Derecho, Economía

Introducción al sistema de financiación de la Seguridad Social

1.- Introducción.

El presente trabajo tiene por finalidad estudiar no sólo cómo obtiene su financiación el sistema de seguridad social en España, sino también cómo se estructura y cómo se reparte esa financiación entre las diferentes partidas y baremos en que se divide la seguridad social.

En primer lugar, se hará referencia a cómo surge el sistema de seguridad social actual, además del porqué de este tipo de sistema social y asistencial.

En segundo lugar, se hará referencia a las diferentes vías en que la seguridad social presta sus servicios y el porqué de la necesidad de aplicar este sistema de financiación desde mediados del siglo XX.

En tercer lugar, se hará un estudio sobre cómo se podría mejorar, debido a las dificultades a las que se enfrenta la seguridad social hoy para hacer pago de cierto tipo de prestaciones como las pensiones, las diferentes vías de financiación de la seguridad social.

En cuarto lugar, se hará referencia a la encrucijada en la que se encuentra el actual sistema de seguridad social debido a la falta de crédito para pagar las pensiones, las posibles consecuencias, las soluciones que se están barajando desde las instituciones con competencias en la materia, así como las posibles vías de salida que tiene el sistema de seguridad social español para poder pagar las pensiones, como, por ejemplo, la vuelta atrás a los seguros sociales existentes antes de la existencia del actual sistema de seguridad social.

En quinto lugar, se estudiarán las propuestas que vienen desde Europa para asegurar el pago de las pensiones y las sugerencias que exigen que se aprueben en el parlamento español para mejorar el sistema de seguridad social.

Por último, se hará una conclusión global sobre el sistema de seguridad social, teniendo en cuenta todas las contribuciones que se hayan ido haciendo a través del trabajo.

2.- Evolución histórica del sistema de seguridad social español.

La evolución del sistema de seguridad social en España empieza a comienzos del siglo XX. Se pueden distinguir varias etapas en el sistema de seguridad social español, y las más importantes son las siguientes:

1ª etapa: Inicio de la protección (desde principios del S. XX hasta 1963).

En 1900 fue creado el primer seguro social en España, a través de la Ley de accidentes de trabajo donde se preveía que el patrono/empresario podía desplazar su responsabilidad de indemnización mediante el aseguramiento voluntario. En 1903 se crea el Instituto de Reformas Sociales. En 1908 aparece el Instituto Nacional de Previsión (INP) con el objetivo de poner en práctica un régimen de “libertad subsidiada” fomentando la previsión popular y la combinación de previsión privada y pública, aunque acaba siendo un mero organismo gestor. En 1919 La conferencia de seguros sociales de 1917 da paso a la introducción del seguro social obligatorio a partir del anterior sistema de libertad subsidiada. Por tanto ya no es posible elegir entre  la previsión social privada y la estatal y así es como el seguro obligatorio de vejez (retiro obrero) alcanza a toda la población asalariada entre 16 y 65 años. Financieramente contribuían Estado, patronos y obreros y el aseguramiento se realizaba mediante la apertura de libretas de ahorro individuales en las que se ingresaban las aportaciones correspondientes a cada sujeto y se completaba con una bonificación del Estado. Sobre este sistema de capitalización el sujeto devengaría una pensión vitalicia a partir de los 65 años (en 1919, la esperanza de vida al nacer es de 41 años y, una vez alcanzados los 65 años, era de 10 años más).

  1. 1923 seguro obligatorio de maternidad.
  2. 1931 Seguro de paro forzoso.
  3. 1935 Se crea la Inspección de Seguros Sociales.
  4. 1939 El Retiro obrero se sustituye por un Seguro de Vejez que hace desaparecer la capitalización y establece una pensión fija de 3 pts. diarias. Vemos cómo en sus inicios las pensiones de jubilación en España se basaron durante 20 años en un sistema de capitalización que garantizaba las pensiones de cada trabajador, independientemente del número de cotizantes y pensionistas del momento.
  5. 1941 Seguro obligatorio de enfermedad, cubriendo las prestaciones por enfermedad común. Aparece un sistema paralelo: las Mutualidades Laborales organizadas por sectores laborales y con la finalidad de completar la protección preexistente, este sistema conduce a discriminaciones entre la población laboral y hace muy difícil la gestión racional y eficaz.
  6. 1944 Un tercer sistema paralelo se suma a los dos anteriores, Cajas de Empresa, llegando a dificultar aún más la coordinación e incrementando la atomización de los Seguros Sociales.
  7. 1947 Seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI) amplia la cobertura del Seguro de Vejez de 1939 con la inclusión de la invalidez. En este mismo año se establece el Servicio de seguro de enfermedades profesionales.
  8. 1955 Se sustituye el SOVI por el seguro de vejez, invalidez y muerte.
  9. 1961 Seguro Nacional de Desempleo, que financieramente se apoyaba en un régimen de reparto por cotizaciones.

2ª Etapa: Unificación de seguros configuración normativa (1963-1978)

En 1963 aparece la Ley de Bases de la Seguridad Social cuyo objetivo principal era la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación.

Ley General de la Seguridad Social de 1966 y la Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la acción protectora de 1972, intentan corregir los problemas financieros, si bien los agravaron al incrementar la acción protectora.

3ª Etapa: Consolidación hacia el estado del bienestar (1978- actualidad)

1978 El mismo año en que se aprobó la Constitución Española el INP desaparece y sus funciones las asume el recién creado Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

1985 Ley General de Sanidad, Universaliza la asistencia sanitaria.

1990 Se aprueba la ley que garantiza las prestaciones no contributivas en la Seguridad Social.

1995 se firmó el Pacto de Toledo, consecuencia de los cambios sociales de la década de los 90, con el apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales, que tuvo como consecuencia importantes cambios y el establecimiento de una hoja de ruta para asegurar la estabilidad financiera y las prestaciones futuras de la Seguridad Social”[1].

3.- Vías de prestación de servicios por la Seguridad Social.

En cuanto a lo necesario para dar contenido a este apartado, hay que destacar que “Según se calcule o no su importe sobre las cotizaciones efectuadas al Sistema de la Seguridad Social existen dos modalidades: la contributiva con carácter eminentemente profesional, destinada a la protección de los trabajadores, y la no contributiva dirigida a la protección de quienes, acreditando una situación de carencia o insuficiencia de recursos, no han cotizado nunca al Sistema de la Seguridad Social o no han cotizado lo suficiente para acceder a prestaciones del nivel contributivo:

  1. Modalidad contributiva, que comprende a los trabajadores y a sus familiares una vez se cumpla el requisito de cotización mínima al Sistema de la Seguridad Social.
  2. Modalidad no contributiva, para personas que, careciendo de recursos económicos, no han cotizado nunca o no han podido cumplir con los períodos mínimos de cotización legalmente establecidos. Comprende prestaciones de asistencia sanitaria, invalidez y jubilación.

Las prestaciones de la Seguridad Social son las siguientes:

  • Asistencia sanitaria. Tiene por objeto la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos necesarios para conservar o restablecer la salud de sus beneficiarios, así como su aptitud para el trabajo. Proporciona, también, los servicios convenientes para completar las prestaciones médicas y farmacéuticas, atendiendo, de forma especial, a la rehabilitación física precisa para lograr una completa recuperación profesional del trabajador.
  • Incapacidad temporal. Trata de cubrir la falta de ingresos que se produce cuando el trabajador, debido a una enfermedad o accidente, está imposibilitado temporalmente para trabajar y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
  • Riesgo durante el embarazo. Está incluida dentro de la acción protectora de todos los regímenes del Sistema de la Seguridad Social. Trata de cubrir la pérdida de ingresos que se produce, cuando la trabajadora es declarada en situación de suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo, en los supuestos en que, debiendo cambiar de puesto de trabajo o de actividad por otro compatible con su estado, dicho cambio no resulte técnica u objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados.
  • Riesgo durante la lactancia natural (Ley 3/2007, de 22 de marzo).
  • Maternidad. Están incluidas dentro de la acción protectora de todos los regímenes del Sistema de la Seguridad Social. Tratan de cubrir la pérdida de rentas del trabajo o de ingresos que sufren los trabajadores, por cuenta ajena o por cuenta propia, cuando se suspende su contrato o se interrumpe su actividad para disfrutar de los períodos de descanso por maternidad, adopción y acogimiento, legalmente establecidos.
  • Paternidad. En su modalidad contributiva, trata de cubrir la pérdida de rentas salariales o profesionales que sufre una persona, cuando estando afectada por un proceso patológico o traumático derivado de una enfermedad o accidente, ve reducida o anulada su capacidad laboral de forma presumiblemente definitiva. (Ver: Permiso y prestación laboral por paternidad “)
  • Incapacidad permanente.
  • Lesiones permanentes no invalidantes.
  • Jubilación. Intenta cubrir la pérdida de ingresos que sufre una persona cuando, alcanzada la edad establecida, cesa en el trabajo por cuenta ajena o propia, poniendo fin a su vida laboral, o reduce su jornada de trabajo y su salario en los términos legalmente establecidos.
  • Jubilación ordinaria. 
  • Jubilación anticipada por razón de actividad
  • Regulación del supuesto de jubilación anticipada de trabajadores discapacitados
  • Regulación de la jubilación flexible
  • Jubilación parcial
  • Regulación de la jubilación especial a los 64 años (vigente hasta 01/01/2013)
  • Prestaciones contributivas por muerte y supervivencia:
  • Prestación de auxilio por defunción
  • Régimen general de la pensión de viudedad
  • Régimen general de la pensión y prestación de orfandad.
  • Prestaciones en favor de familiares
  • Subsidio temporal en favor de familiares que hayan convivido y dependan económicamente del fallecido
  • Indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional
  • Prestaciones familiares. Cubren la situación de necesidad económica o de exceso de gastos que produce, para determinadas personas, la existencia de responsabilidades familiares y el nacimiento o adopción de hijos en determinados casos.  Estas prestaciones son de naturaleza no contributiva, excepto la prestación “no económica” que sólo se protege en el nivel contributivo:
  • NOVEDAD: Prestación por corresponsabilidad en el cuidado del lactante
  • Prestación familiar por hijo o menor acogido a cargo
  • Prestaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
  • Prestaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
  • Prestaciones por desempleo (SEPE). (Ver “ Prestación por desempleo “)
  • Servicios Sociales (IMSERSO u órganos competentes en los supuestos de transferencia de funciones a las Comunidades Autónomas).
  • Prestaciones del Seguro Obligatorio de Vejez o Invalidez (SOVI):
  • Vejez SOVI. (Ver “Casos particulares de jubilación“)
  • Invalidez SOVI. (Ver “ Pensiones de Invalidez SOVI “)
  • Viudedad SOVI. (Ver “Pensiones de viudedad SOVI “)
  • Prestaciones del Seguro Escolar.
  • Prestación por cuidado de menores con cáncer o enfermedad grave”[2].

Para desgranar un poco más estas prestaciones, hay que destacar que “La pensión de jubilación salta recurrentemente a la palestra informativa, recientemente por las protestas de los pensionistas por la diferencia entre su subida y el IPC; sin embargo, otras apenas tienen eco mediático, como por ejemplo la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Las prestaciones y pensiones de la Seguridad Social a las que se puede tener derecho son principalmente las siguientes:

Prestación de Incapacidad temporal.

Es un subsidio diario que cubre la pérdida de ingresos del trabajador producida por una enfermedad o accidente que le imposibilita temporalmente para trabajar y que precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

En el caso de enfermedades comunes y accidentes no laborales, la cuantía a percibir es del 60 % de la base reguladora desde el 4.º día de la baja hasta el 20.º, inclusive, y del 75 % desde el día 21 en adelante.

La cuantía a percibir en el caso de enfermedad profesional o accidente de trabajo es del 75 % de la base reguladora desde el día siguiente al de la baja en el trabajo.

Prestación de maternidad y paternidad.

Las prestaciones económicas por maternidad y paternidad tratan de cubrir la pérdida de rentas del trabajo o de ingresos que sufren los trabajadores, por cuenta ajena o por cuenta propia, cuando se suspende su contrato o se interrumpe su actividad para disfrutar de los periodos de descanso en caso de nacimiento de un hijo, adopción o acogimiento. La prestación económica consiste en un subsidio equivalente al 100 % de la base reguladora correspondiente.

Prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves.

Esta prestación económica está destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo para poder cuidar a un menor a su cargo afectado por cáncer u otra grave enfermedad. Su objeto es compensar su pérdida de ingresos al tener que reducir su jornada, con la consiguiente disminución de su salario, por la necesidad de cuidar de manera directa, continua y permanente a los hijos o menores a su cargo durante el tiempo de su hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad.

Prestación por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia.

El objeto de la prestación por riesgo durante el embarazo es cubrir la pérdida de ingresos derivada de una suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo en los supuestos en que, debiendo cambiar de puesto de trabajo o de actividad por otro compatible con su estado, dicho cambio no resulte técnica u objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados.

Por su parte, la prestación por riesgo durante la lactancia natural cubre la pérdida de ingresos que se produce cuando la trabajadora es declarada en situación de suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante la lactancia natural de un menor de 9 meses en los supuestos en que, debiendo cambiar de puesto de trabajo o de actividad por otro compatible con su situación, dicho cambio no resulte técnica u objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados.

Pensión de incapacidad permanente.

Esta pensión, en su modalidad contributiva, cubre la pérdida de rentas salariales o profesionales que sufre una persona cuando estando afectada por un proceso patológico o traumático derivado de una enfermedad o accidente, ve reducida o anulada su capacidad laboral de forma presumiblemente definitiva.

Pensiones por enfermedad no invalidante.

Prestación consistente en una indemnización a tanto alzado que la Seguridad Social reconoce a los trabajadores que sufran lesiones, mutilaciones y deformidades causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que, sin llegar a constituir incapacidad permanente, supongan una disminución de la integridad física del trabajador, siempre que aparezcan recogidas en el baremo establecido al efecto.

Pensión de Jubilación.

Su objetivo es cubrir la pérdida de ingresos que sufre una persona cuando llega su edad de jubilación y cesa en el trabajo por cuenta ajena o propia, poniendo fin a su vida laboral, o reduce su jornada de trabajo y su salario en los términos legalmente establecidos.

El periodo mínimo de cotización para cobrar una pensión por jubilación es de 15 años, de los cuales al menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.

Al ser una pensión vitalicia, solo se extingue con la muerte del beneficiario.

Prestaciones por muerte y supervivencia

Están destinadas a compensar la situación de necesidad económica de determinadas personas al producirse el fallecimiento de otras. No podrán ser beneficiarios de las prestaciones de muerte y supervivencia quienes fueran condenados por sentencia firme por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas cuando la víctima fuera el sujeto causante de la prestación.

Seguro escolar.

Su finalidad es proteger a los estudiantes menores de 28 años que cursen estudios oficiales desde 3.º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) hasta el final del tercer ciclo universitario, mediante prestaciones sanitarias y económicas en caso de enfermedad, accidente escolar e infortunio familiar.

El beneficiario de las prestaciones del seguro escolar es el estudiante, excepto en las indemnizaciones por fallecimiento por accidente o enfermedad, en las que serán los familiares.

En el caso de accidente escolar, se cubre la asistencia médica y farmacéutica, indemnizaciones económicas por incapacidad y gastos de sepelio.

El infortunio familiar es una situación que deriva del fallecimiento del cabeza de familia o de la ruina familiar.

Asistencia sanitaria.

Consiste en la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos necesarios para conservar o restablecer la salud de sus beneficiarios, así como su aptitud para el trabajo. Proporciona, también, los servicios convenientes para completar las prestaciones médicas y farmacéuticas, atendiendo de forma especial a la rehabilitación física precisa para lograr una completa recuperación profesional del trabajador.

Para todos aquellos interesados en conocer en detalle todas las prestaciones y pensiones de la Seguridad Social, así como los aspectos más relevantes del sistema español de Seguridad Social, y así poder responsabilizarse, tanto dentro de la empresa como actuando en calidad de gestores, de todas aquellas obligaciones que la empresa debe cumplir con la Administración de la Seguridad Social, el CEF.- pone a su disposición el Curso Monográfico sobre Relaciones de la Empresa con la Seguridad Social”[3].

4.- ¿Cómo se podría mejorar el actual sistema de financiación de la Seguridad Social?

Principalmente en este apartado hay que hacer referencia al pago de prestaciones de Seguridad social, así como al pago de las deudas que se tengan con la Seguridad Social.

En cuanto al pago de prestaciones, hay que destacar lo siguiente:

Obligación de reintegro

Las personas que hayan percibido indebidamente prestaciones de la Seguridad Social vendrán obligadas a reintegrar su importe.

Quienes, por acción u omisión, hayan contribuido a posibilitar dichas percepciones, responderán subsidiariamente con los perceptores del reintegro de las mismas, salvo buena fe probada.

La obligación de reintegro del importe de las prestaciones indebidamente percibidas prescribirá a los 4 años, contados a partir de la fecha de su cobro, o desde que fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución, con independencia de la causa que originó la percepción indebida, incluidos los supuestos de revisión de las prestaciones por error imputable a la Entidad gestora.

Procedimiento Judicial.

El procedimiento se encuentra regulado en el art. 146 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE 11/10):

  1. Las entidades, órganos u organismos gestores, o el Fondo de Garantía Salarial no podrán revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la revisión ante el Juzgado de lo Social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigirá contra el beneficiario del derecho reconocido.
  2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior la rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario. Se exceptúan también las revisiones de los actos en materia de protección por desempleo, y por cese de actividad de los trabajadores autónomos, siempre que se efectúen dentro del plazo máximo de un año desde la resolución administrativa o del órgano gestor que no hubiere sido impugnada, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 147.
  3. La acción de revisión a la que se refiere el apartado 1 prescribirá a los 4 años.
  4. La sentencia que declare la revisión del acto impugnado será inmediatamente ejecutiva.

Procedimiento especial de descuentos.

Competencia:

La Dirección provincial de la Entidad gestora, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o el Instituto Social de la Marina (ISM), que tuviese encomendada la gestión del pago de la prestación.

Ámbito de aplicación:

  • Cuando la Entidad gestora pueda revisar directamente el acto de reconocimiento de la prestación al constatarse omisiones o inexactitudes en las declaraciones de los beneficiarios o cuando se produzca una rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos.
  • Cuando se hayan producido cobros indebidos derivados de señalamientos iniciales de las pensiones, respecto de titulares que vinieran percibiendo otra pensión concurrente, asignación de complementos por mínimos, revalorización de pensiones, concurrencias y límite máximo.
  • Cuando se hayan producido cobros indebidos por circunstancias sobrevenidas previstas por una norma legal que alteren el régimen jurídico de la prestación, motivando su extinción o modificación. 

Exclusiones:

  • La compensación entre prestaciones por incapacidad temporal e incapacidad permanente, percibidas en períodos coincidentes, y entre las de incapacidad permanente en los supuestos de revisión de grado.
  • Las prestaciones indebidamente percibidas por desempleo.

Procedimiento:

Cuando, como consecuencia de la revisión del derecho previamente reconocido, resulten prestaciones indebidamente percibidas y el deudor de las mismas sea, simultáneamente, acreedor de alguna de las prestaciones económicas gestionadas por la Entidad gestora que realice la revisión, ésta efectuará los correspondientes descuentos sobre dichas prestaciones para resarcise de la deuda contraída por el beneficiario, salvo en el supuesto en que el propio deudor opte por abonar la deuda en un solo pago.

  • Iniciación:

Se inicia por acuerdo de la Entidad gestora tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de la deuda, el cual será notificado al interesado a fin de que quede debidamente informado y, si lo desea, comparezca y manifieste lo que le convenga.

  • Instrucción:

Se tramitará en un solo expediente. Antes de elaborar la propuesta de resolución, se dará audiencia al interesado, concediéndole un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación, para que presente las alegaciones o documentos pertinentes.

Si procede, se notificará al mismo tiempo propuesta de reintegro de la deuda en la que se fijarán las cantidades a descontar en las sucesivas mensualidades de las prestaciones que le corresponde percibir, a fin de que el interesado manifieste su conformidad o, en su caso, formule propuestas alternativas, siempre que de éstas resulten cuantías superiores a las que se derivan de las reglas para la aplicación de los descuentos.

Si al elaborar la propuesta de reintegro, la Entidad gestora deduce que puede ser necesaria la ampliación del plazo de 5 años para cancelar la deuda para poder garantizar al pensionista el importe de la pensión no contributiva, se solicitará documentación acreditativa de los rendimientos de trabajo y de capital, al objeto de comprobar si reúne los requisitos para la ampliación del plazo de reintegro de la deuda. 

  • Terminación:

Recibidas las alegaciones o documentos o transcurrido el plazo sin que el interesado se manifieste, se dictará resolución motivada, en un plazo máximo de 3 meses, contados a partir de la fecha del acuerdo que haya iniciado el procedimiento, con mención expresa de los siguientes extremos:

  • Causas, período y cuantía de la deuda.
    • Fijación de la nueva cuantía a percibir y fecha de efectos económicos.
    • Procedencia y procedimiento para hacer efectivo el reintegro, importe y plazos del descuento.
    • Plazo y órgano ante el que se puede interponer reclamación previa.
  • Al notificar la resolución, se informará al deudor de la posibilidad de abonar voluntariamente el importe íntegro de la deuda en un solo plazo, dentro de los 30 días siguientes al de la notificación. Acreditado el pago, se entregará al interesado un justificante del mismo.
  • Transcurrido el plazo señalado sin que se haya efectuado el pago, se aplicarán los descuentos fijados en la resolución de la Entidad gestora. No obstante, el deudor podrá, en todo tiempo, abonar voluntariamente en un solo pago la parte de deuda pendiente de amortizar.
  • Cuando el deudor interponga reclamación previa a la vía judicial, la Entidad gestora realizará los trámites siguientes: 
    • Si la reclamación fuera estimada en su totalidad y se hubieran iniciado los descuentos, abonará al interesado los importes descontados.
    • Si fuera estimada sólo en parte manteniéndose una deuda con cuantía distinta, la resolución ofrecerá la posibilidad de proceder al abono voluntario del importe íntegro de la deuda en un solo plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente al de su notificación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya efectuado el pago, se aplicarán los descuentos fijados en la resolución de la Entidad gestora.
    • Si fuera desestimada, efectuará el descuento en la prestación si éste no se hubiera iniciado ya.
  •  Cuando el deudor interponga demanda ante el Juzgado de lo Social, la Entidad gestora:
    • Si el auto del juez paraliza el procedimiento, suspenderá los descuentos que se vinieran aplicando.
    • Si la sentencia no confirma la deuda, abonará al interesado los importes descontados hasta ese momento.
    • Si la sentencia confirma total o parcialmente la deuda, los reintegros se efectuarán en los términos indicados en la propia sentencia y, en defecto de cumplimiento voluntario, instará la ejecución judicial de la deuda. Con carácter previo, la Entidad gestora podrá conceder, en su caso, un plazo de 10 días para que el deudor manifieste su conformidad con el mantenimiento de los descuentos. 
  • Cuando no sea posible aplicar el procedimiento por descuento o cuando habiéndose aplicado el mismo, por fallecimiento del deudor, extinción de la prestación sobre la que se aplicara o por cualquier otra causa, no fuera posible seguir efectuando los descuentos para cancelar la deuda en el plazo correspondiente, la Entidad gestora notificará a la TGSS  la resolución definitiva sobre la procedencia del reintegro e informará sobre la cuantía pendiente de pago, para que ésta inicie el procedimiento de gestión recaudatoria.

Reglas para la aplicación de los descuentos:

1.- Si para el pago de la deuda se hubiese resuelto la aplicación de descuentos sobre las sucesivas mensualidades de las prestaciones que corresponda percibir al deudor, se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes:

  •  Entre el 21 y el 30 por ciento del importe total de la prestación o prestaciones que se estén percibiendo debidamente, cuando la cuantía de dicha prestación o prestaciones sea igual o superior a la mitad de la pensión máxima establecida en ese momento.
  •  Entre el 15 y el 20 por ciento, cuando el importe de las prestaciones que se estén percibiendo debidamente no alcance la mitad de la pensión máxima y sea igual o superior a la pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo.
  • Entre el 10 y el 14 por ciento, cuando la cuantía de las prestaciones sea inferior a la pensión mínima de jubilación establecida en el párrafo anterior.
  • Estos porcentajes podrán ser incrementados cuando en el expediente conste manifestación del interesado en tal sentido y cuando, una vez iniciados los descuentos, voluntariamente el deudor lo solicite a fin de cancelar anticipadamente la deuda.

A estos efectos, el importe de la prestación o prestaciones que percibe el deudor se entiende referido a la cuantía bruta.

2.- Si el deudor percibiera varias prestaciones de la Seguridad Social:

  •  Los descuentos se aplicarán de forma preferente en la prestación en que se originó la deuda.
  • Si la cuantía de la prestación en que se originó la deuda fuese inferior al importe del descuento, éste se aplicará en todas las prestaciones percibidas en proporción a su cuantía, garantizándose el importe de las pensiones no contributivas entre todas ellas.

Plazo para la cancelación de la deuda:

1.- Cuando la aplicación de los porcentajes citados no permita cancelar la totalidad de la deuda en un plazo máximo de 5 años, contados a partir de la fecha en que haya de surtir efecto el descuento, la Entidad gestora incrementará el importe de los descuentos en la cantidad necesaria que permita su reintegro en dicho plazo.

2.- Cuando, una vez aplicados los descuentos que correspondan, al pensionista le resulte un importe neto de pensión a percibir inferior a la cuantía, en cómputo anual, de las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, la Entidad gestora:

  • Si el pensionista no percibe rendimientos de capital o trabajo personal que excedan el límite de ingresos fijado para el reconocimiento de los complementos para las pensiones contributivas inferiores a la mínima, ampliará el plazo de 5 años para cancelar la deuda en el tiempo que fuera necesario para garantizar, como mínimo, la cuantía correspondiente a las pensiones no contributivas. A tal fin, se computarán los rendimientos del año anterior.
  • Si los rendimientos del pensionista superasen el límite establecido:
    • Se efectuará un nuevo cálculo de los descuentos para cancelar la deuda en un plazo máximo de 5 años, a contar desde el momento en que se dice nueva resolución, siendo los efectos económicos del día 1 del mes siguiente a la fecha de la misma. 
    • No obstante, si el plazo que le faltase al interesado para reintegrar la deuda fuese inferior a 5 años, no se modificará la resolución inicial.

3.- No será de aplicación la ampliación del plazo de 5 años para cancelar la deuda:

Cuando el pensionista deudor no perciba ingresos superiores al límite establecido y el importe bruto de la pensión o pensiones contributivas que perciba, sea inferior o igual al importe de las pensiones no contributivas. En este caso, la Entidad gestora notificará a la TGSS la resolución donde se haga constar este extremo y el importe de la deuda pendiente, a fin de que por ésta se inicie el procedimiento general de gestión recaudatoria.

4.- No será de aplicación la garantía del importe de las pensiones no contributivas a los perceptores de prestaciones periódicas.

Reconocimiento de nuevas prestaciones en favor del deudor:

  • Cuando se reconozca una nueva prestación al deudor de prestaciones indebidas, para cuyo reintegro se hubiesen aplicado las reglas del procedimiento de descuento:
    •  Se podrá cancelar todo o parte de la deuda anteriormente declarada con cargo a la cuantía que deba ser abonada en concepto de primer pago, respetando en todo caso el importe de la cuantía de una mensualidad de la nueva prestación.
    • Si continuasen existiendo importes pendientes de reintegro, se efectuará un nuevo cálculo teniendo en cuenta la nueva prestación reconocida, pudiéndose aplicar el descuento que proceda en las mensualidades sucesivas.
    • Con el reconocimiento de la nueva prestación, se notificará al interesado el nuevo descuento que se va a producir, al objeto de que, si así lo desea, proceda al abono voluntario del importe de la deuda pendiente, dentro de los 30 días siguientes al de la notificación de la resolución.
  • Cuando, para el reintegro de la deuda, se estuviera aplicando el procedimiento general establecido en el art.  102 del Reglamento general de recaudación de los recursos del Sistema de la Seguridad Social, la Entidad gestora:
    • Antes de emitir la correspondiente resolución, informará a la TGSS sobre el reconocimiento de la nueva prestación.
    • Si para el reintegro de la deuda hubiera podido aplicarse el procedimiento de descuento y la Tesorería no hubiera iniciado el correspondiente procedimiento ejecutivo, solicitará a ésta la posibilidad de paralizar sus actuaciones, al objeto de que se realicen los descuentos sobre la nueva prestación teniendo en cuenta el procedimiento especial”[4].

Por lo que respecta al pago de deudas de Seguridad Social, hay que destacar lo siguiente:

Respecto a los autónomos, “Ser autónomo no es fácil y la posibilidad de contraer deudas con la Seguridad Social es un peligro que acecha constantemente. Y es que hay que contemplar los infortunios e inconvenientes que traiga consigo la rutina diaria como por ejemplo, los impagos y los retrasos en los cobros de los servicios prestados a los clientes, o también una inversión de urgencia imprevista el mes de menos facturación. Y es entonces cuando, en el momento menos esperado, las cuentas con la Tesorería de la Seguridad Social se ponen en números rojos.

Las deudas con la Seguridad Social pueden ser de varios tipos, aunque los principales adeudos de empresarios y autónomos vienen generados por el impago de los Seguros Sociales de los trabajadores y el de la cuota de autónomos. En cualquiera de los dos casos hay consecuencias.

Las deudas con la Seguridad Social generan recargos en la cuota de autónomos que van desde un 3% desde el primer día de retraso hasta el 20% a partir de los tres meses

La primera, pagar la multa correspondientes por el impago o los retrasos, que son directamente proporcionales al tiempo que tarde en realizarse el abono y van desde un 3% de recargo desde el primer día de retraso, hasta un incremento del 20% de la cuantía por una demora superior a tres meses. En última instancia, si nunca llegara a liquidarse pasivo, podría producirse el embargo de los bienes de la empresa o el autónomo para hacer frente al descubierto y se incluirían los datos de la persona deudora en el fichero de morosos denominado FIJ (Ficheros de Incidencias Judiciales).

Deudas con la Seguridad Social por impago de Seguros Sociales de los trabajadores

Esta situación ocurre cuando autónomo o empresa no realiza el pago de los Seguros Sociales de sus trabajadores y se conoce como ‘situación de descubierto’. Se produce cuando, o bien no se pagan los citados seguros de los empleados, o se pagan fuera de los plazos establecidos.

Si un empresario incurre en deudas con la Seguridad Social, desde el primer día de retraso es el responsable de afrontar todas las prestaciones que correspondan a sus empleados

En este caso, toda la responsabilidad recae sobre el empresario. Hasta el punto que, desde el primer día en que se produzca la deuda, será él quien tenga que hacer frente a todas las prestaciones que le correspondan a sus empleados.

Deudas con la Seguridad Social por el impago de la cuota de autónomos

Las principales consecuencias de no abonar la cuota de autónomos o retrasarse en el pago (además de las citadas recargas en el precio), son la pérdida de las prestaciones correspondientes por baja o incapacidad laboral en primer lugar, y problemas para cobrar la pensión o descuentos en la cuantía que correspondiera a quienes se encuentren en situación de jubilación.

Aunque la Seguridad Social permite la solicitud de aplazamientos para hacer frente a las deudas con su Tesorería (por supuesto, con sus correspondientes multas en función del plazo de dilación), estos impagos siempre suelen traer consigo una inspección de la empresa o de las aportaciones del autónomo, que pueden acarrear consecuencias peores.

Además de la cuota de autónomos y los Seguros Sociales de los empleados, se pueden contraer deudas con la Seguridad Social por impago de IVA e IRPF.

Y si a pesar de las deducciones y los aplazamientos sigue siendo un problema el cuadrar cuentas con la Seguridad Social, siempre se puede recurrir a los préstamos para autónomos, que concede Monedo Now de forma completamente confidencial y online, y sin moverse de casa”[5].

Por otro lado, también hay que destacar que “En primer lugar el Art. 140 de la LJS hace referencia a las demandas formuladas en materia de prestaciones de Seguridad Social contra organismos gestores y entidades colaboradoras en la gestión. Estos organismos y entidades se identifican en el Art. 57 y siguientes de la LJS. La demanda podrá también podrá dirigirse contra la TGSS, si bien no contra las materias excluidas del conocimiento de los órganos de la jurisdicción social que señala el Art. 3 ,LJS en su apartado f).

Se incluyen asimismo las demandas que tienen por objeto la prestación por desempleo y la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia.

Junto a las decisiones de la entidad gestora sobre reconocimiento, denegación, suspensión o extinción de cualquiera de las prestaciones por desempleo, el Art. 303 ,LGSS establece que son recurribles ante los tribunales laborales por, los cauces de este proceso las siguientes resoluciones del actual SPEE:

  • Las relativas a la exigencia de devolución de las prestaciones indebidamente percibidas y al reintegro de las prestaciones de cuyo pago sea directamente responsable el empresario.
  • Las relativas al abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único.
  • Las relativas a la imposición de sanciones a los trabajadores por infracciones leves y graves. Debe tenerse en cuenta que las sanciones por faltas muy graves quedan exceptuadas de este procedimiento, siendo impugnables en vía administrativa y agotada esta, ante el orden jurisdiccional social.

En segundo lugar, puede hablarse de la revisión de los actos declarativos de derechos, que tal y como dispone el apdo. 1, Art. 146 de la LJS, “Las Entidades, órganos u Organismos gestores, o el Fondo de Garantía Salarial no podrán revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo, en su caso, solicitar la revisión ante el Juzgado de lo Social competente, mediante la oportuna demanda que se dirigirá contra el beneficiario del derecho reconocido”.

Por otro lado, en el apartado segundo del citado precepto “se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior:

  1. La rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario, así como la reclamación de las cantidades que, en su caso, se hubieran percibido indebidamente por tal motivo.
    1. Las revisiones de los actos en materia de protección por desempleo, y por cese de actividad de los trabajadores autónomos, siempre que se efectúen dentro del plazo máximo de un año desde la resolución administrativa o del órgano gestor que no hubiere sido impugnada, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 147 de la LJS”.

Debe tenerse en cuenta además que la jurisdicción laboral, tal y como dispone el Art. 3 de la LJS en su apartado f), no conocerá de las impugnaciones de los actos administrativos en materia de Seguridad Social relativos a “inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, así como en materia de liquidación de cuotas, actas de liquidación y actas de infracción vinculadas con dicha liquidación de cuotas y con respecto a los actos de gestión recaudatoria, incluidas las resoluciones dictadas en esta materia por su respectiva entidad gestora, en el supuesto de cuotas de recaudación conjunta con las cuotas de Seguridad Social y, en general, los demás actos administrativos conexos a los anteriores dictados por la Tesorería General de la Seguridad Social; así como de los actos administrativos sobre asistencia y protección social públicas en materias que no se encuentren comprendidas en las letras o) y s) del artículo 2”.

En relación con la impugnación de las prestaciones por desempleo, se introdujo el Art. 147 de la LJS, que instaura un tercer proceso específico, en el sentido de afirmar que “Cuando la Entidad u Organismo Gestor de las prestaciones por desempleo constate que, en los cuatro años inmediatamente anteriores a una solicitud de prestaciones, el trabajador hubiera percibido prestaciones por finalización de varios contratos temporales con una misma empresa, podrá dirigirse de oficio a la autoridad judicial demandando que el empresario sea declarado responsable del abono de las mismas, salvo de la prestación correspondiente al último contrato temporal, si la reiterada contratación temporal fuera abusiva o fraudulenta, así como la condena al empresario a la devolución a la Entidad Gestora de aquellas prestaciones junto con las cotizaciones correspondientes”.

Continúa diciendo el mencionado precepto que la comunicación podrá dirigirse a la autoridad judicial en el plazo de los seis meses siguientes a la fecha en que se hubiera formulado la última solicitud de prestaciones en tiempo y forma.

Lo dispuesto en este apartado no conllevará la revisión de las resoluciones que hubieran reconocido el derecho a las prestaciones por desempleo derivadas de la finalización de los reiterados contratos temporales, que se considerarán debidas al trabajador.

Especialidades de los procedimientos incoados por los beneficiarios de prestaciones

Supuestos de legitimación en materia de S. Social.

En estos  procesos la legitimación le corresponde al trabajador, en cuanto titular del derecho controvertido y en cuanto sujeto directamente afectado por la resolución de alta.

Pero el propio concepto de la legitimación «ad causam» o legitimación en sentido estricto, entendido como «una aptitud específica determinada, mediante la justificación necesaria para intervenir en una litis especial y concreta por obra de una relación en que las partes se encuentran respecto a la cosa objeto del litigio» (STS 14/10/92 -Rud 2500/1992-, con citas de doctrina procedente de la Sala Primera ), determina que el empresario esté activamente legitimado – Sentencia TS, Sala de lo Social, de 30/01/2012, Rec. 2720/2010:

  1. En los procesos sobre prestaciones de IP cuando pretenda la revisión hacia un grado inferior de la invalidez de la que ha sido previamente declarado responsable o cuando impugne la resolución administrativa que le haya declarado responsable de las prestaciones, pues «es claro el legítimo y efectivo interés empresarial en ejercitar tal pretensión porque la misma no le afectaría sólo de modo indirecto o reflejo, sino que … incide directamemte en su patrimonio, pues el reconocimiento de la prestación genera una obligación de pago para ella» ( Sentencia TS, Sala de lo Social, de 04/04/2011, Rec. 556/2010).
    1. Pero -es más- la legitimación se extiende en todo caso a los procesos por accidente de trabajo, de forma que ha de apreciarse falta de litisconsorcio pasivo necesario si la empresa no ha sido parte en el proceso, aunque no pudiera derivarse responsabilidad directa para ella por haber cumplido con sus obligaciones en materia de Seguridad Social, y ello o pese a que ya no están vigentes los preceptos que anteriormente lo proclamaban con rotundidad, y «aunque no existiera, resulta evidente que la empresa debe ser demandada en los procesos de accidentes de trabajo, dada su condición de titular de la relación triangular jurídico-material de aseguramiento, que está siempre en la base de una controversia como la presente. Es cierto que su interés en su solución solo sería inequívocamente evidente y directo si hubiera incumplido las obligaciones que al respecto le imponen las normas de S. Social. Pero también lo es que, aunque haya actuado correctamente, las consecuencias que se deriven de la sentencia que recaiga en este proceso, no le afectarían sólo de modo indirecto o reflejo, como precisa la jurisprudencia para excluir la existencia del litisconsorcio pasivo necesario; le vincularían con tal real intensidad, que su ausencia en este proceso podría lesionar grave e irreparablemente su legítimo derecho de defensa, ínsito en el derecho fundamental a la judicial efectiva o, en el mejor de los casos, podría dar lugar a las sentencias contradictorias que el litisconsorcio pasivo necesario pretende eludir» (Sentencia TS, Sala de lo Social, nº S/S, de 16/07/2004, Rec. 4165/2003).
    1. En la misma forma que no puede negarse que la empresa está legitimada para recurrir una declaración sobre prestación – Viudedad- derivada de enfermedad profesional, aunque hubiese sido absuelta, porque «la llamada de la empresa al proceso por contingencias profesionales responde a que… la cobertura de estas contingencias … se produce como consecuencia de una responsabilidad del empresario cuya cobertura asume la entidad gestora o colaboradora… Por ello, en la condena a la aseguradora en estos procesos ha de entenderse implícita una condena al empresario responsable de la contingencia profesional; condena que … puede tener consecuencias en otros procesos sobre responsabilidades distintas de las que se sustancian en los procesos de Seguridad Social [indemnización adicional por culpa, recargo…] al margen de las responsabilidades que pueda entrañar en el caso concreto que se enjuicia, evidentemente comporta el reconocimiento y declaración judicial de la concurrencia de unas circunstancias en el desarrollo de la actividad laboral en el seno de la empresa que, sin duda alguna, afectan al interés empresarial en la materia que se enjuicia» (Sentencia TS, de 20/05/2009, Rec. 2405/2008)”[6].

5.- La encrucijada en la que se encuentra el actual sistema de seguridad social debido a la falta de crédito para pagar las pensiones, las posibles consecuencias, las soluciones que se están barajando desde las instituciones con competencias en la materia.

Hay que destacar en primer lugar lo siguiente:

“¿Llegaré a cobrar pensión cuando me jubile? ¿Cuánto me quedará? ¿A qué edad podré hacerlo? Estas son preguntas que todo el mundo se ha hecho alguna vez y que La Tribuna pone hoy sobre la mesa con una cuestión añadida: ¿Es viable el modelo actual de pensiones en España?  

Para hablar de todo ello tres son los expertos reunidos por este diario, Luis Vadillo, director del Instituto BBVA Pensiones, José Luis García Núñez, presidente del Grupo Adade, y Vicente Jesús Salcedo, economista y asesor laboral, y una es su respuesta a los dos primeros interrogantes planteados: Sí habrá pensiones, pero estas serán más bajas.
«Pensiones habrá, pero de menor cuantía», arranca García Núñez.  Es más, esta bajada del neto a cobrar ya habría comenzado a notarse. «Alguien que con la antigua normativa cobraría 1.200 euros, hoy, con las mismas condiciones, estará en los 900 al mes», explica.
La ecuación está clara: menos cotizantes y salarios más precarios unido a un incremento significativo del número del número de pensionistas en la próxima década, da como resultado que la caja de las pensiones tenga menos dinero y que éste se tenga que repartir entre más gente. A lo que hay que añadir, como apunta Vadillo, variables como la mayor longevidad de la que ahora disfruta España y una tasa de natalidad de las más bajas del mundo.

Incertidumbre que se respira en la calle. Tanto es así, que la sostenibilidad del sistema está entre las tres principales preocupaciones para más de un tercio de los españoles, según el CIS. «La  gente tiene miedo de perder su pensión», asegura García Núñez, tanto que muchas personas «prefieren jubilarse ahora cobrando menos porque dentro de año y medio dicen que no saben qué va a pasar».

«Debemos prepararnos», advierte en este sentido el responsable del Instituto BBVA Pensiones, apuntado al «ahorro», sea del tipo que sea, como principal vía para garantizar a futuro una renta digna tras la jubilación.

Como reconoce, «ahorrar es duro», pero es necesario un cambio de mentalidad, sobre todo entre los más jóvenes. «Quizá el término pensión suene rancio», pero «todos llevamos un viejo dentro» y antes o después nos llegará la hora de la jubilación, añade.
Un concepto de ahorro sobre el que hay que educar, especialmente a las nuevas generaciones, indica el presidente del Grupo Adade. «Pensar que el Estado me va a mantener en los mismos términos que hoy es absolutamente inviable», «tenemos que tener mentalidad de ahorro» y «comenzar a hacer una mochila» desde el momento en el que se accede al mercado laboral, incide García Núñez.

«Es mucho esfuerzo ahorrar 100 euros al mes de un sueldo de 900,  pero tengo que ser consciente de que tengo que quitarme de algo y pensar en el futuro», concluye. En este sentido, considera que falta educación financiera en las escuelas.

Por su parte, el economista Vicente Salcedo aboga también por «incentivar más» los planes de pensiones privados. Especialmente ante la entrada de la generación ‘Baby Boom’ en el horizonte de la jubilación a partir de la próxima década. Algo que, a su juicio, va a provocar «una merma en las prestaciones» irremediablemente. Se trata, como insiste, de «compensar» con alternativas como los planes de pensiones este «desfase» que sí o sí va a llegar, ante el aumento progresivo de los no activos. Más aún cuando a día de hoy apenas hay ya 2,18 cotizantes por cada jubilado.

Salcedo abre una nueva rama de debate, el de las pensiones no contributivas (básicamente viudedad y orfandad). Su apuesta es sacarlas de las ‘caja’ de la Seguridad Social y financiarlas vía Presupuestos Generales del Estado o «con nuevos impuestos».

En este punto, García Núñez va más allá y avisa de que, o es con impuestos, «o no tenemos forma de pagar estas pensiones». «Estamos vaciando todos los posibles recursos que tenemos», señala, desde la ‘caja de las pensiones’ a los fondos de las mutuas de trabajo””[7].  

Por otro lado, en relación con la bolsa de las pensiones, hay que decir que “la recuperación de los niveles de producción previos a la crisis se ha conseguido con un volumen de empleo muy inferior. Si añadimos que la precarización de los empleos y de los salarios, sobre todo para los más jóvenes, está siendo galopante, no es fácil imaginar que la masa salarial remonte en España su participación en el PIB a niveles previos a los de 2008.

Ambas tendencias (mayor producción con menor, y peor, empleo) no son una novedad, aunque sí lo es el que se estén acelerando con la llamada economía 4.0 y lo digital. Y las previsiones de futuro son, con pocas dudas, que esa será la estrategia competitiva de cada país en ausencia de una gobernanza de la globalización que se enfrente a los grandes conglomerados financieros y empresariales transnacionales.

Todo ello coincide, y está provocando, una laminación de los ingresos del sistema de Seguridad Social que gestiona las pensiones en España. Un sistema público y de reparto, conviene aclararlo, que nada tiene que ver con un sistema de capitalización. Pues en nuestro sistema con las cotizaciones sobre los salarios actuales (mensuales y del año en curso) se pagan las pensiones. En un pacto intergeneracional en el que ahora nosotros pagamos vuestras pensiones, porque en el futuro otros pagarán las nuestras.

Ese nosotros de cotizaciones sobre los salarios actuales, por un 25% de ellos y la mayor parte ingresada por cada empresa, es un sistema ajustado a una economía intensiva en empleo. Pero es un sistema que se corta la hierba bajo sus pies cuando el empleo y los salarios están en declive estructural. 

Una insuficiencia estructural de ingresos (agudizada por la creciente carga de pagos a realizar cada año) que se palia con recortes en la cuantía de las pensiones y con el retraso de la edad de jubilación, mientras el mal de fondo prosigue. Es así paradójico que, al mismo tiempo que el PIB crece y alcanza cifras históricas, cada año la capacidad de financiar las pensiones sea menguante”[8]

6.- Propuestas desde de Europa para asegurar el pago de pensiones y demás prestaciones de la Seguridad.

En primer lugar, se va a hacer una introducción histórica. Hay que destacar en este primer punto que “El Estado de bienestar se ha definido básicamente como un conjunto de instituciones públicas proveedoras de servicios sociales, dirigidas a mejorar las condiciones de vida y a promocionar la igualdad de oportunidades de sus ciudadanos. Conceptos amplios como el de Estado de bienestar suelen determinarse por construcciones teóricas situadas más allá de las coordenadas del espacio y del tiempo. Sin embargo, la dimensión histórica y los referentes territoriales son atributos esenciales para la comprensión de la gestación, el desarrollo y la transformación de los modernos Estados de bienestar. Sistemas culturales, legados institucionales, arenas políticas y marcos organizativos son áreas cruciales por analizar.

El Estado de bienestar se ha implantado de acuerdo con sus capacidades de procuración de servicios sociales. Históricamente los poderes públicos estatales fueron asumiendo funciones tradicionalmente desempeñadas por los concejos municipales o las iglesias. Tal era la situación previa a la promulgación, a partir de 1834, de la New Poor Law en el Reino Unido. Para algunos historiadores, dicha fecha marcó los inicios de la construcción de los sistemas contemporáneos del bienestar. La legislación británica estructuró un sistema de ayuda para los pobres, que hasta entonces habían estado a merced de la caridad de iglesias e instituciones benéficas. Entre otras finalidades se pretendía establecer un marco jurídico estable y funcional que beneficiara a los trabajadores más necesitados.

En el año 1883 se llevaron a cabo los primeros programas estatales de previsión social en la Alemania de Bismarck.1 En su legislación se establecieron las bases de la seguridad social moderna bajo el principio contributivo, mediante el cual se financiaba obligatoriamente un sistema básico de previsión social. Los trabajadores pasaron a ser considerados sujetos de derechos y obligaciones, y no pobres potenciales que tan sólo podían recurrir a ayudas estatales contingentes en caso de pérdida del empleo (Flora y Heidenheimer, 1981).

La Alemania prusiana fue la primera en llevar a cabo una iniciativa estatal de protección social de “arriba hacia abajo”. La intervención estatal se instrumentalizó mediante la promoción de élites de burócratas y de políticas de racionalización administrativa con el fin de garantizar la estabilidad social y de legitimar el orden constitucional. Con posterioridad se produjeron en Europa diversas institucionalizaciones como resultado de la acción de un conjunto de movilizaciones populares, propuestas intelectuales y coaliciones de clases.

La obligatoriedad del sistema de seguridad social en el marco de un Estado social de derecho fue el elemento clave que posibilitó su consolidación y su apoyo legitimador por parte de empresarios, trabajadores y servidores públicos o funcionarios. En su inicio, la motivación fundamental de la política bismarckiana fue la neutralización política de las organizaciones emergentes de trabajadores, políticamente más radicalizadas y, gradualmente, mejor organizadas. Pero el seguro social supuso la eliminación de incertidumbres para considerables sectores de los obreros, y un mayor bienestar para aquellos que le otorgaron su apoyo. El origen histórico de la seguridad social indica, por tanto, una conjunción de intereses diversos, tales como los relativos a la estabilidad política de parte de gobernantes y líderes sociales y económicos, y a la satisfacción de las demandas populares de justicia y protección social.

Los sistemas de seguros contributivos de finales del siglo XIX marcaron el inicio de una intervención estatal destinada a garantizar la seguridad social a las clases asalariadas. Sus primeros beneficiarios, por tanto, fueron obreros carentes de protección frente a la explotación y las necesidades vitales más apremiantes. Mediante el pago de cotizaciones a fondos de seguros sociales de previsión se posibilitaba disponer de dinero para cubrir situaciones de riesgo como la enfermedad, la vejez o la viudez. De manera general conviene reiterar que los modernos sistemas de protección social han tenido su génesis y localización geográfica en la Europa contemporánea. El Estado de bienestar es, por consiguiente, una invención europea, cuya característica institucional más notable es el establecimiento (vía contributiva o fiscal general) de mecanismos obligatorios de solidaridad entre los ciudadanos.

A finales de la década de 1920 habían sido introducidos programas de seguros de enfermedad en 22 países europeos. En Estados Unidos, tras los efectos sociales devastadores de la Gran Depresión de finales de esa década y principios de la de 1930, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt auspició planes extensivos de protección social en su política del New Deal, que fructificaron en la aprobación legislativa de la seguridad social en 1935 (Social Security Act).2 Posteriormente, una serie de programas sociales menos comprensivos y la carencia de un sistema nacional de salud pública han configurado el welfare estadounidense como un modelo de “mínimos” dentro del modelo llamado “anglosajón”.

En el periodo de entreguerras, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) subrayó la importante capacidad de legitimación social de los programas de seguros, como los relativos a la enfermedad, la incapacidad laboral, el desempleo o las pensiones de vejez. El Informe Beveridge, publicado en el Reino Unido en 1941, proclamó el principio de cobertura universal de la seguridad social para todos los ciudadanos “desde la cuna hasta la tumba” (from cradle to grave), y con cargo a los presupuestos generales estatales financiados por todos los contribuyentes. Entre otras, sus recomendaciones se plasmaron en la constitución de un servicio nacional de salud gratuito y universal (National Health Service).

La universalización de políticas sociales y su gran desarrollo merced a sólidas alianzas entre proletarios y campesinos (Suecia), o entre clase obrera y muchos sectores de la clase media de trabajadores cualificados (Reino Unido), propició un modelo de protección social que se ha considerado como “auténtico” Welfare State de acuerdo con las propuestas de Beveridge. Tal representación, sin embargo, no está ajustada a la realidad, ya que oculta la existencia anterior de sistemas y estructuras constitutivas de lo que también se ha denominado como “Estado social” (Flora, 1986-1987).

En este debate subyace la definición del propio concepto de bienestar social, el cual ha sido construido mediante la cuantificación de los efectos producidos por las políticas sociales públicas. Los investigadores del welfare han recurrido con frecuencia a medir los niveles de desigualdad de las rentas como expresión de mayores o menores niveles de bienestar de los ciudadanos. También se ha propuesto el concepto de “desmercantilización”3 (decommodification) como medida sintética para evaluar el bienestar social de los ciudadanos (Esping-Andersen, 1990). En cualquier caso, la relación conceptual entre bienestar social y capacidades y necesidades humanas debe ser establecida como fundamento moral de la satisfacción vital (well-being) de los ciudadanos (Doyal y Gough, 1991).

El uso de bienestar (welfare) en una acepción distinta a la de procurar la satisfacción vital de los ciudadanos (well-being), o la consideración de ambas palabras como sinónimas, ha generado y sigue generando no pocas confusiones. En concordancia con algunas de las ideas de John Maynard Keynes, el Estado de bienestar ha sido también concebido funcionalmente como garante de estabilidad macroeconómica. Es así como el desarrollo del Welfare State ha pretendido coadyuvar al mantenimiento de la demanda interna y al crecimiento productivo de las economías nacionales. Éste es uno de los aspectos subvalorados a menudo en los estudios sobre el Estado de bienestar, pero cuya importancia ha sido capital en la consolidación del consenso que facilitó el crecimiento económico sostenido de las democracias industriales occidentales después de la Segunda Guerra Mundial y, en especial, durante el periodo de la “época dorada” del desarrollo del capitalismo de bienestar.4 De acuerdo con una perspectiva macroeconómica keynesiana, cabe asociar la consolidación de los Estados de bienestar con la puesta en vigor de políticas económicas de estímulo a la demanda por parte del sector público (Mishra, 1992).

Tras la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de las políticas económicas se orientó a facilitar el pleno empleo, lo que contó con el concurso activo del soporte familiar. Pero ambas dimensiones —laboral y familiar— han experimentado importantes transformaciones en los últimos decenios. Por una parte, los procesos de globalización de la economía, de declive industrial tradicional y de creciente protagonismo del sector servicios, han afectado a los mercados laborales; por la otra, las estructuras familiares se han modificado como consecuencia de factores tales como el envejecimiento poblacional, la progresiva incorporación de la mujer al trabajo remunerado y las nuevas pautas familiares y de composición del hogar. Además, las crisis fiscales y la erosión del consenso ideológico en torno a las políticas sociales han ejercido una presión añadida sobre los Estados de bienestar”[9].

También hay que tener en cuenta el artículo 41 de la Constitución. En análisis de este mismo artículo, hay que destacar lo siguiente para entender el Pacto de Toledo, previsto para garantizar las pensiones, y cuya aplicación los políticos se empeñan en incumplir:

El Pacto de Toledo

1. El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 15 de febrero de 1994, aprobó la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Catalán-CiU, por la que se creaba una ponencia, en el seno de la Comisión de Presupuestos, con la finalidad de elaborar un informe, en el que se analizarían los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y se indicarían las principales reformas que deberían acometerse en los próximos años, para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones y evitar mayores déficits públicos en los Presupuestos del Estado. Este informe incluiría un conjunto de recomendaciones y debería ser presentado, previos los trámites reglamentarios pertinentes, al Gobierno para su aplicación. El 2 de marzo de 1994 se constituyó la correspondiente ponencia , integrada por los representantes de los distintos grupos parlamentarios con presencia en la Cámara (Socialista, Popular, Izquierda Unida-Esquerra per Catalunya, Catalán-CiU, Vasco-PNV, Coalición Canaria y Mixto). La Comisión de Presupuestos aprobó el Informe de la Ponencia el 30 de marzo de 1995 y el Pleno en su sesión de 6 de abril de 1995, aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión. Así pues, el acuerdo aprobado por el Congreso de los Diputados se concreta en el Informe para el análisis de los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse, (conocido como el Pacto de Toledo).

2. El Pacto de Toledo, fruto del consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, se fraguó, como es sabido, con el  objetivo fue hacer viable financieramente el actual modelo de reparto y solidaridad intergeneracional de Seguridad Social y continuar avanzando en su perfeccionamiento y consolidación. Se trata de un acuerdo parlamentario que, además de ser un hito importante en el proceso de reformas y consolidación del sistema público de pensiones, forma parte ya del acervo cultural y político de nuestro país. La puesta en práctica de sus recomendaciones (a la que ya se ha aludido en el apartado sobre evolución legislativa del sistema de Seguridad Social) se inició con un proceso previo de negociación y acuerdo con los agentes sociales. Según la evaluación hecha por las fuerzas políticas parlamentarias ocho años después de su concertación, (i) las recomendaciones del Pacto de Toledo conservan, ocho años después de ser concertadas, plena vigencia, tal como puede comprobarse si se contrastan con las que ahora se han convertido en las orientaciones europeas para abordar las reformas de los sistemas de pensiones, (ii) los propósitos del Pacto se corresponden íntegramente con los tres apartados aprobados por el Consejo Europeo de Laeken de diciembre de 2001, sobre adecuación de las pensiones, viabilidad financiera y  modernización de los sistemas y (iii) por último, sus recomendaciones coinciden, casi una por una, con los objetivos comunes establecidos por dicho Consejo para desarrollar el llamado “método abierto de coordinación” en materia de pensiones.


3. Según la Ponencia redactora del Informe en que se plasma el denominado Pacto de Toledo, “el camino que señala la lógica y la racionalidad es el de consolidar y hacer viable el modelo actual con las intervenciones legislativas que hagan posible al tiempo, que el incremento del gasto se realice armónicamente con los crecimientos de la economía nacional y que los beneficios que proporciona el sistema se hagan en términos de equidad y atendiendo a las nuevas necesidades de la sociedad”. En suma, la Ponencia abogaba por hacer financieramente viable el modelo de Seguridad Social vigente y continuar avanzando en su perfeccionamiento y consolidación, a través de la articulación de un sistema público de prestaciones económicas que comprendiese:

(i) una modalidad de prestaciones económicas de carácter público y obligatorio, que constituye el núcleo esencial del sistema.
(ii) una modalidad no contributiva, dirigida a ciudadanos que se encuentren en situación de necesidad por razones de edad, enfermedad o cargas familiares y cuya función debe ser la de mitigar las consecuencias de los estados de necesidad, y
(iii) las prestaciones complementarias de naturaleza libre y gestión privada, a las que pueden acceder quienes voluntariamente deseen completar las prestaciones del sistema público.

4. Sobre esta base, las recomendaciones de la Ponencia, contenidas en el Informe aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, eran las siguientes:

1) Separación y clarificación de las fuentes de financiación (la financiación de las   prestaciones de naturaleza contributiva dependerá básicamente de las cotizaciones sociales, mientras que la financiación de las prestaciones no contributivas y universales, exclusivamente de la imposición general).
2) Constitución de reservas (que atenúen los efectos de los ciclos económicos).
3) Mejoras de las bases (que deberán coincidir con los salarios reales, con aplicación gradual de un único tope máximo de cotización para todas las categorías laborales, que fija el tope de aseguramiento del sistema público de protección).
4) Financiación de los Regímenes Especiales (bajo el criterio de que a igualdad de acción protectora, debe ser también semejante la aportación contributiva).
5) Mejora de los mecanismos de recaudación y lucha contra la economía irregular.
6) Simplificación e integración de Regímenes Especiales.
7) Integración de la gestión.
8) Evolución de las cotizaciones (con una reducción de las cotizaciones sociales, lo que supondrá un elemento dinamizador del empleo, condicionada al mantenimiento del equilibrio financiero del sistema contributivo).
9) Equidad y  carácter contributivo del sistema (se propone que, a partir de 1996, las prestaciones guarden una mayor proporcionalidad con el esfuerzo de cotización realizado y se eviten situaciones de falta de equidad en el reconocimiento de las mismas).
10)  Edad de jubilación (que debe ser flexible, gradual y progresiva).
11) Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones (mediante la revalorización automática de las mismas, en función de la evolución de los índices de precios al consumo y a través de fórmulas estables).
12) Reforzamiento del principio de solidaridad.
13) Mejora de la gestión.
14) Sistema complementario (de carácter voluntario, a través de sistemas de ahorro y protección social, tanto individuales como colectivos, que tengan por objeto exclusivo mejorar el nivel de prestaciones que les otorga la Seguridad Social pública).
15) Análisis y seguimiento de la evolución del sistema (y así se propone que el Congreso de los Diputados cada cinco años cree una Ponencia que estudie el presente y el futuro del sistema de Seguridad Social como garantía de continuidad del mismo).

5. El 25 de junio de 1996 se constituyó nuevamente por parte del Pleno del Congreso de los Diputados, la Ponencia sobre el Pacto de Toledo, con la idea de mantener una política de consenso en materia de protección social.

6. En el comienzo de la VII Legislatura se creó la Comisión no Permanente para la valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las Recomendaciones del Pacto de Toledo, para abordar (i) la suficiencia de las actuales fuentes de financiación del sistema de pensiones, (ii) la conveniencia de crear sistemas complementarios de capitalización (fondos de inversión, seguros privados, mutualismo…) y (iii) las medidas a adoptar ante los cambios demográficos que se proyectan sobre la población española (envejecimiento de la población, prolongación de la esperanza de vida, crecimiento de la inmigración)

El Informe redactado por la Comisión no permanente (BOCG 2 de octubre de 2003) tiene como objetivos principales  (i) valorar los resultados de la aplicación de las quince recomendaciones del Pacto de Toledo, y (ii) perfilar las modificaciones más adecuadas que deben introducirse en el actual sistema de pensiones.

En cuanto al desarrollo de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la Comisión emitió las siguientes recomendaciones, en el contexto del citado informe:

Respecto a 1), que hay que incluir en el programa de estabilidad, al hacer las previsiones sobre la posible evolución del gasto en pensiones, la del tipo de cotización preciso para financiar tal gasto, así como clarificar el balance económico patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social, de tal forma que no se generen efectos negativos sobre el equilibrio presupuestario.

Respecto a 2), que hay que seguir garantizando que las ganancias de poder adquisitivo que puedan derivarse de una inflación real inferior a la prevista se consoliden con carácter permanente en las pensiones.

Respecto a 3), que los excedentes que se produzcan, en su caso, se destinen fundamentalmente a seguir dotando el Fondo de Reserva de la Seguridad Social sin límite alguno.

Respecto de 4), que es preciso establecer una protección social equiparable entre los diferentes Regímenes Especiales y seguir avanzando en el proceso de reconocimiento de la categoría de trabajadores autónomos en aras a conseguir su progresiva equiparación al Régimen General de la Seguridad Social.

Respecto a 5), que hay que aproximar las bases de cotización a los salarios realmente percibidos.

Respecto a 6), que las iniciativas sobre las bonificaciones en las cotizaciones sociales han de considerar el estímulo del empleo estable e indefinido.

Respecto a 7), que es necesario alcanzar una gestión de carácter integral del sistema de Seguridad Social.

Respecto a 8), que hay que seguir potenciando la eficacia gestora del sistema  a través de una mayor integración orgánica y racionalización de las funciones de afiliación, recaudatorias y de gestión de prestaciones.

Respecto a 9), que es preciso seguir luchando de forma decidida contra la economía irregular y contra el uso inadecuado de la filiación al régimen de autónomos por trabajadores respecto de los cuales se dan las características de trabajo ajeno y dependiente propias de la relación laboral.

Respecto a 10), que hay que seguir reforzando el principio contributivo como elemento básico para preservar el equilibrio financiero del sistema.

Respecto a 11), que hay que tratar de que la edad real de jubilación se aproxime cada vez más a la edad legal de jubilación, que es 65 años, actualmente voluntaria.

Respecto a 12), que es preciso reformular de manera integral las prestaciones de supervivencia para cubrir de forma efectiva las necesidades familiares que se producen como consecuencia del fallecimiento de una persona y mejorar sustancialmente las actuales prestaciones de viudedad de las personas que no disponen de otros ingresos, en especial los mayores de 65 años.

Respecto a 13), que hay que mantener el principio de cuantías mínimas para las diferentes modalidades de pensión y seguir avanzando en la mejora de las pensiones más bajas del sistema contributivo.

Respecto a 14), que hay que seguir ahondando en las políticas que permitan avanzar hacia un sistema complementario de asistencia y prestaciones externo a la Seguridad Social.

Las recomendaciones adicionales de la Comisión giran entorno a:

a. Nuevas formas de trabajo y desarrollo profesional, donde se apuesta por estudiar la situación de los trabajadores afectados por las nuevas formas de organización del trabajo, en especial, la extensión del trabajo a tiempo parcial, la incidencia del empleo temporal, o las nuevas posibilidades de compatibilidad entre salario y pensión o subsidio y se insta a prever con antelación la existencia de carreras profesionales de carácter irregular en las que se alternan periodos con cotizaciones con situaciones de no participación en el mercado laboral.

b. Mujer y protección social, donde se estima conveniente que nuestro sistema  responda más adecuadamente a los retos que plantean los cambios del modelo familiar en España, se  insta a remover cuantos obstáculos sigan existiendo para una equiparación de los salarios realmente percibidos a igual trabajo realizado por hombres y mujeres, se considera un objetivo prioritario seguir avanzando en las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar y se considera necesario abordar las situaciones creadas por nuevas realidades familiares asociadas a la separación o al divorcio de las parejas.

c. Dependencia, donde se estima necesario configurar un sistema integrado que aborde, desde la perspectiva de la globalidad, el fenómeno de la dependencia.

d. Discapacidad, y aquí se recomienda, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución, prestar una atención especial a los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales para el disfrute de sus derechos en la materia, evitando cualquier tipo de discriminación y fomentando su plena integración laboral y social, e

e. Inmigración, donde han de arbitrarse las medidas oportunas para que la afluencia de ciudadanos de otros países se realice de modo que se garantice su incorporación al mercado de trabajo y al sistema de protección social con plenitud de derechos y obligaciones.

7. Al comienzo de la VIII legislatura se constituyó de nuevo una Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo y, en base a ello, estudiar su desarrollo de futuro, dentro de los criterios de estabilidad, sostenibilidad e igualdad de prestaciones para toda España, que permita garantizar la continuidad en la mejora del nivel de bienestar de nuestros pensionistas, con especial atención a las pensiones de menor cuantía.

Ya en la IX Legislatura nuevamente la Mesa de la Cámara en su reunión del día 22 de abril de 2008, previa audiencia a la Junta de Portavoces acordó la creación de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. Esta Comisión aprobó su Informe el 29 de diciembre de 2010, que fue sometido al Pleno del Congreso de los Diputados y asimismo aprobado el 25 de enero de 2011. Las recomendaciones de la Comisión, últimas aprobadas hasta la fecha de la redacción de este comentario, han sido las siguientes:

1. Que es necesario separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social. La Comisión constata que el legislador ha procedido a la clarificación de las distintas fuentes financieras en función de la naturaleza de las prestaciones. Una vez efectuada la clarificación no ha sido culminada la separación de fuentes de financiación, pues queda por concluir la completa asunción con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de la financiación de los complementos de mínimos. Sin ello no se cerrará la premisa, reiterada por el Pacto de Toledo desde 1995, de que las prestaciones no contributivas han de ser financiadas, exclusivamente, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

2. Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones. La Comisión, como ha venido haciendo en el pasado, defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones en el futuro. La sostenibilidad del sistema exige que sólo se financien con cargo a los recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, y que toda subida por encima del IPC (o del índice que, en su caso, pudiere adoptarse) sea sufragada con cargo a otros recursos financieros. Resulta conveniente estudiar (para su posterior análisis y valoración por la Comisión) la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social, siendo recomendable que se tengan en cuenta los efectos que dichos índices han tenido sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en los países de nuestro entorno. La Comisión considera que el Real Decreto-ley 8/2010 -adoptado en un contexto de medidas de ajuste fiscal y presupuestario- en el que se contempla la suspensión, durante 2011, de la revalorización de las pensiones, con la excepción de las pensiones mínimas y las no contributivas, no se ha realizado de acuerdo con las recomendaciones del Pacto de Toledo.

3. Fondo de reserva. La Comisión pone de manifiesto, una vez más, la importancia que tiene para España el Fondo de reserva de la Seguridad Social. Los excedentes de la Seguridad Social, sin límite alguno, deben seguir incrementando la dotación total del Fondo de reserva.

4. Financiación, simplificación e integración de regímenes especiales. La Comisión considera necesario culminar el proceso de simplificación en orden a la existencia de dos grandes regímenes en los que queden encuadrados, por un lado, los trabajadores por cuenta ajena y, por otro lado, los trabajadores por cuenta propia. Dentro de este contexto sería oportuno alcanzar una protección social equiparable entre estos dos regímenes. En la línea anteriormente descrita, la Comisión recomienda continuar avanzando en la plena equiparación de los derechos de los trabajadores autónomos con los derechos de los trabajadores del Régimen General; en especial, en materia de incentivos para promover la continuidad de su actividad profesional, en materia de jubilación anticipada y en materia de trabajo a tiempo parcial. La Comisión estima necesario adoptar las medidas oportunas para ampliar la cotización al sistema de Seguridad Social por cualquiera de los trabajos realizados en todos los sectores de actividad económica. Esto supondría extender la posibilidad de cotizar al conjunto del colectivo de becarios de postgrado, así como la inclusión, a través de un sistema ágil y sencillo, de todas las personas sujetas al Régimen Especial de trabajadores al servicio del hogar familiar, a partir de cualquier trabajo periódico. En particular sería conveniente terminar la integración definitiva de los siguientes regímenes especiales: Agrario por cuenta ajena, de los trabajadores del Mar y de los trabajadores al servicio del hogar familiar. Para conseguirlo deberán respetarse periodos graduales de integración, atendiendo a las especialidades de los sectores de población acogidos a ellos. En esta línea, la Comisión está a favor de que se avance en el proceso de convergencia y armonización entre el Régimen General y el Régimen de Clases Pasivas, que deberá hacerse de manera gradual y sin afectar a expectativas de derechos, ni a derechos legítimamente adquiridos.

5. Adecuación de las bases y períodos de cotización. La Comisión considera necesario ajustar, con más precisión, la relación entre el salario real y las bases de cotización así como, paralelamente, mejorar las prestaciones que se recibirán. A los efectos indicados, resultaría pertinente elevar el tope máximo de cotización y la pensión máxima que se regulan en la Ley para garantizar la adecuada correlación en la evolución de salarios, cotizaciones y prestaciones.

6. Incentivos al empleo. Los incentivos a la contratación, a través de bonificaciones y reducciones en las cotizaciones sociales, pueden ser un instrumento útil para favorecer la incorporación o permanencia en el mercado de trabajo de personas con dificultades de acceso o en situaciones de riesgo de expulsión de aquél. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que una política de incentivos generalizados puede hacer perder parte de la eficacia de los mismos sobre la generación de nuevo empleo o su mantenimiento. En este sentido, a juicio de la Comisión, el sistema de bonificaciones debe concentrarse en las situaciones y colectivos cuyo empleo se persigue favorecer de forma especial. La Comisión advierte de las negativas consecuencias que para la protección social de los jóvenes tienen la persistente temporalidad y precarización de sus condiciones de trabajo, así como sus elevados índices de rotación, dado que ello impide la acumulación de carreras de cotización mínimamente prolongadas y, por consiguiente, determina futuras pensiones de jubilación de escasa cuantía.

7. Modernización e información al ciudadano. La Comisión constata el esfuerzo que se ha hecho para modernizar la Seguridad Social y aprecia los avances efectuados en este campo.Sin embargo, la Comisión considera que, en materia de información al ciudadano, es necesario, además, concienciar a cada cotizante de la importancia medular que tiene la carrera de cotización sobre su futura pensión de jubilación y de la naturaleza solidaria del sistema. A tal fin, al menos una vez al año, todo cotizante debe recibir en su domicilio información puntual sobre estas cuestiones; en concreto, será informado -en cuanto sea posible- de la pensión aproximada que, de mantenerse constantes sus circunstancias de cotización, percibiría tras su jubilación, lo cual debe servir de mecanismo de concienciación sobre sus posibilidades económicas en el futuro, así como sobre la relación entre su salario actual y la pensión que le correspondería.

8. Gestión del sistema. La eficacia y legitimidad del sistema de la Seguridad social también está relacionada con una gestión que responda, adecuadamente, con agilidad y de forma simplificada, a las demandas de los ciudadanos. Por ello, la Comisión mantiene la conveniencia de potenciar la mejora de la gestión, a través de la integración de las funciones de afiliación, recaudatorias y de gestión de prestaciones, teniendo en cuenta, a su vez, el nuevo marco competencial que sobre la Seguridad Social regulan los diferentes estatutos autonomía. Además, la Comisión considera adecuado el desarrollo de un mecanismo unitario de gestión, desde el que se garantice, no sólo la oportuna simplificación, racionalización, economía de costes y eficacia social, sino la más efectiva aplicación de los principios de solidaridad, igualdad y equidad que informan el sistema español de Seguridad Social.

9. Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. La Comisión considera de gran relevancia la función que desempeñan las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales como asociaciones, sin ánimo de lucro, debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo, constituidas por empresarios que asumen, en los términos legalmente previstos, una responsabilidad mancomunada cuyo principal objeto reside en colaborar en la gestión de la Seguridad Social. La Comisión defiende la adopción de medidas que mejoren la eficacia y el control de las Mutuas, que modernicen su funcionamiento y que lo doten de mayor eficiencia gestora, sin menoscabo de su naturaleza jurídica.

10. Lucha contra el fraude. El acceso indebido a la protección social y las conductas fraudulentas para poder percibirla, además de sus implicaciones en el coste para el sistema, constituyen un elemento grave de deslegitimación social. Por ello, la Comisión insiste en la necesidad de seguir avanzando en la adopción de medidas destinadas a mejorar el control de la correcta percepción de las prestaciones. A este respecto la lucha contra el fraude debe comportar la aprobación de planes conjuntos entre Seguridad Social, Servicios Públicos de Empleo, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Instituciones Tributarias Forales y Ministerio del Interior que, por un lado, favorezcan la afloración de la economía sumergida y, por otro, sirvan para perseguirla y para erradicar las empresas ficticias creadas para la generación fraudulenta de prestaciones. La Comisión considera que deben potenciarse los mecanismos de colaboración y las posibilidades de control por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social y las Mutuas, en relación con los diferentes procesos de incapacidad, La Comisión entiende, por último, que deben reforzarse los instrumentos y medios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como el régimen de sanciones a los empleadores que no cumplan con sus obligaciones frente a la Seguridad Social, para lo cual deben adecuarse los tipos penales, la regulación de la prescripción en el caso de estructuras organizadas para la defraudación, el blanqueo de capitales, su ocultamiento en paraísos fiscales y otros delitos graves contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

11. Contributividad. La Comisión constata, en línea con los contenidos del Pacto de Toledo de 1995 y de 2003, la necesidad de reforzar el principio de contributividad, como elemento básico de preservación de la equidad y del equilibrio financiero del sistema. En ese sentido, resulta conveniente avanzar en una mayor adecuación entre la pensión y el esfuerzo de cotización realizado por cada trabajador, medida en la que están avanzando la mayoría de los países de nuestro entorno. La Comisión está a favor de que el cálculo de la pensión de jubilación -que, actualmente, se realiza sobre un porcentaje de la base reguladora a percibir por cada año cotizado, a partir del periodo mínimo exigido (15 años) de un 3% entre los 15 y 25 años de cotización, y de un 2% desde los 25 años en adelante- se modifique para responder a un esquema homogéneo de equiparación de los años cotizados, con un mismo porcentaje.

12. Edad de jubilación. La Comisión considera la prolongación de la vida laboral de los ciudadanos como un objetivo necesario y deseable; en este sentido, dado que el objetivo que se persigue es el de aumentar la edad real en la que los trabajadores abandonan el mercado de trabajo y teniendo en cuenta la evolución de la expectativa de vida después de los 65 años, la Comisión estima que es amplio el conjunto de medidas que se podrían adoptar para incrementar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. La Comisión entiende que es oportuna la modificación del régimen jurídico de la jubilación para conceder mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador, en orden a delimitar la cuantía de su pensión, favoreciendo así la aproximación de la edad real a la edad legal de acceso a ella. La Comisión constata que la jubilación anticipada se ha convertido, básicamente, en una fórmula de regulación del empleo. A juicio de la Comisión esta situación debe modificarse.La jubilación anticipada debería reservarse a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de cotización y, voluntariamente, opten por acogerse a ella. No obstante, mediante norma con rango de Ley, podrán establecerse mecanismos de jubilación anticipada en favor de colectivos que realicen actividades concretas -atendiendo a su especial penosidad, peligrosidad o insalubridad, y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad- así como en razón de su grado de discapacidad, cuando de forma generalizada y apreciable suponga una reducción de su esperanza de vida. La Comisión sostiene que es necesario incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación. A tal efecto, sería necesaria la adaptación y mejora de cuantos incentivos sociales, fiscales y laborales sean posibles para fomentar la permanencia de los trabajadores en activo. Es prioritario remover la normativa que fuerza a colectivos o personas a la jubilación obligatoria, en contra de sus deseos y capacidades. No debe establecerse un límite de edad para el trabajo en un régimen de libertades individuales y de derechos fundamentales. Asimismo, las políticas activas de empleo también deben estar orientadas a la recolocación de las personas de más edad y a su mantenimiento en situación activa. Pero la Comisión constata que no se ha alcanzado acuerdo alguno en materia de edad legal de jubilación, que ha sido uno de los temas del debate público en los últimos tiempos en España y en otros Estados de la Unión Europea.

13. Prestaciones de viudedad y orfandad. La Comisión propone la reformulación integral de las prestaciones por muerte y supervivencia -en especial viudedad y orfandad- en línea con lo ya demandado por el Pacto de Toledo en 2003, y que no ha sido llevado a término en su totalidad. Dicha reforma deberá atender, en todo caso, a mejorar las actuales pensiones de viudedad (en particular las de las personas mayores de 65 años en riesgo de pobreza) y orfandad. La Comisión defiende el mantenimiento del carácter contributivo de estas prestaciones, y entiende que la adopción de medidas que introduzcan criterios basados en condiciones específicas para el acceso a ellas (edad, renta, hijos, compatibilidades) no puede modificar dicha naturaleza básica. La intensidad protectora debe concentrarse en las personas beneficiarias de la pensión de viudedad, con 65 o más años, en las que la pensión constituye su principal fuente de ingresos, al objeto de garantizar una situación de renta equiparable a la existente antes del fallecimiento del cónyuge o conviviente.

14. Tratamiento fiscal de las pensiones. Se estima necesaria una reordenación del mismo para adecuarse a las nuevas realidades familiares, sociales y económicas, a fin de conseguir una mayor equidad, otorgando un tratamiento fiscal más favorable que el actual a las pensiones de incapacidad permanente y viudedad.

15. Solidaridad y garantía de suficiencia. La Comisión valora el esfuerzo que se ha realizado -desde que se acordó el Pacto de Toledo- en orden a incrementar los principios de solidaridad y de garantía de suficiencia, al tiempo que considera que tales principios han de seguir reforzándose siempre que las posibilidades económicas lo permitan. En línea con lo anterior, la Comisión está a favor del mantenimiento del principio de cuantías mínimas para las diferentes modalidades de pensión de nuestro sistema de seguridad social. Las mejoras que se establezcan para hacer efectivo el principio de suficiencia económica de las prestaciones deberán financiarse básicamente con cargo a la imposición general, como expresión de la solidaridad social. La Comisión defiende la revisión del conjunto de las prestaciones del sistema para adaptar aquellas que han podido perder su eficacia protectora (seguro escolar, auxilio por defunción, incapacidad permanente).

Asimismo, sería necesaria una reordenación integral de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, con el objetivo de mejorar su cobertura, establecer con más claridad el ámbito de sus prestaciones e introducir nuevos ámbitos de protección en orden a colmar lagunas de cobertura que se detectan en el sistema. Un ejemplo claro sería la creación de una prestación no contributiva de orfandad (hoy inexistente con carácter general) o una más adecuada regulación de las prestaciones familiares.

16. Sistemas complementarios. La Comisión sigue valorando positivamente que la protección social voluntaria, además de orientarse específicamente a un horizonte de ahorro a medio y largo plazo, sirva de complemento y mejora a las prestaciones de la Seguridad Social, salvaguardándose siempre el principio y las bases del sistema público de pensiones, y reafirmando que dichos sistemas complementarios tienen como objetivo el complementar y no el sustituir a las pensiones públicas. Para la consecución de estos fines, la Comisión mantiene su recomendación de dotar de estabilidad y garantizar la neutralidad del actual sistema de previsión social complementaria, así como de potenciar los sistemas complementarios de la Seguridad Social en el marco de la negociación colectiva. A este respecto, la Comisión constata el insuficiente grado de desarrollo de la previsión complementaria en España, así como la correlativa necesidad de seguir reforzándola.

En todo caso, las cantidades ingresadas en los fondos y planes de pensiones o a favor de entidades de previsión social voluntaria no podrán tener un tratamiento fiscal más favorable que la cuantía prevista como deducible en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o en la Ley del Impuesto sobre Sociedades por cotizaciones sociales, incluidas tanto las que son a cargo del trabajador, como las que corren por cuenta del empresario. Este límite no afectará a las cantidades que se pudieran aportar para la cobertura de situaciones de dependencia. Una de las medidas específicas a favor de los trabajadores autónomos podría ser la de crear planes de pensiones o planes de previsión asegurada específicos para los mismos, con la particularidad de que permitan la disposición anticipada en caso de cese de la actividad o la existencia de pérdidas durante un determinado periodo de tiempo. La Comisión está a favor de que las mutualidades de previsión social -en su condición de instrumentos de previsión complementaria sin ánimo de lucro- sean potenciadas con arreglo a criterios de colaboración con el sistema público, como instrumento diferenciado que ayude a la extensión de la previsión social en el ámbito empresarial y profesional.

17. Mujer y protección social. La Comisión constata que, en cumplimiento de, las recomendaciones de 2003, se han producido avances significativos en las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como en el ámbito de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, en términos de igualdad de género. La Comisión sostiene que se deben seguir removiendo aquellos obstáculos que dificulten el logro de una efectiva igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en relación con el empleo y la ocupación, una adecuada conciliación de la vida personal, familiar y laboral; y una incorporación e integración laboral acorde con las aspiraciones de las mujeres. La Comisión respalda la adopción de las medidas oportunas que garanticen la equiparación real de salarios entre hombres y mujeres, pues ello tiene una incidencia directa en los derechos generados, basados en unas cotizaciones que, a su vez, se calculan en proporción al salario percibido. A la vista de las anteriores constataciones, la Comisión está convencida de que ha llegado el momento de que el sistema evolucione y adopte medidas que reconozcan el esfuerzo asociado a esas circunstancias y -como ya hizo en 2003- reclama el impulso de los mecanismos que incorporen los periodos de atención y cuidado de los hijos o personas dependientes como elementos a considerar en las carreras de cotización. Todo esto debe hacerse como expresión de consideración social hacia la maternidad y, también, atendiendo a la importancia de la natalidad para el sostenimiento del sistema de pensiones en el futuro.

18.Discapacidad. La Comisión estima que el sistema de Seguridad Social constituye un instrumento de política social que debe contribuir, en mayor medida, a la plena inclusión de las personas con discapacidad. A tal fin, se han de intensificar los niveles de protección de las necesidades insuficientemente cubiertas de las personas con discapacidad y sus familiares, en materias tales como: Anticipación de la edad de jubilación de trabajadores con tipos de discapacidad que comporten menor esperanza de vida, asignaciones por hijo/a a cargo, orfandad, pensiones no contributivas, y convenios especiales. La Comisión entiende que debe flexibilizarse el régimen jurídico de las pensiones por incapacidad permanente, para moderar la incompatibilidad existente que obliga a elegir entre pensión o trabajo. Ello induce a las personas que han adquirido una discapacidad durante su vida laboral a optar por la pensión -y, consiguientemente, a permanecer en situación de inactividad- cuando podrían, en muchos casos, desarrollar una actividad laboral acorde con sus circunstancias.

La legislación de seguridad social no ha de expulsar a nadie del mercado de trabajo, sino que debe potenciar mecanismos de incorporación inclusiva que faciliten la plena autonomía de las personas con discapacidad.

19. Inmigración. La Comisión tiene clara la relevancia de una inmigración ordenada y legal que contribuya a la estabilidad futura de nuestro sistema de protección social, ayudando a mantener el crecimiento demográfico y la tasa de natalidad, y contribuyendo al desarrollo de nuestro mercado laboral mediante la incorporación de personas con plena capacidad para desarrollar sus responsabilidades. La Comisión considera que la Seguridad Social deberá adecuar esos procesos a través de mecanismos de gestión que den, sin menoscabo de garantía alguna, facilidades para la gestión de los trámites de contratación, afiliación e integración en el sistema.

20. Control parlamentario y tratamiento presupuestario de los recursos de la Seguridad Social.

La Comisión entiende que, dada la dimensión financiera y la complejidad jurídica de la Seguridad Social, ésta debe seguir siendo objeto del tratamiento presupuestario propio, mediante sección diferenciada, que viene recibiendo en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, así como que se ha de acomodar su tramitación parlamentaria a esa diferenciación, mediante un debate específico de dicha sección, desvinculándolo de la Sección 19 (Ministerio de Trabajo e Inmigración).

Además, resulta aconsejable -a juicio de la Comisión- la subdivisión de la actual Sección 60 (Seguridad Social) de los Presupuestos Generales del Estado para separar las pensiones y prestaciones económicas del Sistema de Seguridad Social, de las prestaciones sanitarias y sociales.

Asimismo, la Comisión recomienda que se dé un tratamiento presupuestario diferenciado al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para poder efectuar un control más detallado del mismo y para que se disponga de una información más precisa sobre su evolución. La Comisión estima que, dada la magnitud de sus recursos y su trascendencia social, el control parlamentario de la Seguridad Social debe realizarse en una comisión parlamentaria permanente con competencia legislativa. Ello abundará en un mejor seguimiento de la evolución económica, de los comportamientos sociales y de los procesos demográficos que la afectan. El Parlamento debería disponer, a los efectos arriba descritos, de recursos y medios adecuados, que serán adscritos específicamente a la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. Por otra parte, la Comisión considera conveniente establecer un control periódico por las Cortes Generales de los resultados de las actuaciones de control del fraude realizadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

21. Seguimiento, evaluación y reforma del Pacto de Toledo. Sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, la Comisión considera que es conveniente que, tras su aprobación por la Cámara, el Presidente del Congreso de los Diputados traslade formalmente las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión, a las organizaciones sindicales y empresariales que actúan como interlocutores sociales. Habiéndose acreditado durante estos últimos 15 años la continuidad que tiene la función de seguimiento, se estima que es necesario que la Comisión del Pacto de Toledo adquiera naturaleza de Comisión permanente. Este paso podría darse a partir de la próxima legislatura, en los términos que contempla el Reglamento del Congreso de los Diputados, de tal modo que la tarea de seguimiento continuaría siendo desarrollada, hasta que finalice la legislatura presente, en la misma forma que se ha venido haciendo hasta ahora. La Comisión valora positivamente el seguimiento y evaluación que se ha realizado en las dos ocasiones anteriores sobre la aplicación de las recomendaciones que el Congreso había ido aprobando en 1995 y 2003. Por ello, sigue considerando conveniente que el Congreso de los Diputados proceda, transcurridos al menos cinco años, a una revisión general del grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el mismo, mediante instrumentos parlamentarios específicos para ello.

9. En la XI Legislatura el Gobierno remitió al Congreso de los Diputados el Informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo 2011-2015 indicando el grado de cumplimiento de las diferentes recomendaciones recogidas en el citado Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo aprobado por el Pleno del Congreso el 25 de enero de 2011, describiendo los avances alcanzados respecto de la sostenibilidad y la adecuación de las prestaciones, los avances en la lucha contra el fraude y los avances en la gestión tanto en la vertiente de los ingresos como en la de los gastos y en la información al ciudadano Incluía dicho informe un apartado relativo al sistema de pensiones en el marco de la UE, que contemplaba las Recomendaciones formuladas por la Comisión de la UE respecto de nuestro sistema de pensiones y la respuesta dada por España. A su vez, efectuaba un análisis comparativo de la situación del sistema de pensiones en España en relación con el resto de países de la UE. También es de destacar la recopilación de todas las disposiciones dictadas en el período de referencia en materia de Seguridad Social.

10. Finalmente debe señalarse que en la XII Legislatura la Comisión permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo se encuentra debatiendo en el momento actual unas nuevas recomendaciones que se espera sean aprobadas en los próximos meses”[10].

7.- Conclusiones.

Como primera conclusión, podemos destacar el hecho de la necesidad de un cambio de gestión de las pensiones públicas. Este hecho es evidente por la posibilidad de los miembros de las Cortes Generales de disponer del dinero de las pensiones para acabar con las crisis que crean todos los poderes públicos.

Como segunda conclusión, hay que tener en cuenta que este sistema público de pensiones por el que se pretende adecuar las pensiones al PIB, como se pretende en los últimos tiempos, mientras gente en edad de trabajar pierde los empleos por la subida de tributos a las empresas y personas que contribuyen al Estado de bienestar, impide tener un sistema real y subjetivo de pensiones.

Como tercera conclusión, la necesidad de cambiar el sistema de pensiones implica la necesidad de cambiar la mentalidad y permitir a los trabajadores un mayor ahorro mediante bajada de impuestos y sistemas privados de pensiones. Hay que hacer referencia aquí al hecho de que “Los retos actuales, por lo tanto, tienen que ver con afianzar esta mayor sostenibilidad a largo plazo, garantizar unas pensiones dignas, y, más urgentemente, asegurar que en el corto y medio plazo se reduzca significativamente el déficit de la Seguridad Social.

Hay aún muchos aspectos que caben mejorar con más reformas. Por ejemplo, para garantizar una equidad y una mayor justicia en el sistema, se debería incrementar los años que se tienen en cuenta para computar la pensión a la totalidad de los años contribuidos. En este momento, utilizar los años más tardíos recompensa desproporcionadamente a las personas con una carrera profesional de salarios incrementales –que suelen ser, justamente, los que tienen una carrera profesional con mayores salarios. 

También, es necesario implementar reformas que eviten la caída tan abrupta de la tasa de sustitución y que tengan un impacto sustancialmente negativo en el poder adquisitivo de los pensionistas. Una reforma necesaria es subir las bases de cotización y, sobre todo, destoparlas para que contribuyan a la Seguridad Social los que más ganan. Es importante, asimismo, la deducción fiscal a los planes de pensiones privados, ya que no es justo que todos paguen los beneficios de quienes más ganan y puedan ahorrar. Otra propuesta es crear un impuesto adicional para asegurar la reforma, como se ha hecho en Francia. También, prestigiosos periódicos como The Economist y economistas como Ignacio Conde-Ruiz han apuntado la necesidad de cambiar el sistema de pensiones español a uno de cuentas nocionales de contribución definida.

Lo que está claro, como apunta la Comisión Europea, es que los gobiernos deberían no sólo esforzarse en reformar el sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad, sino también centrarse en su adecuación al fomentar una sociedad de oportunidades en el futuro, especialmente para los jóvenes, haciendo reformas estructurales que aumenten el empleo, disminuyan la tasa de paro y suban los salarios. Tal como apunta Gosta Esping Angersen, paradójicamente, “la reforma de las pensiones debe empezar con los niños”. El gobierno, en este sentido, no ha estado a la altura de las circunstancias.

En efecto, es difícil que la Seguridad Social aumente sus recursos si los únicos que han incrementado su renta mediana desde la crisis es el grupo poblacional de más de 64 años. Aunque la economía española presente tasas de crecimiento relativamente altas respecto a los demás países de la UE, la creación de empleo en este momento es precario, temporal, y con salarios bajos. De la misma manera, los españoles han pasado a ser uno de los países de Europa con mayor número de hijos por mujer en los años 70 a uno de los que menos; mientras, las mujeres tienen los hijos cada vez más tarde.  Asimismo, el último informe de Cotec apunta que el peso de inversión en I+D en el PIB está cayendo sustancialmente en España; algo que puede tener un efecto en el crecimiento y productividad de la economía española en el largo plazo y que es dramático si consideramos el crecimiento de países como Alemania, Reino Unido y Francia.

Sin lugar a dudas, el Emperador Augusto no fue el último gobernador que subestimó el potencial disruptivo que tiene un sistema de pensiones mal pensado. En su caso, las dinámicas de poder que impidieron una reforma exhaustiva causaron que, años más tarde, el gran número de soldados amotinados en la frontera de Germania empezasen a rebelarse en contra del gobierno; en vez de una granja decente, les empezaron a dar lodazales sin ningún valor. A su vez, el gobierno comenzó a incumplir la edad de jubilación prometida. En definitiva, el sistema colapsó. Esperemos que hoy, muchos siglos después, seamos capaces de mirar más allá de las cuestiones políticas a corto plazo y afrontar con convicción los desafíos que presenta el sistema de pensiones. No será fácil”[11].

Por último, decir que los países que funcionan con ahorro privado y permiten un ahorro privado de pensiones hacen que los trabajadores tengan asegurada una pensión digna, aunque tengan impuestos disparados. También hay que destacar el hecho de cambiar la moralidad para gestionar fondos públicos.


[1]El mundo de los seguros: http://www.elmundodelsegurodevida.es/historia-seguridad-social

[2] IBERLEY: https://www.iberley.es/temas/prestaciones-seguridad-social-5441

[3] https://www.laboral-social.com/10-prestaciones-y-pensiones-seguridad-social-que-interesa-conocer.html

[4] Reintegro de prestaciones: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/obligaciones/34219

[5] Deudas con la Seguridad Social: Cómo afrontarlas: https://www.monedo.es/now/blog/prestamos-responsables/deudas-con-la-seguridad-social/

[6] Reclamación de prestaciones de la Seguridad Social como modalidad de procesos especiales de trabajo: https://www.iberley.es/temas/proceso-reclamacion-prestaciones-seguridad-social-52671

[7] La Tribuna de Toledo: Las pensiones en la encrucijada (https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/Z972FF7B1-D690-792F-F560A3E485E59AA0/201911/Las-pensiones-en-la-encrucijada)

[8] CTXT: Sobre la Seguridad Social en España: de gorrones y costaleros. Propuestas para combatir la paradoja de que crezca el PIB y disminuya la capacidad para financiar las pensiones

[9] Scielo: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2006000200008

[10] Análisis doctrinal del artículo 41 CE: https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=41&tipo=2

[11] Agenda económica: http://agendapublica.elpais.com/sostenible-sistema-pensiones/

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