualquier momento, debe realizarse un acto procesal, así por ejemplo el artículo 404 de la Ley de Enjuiciamiento Civil concede al demandado un plazo de veinte días para contestar a la demanda, por lo que el demandado dentro de ese plazo y en cualquier día dentro de esos veinte podrá contestar a la demanda.

Por el contrario, el término indica un momento temporal concreto, esto es, el día concreto en que debe verificarse una actuación judicial, así por ejemplo el artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la reforma por Ley 42/2015 establece que 1. Contestada la demanda y, en su caso, la reconvención o el crédito compensable, o transcurridos los plazos correspondientes, el secretario judicial, cuando haya de celebrarse vista de acuerdo con lo expresado en el artículo 438, citará a las partes a tal fin dentro de los cinco días siguientes. La vista habrá de tener lugar dentro del plazo máximo de un mes.

En cuanto a los plazos la regla general es que estos son de carácter improrrogables, en el supuesto en que una de las partes deje transcurrir el plazo sin haber realizado la actuación que en el mismo se hallaba previsto, se produce la preclusión. Así el artículo 136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone: “Transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate. El Secretario Judicial dejará constancia del transcurso del plazo por medio de diligencia y acordará lo que proceda o dará cuenta al tribunal a fin de que dicte la resolución que corresponda.”

Para dejar más clara la diferencia, se puede afirmar que “

Plazo Procesal

Plazo Procesal. Lapso de tiempo en que debe realizarse un acto procesal (CPC, 89, 140, 257, 298, 309, 310, 688, 780). Por ejemplo  el lapso de prueba en un proceso ordinario de hecho (POH) es de 10 a 50 días (CPC, 370). Otro ejemplo,  un plazo de 2 días comprende mañana y pasado mañana hasta el último momento.

Término  Procesal

Término procesal. Límite del plazo en que tiene que realizarse un acto procesal. Por ejemplo, el auto de fijación de puntos a probarse debe impugnarse en un término de 3 días (CPC, 371).  En el termino no puede impugnarse antes de lo establecido, en el ejemplo no puede impugnarse en el segundo día ya que el CPC dice: “…ser objetado por las partes dentro de tercero día...” (CPC, 371).

En el plazo las partes pueden realizar el acto incluso antes que finalice. En el término se debe realizar el último día hábil del término.”

Por tanto, la diferencia principal es que en el caso del término procesal, el acto o actuación procesal ha de realizarse el último de los días que componen el término, mientras que en el plazo podremos realizar tanto el uno como el otro cualquiera de los días y horas que componen el plazo, siempre que sean hábiles.

Pero también en relación a los plazos y términos, hemos de tener en cuenta la preclusión de los mismos. Respecto a la preclusión, hemos de tener en cuenta que “

En cuanto a la preclusión de los actos procesales una vez que transcurra el plazo para el cual estaba previsto su realización el auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 29 de junio de 2004 que en el tercer párrafo de su fundamento jurídico segundo establece: “En el presente caso el órgano competente para conocer de la queja es la Sala Primera del Tribunal Supremo, por ello es evidente que debió presentarse en el registro general de este Tribunal antes de las quince horas del día 3 de mayo de 2004, conforme a lo establecido en el artículo 135.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 2000, pues el plazo vencía el 30 de abril de 2004, al haberse efectuado la entrega de los testimonios el 16 de abril de 2004, atendida la normativa sobre cómputo que se contiene en el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 133 a 136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 2000, de tal modo que la interposición fue extemporánea, debiendo ahora ser declarado inadmisible el recurso de queja, ya que la parte recurrente contaba con la debida representación técnica y asistencia letrada, no ajustándose a la normativa reguladora de los plazos y del lugar de presentación de los escritos dirigidos a los órganos judiciales en el orden civil, habiéndose presentado el escrito de interposición ante un órgano inhábil para su recepción, teniendo declarado el Tribunal Constitucional que no menoscaba el derecho a la tutela judicial efectiva la interpretación judicial de que resulta extemporánea la llegada fuera de plazo de un escrito de parte presentado en tiempo pero en otro órgano judicial distinto del competente (Sentencias del Tribunal Constitucional 117/99, 260/2000, 41/2001 y 90/2002; Autos del Tribunal Constitucional 134/97, 80/99, 137/99 y 182/99), y que no existe vulneración de tal derecho cuando la falta de respuesta en el fondo se debe a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de las partes o profesionales que las representen o defiendan (Sentencias del Tribunal Constitucional 112/93, 364/93, 158/94, 262/94, 18/96 y 137/96)”.

La preclusión de un acto procesal tiene la excepción en lo previsto en el apartado segundo del artículo 134 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al disponer que Podrán, no obstante, interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, reanudándose su cómputo en el momento en que hubiera cesado la causa determinante de la interrupción o demora. La concurrencia de fuerza mayor habrá de ser apreciada por el tribunal, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de las demás.

Como supuesto de fuerza mayor clásico nos encontramos es el caso de enfermedad del Letrado de una de las partes, así el auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de cuatro de julio de 2007 que en párrafo segundo de su fundamento jurídico único establece: “Es cierto que el artículo 134 de la citada norma señala que los plazos establecidos en esta Ley son improrrogables, pero también hay que tener en cuenta que el número 2 expresa que “podrán no obstante interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlos, reanudándose su cómputo en el momento en que hubiera cesado la causa determinante de la interrupción o demora. La concurrencia de fuerza mayor habrá de ser apreciada por el Tribunal, de oficio a instancia de parte que la sufrió, con audiencia de las demás”, precepto que no figuraba en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, y la jurisprudencia, y, concretamente, el Tribunal Constitucional, considera la enfermedad como fuerza mayor, entre otras, sentencia de 16 de junio de 1997, y, por tanto, en el presente caso se dan las circunstancias para prorrogar el plazo aplicando este apartado 2 del artículo 134 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque la baja por enfermedad se produce al día siguiente de la entrega de los testimonios por el juzgado de instancia, es decir, cuando comenzaría a correr el plazo de los diez días del artículo 495.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regulador del recurso de queja, y el día 2 de mayo no había transcurrido dicho plazo de diez días, ya que era el último día del plazo, procediendo, por ello, estimar la suspensión del plazo por causa de fuerza mayor, ya que cuando se solicitó de la Sala no había transcurrido en su integridad, y como el parte de alta tuvo lugar el 15 del presente mes de junio, debe otorgársele el nuevo plazo de diez días a partir del día siguiente a la notificación de este auto.”

O bien con base al citado apartado segundo del artículo 134 la jurisprudencia menor ampara la posibilidad de incrementar los plazos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

Es decir, siempre puede producirse la paralización de los términos y plazos según lo dispuesto en las leyes procesales, y si alguna de ellas no pone nada, hay que estar a lo que establezca, subsidiariamente, la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Y también hay que tener en cuenta que en Derecho procesal, los cómputos de los plazos y términos se realizan por días hábiles.

FUENTES:

GUÍAS JURÍDICAS WOLTERS KLUWER (https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjMwNztbLUouLM_DzbsMz01LySVAB2u5FHIAAAAA==WKE)

BLOG DE APUNTES JURÍDICOS (https://jorgemachicado.blogspot.com/2009/11/dpc20.html)

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