Derecho, Economía

La inteligencia artificial. Primera parte.

La inteligencia artificial es uno sectores que más ha avanzado en el último siglo y medio. Los avances desde principios del siglo con la tercera revolución industrial para mejorar la producción y la vida de las personas en sus tareas rutinarias ha supuesto un vuelco en la forma de trabajar del ser humano.

Pero el problema que pueda plantearse mediante las conductas que puedan crear las nuevas máquinas por querer independizarse no está regulado aún. Y lo peor es que está cada día más cerca.

Por ello cabe destacar que, “desde que a finales de los años 40 del pasado siglo surgieran las primeras ideas sobre la computación legal, y desde que en los años 70 del mismo aparecieran las primeras propuestas de lo que se denominaron sistemas legales expertos, la tecnología informática ha sido usada para el

tratamiento de la información legal (Casellas, 2008).

En nuestra opinión, el principal uso de la tecnología en el ámbito del Derecho se
ha centrado en la elaboración y el trabajo con las grandes bases de datos documentales, dedicadas a recoger los progresivamente mayores volúmenes de legislación y jurisprudencia emanada de la Administración, así como de la doctrina científica producida por expertos y estudiosos.

Particularmente ha sido en el campo de la recuperación de información en el que ha sido necesario realizar los más innovadores y complejos desarrollos, tal como
hemos estudiado anteriormente en otros trabajos.

En el desarrollo de estas técnicas se han identificado, desde el principio, dos tipos de problemas recurrentes:

a) La imposibilidad de presentar resultados sobre una búsqueda (generalmente por la falta de concordancia entre los términos utilizados para definir la búsqueda y los documentos disponibles en la base de datos) o, por el contrario, presentar un número excesivo de documentos sobre la misma

(generalmente por el empleo de criterios muy genéricos o por el tratamiento que de los mismo realiza el buscador). Ninguna de esas posibilidades satisface las necesidades de los usuarios (y, desde luego, cada una de ellas plantea a su vez una serie de problemas en los que no vamos a entrar ahora).

b) Por otra parte, y como señaló Niblett en 1981, lo que estos sistemas de recuperación de información hacen realmente es proporcionar documentos al usuario, cuando lo que los usuarios generalmente necesitan es una información (en forma de dato concreto o de criterio de aplicación). Y
frecuentemente esa información necesaria se encuentra dispersa o diseminada entre varios documentos.

Por ello, la tarea del usuario, del profesional jurídico que consulta una base de datos,
no concluye con el acceso a esos documentos, sino que se necesita un
análisis y estudio posterior para elaborar el documento o el razonamiento apropiado para cada caso”.

Aquí hay que destacar que “desde el principio, la Inteligencia Artificial aplicada a Derecho nació con la finalidad de solucionar un conjunto de problemas específicos que se plantean en el ámbito jurídico. Algunos de estos problemas son conocidos y persisten hasta hoy: la organización de grandes bases de datos, la clasificación, ordenación y análisis de textos legislativos que varían con el tiempo, la modelación de las operaciones realizadas por los agentes jurídicos, el análisis y estudio de determinados ámbitos del conocimiento jurídico, la argumentación razonable en función de normas o precedentes.

Como vemos en el sector jurídico la Inteligencia Artificial tiene múltiples aplicaciones y resulta ser una herramienta de apoyo que complementa la actividad del
abogado. Por ejemplo, si nos encontramos ante un supuesto jurídico que requiere una respuesta, podemos dotar a un sistema o herramienta con una serie de datos (como los hechos, las personas implicadas, el plazo) y ponemos a su disposición una gran base de datos, como la jurisprudencia,
la doctrina, la legislación y toda la documentación referente a nuestro
asunto. La herramienta lo que hará será aglutinar y juntar toda esa información y darnos una respuesta jurídica que sirva para apoyar y desarrollar la resolución de nuestro caso.

La clave de todo ello es que la Inteligencia Artificial y Derecho debe ser entendida como una herramienta de apoyo, un complemento al trabajo del abogado. Los seres humanos no somos capaces de navegar y analizar toda la documentación que se encuentra digitalizada, entonces lo que nos permite la Inteligencia Artificial es analizar toda esa información elaborada para llegar antes a las opciones que te plantearías y poder elegir”.

En cuanto a los problemas que surgen en relación con esta robotización y utilización de máquinas en los procesos de producción, relaciones y de trabajo de los seres humanos, se debe señalar que “el principal problema al que nos enfrentamos al juntar Inteligencia Artificial y Derecho es que se deben desarrollar tecnologías capaces de
resolver eficientemente los problemas y consultas propuestos desde tres aspectos diferentes: el sistema o herramienta debe ser capaz de comprender e interpretar el lenguaje natural, la modelación de las
reglas y pautas jurídicas de nuestro ordenamiento y debe ser capaz de procesar toda la información e interpretar una consulta.

Un problema que podemos encontrarnos al emplear la Inteligencia Artificial como herramienta de trabajo es el uso mal intencionado de la misma. Al fin y al cabo, se trata de un sistema o herramienta al que se le ofrecen una serie de datos y documentación que analiza para, mediante un proceso de razonamiento y el seguimiento de una serie de instrucciones
alcanza una conclusión. Es decir, si a un sistema o herramienta le
introduces una base de información errónea, limitada o incorrecta no
podrá llevar a cabo un proceso de análisis correcto y las soluciones a
las que va a llegar y que ofrecerá serán tergiversadas o falsas.

La Inteligencia Artificial no puede ofrecer ni ofrece soluciones correctas y definitivas, sino que ofrece opciones diferentes basadas en un proceso cognitivo, será el abogado el responsable de apoyarse en la
opinión más acertada o adecuada.

Otro problema, que más bien debe
ser visto como una oportunidad, es el hecho de que, en un futuro, la Inteligencia Artificial podrá llegar a realizar determinadas tareas de búsqueda y análisis de legislación y jurisprudencia que acabará
sustituyendo determinadas tareas de becarios y abogados de primer nivel
que deberán reinventarse. Toda automatización de tareas conlleva un
flujo de empleo por el cual desaparecen determinadas tareas y por lo tanto puestos de trabajo más simples y evolucionan a tareas con un nivel de conocimiento y especialización mayor”.

Y no solo porque nos quiten puestos de trabajo, sino por el hecho de que muchas de las máquinas cada vez son más proclives a tener formas humanas y a ser tratadas como tales, y algunas están empezando a mostrar sentimientos. Por ello la necesidad de regular las relaciones entre máquinas y seres humanos y los posibles actos delictivos que puedan cometer las máquinas al ser ya casi consideradas como seres humanos.

La posibilidad de desarrollar tecnologías capaces de resolver eficientemente problemas como los propuestos, se basa en tres premisas: a) que el sistema sea capaz de entender la consulta efectuada por el usuario en lo que se denomina su lenguaje natural; b) que disponga de la expresión informatizada del conjunto de reglas de Derecho aplicables y, por último, c) que sea capaz de relacionar la consulta con ese conjunto de reglas, para poder identificar opciones, elaborar conclusiones y ofrecer respuestas al usuario.

Posiblemente las técnicas de proceso del lenguaje natural (NLP, por sus siglas en

inglés), sean las que más han avanzado en los últimos años.

Los ordenadores pueden reconocer, con un alto grado de precisión, el sentido de las consultas formuladas por los seres humanos, sin que estos deban utilizar para ello complejas construcciones sintácticas u operadores de proceso (AND, NOT, NEAR…)

Sin embargo, el lenguaje jurídico posee algunas características propias, que aumentan la dificultad de comprensión de las consultas formuladas:

Estas dificultades se deben principalmente, a la vaguedad, ambigüedad y textura abierta del derecho.

La vaguedad: es una característica de las palabras/conceptos en relación con lo que estas representan/significan según su uso. La vaguedad sería, en términos sencillos, falta de precisión.

La ambigüedad: significa la existencia de posibles usos distintos de una palabra o concepto, de esta situación surge la existencia de diferentes significados. Así la ambigüedad es un problema de polisemia por una parte y de homonimia por otra.

La textura abierta: constituye un vicio potencial que afecta a todos los términos de los lenguajes vulgares o naturales. Consiste en la posibilidad de que surjan dudas acerca de la aplicabilidad de una palabra que en la actualidad tiene un significado preciso, en circunstancias futuras insólitas o imprevistas.

Para los interesados en esta apasionante y compleja cuestión, nos remitimos a The concept of law de H. L. A. Hart, de imprescindible consulta.

La modelización de reglas y pautas jurídicas para hacerlas comprensibles por la máquina que debe aplicarlas es el siguiente problema a resolver a la hora de construir un sistema de IA aplicado al Derecho.

Y, hasta fecha, este obstáculo no se ha podido superar satisfactoriamente.

La razón es que pese a su apariencia formal y reglada, el ordenamiento jurídico presenta
la característica singular de estar pseudo-formalizado, pues si bien
existe un amplio corpus de normas formales destinadas a definir y regular su ámbito, estas normas son frecuentes y deliberadamente ambiguas, contradictorias e incompletas.

Esta característica hace sumamente complejo crear una ontología o diseño del
sistema de reglas asociado al mismo capaz de ser comprendidas por la máquina. Por otro lado, la subjetividad del autor de la modelización, condiciona notablemente su lógica y estructura.

Por todo ello no deja de ser paradójico que pese a la gran cantidad de literatura científica dedicada al tema, ningún equipo de trabajo haya sido capaz, hasta donde hoy conocemos, de elaborar un sistema de reglas de alcance general para un ordenamiento
jurídico.

De hecho, como veremos más adelante, el sistema Watson de IBM evita directamente su utilización, fiando la calidad de su propuesta a una gran potencia de proceso. Pero otra dificultad adicional, para el caso de que se pudiese llegar a disponer

de una modelización eficiente de un ordenamiento, radica en la capacidad
de los actuales sistemas de proceso para ser capaces de interpretar la consulta y explotar las reglas de razonamiento aplicables, en unos tiempos de respuesta razonables.

Esta tecnología, denominada motor de inferencia, todavía no ha podido alcanzar un nivel de rendimiento aceptable”.

FUENTES:Inteligencia Artificial y Derecho. Problemas y perspectivas. Carlos Fernández Hernández y Pierre Boulat. Noticias juridicas (http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/9441-inteligencia-artificial-y-derecho-problemas-y-perspectivas/).INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO (https://letslaw.es/inteligencia-artificial-y-derecho/).

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