Derecho, función pública, Oposiciones

Compatibilidad entre el ejercicio de la abogacía y la condición de funcionario público

A raíz de otra entrada de este blog sobre incompatibilidades de los funcionarios públicos, a la que nos remitimos para conocer más incompatibilidades de los funcionarios públicos, hay que destacar esta clase de (in)compatibilidad.

Hay que recordar que las principales incompatibiliades de los funcionarios públicos son las siguientes:

En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las actividades siguientes

a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los asuntos en que este interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.

Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público.

b) La pertenencia a Consejos de Administración u Órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado .

c) El desempeño, por si o persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.

d) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las empresas o sociedades a que se refiere el párrafo anterior

2. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las administraciones publicas solo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta ley como de prestación a tiempo parcial.

El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad”.

Entrando un poco más en materia, hay que señalar que “

Indudablemente, cualquier procedimiento de reconocimiento de actividad privada deberá abordar la cuestión desde la perspectiva de las necesidades de servicio y de las pautas legales y jurisprudenciales que tratan de blindar al funcionario de todo aquello que no sea su función pública, ya que nada le impide si así lo considera hacer uso de los mecanismos legales previstos para dedicarse a la actividad privada en plenitud, temporal o definitivamente.

Cuestión distinta es la de atajar aquellos comportamientos que, articulando sonrojantes artificios legales con apariencia de legalidad, retorciéndola, buscan sortear los estrictos requisitos de la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas, tratando de conservar su puesto de trabajo a tiempo completo en una Administración con el ejercicio de actividades profesionales privadas en horario de trabajo”.

Y más concretamente, en relación con esto último, cabe señalar que “

En todo caso, está prohibido ejercer las siguientes actividades privadas:

  1. El desempeñ;o de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos añ;os o tenga que intervenir por razón del puesto público.
    Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se está obligado a atender en el desempeñ;o del puesto público.
  2. La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado.
  3. El desempeñ;o por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.
  4. La participación superior al 10% en el capital de las Empresas o Sociedades a que se refiere el apartado anterior”.

Para más inri, se ha de hacer referencia al hecho de que “

Como es sabido, la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, establece que para poder ejercer ambas profesiones, es preciso obtener el título profesional de abogado y procurador de los Tribunales, al objeto de garantizar el acceso de los ciudadanos a un asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad.

Sin embargo, existen varias excepciones a dicha norma general. Entre ellas y por lo que aquí y ahora nos atañe, la Disposición Adicional Tercera del meritado cuerpo normativo, que lleva como rúbrica general “ejercicio profesional de los funcionarios públicos”, establece que: “la actuación del personal al servicio del Estado, de los Órganos Constitucionales, de las Administraciones Públicas o entidades públicas ante Juzgados y Tribunales en el desempeño de las funciones propias del cargo se regirá por lo dispuesto en el artículo 551 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás legislación aplicable, no precisarán el título de abogado ni de procurador”.

Asimismo, reseña expresamente que “Los funcionarios públicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su condición de licenciados en Derecho estarán exceptuados de obtener el título de abogado o el título de procurador de los tribunales a los efectos descritos en el artículo 1 de esta ley, siempre que desempeñen funciones de asistencia letrada o asesoramiento jurídico. También estarán exceptuados quienes hayan ingresado en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, en alguno de los cuerpos de letrados de las asambleas legislativas autonómicas, en la Carrera Judicial, en la Carrera Fiscal, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, o en alguno de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas en su condición de licenciados en Derecho”.

En cualquier caso, para poder compatibilizar ambas profesiones (pública y privada), deberán de ser autorizados expresamente por la Administración Pública a la que prestan servicio. Así lo dispone el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Pública, en virtud del cual, se puede leer:

El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad.

La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad, que se dictará en el plazo de dos meses, corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta del Subsecretario del Departamento correspondiente; al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local, previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y Empresas públicas”.

No obstante, como señala expresamente el precedente artículo, dicha autorización de compatibilidad se requiere para poder llevar a cabo el efectivo ejercicio de las profesiones de abogado y de procurador. Por tanto, desde mi punto de vista, es posible que el funcionario se pueda colegiar (como ejerciente o no ejerciente), sin necesidad de solicitar previamente la autorización de compatibilidad, siempre y cuando no se ejerza de forma material y efectiva la segunda actividad de naturaleza privada.

Como botón de muestra de esta última afirmación y a efectos ilustrativos, conviene traer a colación, lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Valladolid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia de 16 Ene. 2006, rec. 534/2004:

“No cabe sino efectuar los siguientes razonamientos:

a) No puede entenderse que por el mero hecho de la colegiación como abogado, con el carácter de ejerciente se pueda entender que se vulnera el deber de no ejercicio de actividades privadas aun materialmente compatibles, por la carencia del reconocimiento previo de compatibilidad previstos en elartículo 14 de la Ley Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas

b) La colegiación como abogado, supone la concesión de la habilitación para el ejercicio de la actividad propia de dicha profesión de abogado, más ello en sí mismo no hace sino constatar la idoneidad para prestar los servicios correspondientes, mas no puede llevar a entender, en una presunción “iuris et de iure”, que por el solo hecho de la incorporación al Colegio como ejerciente se están ya realizando actividades incompatibles.

c) En el caso analizado se requeriría para entender vulnerado el deber de no ejercicio de actividades incompatibles la acreditación de que materialmente se ha realizado alguna actividad como abogado, lo cual no ha ocurrido, según resalta la sentencia en su relación de hechos probados (testifical del oficial del Colegio Sr. Olea Merino, y falta de prueba sobre existencia de ingresos, en lo que ello puede deducirse de la carencia de abono al Colegio de los derechos de intervención profesional).

d) El fundamento de la legislación de incompatibilidades se encuentra en el efectivo ejercicio de actividades privadas que puedan comprometer la imparcialidad o independencia del funcionario, por la existencia de lo que la jurisprudencia ha denominado esferas de coincidencia entre la actuación privada y la que corresponde como funcionario, según se desprende del artículo 1 de la citada Ley 53/1984. Tales esferas de coincidencia no puede entenderse que existan por la mera incorporación a un colegio, de ahí que no sea requerido para ello la autorización administrativa compatibilizadora.

e) En la práctica existen o han existido en el sector público múltiples puestos de funcionarios en que se exige la colegiación incluso para el ejercicio de la función pública, por cuanto que el ejercicio de la actividad materialmente ejercitada requiere tal colegiación. Así puede citarse el caso actual del personal estatutario de la seguridad social, o en momentos pretéritos el de letrados de las Administraciones públicas, hasta que el artículo 447.2 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, habilitó a los letrados de los servicios jurídicos de diversas administraciones territoriales para el desempeño de la actividad de defensa ante los tribunales de justicia.

f) El hecho de que existan abogados no ejercientes, frente a los ejercientes, cual dimana del artículo 9 del Real Decreto 658/2001, de 22 junio, argumento dado en el escrito de formalización del recurso, no altera la naturaleza de las cuestiones analizadas, pues por las razones que fueren, pese al no ejercicio material de la actividad de abogado, es posible estar colegiado con el carácter de ejerciente, sin que, conforme a lo razonado, este solo hecho sea demostrativo del ejercicio de actividades materialmente incompatibles”.

Además de las excepciones que quepan, en relación con lo anterior, pirncipalmente cuando se realicen actividades públicas del grupo A o que impliquen inconvenientes para ejercer la abogacía, o cuando se desarrolle como funcionario público un trabajo especialmente relacionado con el ejercicio de la abogacía (cabe aquí señalar las incompatibilidades de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal que desarrolle funciones en Juzgados y Tribunales), no se podrá ejercer como abogado.

En relación con el ámbito de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, la normativa para estas incompatibilidades, además de la prevista en la Ley 53/1984, también hay que referirse a la contenida en el Libro VI de la LOPJ, concretamente en el Título IV de esta ley, y el libro V de la misma ley en relación con los Letrados de la Administración de Justicia.

“Artículo 498. LOPJ

1. Los funcionarios estarán sujetos al régimen de incompatibilidades previsto en la legislación general aplicable a los funcionarios al servicio de las Administraciones públicas.

2. El ejercicio de cualquier actividad que requiera declaración de compatibilidad, exigirá la previa autorización del Ministerio de Justicia o de la Comunidad Autónoma con competencias asumidas.

No se podrá autorizar la compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada cuando se desempeñen puestos con dedicación especial. Tampoco procederá esta autorización, para los médicos forenses y técnicos facultativos que desempeñen puestos de Director o Subdirector en los Institutos de Medicina Legal o en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y sus departamentos.

3. En todo caso, su función será incompatible con:

a) Por lo que se refiere a Cuerpos Especiales:

1.º La intervención como particulares en los casos que pudieran tener relación con sus funciones.

2.º La función de médico de empresa, de entidades aseguradoras o el desempeño de empleos en dichas entidades.

3.º Cualquier actividad pericial privada.

4.º Emisión de certificados médicos de defunción, salvo que presten servicios en el Registro Civil y únicamente en el ejercicio de sus funciones.

b) Por lo que se refiere a Cuerpos Generales:

1.º El ejercicio de la abogacía, procuraduría, o de la profesión de Graduado Social y empleos al servicio de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales o cualquier otra profesión que habilite para actuar ante Juzgados y Tribunales.

2.º El desempeño de todo tipo de asesoramiento jurídico, sea retribuido o no.

3.º La condición de agentes de seguros y la de empleado de los mismos o de una compañía de seguros.

4.º El desempeño de los cargos de gerentes, consejeros o asesores de empresas que persigan fines lucrativos.

5.º El desempeño de servicios de gestoría administrativa, ya sea como titular o como empleado de tales oficinas.

6.º El ejercicio de funciones periciales privadas ante los Tribunales y Juzgados”.

En relación con los Jueces y Magistrados, para la incompatibilidad de Jueces y Magistrados con el ejercicio de la abogacía, hay que destacar el artículo 389 de la LOPJ:

jurisprudencia

Artículo 389.

El cargo de Juez o Magistrado es incompatible:

1.º Con el ejercicio de cualquier otra jurisdicción ajena a la del Poder Judicial.

2.º Con cualquier cargo de elección popular o designación política del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias y demás entidades locales y organismos dependientes de cualquiera de ellos.

3.º Con los empleos o cargos dotados o retribuidos por la Administración del Estado, las Cortes Generales, la Casa Real, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios y cualesquiera entidades, organismo o empresas dependientes de unos u otras.

4.º Con los empleos de todas clases en los Tribunales y Juzgados de cualquier orden jurisdiccional.

5.º Con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquélla, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

6.º Con el ejercicio de la Abogacía y de la Procuraduría.

7.º Con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido.

8.º Con el ejercicio de toda actividad mercantil, por sí o por otro.

9.º Con las funciones de Director, Gerente, Administrador, Consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género.

Y en relación con los Letrados de la Administración de Justicia, hay que señalar lo siguiente:

Artículo 444.

1. Los funcionarios del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia tendrán iguales derechos individuales, colectivos y deberes, que los establecidos en el Libro VI de esta Ley, rigiendo con carácter supletorio lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público y el resto de la normativa estatal sobre función pública.

2. Sin perjuicio de su desarrollo y concreción en el reglamento orgánico, se reconocen los siguientes derechos profesionales:

a) Libranzas, en aquellos casos en que se preste una dedicación o servicio no retribuido, en los términos que se determinen reglamentariamente.

b) Especialización profesional en aquellos ámbitos, órdenes y materias que reglamentariamente se determinen.

c) Libre asociación profesional.

d) A que sus asociaciones profesionales sean oídas en todas aquellas materias que afecten a su estatuto orgánico.

3. El régimen establecido en los apartados anteriores será aplicable a los Letrados de la Administración de Justicia sustitutos, en la medida en que la naturaleza del derecho lo permita.

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s