Derecho, Literatura jurídica, Moral y ética

El mal uso del lenguaje jurídico por sectores diversos de la sociedad

Muchas veces se oye en medios de comunicación la expresión parricidio u otras expresiones jurídicas mal dichas para hacer referencia a crímenes cometidos contra parientes o incluso contra el cónyuge.

Hay que destacar que la figura del parricidio desapareció con nuestro Código penal de 1995. En primer lugar, hay que destacar que “el Código Penal de 1973 se distinguía entre homicidio, infanticidio, parricidio y asesinato. El primero consistía en la muerte de un sujeto; el segundo se producía cuando esa muerte se provocaba a un recién nacido; en el tercero, la muerte se causaba a uno de los familiares que la norma contemplaba, como luego expondremos; y, el último, es un homicidio agravado, cuando se emplean determinados medios para producir la muerte de otra persona (alevosía, ensañamiento, precio; etc.).

Con el Código Penal de 1995 desaparecen todas estas figuras delictivas, con excepción de las dos básicas: el homicidio y el asesinato. La relación de parentesco se contempla pues como una circunstancia mixta de tipo genérico, recogida en el art. 23 CP, y no está insita en la norma penal del homicidio y puede agravar o atenuar la responsabilidad criminal.

La regulación del parricidio estaba prevista en el Título VIII del Libro 2, cuyo enunciado era “los delitos contra las personas”, Capítulo I, bajo la rúbrica de “el homicidio”, concretamente en su artículo 405 del Código Penal de 1973, que disponía lo siguiente: “el que matare a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o a su cónyuge, será castigado, como reo de parricidio, con la pena de reclusión mayor”.

La única especialidad que tenía este precepto, con respecto al homicidio, era que el sujeto pasivo tenía que ser descendiente, ascendiente o cónyuge, con lo que a su vez quedaba también delimitado el sujeto activo. Por lo tanto, los elementos delimitadores de carácter objetivo y subjetivo del tipo penal del parricidio eran los mismos que los del homicidio, con la salvedad de que los sujetos activo y pasivo estaban limitados a la relación de parentesco que en la norma se contemplaba. La imposición de una pena mayor en el parricidio que en el homicidio, estaba justificada por el plus de culpabilidad del sujeto activo al atentar contra la vida de un familiar. Es evidente que ese comportamiento merece un mayor reproche penal, por lo que el parricidio operaba como un homicidio agravado.

Para poder apreciar esta norma, y sancionarse como parricidio, no como homicidio, era necesario que existiera en el momento de la muerte del cónyuge la afectio maritales; es decir, que vivieran juntos y tuvieran cierta relación sentimental. La Sala 2ª del Tribunal Supremo entendió, desde el Pleno de 18 de febrero de 1994, que la situación de separación de los cónyuges, aún solo de hecho, debía determinar la exclusión de la aplicación del antiguo artículo 405 del Código Penal 1973 en los casos de muerte causada por uno de ellos al otro, sobre la base de que, al haberse producido un deterioro importante de la relación matrimonial, ya no hay suficiente fundamento para justificar un reproche superior de la conducta del autor y no ser posible presumir una mayor culpabilidad frente a la exigencia, más adecuada, de atenerse a una culpabilidad real”.

En este punto, hay que destacar que “en el Código Penal de 1973 se distinguía entre homicidio, infanticidio, parricidio y asesinato. El primero consistía en la muerte de un sujeto; el segundo se producía cuando esa muerte se provocaba a un recién nacido; en el tercero, la muerte se causaba a uno de los familiares que la norma contemplaba, como luego expondremos; y, el último, es un homicidio agravado, cuando se emplean determinados medios para producir la muerte de otra persona
(alevosía, ensañamiento, precio; etc.).

Con el Código Penal de 1995 desaparecen todas estas figuras delictivas, con excepción de las dos básicas: el homicidio y el asesinato. La relación de parentesco se contempla pues como una circunstancia mixta de tipo genérico, recogida en el art. 23 CP, y no está ínsita en la norma penal del homicidio y puede agravar o atenuar la responsabilidad criminal. 

La regulación del parricidio estaba prevista en el Título VIII del Libro 2, cuyo enunciado era “los delitos contra las personas”, Capítulo I, bajo la rúbrica de “el homicidio”, concretamente en su artículo 405 del Código Penal de 1973, que disponía lo siguiente: “el que matare a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o a su
cónyuge, será castigado, como reo de parricidio, con la pena de reclusión mayor”.

La única especialidad que tenía este precepto, con respecto al homicidio, era que el sujeto pasivo tenía que ser descendiente, ascendiente o cónyuge, con lo que a su vez quedaba también delimitado el sujeto activo. Por lo tanto, los elementos delimitadores de carácter objetivo y subjetivo del tipo penal del
parricidio eran los mismos que los del homicidio, con la salvedad de que
los sujetos activo y pasivo estaban limitados a la relación de parentesco que en la norma se contemplaba. La imposición de una pena mayor en el parricidio que en el homicidio, estaba justificada por el plus de culpabilidad del sujeto activo al atentar contra la vida de un familiar. Es evidente que ese comportamiento merece un mayor reproche penal, por lo que el parricidio operaba como un homicidio agravado.

Para poder apreciar esta norma, y sancionarse como parricidio, no como homicidio, era necesario que existiera en el momento de la muerte del cónyuge la afectio aritales; es decir, que vivieran juntos y tuvieran cierta relación sentimental. La Sala 2ª del Tribunal Supremo entendió, desde el Pleno de 18 de febrero de 1994, que la situación de separación de los cónyuges, aún solo de hecho, debía determinar la
exclusión de la aplicación del antiguo artículo 405 del Código Penal 1973 en los casos de muerte causada por uno de ellos al otro, sobre la base de que, al haberse producido un deterioro importante de la relación matrimonial, ya no hay suficiente fundamento para justificar un reproche superior de la conducta del autor y no ser posible presumir una mayor culpabilidad frente a la exigencia, más adecuada, de atenerse a una culpabilidad real”.

Por tanto, el delito de parricidio ya no existe en España desde 1995. Pero en 2013, en un artículo de lawyerpress, se hablaba del hecho de que “es, sin duda, un buen momento para reflexionar y plantearse si debe continuar desterrado del Código penal español el delito de parricidio tal y como fuera entendido por la constante legislación penal española y la agravante de premeditación, que desaparecieron, como por arte de magia. Nadie lo había pedido, y menos con clamor, para después llorar por su ausencia, creándose, con fea expresión la ahora llamada “violencia de género”.
Repito: no recuerdo que hubiese una actitud general de los hermeneutas, ni de la jurisprudencia criminal del Tribunal Supremo. Fue, sencillamente, una simple copia del Derecho penal alemán, sin que hubiera en España una seria, razonada y razonable opinión para que fuese expulsado del Código penal. Quien sí lo hizo a finales del siglo XIX fue el ilustre catedrático de Derecho penal de la Universidad de Berlín F.von Liszt. Sobre la base de la siguiente presunción. El delito de parricidio no es mas que un homicidio simple atenuado. Porque siempre está caracterizado por la pasionalidad y la vida del padre o de la madre o de la mujer o de los hijos y de los abuelos o del cónyuge no es objetivamente más digna de represión que la de un tercero. El bien jurídico protegido es idéntico: la vida humana. Está consideración del tan ilustre maestro del Derecho penal tirada por la ventana toda la histórica tradición, derivada, inmediatamente, del Derecho penal romano sobre el concepto de familia y la exquisita protección de la vida de sus componentes, de forma especial del pater familias. Pero tan prestigioso profesor era alemán y su país no fue romanizado, y no podía valorar la diferisiación con el Derecho germánico. Tan radical posición fue mimetizada por quienes las que prepararon y confeccionaron el proyecto del vigente Código penal. Nada se discutió sobre el tema en vía parlamentaría. El PP entonces en la oposición se abstuvo.

No debe olvidarse tampoco que uno de los pilares fundamentales de la génesis del Derecho penal fue el tabú del parricidio. Como era la costumbre prehistórica. En el Derecho penal español era el delito mas grave. Se castigaba, sin circunstancia con la pena de reclusión mayor a muerte. De buenas a primeras, desapareció, haciendo mutis por el forro, sin ni siquiera una explicación parlamentaria como viene siendo costumbre en la actuación de los políticos españoles que aunque se proclamen de izquierda tienen, a veces, los mismos reflejos que los franquistas de derechas. La comodidad muchas veces se antepone al ejercicio de la practica de la democracia.
Algo parecido sucedió con la famosa y popularmente agravante premeditación. Hacía algunos años que la überlegun (premeditación), había desaparecido del código penal alemán. Nosotros no íbamos a ser menos, y la suprimimos sin más. Tan arraigada estaba en la conciencia popular española, que los periodistas que siguen el crimen espantoso de la muerte de la niña de Santiago de Compostela, afirmaron por doquier que estaban pendientes de la recepción de la pruebas de laboratorio para conocer si la muerte de la pobre niña Asunta había sido premeditada, porque entonces seria un asesinato.

Tampoco hubo necesidad, de la desaparición de la conocida agravante que, desde siempre, estuvo en los códigos penales españoles. Parece ser que los escribientes del proyecto del vigente código penal creyeron que, suprimiéndola, tendríamos un sistema penal como el alemán. Eso no es verdad..
Nos faltan miles de cosas para que eso pudiese suceder pero, copiando, acriticamente, no resolvemos nada.

La premeditación que fue objeto de muy buenas tesis doctorales y que desde los prácticos de los siglos XI y XII había sido objeto de una inmejorable construcción doctrinal y científica también fue, inopinadamente, expulsada del Código penal español. Nada se debatió en las Cortes generales españolas. Simplemente se voto y ya está usted servido. Con esta metódica franquista fue aprobada su eliminación. El desprecio por el pueblo soberano fue, una ves mas, mayúsculo. 

Esperemos que la reforma que se divisa en lontananza no sea como las anteriores y los medios de comunicación no sigan con el sainete dictado por los políticos “de tu eres mas corrupto que yo”, mientras la justicia por lo general calla y calla. Espero dedicarme a esto algún día..”.

Pero no es el único mal uso del lenguaje jurídico. También se utiliza con expresiones tales como la de tentativa y otras similares.

Llegados a este punto, se ha de afirmar que “se sigue haciendo un mal uso del lenguaje en la literatura jurídica motivado principalmente por la pervivencia de vicios lingüísticos del pasado que continúan incorporándose a los textos legales, normativos, judiciales y administrativos hoy en día. Conscientes o no de ello, las múltiples incorrecciones gramaticales, ortográficas o estilísticas que siguen pasándose por alto – por ignorancia, desidia o indiferencia –, desprestigian a las instituciones y trivializan lo jurídico, convirtiéndolo “en una literatura menor merecedora de la sorna de los que usan bien el lenguaje” (Cayero González, 2017, p. 119).

En este sentido, el autor es claro y directo en su planteamiento: “los que, de una u otra manera, nos dedicamos a lo jurídico usamos mal el lenguaje, o dicho de forma más impersonal, el lenguaje jurídico-administrativo atenta contra los principios y las reglas del idioma” (p. 121). Y, la verdad, buena razón tiene. No porque el lenguaje jurídico se caracterice por su solemnidad, retoricismo, verbosidad o incomprensibilidad, sino porque es inadmisible que sentencias, por ejemplo, del Tribunal Supremo contengan errores ortográficos, gramaticales, de puntuación o concordancia precisamente por el desconocimiento de las reglas del buen uso del lenguaje por parte de sus magistrados, abogados u oficiales. Recordemos sino la noticia que vio la luz en septiembre de 2015 en la que el juez Enrique López y López, antiguo miembro del Tribunal Constitucional, exportavoz del Consejo General del Poder Judicial y actualmente magistrado de la Audiencia Nacional presentaba un escrito con más de 50 erratas y faltas de ortografía. Días después, la competencia lingüística del magistrado volvía a ser noticia: “la ortografía del juez Enrique López progresa, pero no adecuadamente: 17 faltas en su escrito ‘corregido’”[1]. Desafortunadamente, esto no es un caso aislado, es una prueba más del descuido con el que utilizamos nuestra lengua, incluso en las altas instancias.

Enumeremos, pues, algunos de los errores que, de manera recurrente, encontramos en textos de esta naturaleza:

  • Utilización incorrecta del gerundio. Según Vilches Vivancos y Sarmiento González (2009), este es, “el segundo error más común que se encuentra en el lenguaje administrativo. Dos de cada tres gerundios utilizados en él, están mal” (citado en Cayero González, 2017, p. 127). Sin duda, el lenguaje jurídico abusa de esta forma en un amplio abanico de construcciones cuando, en algunos casos, podría eliminarse y sustituirse por otras expresiones. Se recomienda, por tanto, tener un especial cuidado con esta forma verbal cuya utilización es correcta cuando expresa una acción simultánea o anterior a la del verbo principal (o tan inmediata que se perciba como simultánea) (i.e. El juez dictará resolución reconociendo la incorporación del trabajador al programa), pero sería totalmente agramatical hacerlo cuando se indica una acción posterior (i.e. Fue denunciado por un vecino teniendo que comparecer ante el juez).
  • Fijación insistente en los anafóricos mismo, misma, mismos, mismas. Se suele atribuir al adjetivo mismo/a las funciones de los pronombres demostrativos, personales o posesivos con la intención de referenciar en el discurso cuestiones que han surgido anteriormente. Veamos unos ejemplos: “en relación con la declaración de la víctima, el Tribunal de instancia consideró la misma como bastante a fin de dictar el fallo condenatorio”; “[…] Igualmente deberá comprobar esta Sala la acomodación de dicho arbitrio a las pautas normativas que la ley establece cuando el Tribunal sentenciador deba ajustarse a las mismas”; “[…] una cosa es el consumo y otra distinta el efecto que el mismo produzca en la imputabilidad del sujeto en el momento de la ejecución de los hechos”; “[…] Debe recordarse que las circunstancias modificativas de la responsabilidad deben estar tan acreditadas como el hecho delictivo mismo” (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Auto 586/2017 de 16 de marzo de 2017). A pesar de parecer un recurso elegante y preciso, no es más que una muletilla aburrida y vacía de sentido, cuya supresión no provocaría la pérdida de significado o de contenido. Su uso abusivo en el lenguaje jurídico-administrativo promueve que se siga legando a las nuevas generaciones de juristas impidiendo que se catalogue, por fin, de “vulgar y mediocre” (Esbozo de la nueva gramática de la lengua española, 1973, p. 212).
  • Uso incorrecto de mayúsculas y minúsculas. El desafío a las reglas de la ortografía española, especialmente en instituciones, organizaciones, títulos, cargos, tratamientos o disposiciones jurídicas, es habitual. Persiste la duda de si escribir con mayúscula inicial o minúscula palabras como ministro, presidente, fiscal general, secretario, senador o, incluso, ley, decreto, sentencia, norma o resolución. En realidad, y de acuerdo con las normas ortográficas de la RAE de 2010, dichos términos, en el caso de los cargos, se escribirán en minúscula vayan o no acompañados del nombre de la persona que los desempeña; en cuanto a las disposiciones, tampoco se escribirán con la inicial mayúscula cuando en el texto de la disposición se haga referencia a la propia norma o a una clase genérica de disposición (Cayero González, 2017, p. 131).
  • Empleo reiterado del relativo el cual, pudiéndose sustituirse por un simple que. Dicha utilización pretende conferir al texto jurídico de un fingido nivel de formalidad.
  • Uso de circunloquios, redundancias y palabras innecesarias para expresar una idea o un concepto. El discurso jurídico tiende a utilizar eufemismos y elementos superfluos que dificultan la correcta comprensión del mensaje, la norma o la disposición. Nos referimos, por ejemplo, a expresiones como procurar la reestructuración de la deuda (reestructurar la deuda), producir una alteración (alterar) o proceder al pago de un impuesto (pagar un impuesto), así como a locuciones vacías que supuestamente embellecen el texto sin aportar un valor añadido, sino más bien lo contrario, marcan distancia entre el propio ordenamiento jurídico y el ciudadano como a tenor de, en el marco/ámbito de, como consecuencia de, cuando, en realidad, podrían ser resueltas con un simple según, en o por.

Dichas expresiones, junto a la utilización de términos especializados, latinismos cultos o palabras de formación prefijada consiguen que el texto sea poco transparente e incluso carezca de naturalidad.

  • Desorientación en el uso de la tilde, especialmente en el adverbio solo y en los pronombres demostrativos (aquéllos, éstas, etc.). La RAE, concretamente en el apartado de Consultas lingüísticas, preguntas frecuentes indica que: “La palabra solo, tanto cuando es adverbio y equivale a solamente […] como cuando es adjetivo […], así como los demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, funcionen como pronombres (Este es tonto; quiero aquella) o como determinantes (Aquellos tipos; la chica esa), no deben llevar tilde según las reglas generales de acentuación”. A pesar de estas recomendaciones, seguimos encontrando decretos, leyes y normas que utilizan solo con acento, aún en casos en los que no existe siquiera posibilidad de ambigüedad (i.e. “se aclara que no todo componente de la estructura de costes de la actividad podrá incorporarse en la revisión sino sólo aquellos que estén directamente relacionados con la actividad en cuestión y resulten indispensables para su desarrollo” (Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española).

Estos son solo algunos ejemplos de las incoherencias lingüísticas que encontramos en la literatura jurídica; vicios que siguen reproduciéndose y heredándose de generación en generación. Por ello, dejemos de mirar a otro lado e intentemos corregirlos para colocar a lo jurídico en el lugar que merece. Estaremos de acuerdo con Cayero González (2017) en que “todos tenemos la obligación de contribuir al rescate del buen uso del lenguaje en el ámbito del derecho y la primera tarea debe ser reconocerle a la cuestión la importancia que tiene” (p. 119)”.

Como introducción, se debe señalar que la dificultad y tecnicidad del lenguaje jurídico lo hace muchas veces engorroso y difícil de comprender, pero merece la pena esforzarse un poco en conocer esos términos tan técnicos para poder entender, si tenemos que acudir a un juicio, el contenido del mismo, o el contenido de un acto jurídico.

Pero la dificultad no viene solo en el heho de que el Derecho utilice palabras propias del sector, sino del hecho de utilización del mismo por otras profesiones (periodistas sobre todo) de manera que resulta más difícil su comprensión.

Como introducción, cabe señalar que ” la RAE define lenguaje como el “conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente” y el “estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular”. La relación entre derecho y el lenguaje es intensa.  El derecho necesita ser escrito y hablado a través del lenguaje sin el cual no podría existir. En sentido recíproco, el derecho ha contribuido a la elaboración del lenguaje aportándole sus términos y expresiones.

El Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico del Ministerio de Justicia de España (2011) nos recuerda que los ciudadanos tenemos el derecho a comprender, sin la mediación de un traductor, las comunicaciones verbales o escritas de los profesionales del derecho (abogados, asesores legales, jueces y magistrados, fiscales, profesores de derecho) y de las instituciones públicas. Un mal uso del lenguaje por parte de ellos genera inseguridad jurídica e incide negativamente en la solución de los conflictos sociales. El Estado de Derecho se ve fortalecido gracias a una mayor claridad del lenguaje jurídico.

La palabra es la médula del discurso de los profesionales del derecho: claridad, lógica, precisión y rigor pueden ir de la mano con simplicidad y belleza al momento de comunicar. Precisamente, en este blog tratamos de actuar en esa línea cuando se abordan y analizan los diversos temas legales sobre lo que se escribe”.

En primer lugar, destacar que “la penúltima ocurrencia de nuestro Gobierno, por boca del Ministro de Justicia, consiste en la pretensión de cambiar  el lenguaje jurídico,  para  que  los  ciudadanos puedan comprender mejor las sentencias de nuestros jueces y Tribunales.  Según el CGPJ, el 82 % de los ciudadanos cree que el lenguaje jurídico es complicado y difícil de entender, de modo que los jueces van a tener que seguir una serie de pautas para que sus sentencias resulten más sencillas de leer. Según la información que publica el Diario Expansión, el Secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, ha explicado que el informe apuesta por emplear “frases cortas” en lugar de “párrafos largos, subordinadas, pasivas y gerundios” que dificultan la comprensión del contenido del acto judicial”.

A continuación, destacar que “las recomendaciones se dirigen hacia un lenguaje sencillo, que siga las pautas de la propia Academia”, ha añadido. Igualmente, el ‘número dos’ de Justicia ha enfatizado la importancia de que el ciudadano “comprenda aquello que se dice sobre él” y que “determina sus relaciones en la vida social”. A su entender, los usuarios deben ver la Justicia como “la primera instancia a la que consultar” en lugar de la “última a la que acudir” para resolver sus problemas. Hasta aquí todo parece más o menos correcto porque es cierto que la redacción de algunas sentencias dista mucho de seguir los cánones de la Real Academiade la Lengua, no por las expresiones que se utilizan sino  por su lamentable sintaxis. No hace falta ser muy veterano para recordar la época en la que las Sentencias contenían Considerandos (no Fundamentos de Derecho, como ahora) que resultaban imposibles de leer en alto, a menos de perder el aliento. Y todo, porque la Ley exigía que cada Considerando fuese una sola frase, con lo cual los puntos brillaban por su ausencia y se hacía uso profuso del punto y coma y de las comas, con un tipo de frases en contra de las más elementales reglas de la sintaxis.

Ahora, el Ministro Caamaño quiere obligar a los jueces a que redacten sus escritos con mayor claridad, utilizando frases cortas y prescindiendo de los párrafos subordinados o de las frases largas. Como decía un antiguo profesor mío, cada idea en una frase y una frase para cada idea, lo cual resulta muy de agradecer para el lector de cualquier clase de escrito, tenga, o no, índole jurídica. Todo esto (si se queda ahí) me parece muy bien, pero la cosa no puede ni debe llegar al punto de exigir la supresión de expresiones calificadas como “crípticas y arcaicas” por varias razones muy elementales.

En primer lugar, porque cada profesión tiene su propio lenguaje técnico cuya utilización tiene por finalidad aquilatar bien el sentido de las expresiones que se utilizan. y que, muy frecuentemente, no tienen equivalente preciso en el lenguaje vulgar. Si yo digo que carezco de legitimación o que resulta procedente una reconvención, ninguno de estos dos términos (como sucede con otros muchos de frecuente utilización en Derecho) puede ser correctamente sustituido por otro sino por una definición -más o menos extensa- de los mismos. Y esto mismo sucede con casi todas las profesiones, desde las tituladas a las no tituladas, ya que una hernia de hiato no puede ser expresada con otros términos, porque resultaría absurdo decir que se trata de una situación patológica que se produce cuando parte del estómago se introduce hacia el tórax. En mi caso me quedaría muy inquieto si en lugar de la expresión técnica, hernia de hiato, me dijese el médico la descripción expuesta porque pensaría que estoy en las últimas y que mi tórax corre el riesgo de  hundirse. De igual modo, los economistas utilizan términos crípticos para los profanos cuando hablan de operaciones de SWAP o de la TIR o el VAN de una determinada operación. Este tipo de expresiones resultan muy claras para los profesionales y, aunque no sean comprendidas por el ciudadano  no experto, no por eso han de dejar de ser utilizadas. Y qué decir de los términos náuticos, porque estribor no es ni la izquierda ni la derecha, que son relativas dependiendo del punto de vista de quien observa, sino el costado derecho de la embarcación mirando hacia proa (de otra forma se estaría constantemente preguntando ¿tú izquierda o mi izquierda?). O sea, que la utilización de términos que tienen un sentido eminentemente técnico -en cualquier clase de profesión- resulta absolutamente necesario, tanto para la precisión del lenguaje como para la del mensaje que se quiere transmitir.

Y continúo con lo que el Ministro de Justicia denomina como términos “arcaicos”, que no sé muy bien a qué pretende referirse, pero podrían ser varios tipos de expresiones. En primer lugar, las que proceden del castellano antiguo, como es nuestro conocido OTROSÍ que, además de su utilización forense, da nombre a la revista que publica el Colegio de Abogados. También podría hacer alusión a instituciones poco actuales como la “anticresis”, los “censos enfitéuticos” y otras muchas similares, que son denominaciones estrictamente jurídicas que carecen de otro nombre en lenguaje vulgar. Finalmente (last but non least), quedarían las expresiones latinas, de las que tanto uso hacemos los juristas porque, en su mayoría, proceden de aforismos romanos que recogen principios generales del Derecho, lo cual es, en sí mismo, la invocación a una fuente del Derecho. Es decir, que en todos estos supuestos, existen razones de peso para no dejar de utilizar determinadas expresiones, por muy viejas o arcaicas que sean, ya que transmiten, o bien un mensaje más preciso que las expresiones nuevas, o bien un “quantum” de información suplementaria (como es el caso de los aforismos latinos).

En fin, que podría seguir escribiendo sobre el lenguaje jurídico hasta hartarme, pero entiendo que hay que poner un punto final prudencial al asunto, de modo que, si bien puedo estar de acuerdo en que se mejore la sintaxis de las resoluciones judiciales, encuentro que es una majadería y un verdadero peligro prescindir de expresiones propias del Derecho, aunque puedan resultar arcaicas o difícilmente comprensibles para quien no es profesional del Derecho. En todo caso, el Sr. Caamaño haría muy bien en llamar la atención sobre la deficiente forma en que se redactan muchas normas (sobre lo cual se ha escrito abundantemente en este blog) y, especialmente, sobre el inadecuado uso de la más elemental gramática por parte de altos cargos públicos. Lo primero trae como consecuencia que ni los propios profesionales del Derecho lleguemos a entender el sentido claro de muchas normas (ahí está, sin ir más lejos, el reciente RDL sobre la restauración del Impuesto sobre el Patrimonio) produciendo una incertidumbre que atenta contra el  principio de seguridad jurídica. Lo segundo produce, simplemente sonrojo y vergüenza ajena cuando una Ministra habla sin pudor alguno de las “miembras”…”

FUENTES:

Lenguaje administrativo: https://lenguajeadministrativo.com/sobre-la-modernizacion-del-lenguaje-juridico/

El Derecho Penal debe desaparecer

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjU0MLtbLUouLM_DxbIwMDCwNzA7BAZlqlS35ySGVBqm1aYk5xKgBPJ8plNQAAAA==WKE

Hay Derecho: https://hayderecho.com/2011/10/01/lenguaje-juridico-y-lenguaje-correcto/

Universidad Viu: https://www.universidadviu.es/la-legalidad-agramatical-errores-linguisticos-los-textos-juridico-administrativos/

Lenguaje jurídico: http://www.lenguajejuridico.com/inicio