Derecho

¿Cómo se inicia la fase de instrucción en el proceso penal?

1.- Introducción.

El propósito principal de este trabajo es dar a conocer la fase de instrucción en el proceso penal español. La normativa principal en esta materia es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y aquellas especialidades que establezca la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado para aquel tipo de procedimiento.

En primer lugar, se dará una definición de instrucción y se procederá a determinar las características de la instrucción dependiendo del tipo de procedimiento en el que estemos.

En segundo lugar, se procederá a determinar el órgano jurisdiccional encargado de ejecutar esta fase del proceso penal y las condiciones que ha de reunir el titular de dicho órgano jurisdiccional.

En tercer lugar, se observará lo previsto en el artículo 24 de la Constitución (derecho al juez predeterminado por la Ley), así como los derechos que les corresponden a las víctimas del delito conforme a lo previsto en los artículos 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como en el Estatuto de la Víctima del Delito.

En cuarto lugar, se procederá a determinar la vía que da inicio al proceso de instrucción como fase fundamental del proceso penal en general. En esta fase, se dará cuenta de las diversas formas de dar comienzo a la instrucción de un proceso penal, bien dando noticia a la policía judicial, al Ministerio Fiscal o al propio Juez de Instrucción competente.

En quinto lugar, se procederá a determinar las funciones del Ministerio Fiscal como órgano del Estado en la fase de instrucción penal y las competencias que le competen tanto en la fase de instrucción como de investigación de los hechos.

En sexto lugar, se incluirá un epígrafe con el propósito de determinar las diligencias y pruebas que han de practicarse durante la fase de instrucción penal para garantizar un proceso penal sin dilaciones indebidas y sin vulneración de los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a las partes de un proceso judicial.

En séptimo lugar, se realizarán un conjunto de conclusiones conforme a todo lo determinado en el presente trabajo con tal de ayudar al lector a comprender el contenido del presente trabajo.

2.- Concepto y características de la fase de instrucción en el proceso penal español.

En primer lugar, hemos de diferenciar entre varias clases de instrucción, según el procedimiento penal en el que nos encontremos.

A pesar de lo expresado en el párrafo anterior, se ha de afirmar que “Como punto de partida para afrontar un tema tan complejo, es preciso comenzar recordando la especial posición que ocupa el derecho fundamental a la libertad de información en nuestro Derecho, que se asienta en la consideración de la libertad no sólo como un derecho, sino también como valor superior del ordenamiento jurídico, llegándose a afirmar por el Tribunal Constitucional que sin una comunicación pública libre, no hay sociedad libre ni, por tanto, soberanía popular.

El referido derecho fundamental comprende el derecho de expresión y opinión, el de comunicar información y recibirla, el acceso a las fuentes de la noticia y la libertad de crítica.

Por otro lado, la prevalencia del derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información, en colisión con otros derechos fundamentales, se predica exclusivamente de la información veraz, debiendo entenderse por tal, según el Tribunal Constitucional “la información rectamente obtenida y difundida” o a la “información rectamente obtenida y razonablemente contrastada”. En definitiva, no goza de esta garantía constitucional la información fruto de una conducta negligente, cuando se actúa con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado, o de quien comunica simples rumores o meras invenciones.

Como libertad institucional, se halla vinculada a la publicidad de los juicios, reconocida en el art. 120.1 CE -como garantía de control público- y en el 24 CE -como derecho del justiciable-, garantizando la transparencia y accesibilidad de la Justicia. Principio de publicidad que es una conquista del pensamiento liberal, frente a un procedimiento inquisitivo y secreto.

Como recuerda el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 96/1987, “el principio de publicidad establecido en el art. 120.1 CE EDL1978/3879 tiene una doble finalidad: por un lado, proteger a las partes de una justicia criminal sustraída al control público y, por otro, mantener la confianza de la comunidad en los Tribunales, constituyendo en ambos sentidos tal principio una de las bases del debido proceso y uno de los pilares del Estado de Derecho”.

Tal principio de publicidad del proceso, sólo opera en la fase del plenario. Por el contrario, en la fase de instrucción, rige el principio de secreto, que tiene por finalidad garantizar que no se perjudique la instrucción de la causa.

El secreto, así entendido, no se extiende a las partes salvo expresa declaración, (en ese caso hablamos del secreto de segundo grado o secreto interno) -en cuyo análisis no nos vamos a adentrar, pues ya fue objeto de Comentario anterior- y que tiene por finalidad evitar que se frustre la investigación cuando no es posible garantizarla de otro modo que vedando su conocimiento a las partes, si bien tal declaración de secreto interno precisará resolución motivada y que se limite en el tiempo”[1].

Por tanto, como resumen de lo anterior, se puede ver que la fase de instrucción constituye el inicio del procedimiento penal que corresponda, pues el proceso penal se caracteriza por la separación ente la fase de instrucción y la fase de enjuiciamiento.

Hay que destacar aquí que “el procedimiento penal español cuenta con un modelo de instrucción judicial en el que el juez de instrucción es el órgano encargado de dar inicio al proceso, de dirigir la instrucción y de resolver mediante decisión judicial los asuntos penales.

Sus funciones han estado tradicionalmente ligadas a la búsqueda de indicios sobre la realidad del hecho investigado, su eventual carácter delictivo y la identificación de posibles sujetos responsables, según establecen los artículos 299 y 777.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Él es el director de la fase de instrucción y lleva a cabo la investigación de forma abierta para las partes (ministerio fiscal, acusaciones particular y popular, y defensa), que tienen acceso a las actuaciones en todo momento, salvo cuando se hubiese decretado secreto de sumario por razones tasadas.

Sin embargo, si hacemos un análisis de cómo se tramita esta fase del procedimiento en derecho comparado, en la mayoría de los países, el Ministerio Fiscal tiene un papel fundamental y, en muchos, se le encomienda a él la propia instrucción.

Dentro de los ordenamientos jurídicos continentales fue en 1974 cuando Alemania dio el primer vuelco legal a favor del sistema anglosajón de instrucción a cargo de persona distinta al Juez (Policía o Ministerio Fiscal): en el país germano, el Ministerio Público es órgano instructor de las causas penales, pudiendo intervenir el Juez sólo para adoptar resoluciones que impliquen restricciones de derechos fundamentales. A este cambio de procedimiento penal se unió Italia, Portugal y, en general, la mayoría de los países del continente.

De la misma manera, el modelo italiano concentra en el Fiscal instructor, la persecución penal de todos los delitos, gozando de amplias facultades y teniendo que solicitar del Juez de diligencias preliminares, el archivo del expediente cuando no concurran los presupuestos fácticos o jurídicos necesarios para instar la apertura del juicio.

En los últimos años en España se ha venido hablando de una reforma en la que se atribuiría la instrucción al Ministerio Fiscal. La pregunta es ¿por qué?:

En primer lugar, las pruebas se realizarían por el órgano que se va a encargar de formular acusación, de llevar el caso a juicio y defenderlo ante el órgano de enjuiciamiento: haciendo así que la instrucción sea mucho más ágil que la actual.

Además, no se “perdería tiempo” en procedimientos en los que la prueba es insostenible, pues actualmente el juez recopila todo el material probatorio de oficio o a instancia del Fiscal o de alguna de las partes personadas. Es decir, la instrucción judicial actual está concebida sobre la idea de que se descubra toda la verdad sobre el delito, y no sobre la de acumular únicamente indicios que permitan sostener una acusación.

Por otro lado, actualmente es el Juez quien da prioridad a los procedimientos y marca los tiempos, teniendo en cuenta que en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción llevan además asuntos civiles que pueden llegar a ser muy complejos.

Incluso a día de hoy, en delitos especiales tales como el cibercrimen, medio ambiente etc. es el Fiscal quien muchas veces impulsa la instrucción solicitando la práctica de las precisas diligencias, lo que al final no resulta realmente práctico.

Por otro lado, también se encuentran opiniones en contra de la investigación fiscal ya que “en el sistema español, por imperativo constitucional, existe una estrecha dependencia entre el Fiscal General del Estado y el Gobierno, dado que éste nombra a aquél”. Lo cierto es que en aquellos países en que el Fiscal instruye los procesos penales, aquél suele gozar de un estatuto de independencia (Italia) o tiene una legitimidad democrática de origen (Estados Unidos), pero no la situación que se produciría en España. Por lo que, en caso de realizarse una reforma, éste sería un pilar básico al que atender.

No obstante, con una supuesta reforma, los derechos y libertades estarían protegidos por un “juez de garantías”, quien aseguraría la protección y el control jurisdiccional en el ámbito de los derechos y libertades.

Por tanto, se otorgaría al ministerio Fiscal la facultad de averiguación de los hechos y autores, mientras que el juez únicamente tendría la facultad para adoptar las medidas que sean coercitivas de derechos fundamentales (el juez de garantías)”[2]

  En cuanto a la instrucción en el procedimiento ordinario penal,  hay que destacar que, “de conformidad con el Art. 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos.

Teniendo en cuenta las disposiciones del precepto, cabe señalar que es en esta primera fase del procedimiento ordinario donde se llevan a cabo todas aquellas actuaciones necesarias en aras a acreditar la veracidad de los hechos delictivos y donde se acuerdan las medidas precisas para asegurar los bienes y la persona del autor de los mismos y de su responsabilidad civil.

La Ley establece que la fase sumarial está encaminada a preparar el juicio oral, es decir, a determinar si los hechos comunicados, ya fuere de oficio o a instancia de parte, son susceptibles de ser enjuiciados a través de la acusación de una persona. Sin embargo, esta no es la única función que cumple la fase sumarial, toda vez que también es llevada a cabo para determinar si no procede acusación y consiguiente sobreseimiento de la causa (Art. 637 y art. 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

La fase de instrucción del procedimiento ordinario ostenta una serie de características que, en suma, son las siguientes:

  1. Escrita: Al contrario de lo que ocurre en la fase del juicio oral, la fase de instrucción es fundamentalmente escrita. Todas las actuaciones son documentadas con el fin de que quede constancia de las mismas en todo momento.
  2. No son medios de prueba: Los medios de investigación están dirigidos a justificar la acusación o la calificación y, en su caso, el sobreseimiento y no a motivar la sentencia fruto del proceso. Estos medios se configuran como una prueba anticipada, no obstante, es distinta de la prueba constituida, en la cual las garantías se ven mermadas, principalmente en lo que respecta al derecho de defensa.
  3. Pueden realizarse de oficio por el juez: El juez de instrucción puede solicitar las diligencias que estime necesario, sin que sea preceptivo que las partes así lo propongan. Esto deriva del denominado “ius puniendi”, en virtud del cual, el juez de instrucción debe realizar una investigación y verificación de los hechos, para lo que no debe basarse únicamente en las pruebas propuestas por las partes.
  4. Secreta: Esta característica se desprende de los Art. 301-302 de la LECrim, artículos modificados por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley. Sanciona con una multa de 500 a 10.000 euros al abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el contenido del sumario.

El Juez podrá acordar, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la víctima, la adopción de cualquiera de las medidas a que se refiere el apartado 2 del artículo 681 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando resulte necesario para proteger la intimidad de la víctima o el respeto debido a la misma o a su familia. Las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento.

El Juez de Instrucción, si el delito fuere público, podrá declarar total o parcialmente secreto para todas las partes personadas, por tiempo no superior a un mes cuando resulte necesario para:

  1. evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona; o
  2. prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso.

El secreto del sumario deberá alzarse necesariamente con al menos diez días de antelación a la conclusión del sumario.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el párrafo segundo del apartado 3 del Art. 505 de la LECrim.

La formación del sumario, ya empiece de oficio, ya a instancia de parte, corresponderá a los Jueces de instrucción por los delitos que se cometan dentro de su partido o demarcación respectiva y, en su defecto, a los demás de la misma ciudad o población, cuando en ella hubiere más de uno, y a prevención con ellos o por su delegación, a los Jueces municipales.

El Art. 304 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, posibilita a las Audiencias territoriales, el nombramiento de un Juez instructor especial cuando las causas versen sobre delitos cuyas extraordinarias circunstancias, o las de lugar y tiempo de su ejecución, o de las personas que en ellos hubiesen intervenido como ofensores u ofendidos motivaren fundadamente el nombramiento de aquél para la más acertada investigación o para la más segura comprobación de los hechos.

En el Ordenamiento jurídico español, el órgano competente para llevar a cabo la fase de instructor es, según las disposiciones del 14.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Juez de Instrucción. No obstante, en el proceso de menores, inicialmente, la instrucción será llevada a cabo por el Ministerio Fiscal.

Así pues, establece el mencionado precepto que, será competente para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción”[3].

Por lo que se refiere a la fase de instrucción en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, hay que destacar que “La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y la Ley de Enjuiciamiento Criminal exigen que si de la presentación de una denuncia o querella, o de cualquier otro tipo de actuación procesal llevada a cabo, se deducen hechos constitutivos de alguna infracción penal competencia del Jurado atribuidas a determinadas personas, el Juez de Instrucción pasará a dictar resolución de incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado, cuya tramitación se acomodará a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, practicando  aquellas actuaciones inaplazables a que hubiere lugar. Así se expresa por el Art. 24 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado que dice que cuando de los términos de la denuncia o de la relación circunstanciada del hecho en la querella, y tan pronto como de cualquier actuación procesal, resulte contra persona o personas determinadas la imputación de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, previa valoración de su verosimilitud, procederá el Juez de Instrucción a dictar resolución de incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado, cuya tramitación se acomodará a las disposiciones de esta Ley, practicando, en todo caso, aquellas actuaciones inaplazables a que hubiere lugar.

La aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal será supletoria en lo que no se oponga a los preceptos de la presente Ley.

Se puede incoar el procedimiento de oficio, aunque la ley no hace alusión a él, mediante atestado o diligencias informativas del fiscal.

El instructor debe ponderar la suficiencia de los elementos con los que se encuentra para formar juicio en base a la imputación derivada de las actuaciones practicadas en el proceso o las que puedan concretarse para confirmar las circunstancias de hecho y los supuestos responsables. También debe encauzarse este procedimiento cuando una vez iniciada una investigación por otro procedimiento se estimase que los hechos pudieran integrarse dentro de tipos delictivos competencia del Jurado, sino lo hace el instructor podría solicitarlo el Ministerio Fiscal, las partes personadas y el mismo imputado.

Una vez adecuado el procedimiento con Jurado se comunicara al imputado, al Fiscal y demás partes personadas hasta entonces, citándolos a comparecencia, con la finalidad que se dirá y a los afectados o perjudicados, no personados si fueran conocidos, instruyéndoles de su derecho a constituirse como acusadores o actores civiles sino se les hubiera hecho ofrecimiento así como derecho a efectuar todo tipo de alegaciones si decidieran personarse en forma, dice al respecto el Art. 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado que, incoado el procedimiento por delito cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, el Juez de Instrucción lo pondrá inmediatamente en conocimiento de los imputados. Con objeto de concretar la imputación, les convocará en el plazo de cinco días a una comparecencia, así como al Ministerio Fiscal y demás partes personadas. Al tiempo de la citación, dará traslado a los imputados de la denuncia o querella admitida a trámite, si no se hubiese efectuado con anterioridad. El imputado estará necesariamente asistido de letrado de su elección o, caso de no designarlo, de letrado de oficio.

Si son conocidos los ofendidos o los perjudicados por el delito no personados, se les citará para ser oídos en la comparecencia prevista en el apartado anterior y, al tiempo de la citación, se les instruirá por medio de escrito, de los derechos a que hacen referencia los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si tal diligencia no se efectuó con anterioridad. Especialmente se les indicará el derecho a formular alegaciones y solicitar lo que estimen oportuno si se personan en legal forma en dicho acto y a solicitar, en las condiciones establecidas en el artículo 119 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el derecho de asistencia jurídica gratuita.

En la citada comparecencia, el Juez de Instrucción comenzará por oír al Ministerio Fiscal y, sucesivamente, a los acusadores personados, quienes concretarán la imputación. Seguidamente, oirá al letrado del imputado, quien manifestará lo que estime oportuno en su defensa y podrá instar el sobreseimiento, si hubiere causa para ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o en el artículo 641 del mismo texto legal. En sus intervenciones, las partes podrán solicitar las diligencias de investigación que estimen oportunas.

Oídas las partes, el Juez de Instrucción decidirá la continuación del procedimiento, o el sobreseimiento, si hubiera causa para ello, conforme a lo dispuesto en los artículos 637 o 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Si el Ministerio Fiscal y demás partes personadas instan el sobreseimiento, el Juez podrá adoptar las resoluciones a que se refieren los artículos 642 y 644 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El auto por el que acuerde el sobreseimiento será apelable ante la Audiencia Provincial.

Si el Juez de Instrucción acordase la continuación del procedimiento, resolverá sobre la pertinencia de las diligencias solicitadas por las partes, ordenando practicar o practicando por sí solamente las que considere imprescindibles para decidir sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y no pudiesen practicarse directamente en la audiencia preliminar prevista en la presente Ley.

También podrán, las partes, solicitar nuevas diligencias dentro de los cinco días siguientes al de la comparecencia o al de aquel en que se practicase la última de las ordenadas. Esta circunstancia será notificada a las partes al objeto de que puedan instar lo que a su derecho convenga”[4].

En cuanto a la fase de instrucción en el procedimiento abreviado penal, hay que señalar que “el procedimiento abreviado comienza cuando el Juez dicta una resolución que recibe el nombre de auto de incoación de diligencias previas, que abre la instrucción, y no debemos equivocarnos con los actos de parte como la denuncia, querella o atestado policial, que son instrumentos para poner en conocimiento del Juez la comisión de un hecho aparentemente delictivo.

En la fase de instrucción, como fase previa o preliminar del proceso penal tiene la como objetivo primordial el de preparar el juicio oral, lo que incluye también decidir que éste no procede. En esta fase intervienen una serie de sujetos, la Policía Judicial, el Ministerio Fiscal, las partes, entre otros, pero se puede decir que el papel más relevante lo juega el Juez de Instrucción, pues es él a quien le corresponde la dirección formal de la instrucción. Durante la fase de instrucción básicamente se llevan a cabo tres actividades diferenciadas: investigar (a través de las diligencias de investigación ordinarias y/o restrictivas de derechos fundamentales), adoptar medidas cautelares para asegurar el éxito del proceso (que pueden ser personales, patrimoniales o especiales), y finalmente proceder a la imputación formal para atribuir el hecho a un presunto responsable (se trata de la proclamación formal u oficial por parte del Juez Instructor de que una persona es en apariencia responsable del hecho objeto del proceso, delimita contra quien es el proceso y los hechos y calificaciones jurídicas que corresponden, y en este procedimiento se lleva a cabo a través de la llamada primera comparecencia, según el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin la cual nunca se podrá decretar la apertura del juicio oral).

Una vez concluida las diligencias previas, en dónde se llevó a cabo la investigación, el Juez de Instrucción dicta una resolución bien ordenando que se remita la causa al Juez competente por haber considerado que el hecho es constitutivo de falta, bien acordando de oficio el sobreseimiento provisional en caso de que considere que el hecho no constituye infracción penal, bien trasladando lo actuado al Fiscal de Menores cuando los imputados fueren menores de edad, o bien manda que la causa siga adelante y se dé paso a la fase de preparación del juicio oral, que es como se llama la fase intermedia en el procedimiento abreviado, en caso de que considere que el hecho investigado constituye alguno de los delitos que deben enjuiciarse por los trámites del procedimiento abreviado. En caso de que adopte esta última decisión, no podrá hacerlo a no ser que haya tomado declaración a la persona en el marco de la primera comparecencia.

La preparación del juicio oral se desarrolla totalmente ante el Juez de Instrucción, quien ha de decidir si procede seguir adelante y abrir el juicio oral o si por el contrario debe sobreseer la causa. En la fase intermedia o de preparación del juicio oral, sólo intervienen las partes acusadoras, y por lo tanto no se oye al imputado a cerca de si procede o no decretar la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa. En esta fase de preparación del juicio oral el Juez de Instrucción da traslado de las actuaciones a las partes acusadoras para que en el plazo de tres días soliciten bien el sobreseimiento de la causa, bien la apertura del juicio oral (en cuyo momento formulan el escrito de acusación), bien la práctica de diligencias complementarias.

En caso de que todas las partes acusadoras soliciten la apertura del juicio oral, el Tribunal se ve vinculado por ello, aunque puede decretar de oficio el sobreseimiento si entiende que el hecho no es constitutivo de delito o que no existen indicios racionales de criminalidad. Si decide decretar la apertura del juicio oral lo hace mediante auto. Una vez decretada la apertura del juicio, pero aún ante el Juez de Instrucción y en fase preparatoria, se da traslado de las actuaciones a la parte acusada para que en el plazo de diez días presente su escrito de defensa (escrito en el que puede anunciar su conformidad, que habrá de ratificar ante el tribunal sentenciador en el acto del juicio). La fase intermedia termina con la remisión de las actuaciones por parte del Juez de Instrucción al órgano judicial encargado del enjuiciamiento.

El órgano competente para el enjuiciamiento debe dictar un auto en el que decide si admite o no las pruebas propuestas por las partes en sus escritos, acuerda lo necesario para la práctica de prueba anticipada, y finalmente se señala el día en el que habrán de comenzar las sesiones del juicio oral. Antes del inicio de las sesiones del juicio oral el acusado y acusadores pueden desarrollar un escrito de calificación que asignen conjuntamente que sustituye a los escritos de acusación y defensa, en el que también el acusado puede anunciar su conformidad”[5].

3.- Órgano jurisdiccional competente para la instrucción.

Se debe empezar este apartado diciendo que, “cuando hacemos referencia a lo que es la Jurisdicción penal, hablamos del conjunto de órganos que integran el orden jurisdiccional penal, es decir aquellos que pueden conocer de los asuntos penales que la ley determina.

Por tanto, podemos decir que la Jurisdicción es un presupuesto del proceso penal, que es controlado de oficio. Siguiendo el 9.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 8 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, decir que la “Jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales apreciarán de oficio la falta de Jurisdicción y resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. En todo caso, esta resolución será fundada”.

Es destacable el hecho de que la falta de Jurisdicción provoca la nulidad de pleno derecho de las actuaciones según lo recogido en el 238.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y permite, por un lado, que los Jueces y Tribunales examinen su propia Jurisdicción y puedan declarar la nulidad del proceso y por otro lado, va a permitir a las partes que interponer aquellos recursos que recoja la ley para pedir la nulidad de la resolución dictada por Jueces o Tribunales sin jurisdicción.

Siguiendo con la extensión y los límites de la jurisdicción penal, hay que decir que la misma va a tener el conocimiento de la causa y juicios criminales que recoja el 9.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y dicha jurisdicción se va a extender a todas las personas y a todo el territorio nacional. Sin embargo, dicha jurisdicción va a tener límites, que se pueden dividir en límites objetivos, territoriales y subjetivos.

Comenzando con los límites objetivos, decir que la jurisdicción penal se encarga de resolver aquellos asuntos que se refieren a conductas que están tipificadas como delito o como falta según lo que recoge la ley. Es cierto, que la ley pretende que las infracciones estén tasadas, lo que facilita el conocimiento de los asuntos a resolver por la jurisdicción penal.

Frente a las dudas que existen en determinados momentos se atiende a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que considera que las infracciones culposas penales tienen que tener las siguientes características:

  • Tiene que ser una acción u omisión voluntaria, pero en la que haya ausencia de dolo directo o eventual.
  • Se necesita que exista una actuación negligente.
  • Se precisa la infracción de deberes objetivos de prudencia que se encuentran recogidos en normas socio-culturales de convivencia.
  • Se debe de producir un daño
  • Tiene que existir una relación de causalidad entre la conducta que puede ser peligrosa y el daño sobrevenido como resultado de dicha conducta.

Continuando con los límites territoriales de la jurisdicción penal hay que decir que la misma es una importante manifestación de lo que es la soberanía del Estado. De este modo, hay que decir que en un primer momento, cada Estado va a tener el conocimiento de todos los hechos punibles que se cometan dentro de su territorio, independientemente de la nacionalidad del sujeto que cometa el delito e independientemente también del bien jurídico objeto de protección, según lo recogido en el 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y los artículos 14 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por último, hay que hacer referencia a lo que serían los límites subjetivos que son los que se encargan de establecer si el presunto responsable del delito está o no está sometido a la Jurisdicción.

El artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es aquel que determina que la regla general sería aquella que somete a la Jurisdicción penal española a aquellos que cometan el delito, que pueden ser nacionales o extranjeros.

Dentro de este límite, hay que decir que existen excepciones, que son las siguientes: la inviolabilidad del Rey según el 56.3 de la Constitución española, la de los Diputados y Senadores respecto a las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, la de los Diputados del Parlamento Europeo, la de los parlamentarios de las Comunidades Autónomas, la del el Defensor del Pueblo y la de sus adjuntos y también, la inmunidad de los Magistrados del Tribunal Constitucional.

Una vez que se considera si es un Juez español el que tiene jurisdicción para resolver el asunto, lo siguiente que hay que hacer es la distribución de sus atribuciones entre los distintos órganos que componen el orden penal. Por tanto, lo siguiente que hay que hacer es determinar cuál es el órgano que tiene competencia para conocer de un proceso penal. Los criterios de atribución de la competencia penal serán el criterio de la competencia objetiva, el criterio de la competencia funcional y el criterio de la competencia territorial.

 Comenzando por lo que sería la competencia objetiva, hay que destacar que la misma va a atribuir el enjuiciamiento en primera o única instancia de una determinada causa criminal entre los distintos tipos de órganos jurisdiccionales penales. Por tanto, la competencia objetiva lo que decide es a que órgano jurisdiccional corresponde el conocimiento y decisión sobre el fondo del asunto, en primera o única instancia (es decir, a cuál corresponde la fase de juicio oral).

En el orden penal, la competencia objetiva se establece en base a tres criterios: la competencia ratione personae (considera las características del presunto responsable), la competencia ratione materiae (considera la especial naturaleza del objeto del proceso) y el criterio de la gravedad (que considera la gravedad del hecho que se está enjuiciando). Tienen preferencia en la aplicación los criterios de competencia ratione materiae y ratione personae.

El criterio de la competencia ratione materiae es aquel en el cual se atiende no ya a la gravedad de la infracción, sino a la clase del delito que se está cometiendo, es decir, se tiene en cuenta la naturaleza de la infracción. Por tanto, siguiendo este criterio el conocimiento de los asuntos la tendrá un tribunal u otro dependiendo de la clase de delito o falta que se cometa.

El criterio de competencia ratione personae, no va en contra del artículo 14 de la Constitución española, a pesar de que determina que en ocasiones, considera que el conocimiento de un determinado asunto corresponde a un tribunal y no a otro, porque se fija para hacerlo en las características del presunto responsable y más en concreto, porque se fija en la función que dichas personas desempeñan. Por ello, por ese deber especial que tienen dichas personas, son juzgadas por un tribunal distinto al que recogen las reglas generales, es decir, al del fuero, siendo juzgadas por regla general por un tribunal superior.

Finalmente, estaría el criterio de competencia según la gravedad del hecho enjuiciado, que considera que conoce un tribunal u otro según que la ley determine que una determinada conducta constituye un delito o constituye una falta.

De este modo, si es un delito hay que tener en cuenta la gravedad de la pena y si es una falta lo que se tiene en cuenta es el bien jurídico que se lesiona.

 Continuando con el segundo criterio de atribución de la competencia, hay que considerar lo que sería la competencia funcional. Esta competencia trata de solucionar el problema que existe en los casos en los que distintos Juzgados y Tribunales pueden conocer del caso. La misma queda regulada en el artículo 9 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que “los Jueces y Tribunales que tengan competencia para conocer de una causa determinada, la tendrán también para todas sus incidencias, para llevar a efecto las providencias de tramitación y para la ejecución de las sentencias”.

Finalmente, y como último criterio de atribución de competencias, está el de la competencia territorial, que va a consistir en la atribución de competencia a un órgano jurisdiccional concreto de entre los órganos jurisdiccionales del mismo grado.

Hay que tener en cuenta el hecho de que, dentro del orden penal, la competencia territorial se configura siempre ex lege, lo que impide la atribución por sumisión, es decir, es el juez el que tiene que controlar de oficio dicha competencia en el proceso penal, cosa que no sucede con la competencia territorial en el proceso civil”[6].

Por otro lado, en cuanto a la duración de la fase de instrucción en el proceso penal, hay que destacar que “el nuevo artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice en primer lugar que: “Las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas…”, cuestión “matizada” en el siguiente párrafo que establece que “No obstante, antes de la expiración de ese plazo, el instructor a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes, podrá declarar la instrucción compleja a los efectos previstos en el apartado siguiente cuando, por circunstancias sobrevenidas a la investigación, ésta no pudiera razonablemente completarse en el plazo estipulado o concurran de forma sobrevenida algunas de las circunstancias previstas en el apartado siguiente de este artículo.”

La primera cuestión lógica que se plantea llegados a este punto, es cual será entonces el plazo para el supuesto de una fase de instrucción compleja. Esta pregunta es respondida en el propio artículo 324 que en su punto 2 sostiene que: “Si la instrucción es declarada compleja el plazo de duración de la instrucción será de dieciocho meses, que el instructor de la causa podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes. La solicitud de prórroga deberá presentarse por escrito, al menos, tres días antes de la expiración del plazo máximo.”, y ante la segunda cuestión que se desprende de este precepto sobre en qué casos puede declararse la complejidad de la instrucción, el legislador la regula en siete incisos:

  1. recaiga sobre grupos u organizaciones criminales,
  2. tenga por objeto numerosos hechos punibles,
  3. involucre a gran cantidad de investigados o víctimas,
  4. exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis,
  5. implique la realización de actuaciones en el extranjero,
  6. precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas, o
  7. se trate de un delito de terrorismo.

Retomando la pregunta que anteriormente nos hacíamos, sobre la duración de la instrucción en un proceso penal, concluimos entonces que si la causa no fuera compleja, su duración máxima sería de 6 meses, pero en caso de que con base en uno o varios de los supuestos reflejados en los incisos a) al g) del punto 2 del estudiado precepto, esta fuese declarada compleja, su plazo podrá  extenderse hasta los 18 meses, pudiendo adicionalmente ser solicitada por el Ministerio Fiscal una nueva prórroga por igual plazo o inferior.

Hemos abordado hasta aquí el texto de la norma en lo que respecta a plazos, su fundamentación y los detalles de su aplicación de acuerdo al texto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y a continuación vamos a analizar cómo lo antes expuesto, comienza a hacerse visible en la práctica del día a día de nuestro ejercicio profesional y si sus efectos pueden llegar a ser los esperados por el legislador.

Desde antes de su entrada en vigor, el plazo de 6 meses fijado con carácter general para una instrucción, nos resultaba casi impracticable, ya que sabemos que en casi todos los casos hay diligencias a llevarse adelante durante esta fase, que requieren de más tiempo. A modo de ejemplo, sabemos que una declaración, conlleva que sea tenida en cuenta la agenda del juzgado para ser practicada en el día y hora señaladas, siendo esta una diligencia que difícilmente escape en tiempos, al control del juzgado. Pero sin embargo otro tipo de diligencias, como es el caso de un informe pericial, suelen demorarse en el tiempo incluso más allá de los 6 meses. La tipología citada en el ejemplo representa a la gran mayoría de los procedimientos, cuya instrucción requiere de diversas diligencias que involucran incluso a otros organismos públicos, que tienen sus propias problemáticas y tiempos de respuesta, y que sumados a todo lo anterior, conducen a superar el plazo de 6 meses casi en todos los casos.

Se vuelve necesario recordar que en la fase de instrucción del proceso penal,  el juez de instrucción realiza todas aquellas actuaciones destinadas a averiguar el hecho delictivo y las circunstancias que lo han rodeado, siendo su finalidad la de preparar el juicio oral. Es por ello que dotarla de límites es una medida que no puede en ningún caso condicionar su resultado, ya que de este depende la imputación de un delito a un individuo, que puede terminar por ejemplo en una absolución por parte del tribunal sentenciador, al no hallarse pruebas suficientes que enerven la presunción de inocencia.

Anticipándose a lo expuesto en el párrafo anterior, hemos visto que el legislador prevé dos posibilidades de que este plazo se vea ampliado, condicionándolas a una serie de supuestos. Sobre esta medida que se mostraba en principio excepcional, se observa en la práctica que el Ministerio Fiscal está recurriendo a ella en una gran cantidad de ocasiones, lo que nos sitúa en un escenario en el que la excepción se está convirtiendo en la regla. Es así pues que mayoritariamente, el plazo real sobre el que se desarrollará esta fase procesal, se situará entre los 12 y los 18 meses. Este plazo se acerca más al que veníamos observando en la práctica, en el marco de casos no complejos.

Hemos visto entonces que un plazo de hasta 18 meses, no aplicado ya como excepción sino como regla general, sin entrar a valorar si es excesivo, sería más realista. Luego la posibilidad de ampliarlo hasta los 36 meses, abarcaría lo que si serían causas complejas, como es el caso por ejemplo de la instrucción del caso 11-M, entre otros… Su aplicación así lo demuestra y seguramente seguirá haciéndolo, pero es necesario resaltar aquí un factor que será el que determine el funcionamiento de la norma en el tiempo, cuestión sobre la que se han manifestado incluso, asociaciones que representan a Magistrados y personal de la Administración de Justicia, sobre la necesidad imperiosa de que sus medios y personal se vean incrementados, para conseguir el pretendido funcionamiento ágil de la Justicia”[7]

4.- Derecho al Juez predeterminado por la Ley y su desarrollo en los artículos 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Como introducción a este apartado, hay que destacar que “el derecho al Juez ordinario legalmente predeterminado requiere, primero, que el órgano judicial haya sido creado previamente por una norma jurídica, segundo, que esté investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial de que se trate, y tercero, que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional. Como ya señalara el Tribunal Constitucional desde la sentencia Nº 47/1983, Tribunal Constitucional, Sala Primera, Recurso de amparo 148/1981 de 31 de Mayo de 1983, la garantía del Juez ordinario supone:

  1. Una interdicción del Juez excepcional (avocaciones no determinadas por ley, jueces ex post facto, jueces ad hoc, etc.), así como también del Juez especial, entendido como un Juez situado fuera de la jurisdicción ordinaria y no integrado en ella –excepto, jurisdicción militar-, pero no como un órgano judicial especializado por razón de la materia o de sus competencias y en el que por ley se centralicen ciertas competencias, por ejemplo, la Audiencia Nacional es órgano judicial ordinario, tal y como ha señalado la Comisión Europea de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.
  2. Una predeterminación legal, es decir, una cláusula que, amén de la institución de una reserva estricta de ley, entraña la necesidad de que las reglas que crean y determinan la competencia de los Tribunales llamados a conocer del caso se establezcan con las deseables dosis de generalidad o abstracción y de antelación al supuesto litigioso, pues el conocimiento cierto con carácter previo a la iniciación de todo proceso penal de los órganos jurisdiccionales que han de intervenir en él es requisito necesario para dar satisfacción del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, impartiéndose justicia con la debida garantía de independencia e imparcialidad.
  3. Que no puedan modificarse arbitrariamente los componentes y titulares del órgano, aunque, por razones derivadas de la naturaleza de las cosas, no quepa exigir el mismo grado de fijeza y predeterminación al órgano que a sus titulares, dadas las diversas contingencias que pueden afectar a estos en su situación personal y la exigencia, dimanante del interés público, de que los distintos miembros del poder judicial colaboren dentro de la Administración de Justicia en los lugares en que su labor pueda ser más eficaz, supliendo, en la medida de lo posible, las disfuncionalidades del sistema, ya que todos los Magistrados que se encuentran nombrados como componentes del órgano jurisdiccional (Sala) tienen ese carácter, con independencia de su adscripción funcional y no orgánica a las distintas Secciones, pues la Constitución obviamente no consagra el derecho a un Juez en concreto”[8].

Por lo que respecta al desarrollo de este artículo, hay que hacer referencia a los derechos reconocidos en los artículos 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estos artículos reconocen los Derechos de los detenidos.

Respecto a los derechos reconocidos en el artículo 118 de la LECrim, hay que destacar que, “viendo estos derechos resumidos, la práctica de diligencias durante una detención en un Juzgado puede ser tediosa y enormemente costosa, en cuanto a la investigación de cualquier extranjero, dado que el derecho a la interpretación que se da no es nada restrictivo y si, muy extensivo, con lo que simplemente con pedir traducciones podría tener paralizado el procedimiento durante el servicio de guardia de un Juzgado, o durante la día señalado para su declaración, a la par de poder solicitar uno tras otro, la traducción de documentos que considere esenciales para su defensa.

Asimismo, los derechos anteriormente señalados respecto a la interpretación y traducción lo tendrán también las personas con discapacidad auditiva o discapacidad visual y que necesiten intérpretes de sus diferentes lenguajes.

Derecho a guardar silencio y a no declarar o a no contestar alguna o algunas preguntas durante la declaración.

Derecho a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable.

Como novedad se agrega a este art. 118 LECrim el facilitar la información de los derechos con un lenguaje comprensible y adaptado al destinatario. Es decir, no utilizar un lenguaje técnico y jurídico donde el investigado no comprenda los derechos que ostenta como tal. De nuevo habrá discrepancias sobre el lenguaje utilizado, dado que, como tal, puede ser objeto de alegaciones en un hipotético recurso.

Con respecto al derecho de defensa, se quiere puntualizar que las actuaciones en las que debe estar el abogado, estaban ya reconocidas con la anterior legislación, pero ahora se deja muy claro que las comunicaciones entre abogado e investigado son confidenciales y que, bajo ninguna circunstancia se pueden grabar o captar, salvo que haya indicios objetivos de que el abogado participa en el hecho delictivo[9].

Respecto a los derechos reconocidos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hay que destacar que “la primera cuestión a tener en cuenta es la debida distinción que debemos hacer entre los conceptos de detenido e investigado:

El detenido es aquella persona que se encuentra provisionalmente privada de su libertad, que no podrá durar más del tiempo “estrictamente necesario” para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. En todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

Por su parte, el investigado (antes conocido como imputado) es aquél a quien ya inmerso en un procedimiento penal, concretamente en la fase de instrucción o Diligencias Previas. Se le imputa la comisión de unos determinados hechos delictivos. Adquiere tal condición cuando el Juez competente admite a trámite una denuncia o querella y le cita a declarar sobre los hechos que se le imputan.

Aclarada esta necesaria distinción, debemos acudir a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su artículo 520 enumera los derechos que asisten al detenido:

En primer lugar, el detenido tendrá derecho a ser informado por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad. También, de los derechos que le asisten, especialmente de los siguientes:

  1. Derecho a guardar silencio, que comprende no declarar si no quiere, no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez.
    1. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
    1. Derecho a designar abogado y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél.
    1. Derecho a acceder a los elementos o pruebas existentes en las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.
    1. Derecho a que se informe al familiar o persona que desee, sin demora injustificada, de su privación de libertad y el lugar de custodia en que se encuentre detenido.
    1. En caso de que sea extranjero, tendrá derecho a comunicar la detención al cónsul de su país y el lugar de custodia, permitiéndole contactar con la autoridad consular. Si el detenido tuviera dos o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridad consular debe informarse y con quién desea comunicarse. También tendrá derecho a ser visitado por las autoridades consulares, y a comunicarse y mantener correspondencia con ellas.
    1. Derecho a comunicarse telefónicamente, y sin demora injustificada, con un tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, del funcionario que designen el juez o el fiscal.
    1. Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje.
    1. Derecho a ser reconocido por el médico forense y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.
    1. Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, debiendo facilitarle el procedimiento para hacerlo y ser informado de las condiciones para obtenerla.
    1. Si el detenido es menor de edad, será puesto a disposición de las Secciones de Menores de la Fiscalía y se informará a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo. Si hubiera conflicto de intereses con estas personas, se nombrará un defensor judicial.

Por otro lado, el detenido deberá ser informado del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial (72 horas) y del procedimiento mediante el cual puede impugnar la legalidad de su detención. En todos los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de derechos durante todo el tiempo de la detención.

Este plazo podrá prorrogarse el tiempo que resulte necesario para la investigación, hasta el límite máximo de otras 48 horas (en total 120 horas), siempre que se solicite de forma motivada dentro de las primeras 48 horas desde la detención y sea autorizada por el Juez, también motivadamente, en las 24 siguientes.

Por último, el detenido tendrá derecho a designar abogado de su libre elección, sin que ninguna autoridad o agente pueda hacerle recomendación alguna sobre el abogado a designar más allá de informarle de este derecho”[10].

5.- Inicio de la fase de instrucción.

Hay diversas formas de iniciar la fase de instrucción en el proceso penal, entre las que destacan la denuncia, la querella, el atestado policial y la iniciación de oficio por el órgano jurisdiccional

Hay que destacar las características de la fase de instrucción mediante las formas de denuncia y querella, así como por atestado policial, o incluso de oficio. En este ámbito, hay que destacar lo siguiente: “Tanto la denuncia como la querella forman parte de los métodos para iniciar el proceso judicial. A través de su interposición, se investigan los hechos. Y, en su caso, se procede a la depuración de las responsabilidades penales.

  1. La denuncia en el proceso penal. La denuncia y sus mecanismos legales se regulan en los artículos 259 a 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el Título I del Libro II. En su virtud, quedan obligados a poner inmediatamente en conocimiento de instrucción o el funcionario fiscal más próximo aquellos que presencien la perpetración de cualquier delito público. Ante este precepto existen varias excepciones. Es el caso de los menores de edad, los incapaces, el cónyuge del delincuente y todos aquellos trabajadores que conozcan los secretos de sus clientes en el ejercicio de su profesión. Un buen ejemplo de esto son los abogados, procuradores, eclesiásticos y ministros de cultos.
  2. Inicio del proceso penal por querella. Por otro lado, la querella se encuentra regulada a continuación en la misma ley, de los artículos 270 a 281. Según indican sus preceptos, todos los ciudadanos españoles, hayan sido ofendidos o no por el delito en cuestión, pueden querellarse. La principal distinción con la denuncia consiste en que con la querella la persona manifiesta su voluntad de ser parte en el proceso. Es decir, a diferencia de la denuncia, en la querella el sujeto interviene personalmente como parte acusadora en el desarrollo del proceso penal. De esta forma, el querellante solicita al juez las diligencias que estime oportunas para la correcta investigación del caso. Asimismo, la querella se ha de interponer ante el juez de instrucción competente. Se requiere la intervención de abogado y procurador y se presenta por escrito, donde deben constar los siguientes datos:
  3. El juez o tribunal ante el que se presenta la querella.
  4. La identidad del querellante.
  5. Los datos del querellado o toda la información que se pueda aportar al respecto.
  6. La relación del hecho punible, así como el lugar y el momento de la comisión del delito, si se conocieran.
  7. Las diligencias que se estiman oportunas para realizar la comprobación del hecho.
  8. La petición de que se admita la querella, de que se practiquen las diligencias indicadas, de que se proceda a la detención del sospechoso y otras medidas que se pudieran considerar pertinentes. Como, por ejemplo, el embargo de sus bienes en la cantidad necesaria en los casos en los que proceda.
  9. La firma del querellante, de su representante legal o del procurador con un poder apud acta.
  10. Lugares donde se puede denunciar. Aunque la ejecución del delito se puede denunciar ante el Ministerio Fiscal, el tribunal que corresponda o ante el juez de paz o instrucción, lo más habitual es acudir a una comisaría de policía. La persona que haya presenciado la comisión del delito solo ha de ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. Esto implica que no queda obligado a probar los hechos ni a formalizar una querella. Por otro lado, la denuncia se puede presentar de forma oral o escrita. Si el hecho constituye un delito, una vez formalizada la denuncia, se ha de investigar por parte del juez o del funcionario.
  11. Inicio del proceso penal por atestado policial. Este aparece regulado en los artículos 292 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A través del atestado, la policía judicial ejecuta un conjunto de prácticas cuyo fin es averiguar y comprobar si efectivamente se ha perpetrado un hecho delictivo. Al mismo tiempo, han de descubrir e identificar a los posibles culpables. La policía judicial extenderá en papel sellado o común una relación de las diligencias que se practiquen. Aquí se debe expresar con la mayor exactitud posible los hechos averiguados, además de las declaraciones, informes y anotaciones pertinentes. Este atestado se firma por quienes lo hayan escrito. También se invita a que lo hagan las personas presentes, los peritos y testigos que hubieren intervenido en las diligencias relacionadas. Por su parte, las manifestaciones realizadas por parte de los funcionarios de la policía judicial se consideran denuncias a efectos fiscales, a consecuencia de las investigaciones que se hubiesen practicado.
  12. Inicio del proceso penal de oficio. Entre las formas de iniciar un proceso penal, el inicio de oficio es la menos frecuente. A través de esta figura es el juez el que decreta la incoación del proceso. Esto se produce por su conocimiento personal de la comisión de un delito. Suele suceder por estos casos:
  13. Por haber presenciado el delito directamente.
  14. Cuando el hecho punible tuviera una especial notoriedad pública.
  15. Por cualquier otra vía diferente a la querella, la denuncia o el atestado policial.
  16. En estos casos el juez pone en conocimiento del fiscal el inicio del proceso penal y se inicia la fase de investigación. Como regla habitual, la práctica de estas diligencias será ordenada de oficio por el juez de instrucción del caso. Sin embargo, las partes personadas en el proceso y el propio Ministerio Fiscal pueden solicitar que se realicen pruebas y comprobaciones que se estimen oportunas en el caso concreto”[11].

6.- Funciones del Ministerio Fiscal en la fase de instrucción.

Se ha de destacar en primer lugar las funciones del Ministerio fiscal como “una institución independiente e integrada en el poder judicial, tiene autonomía funcional.

Su función es promover e impulsar la acción de la justicia, asegurar la legalidad e imparcialidad del funcionamiento de la justicia y la protección de los derechos de algunos colectivos, como menores, personas con discapacidad, etc.

El Ministerio Fiscal es una institución única para todo el país. Actúa conforme a los principios unidad de acción, jerarquía e imparcialidad.

Está encabezada por el Fiscal General del Estado. El Gobierno propone su nombramiento; el Congreso de los Diputados supervisa su idoneidad; el Rey lo nombra y cesa para un periodo de 4 años. Solo se puede cesar por causas determinadas legalmente. Con ello se quiere garantizar su independencia en el ejercicio de sus funciones.

El Fiscal General, en sus funciones, está asistido por el Consejo Fiscal. El Ministerio Fiscal está formado por Fiscalías especializadas en temas concretos -por ejemplo, la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada-. También existen Fiscalías territoriales en los distintos Tribunales del Poder Judicial.

Los fiscales actúan siguiendo las instrucciones del Fiscal General del Estado, sometidos a la ley y con imparcialidad”[12].  

También hay que destacar en este punto que “El Ministerio Fiscal es una institución del Estado integrada en el Poder Judicial, cuya misión es promover la acción de la Justicia en defensa de la Ley, de los derechos de los ciudadanos y del interés público; además se encargan de velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la protección del interés social.

Los fiscales, a diferencia de los magistrados, se integran orgánicamente en el Ministerio de Justicia y no son independientes, sino que actúan bajo los principios de legalidad, imparcialidad y dependencia jerárquica del Fiscal General del Estado.

El Ministerio Fiscal está constituido por el Fiscal General del Estado, nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno y por funcionarios pertenecientes a la Carrera Fiscal. Esta institución, reconocida en el artículo 124 de la Constitución española. Además, disponen de un estatuto propio, Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, junto con el art. 541 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Ministerio Fiscal es un órgano único para todo el Estado y ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

Este órgano actúa con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico, con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados. Cuando un Fiscal actúa ante los Tribunales no está representando el interés de una persona concreta, sino el de toda la sociedad, por ello, se puede decir que, en última instancia, el fiscal sería uno de los garantes del cumplimiento de la Ley”[13].

Y ahora, entrando en la materia objeto de estudio en este apartado, hay que destacar que “La Ley de Enjuiciamiento Criminal, hace referencia a las funciones del Ministerio Fiscal, en lo que se refiere a la acción penal en los delitos públicos y en los semiprivados; la inspección directa en la formación del sumario, o fase de instrucción o procedimiento preliminar judicial por los jueces de instrucción. También le corresponde la formación de un procedimiento preliminar que es sólo posible en el proceso abreviado. En el procedimiento ordinario el Fiscal puede realizar la investigación previa al sumario o de manera paralela pero no se pueden considerar procedimiento preliminar.

El Ministerio Fiscal como parte en el procedimiento tiene la función fundamental de ejercitar la acción penal en los delitos públicos cuya persecución es de oficio y en los delitos semiprivados se exige previa denuncia del ofendido constituyéndose como parte el Fiscal después de presentada denuncia. El Fiscal también puede oponerse a la acusación formulada por otro, de modo que no siempre ha de sostener la acusación sino que también puede pedir la absolución del acusado. Este hecho lo convierte en parte imparcial presidiendo así la legalidad en su actuación. El Ministerio Fiscal no se rige por criterios de oportunidad a la hora de ejercitar y sostener la acción penal. Por tanto en los delitos para los cuales su persecución se exige denuncia del ofendido, cuando este es menor de edad, incapaz o persona desvalida puede denunciar el Ministerio Fiscal para así velar por los mejores intereses del ofendido. Cuando el perdón del ofendido puede extinguir la responsabilidad penal ese perdón no puede realizarse por el Fiscal, pudiendo éste oponerse al perdón.

La legitimación del Ministerio Fiscal viene de la mano del artículo 124 de la Constitución Española y del artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice los funcionarios del Ministerio Fiscal tendrán la obligación de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la Ley, todas las acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular en las causas, menos aquellas que el Código Penal, reserva exclusivamente a la querella privada.

En los delitos perseguibles a instancias de la persona agraviada también podrá denunciar el Ministerio Fiscal si aquélla fuere menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o desvalida. La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de diligencias a prevención.

Esta legitimación se refiere a todos los procesos en que se persigan delitos públicos y semiprivados y queda excluida en los procesos que versen sobre delitos privados.

La Ley 50/1981 de 30 de diciembre que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice que  el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

Corresponde al Ministerio Fiscal esta denominación con carácter exclusivo.

En cuanto a las funciones para el cumplimiento de las misiones establecidas en el artículo 1 del Estatuto Orgánica del Ministerio Fiscal, corresponde al Ministerio Fiscal:

  • Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes.
  • Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales.
  • Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa.
  • Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda.
  • Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos o instruyendo directamente el procedimiento en el ámbito de lo dispuesto en la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, pudiendo ordenar a la Policía Judicial aquellas diligencias que estime oportunas.
  • Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley.
  • Intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación.
  • Mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, promoviendo los conflictos de jurisdicción y, en su caso, las cuestiones de competencia que resulten procedentes, e intervenir en las promovidas por otros.
  • Velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social.
  • Velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas.
  • Intervenir en los procesos judiciales de amparo así como en las cuestiones de inconstitucionalidad en los casos y forma previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
  • Interponer el recurso de amparo constitucional, así como intervenir en los procesos de que conoce el Tribunal Constitucional en defensa de la legalidad, en la forma en que las leyes establezcan.
  • Ejercer en materia de responsabilidad penal de menores las funciones que le encomiende la legislación específica, debiendo orientar su actuación a la satisfacción del interés superior del menor.
  • Intervenir en los supuestos y en la forma prevista en las leyes en los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas. Defender, igualmente, la legalidad en los procesos contencioso-administrativos y laborales que prevén su intervención.
  • Promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios internacionales.
  • Ejercer las demás funciones que el ordenamiento jurídico estatal le atribuya.

Con carácter general, la intervención del fiscal en los procesos podrá producirse mediante escrito o comparecencia. También podrá producirse a través de medios tecnológicos, siempre que aseguren el adecuado ejercicio de sus funciones y ofrezcan las garantías precisas para la validez del acto de que se trate. La intervención del fiscal en los procesos no penales, salvo que la ley disponga otra cosa o actúe como demandante, se producirá en último lugar”[14].

En cuanto a estas funciones del Ministerio Fiscal en el proceso penal, hay que decir que el artículo 3 del Estatuto Orgánico del Ministerio fiscal (en adelante EOMF) dice que “Para el cumplimiento de las misiones establecidas en el artículo 1 del EOMF, corresponde al Ministerio Fiscal:

Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda.

Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos o instruyendo directamente el procedimiento en el ámbito de lo dispuesto en la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, pudiendo ordenar a la Policía Judicial aquellas diligencias que estime oportunas.

Velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas”

Su función más importante es la de ejercer la acción penal (artículos 105 y 781 LECrim y 3.4 EOMF). Se materializa en la iniciación del proceso penal frente a la persona sospechosa de haber cometido un delito y formular la acusación en el momento pertinente. El Art. 105 ,LECrim dice que “Los funcionarios del Ministerio Fiscal tendrán la obligación de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la Ley, todas las acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular en las causas, menos aquellas que el Código Penal reserva exclusivamente a la querella privada. También deberán ejercitarlas en las causas por los delitos contra la honestidad que con arreglo a las prescripciones del Código Penal, deben denunciarse previamente por los interesados, o cuando el Ministerio Fiscal deba, a su vez, denunciarlos por recaer dichos delitos sobre personas desvalidas o faltas de personalidad”

No obstante, el Ministerio Fiscal debe ejercer la acción con objetividad e imparcialidad, de ahí que pueda retirar la acusación, en caso de que considere que no existe fundamento para el ejercicio de la acción.

La intervención del Ministerio Fiscal en el proceso penal abarca también a la acción civil, en los términos del artículo 108 LECrim en los mismos casos en que está obligado a ejercer la acción penal, está también obligado ejercitar la civil, con independencia de que la ejerza el perjudicado. Además, tiene una posición activa durante la fase de instrucción, en la que puede instar la realización de actos de investigación que estime necesarios con el fin de dilucidar los hechos investigados y preparar la acusación.

Incluso, el Ministerio Fiscal puede realizar de oficio u ordenar a la Policía Judicial actos de investigación de naturaleza preprocesal en la búsqueda de indicios y hechos que requieran o permitan la apertura de un proceso penal.

El artículo 773 LECrim dice que el Fiscal se constituirá en las actuaciones para el ejercicio de las acciones penal y civil conforme a la Ley. Velará por el respeto de las garantías procesales del imputado y por la protección de los derechos de la víctima y de los perjudicados por el delito.

En este procedimiento corresponde al Ministerio Fiscal, especialmente, impulsar y simplificar su tramitación sin merma del derecho de defensa de las partes y del carácter contradictorio del mismo, dando a la Policía Judicial instrucciones generales o particulares para el más eficaz cumplimiento de sus funciones, interviniendo en las actuaciones, aportando los medios de prueba de que pueda disponer o solicitando del Juez de Instrucción la práctica de los mismos, así como instar de éste la adopción de medidas cautelares o su levantamiento y la conclusión de la investigación tan pronto como estime que se han practicado las actuaciones necesarias para resolver sobre el ejercicio de la acción penal.

El Fiscal General del Estado impartirá cuantas órdenes e instrucciones estime convenientes respecto a la actuación del Fiscal en este procedimiento, y en especial, respecto a la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 780 LECrim.

Tan pronto como el Juez ordene la incoación del procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado, el Letrado de la Administración de Justicia lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, quien comparecerá e intervendrá en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante aquél.

Cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de un hecho aparentemente delictivo, bien directamente o por serle presentada una denuncia o atestado, practicará él mismo u ordenará a la Policía Judicial que practique las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad de los partícipes en el mismo. El Fiscal decretará el archivo de las actuaciones cuando el hecho no revista los caracteres de delito, comunicándolo con expresión de esta circunstancia a quien hubiere alegado ser perjudicado u ofendido, a fin de que pueda reiterar su denuncia ante el Juez de Instrucción. En otro caso instará del Juez de Instrucción la incoación del procedimiento que corresponda con remisión de lo actuado, poniendo a su disposición al detenido, si lo hubiere, y los efectos del delito.

El Ministerio Fiscal podrá hacer comparecer ante sí a cualquier persona en los términos establecidos en la Ley para la citación judicial, a fin de recibirle declaración, en la cual se observarán las mismas garantías señaladas en esta Ley para la prestada ante el Juez o Tribunal.

Cesará el Fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos”.

Otras funciones en la fase de instrucción son ordenar la detención preventiva o solicitar la adopción de la prisión provisional”[15].

Se pueden destacar funciones del Ministerio Fiscal en el proceso penal también las siguientes:

  1. Interesar que le sea notificada cualquier resolución. Solicitar la información sobre el estado de los procedimientos, promoviendo el exacto cumplimiento o las correcciones oportunas.
  2. Visitar centros penitenciarios y de detención para examinar expedientes y recabar información.
  3. Requerir auxilio de las autoridades.
  4. Dar a la Policía Judicial las órdenes e instrucciones pertinentes.
  5. Informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan y con respeto al secreto del sumario, en general, a los deberes de reserva y sigilo de su cargo.
  6. El Ministerio Fiscal puede recibir denuncias, enviándolas a la autoridad judicial o decretando el archivo si no encuentra fundamentos.
  7. Puede ordenar la detención preventiva y ordenar aquellas diligencias que estime oportunas.
  8. Tomará declaración al sospechoso, quien habrá estar asistido de abogado”[16].

7.- Diligencias y pruebas a practicar durante la fase de instrucción para determinar el delito y la pena correspondiente.

Se puede comenzar este apartado diciendo que “En algunas ocasiones nos encontramos que el Juzgado de Instrucción deniega la práctica de pruebas propuestas por las partes, y que dichas pruebas, ya sean propuestas por la defensa o la acusación, parecen pertinentes.

Si ahondamos un poco en el tema, veremos que en el procedimiento abreviado, en el artículo 777 de la Lecrim, se circunscribe el deber del Juez de Instrucción a practicar aquellas diligencias y actuaciones necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias del hecho y de las personas que en él hayan participado. Por lo tanto, en el momento en que no se necesitan más investigaciones para proceder a la tipificación de los hechos, o establecer con precisión los extremos anteriores, el Juez de Instrucción puede denegar, siempre razonadamente, eso sí, la práctica de pruebas que no incidan en este extremo.

En el mismo sentido y para el procedimiento sumario, el artículo 299 de la ley procesal penal (que también se aplica al Procedimiento Abreviado, según el artículo 758 Lecrim) establece que la finalidad de la Instrucción es la preparación del juicio oral, averiguando las circunstancias relativas a la perpetración de los delitos y culpabilidad de los delincuentes. Por lo tanto si bien el artículo 24 de la CE autoriza la utilización de los medios de prueba pertinentes a la defensa, y así por lo tanto, a proponer las diligencias de investigación que se tengan por necesarias, hemos de comprender que este derecho a la proposición de prueba no es un derecho absoluto, ya que no se puede pedir del órgano judicial la práctica de todas las pruebas que se quieran, para valorar su pertinencia, al menos en esta fase, se debe de hacer un análisis del resultado de la práctica de la prueba solicitada, en el sentido que si no va a afectar a la decisión que se tome sobre la continuación o no del procedimiento, su práctica puede ser denegada por el órgano instructor.

Por lo tanto se podrán denegar la práctica de las pruebas que no sean esenciales para la averiguación de los hechos, responsables y circunstancias, y por tanto su denegación no vulneraría el derecho de defensa.

En cualquier caso, siempre, y esto desde un punto de vista práctico, hemos de solicitar todas las diligencias que entendamos que sean pertinentes y útiles en la fase de instrucción, y si nos las deniegan, pues mala suerte, pero hay que intentar siempre esta proposición de prueba, y ello puesto que, primero, no todos los Juzgados de Instrucción son lo mismo de rigurosos en cuanto a la aplicación de esta finalidad de la fase de instrucción, los hay que tienen más manga ancha en cuanto a la práctica de pruebas, y segundo, porque en el caso de tener que plantear la solicitud de pruebas en el escrito de defensa o de acusación, esto se resuelve por el juzgado encargado del enjuiciamiento del procedimiento mediante un Auto que es irrecurrible, de tal manera que si nos deniegan la práctica de dicha prueba, sólo podremos intentar solicitar la práctica de la misma como cuestión previa el día de la celebración del juicio, siendo que hay ciertas pruebas que no se pueden practicar en ese momento, lo cual, evidentemente conlleva un riesgo . También advertir que ante esta denegación de la práctica de la prueba por el Tribunal el día del juicio oral, se debe de articular la oportuna protesta, para luego poder esgrimir esta denegación como una lesión al derecho de defensa de nuestro defendido.

Resumiendo un poco lo anterior, para solicitar una prueba, o mejor aún, una diligencia de investigación esta debe ser propuesta en tiempo y forma y ser lícita y pertinente, ya que la utilidad de la misma constituye un presupuesto de su exigencia. Determinar si esta prueba es adecuada es una de las atribuciones de los tribunales ordinarios, que podrán denegar la práctica de la diligencia en los casos ya mencionados con anterioridad. A esta denegación por falta de trascendencia o utilidad, se añade la denegación de aquellas diligencias de investigación claramente dilatorias del procedimiento, recurso utilizado por las defensas en algunos casos”[17].

Para completar este apartado, podemos decir que en el proceso penal se investiga “A través de actos o diligencias de investigación. Podemos encontrar dos tipos:

  • Diligencias de investigación ordinarias. Estos actos no suponen una limitación a los derechos fundamentales de la persona. Dentro de éstas, están:
    • Diligencias para la comprobación del delito: inspección ocular, autopsia, solicitar los antecedentes penales del investigado, etc.
    • Diligencias para la comprobación de la identidad del delincuente: ruedas de reconocimiento, edad, determinación del perfil de ADN, etc.
    • Declaración del investigado
    • Declaración de los testigos y de la víctima
    • Careo entre los testigos e investigados entre sí o entre aquellos y éstos
    • Informe pericial.
  • Diligencias restrictivas de derechos fundamentales. Siempre se debe de respetar el principio de proporcionalidad que conlleva: tomar medidas idóneas y necesarias para el caso concreto y para un tiempo determinado, siempre que la medida tomada sea la menos gravosa para el sujeto afectado.
    • Entrada y registro en lugar cerrado
    • Registro de libros y papeles
    • Detención y apertura de correspondencia
    • Medidas de investigación tecnológica
    • Intervención, inspecciones y registros corporales. Ej. La prueba de alcoholemia
    • Circulación y entrega de drogas y otras circunstancias o bienes
    • Infiltración policial o agente encubierto”[18]

8.- Conclusiones.

Como primera conclusión, se puede establecer que la fase de instrucción es la fase del proceso penal tendente a esclarecer los hechos constitutivos de delito conforme al Código penal, permitiendo así conocer al presunto culpable del hecho delictivo.

Como segunda conclusión, hay que destacar el papel fundamental del Ministerio fiscal en la fase de instrucción como garante de la legalidad de las actuaciones que se lleven a cabo en la instrucción, tanto por parte de la policía judicial, como de otros intervinientes en este proceso, como los peritos, posibles testigos, etc.

Como tercera conclusión, también se puede destacar la importancia de la instrucción en la averiguación del hecho delictivo y del presunto culpable de los hechos, sobre todo por las diligencias que se llevan a cabo en esta fase del proceso penal para determinar los hechos.

Como cuarta y última conclusión, podemos destacar también el hecho de que las diligencias que se proponga en la fase de instrucción pueden ser denegadas, pues también pueden considerarse inútiles. Hay que destacar aquí que, “sin embargo, nuestra Ley Rituaria no fija como límite temporal para la proposición de pruebas el auto de acomodación procedimental. Más al contrario, los artículos 784.1 y 785.1 señalan, respectivamente, que “[u]na vez precluido el trámite para presentar su escrito, la defensa sólo podrá proponer la prueba que aporte en el acto del juicio oral para su práctica en el mismo” y que “[c]ontra los autos de admisión o inadmisión de pruebas no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que la parte a la que fue denegada pueda reproducir su petición al inicio de las sesiones del juicio oral”. Por tanto, proponer un medio de prueba como cuestión previa, al inicio de la/s sesión/es del juicio oral, no es intempestivo.

Tampoco la normativa procesal penal exige haber interesado previamente como diligencia de investigación la práctica de la prueba que se solicita en el escrito que recoge las conclusiones provisionales de la defensa; ni a nuestro entender existe previsión legal alguna que permita hacer dicha interpretación. Además, debe tenerse en consideración que la instrucción y el juicio oral persiguen distintos fines y que, por tanto, la razón de las actuaciones que se practican en cada una de estas fases es también diferente. Ciertamente, mientras que la primera tiene por objeto, de conformidad con el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “preparar el juicio oral” y “averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos” y “determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento” (ex art. 777.1 LECrim.), en el caso de las diligencias previas; en el juicio oral -la fase más importante del proceso penal- se realizará, bajo los principios procedimentales de publicidad, oralidad, inmediación y concentración y procesales de contradicción, igualdad de armas y acusatorio, la actividad probatoria, de cuyo resultado procederá la condena o absolución del acusado. Así, el Instructor sólo viene obligado a acordar y practicar aquellas diligencias necesarias para alcanzar los objetivos previstos en los artículos 299 y 777.1, de manera que otras diligencias, distintas y no necesarias, deberán quedar para su práctica en el juicio oral, siendo los utilizados en el juicio (art. 741 LECrim.) y los preconstituidos de imposible o muy difícil reproducción (arts. 657 y 781.1 LECrim.) los únicos medios válidos para desvirtuar la presunción de inocencia”[19].

9.- Bibliografía

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[1] La información del procedimiento penal en la fase de instrucción. Editorial online elderecho.com: https://elderecho.com/la-informacion-del-procedimiento-penal-en-la-fase-de-instruccion

[2] ¿Juez Instructor o Fiscal Investigador? Legal Today: http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/lex-et-societas/juez-instructor-o-fiscal-investigador

[3] La fase de instrucción en el proceso penal. Iberley: https://www.iberley.es/temas/fase-instruccion-proceso-penal-53871

[4] Instrucción preparatoria del juicio ante el Tribunal del Jurado. Iberley: https://www.iberley.es/temas/instruccion-preparatoria-juicio-tribunal-jurado-55271

[5] Características del procedimiento penal abreviado. Iberley: https://www.iberley.es/temas/caracteristicas-proceso-penal-abreviado-5307

[6] Criterios para definir la jurisdicción y la competencia penal: https://www.iberley.es/temas/jurisdiccion-competencia-penal-55731

[7] La duración de la fase de Instrucción en el Procedimiento Penal: http://www.eljurista.eu/2016/03/23/la-duracion-de-la-fase-de-instruccion-en-el-procedimiento-penal/

[8] El Derecho al juez predeterminado por la ley en el proceso penal. Iberley: https://www.iberley.es/temas/derecho-juez-ordinario-predeterminado-ley-proceso-penal-63131

[9] Los derechos del investigado según la última reforma de la LECrim: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/los-derechos-del-investigado-segun-la-ultima-reforma-de-la-lecrim

[10] Los 11 derechos que asisten a los detenidos, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Unir: https://www.unir.net/derecho/revista/noticias/los-11-derechos-que-asisten-a-los-detenido-segun-la-ley-de-enjuiciamiento-criminal/549203663171/

[11] Iuris Now. Inicio del proceso penal: https://iurisnow.com/es/iniciar-proceso-penal/

[12] Punto de acceso General: https://administracion.gob.es/pag_Home/espanaAdmon/comoSeOrganizaEstado/Institucionesl_Estado_old/MinisterioFiscal.html#.XeifVNWCHIU

[13] Confilegal: ¿Qué es el Ministerio Fiscal? (https://confilegal.com/20170818-que-es-el-ministerio-fiscal/)

[14] Las funciones del Ministerio Fiscal como parte en el proceso penal. Iberley; https://www.iberley.es/temas/funciones-ministerio-fiscal-55781

[15] Las partes en el proceso penal: el ministerio fiscal como acusador público. Iberley: https://www.iberley.es/temas/ministerio-fiscal-acusador-publico-54821

[16] EL MINISTERIO FISCAL EN EL PROCESO PENAL. ESTRUCTURA Y FUNCIONES. El juridista oposiciones: https://www.eljuridistaoposiciones.com/ministerio-fiscal-proceso-penal-estructura-funciones/

[17] Sobre la denegación de la práctica de pruebas en Instrucción. Adlegem Abogados: https://adlegemabogados.com/sobre-la-denegacion-de-la-practica-de-pruebas-en-instruccion/

[18] La fase de instrucción en el proceso penal. Dexia Abogados: https://www.dexiaabogados.com/blog/fase-instruccion-proceso-penal/

[19] De la inadmisión de los medios de prueba no solicitados como diligencias de instrucción. Legal Today: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/de-la-inadmision-de-los-medios-de-prueba-no-solicitados-como-diligencias-de-instruccion

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