Derecho, Política, Protección de datos

La cesión de datos por las operadoras al INE

Poco antes de las elecciones generales en España, los ciudadanos se enteraban por los medios de comunicación de la cesión de sus datos de localización por las operadoras telefónicas al INE, el cual compró todos esos datos por medio millón de euros.

Supuestamente, como informaba RTVE, “el objetivo es analizar los desplazamientos durante cuatro días laborales de noviembre (del 18 al 21); un domingo (el 24 de noviembre); un festivo (el 25 de diciembre); y dos días de verano (el 20 de julio y 15 de agosto, también festivo).

El INE pagará medio millón de euros a Telefónica, Vodafone y Orange para desarrollar este estudio que ha despertado ciertas suspicacias, aunque las compañías dicen respetar plenamente la legalidad.

El INE únicamente recibirá información sobre cuántos dispositivos hay en cada “celda” en que la que se ha dividido el territorio nacional, sin que las operadoras ofrezcan información alguna sobre de qué números se trata o quiénes son los titulares. Con los datos recabados, el INE podrá analizar aspectos como cuáles son los desplazamientos más habituales en el día a día, qué movimientos son más comunes en vacaciones o medir mejor la despoblación en el mundo rural.

Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Estudio datos móviles: "El INE solo verá puntos moviéndose" - Escuchar ahora

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“Los datos van a servir para analizar desplazamientos y luego revertir esta información en políticas más favorables para los ciudadanos”, ha valorado en los micrófonos de RNE Sergio de Juan-Creix, abogado experto en derecho digital y profesor colaborador de la Universitat Oberta de Catalunya. “Es decir, básicamente para hacer ciudades más sostenibles”.

“Este rastreo no debería violar la intimidad de los usuarios, porque se trata de datos anónimos”, ha confirmado, “el INE no va a poder identificarnos, sino que únicamente verá una serie de puntitos que se van moviendo. Habrá como flujos agregados de desplazamientos”.

El propio instituto estadístico lo explicaba así el pasado 29 de octubre, cuando se dio a conocer el novedoso estudio que comienza este lunes:  “con estos recuentos, para áreas de unos 15.000 habitantes de media, se podrá saber cuantos teléfonos están funcionando en un área a una hora y a otra, pero nada más”.

Como informaba Xataka, “durante ocho días, el Instituto Nacional de Estadística rastreará miles de móviles para conocer dónde vive, trabaja y cómo se mueve la población española. Para conseguir todos estos datos, los tres grandes operadores compartirán nuestra localización en distintas horas del día. Una información que desde el INE aseguran que es completamente anónima, ya que únicamente utilizarán el número de teléfono y no el titular asociado.

Pero un proyecto de esta envergadura genera muchas dudas sobre si se respeta nuestra privacidad. ¿Cumple realmente el INE con la Ley de Protección de datos? ¿Es legal hacer un estudio así? ¿Realmente se respetará nuestro anonimato? Son algunas de las cuestiones que se plantean ante este estudio.

Tiene que ser irreversible y no permitir que la identidad sea deducida de los datos que se incorporan a un perfil pretendidamente anónimo. Con las técnicas de análisis de datos es posible revertir un proceso de anonimización con tres o cuatro datos de una persona”, explicaba Paloma Llaneza, directora general de Razona Legaltech y experta en derecho TI y ciberseguridad, a Xataka.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no se ha pronunciado todavía sobre el caso del INE, pero sí publicó el pasado mes de junio una nota técnica con recomendaciones para aquellos que realicen procesos de anonimización. En ella se define el concepto de K-anonimidad, como “la propiedad de los datos anonimizados que permite cuantificar hasta qué punto se preserva la anonimidad de los sujetos presentes en un conjunto de datos en el que se han eliminado los identificadores. Dicho de otro modo, es una medida del riesgo de que agentes externos puedan obtener información de carácter personal a partir de datos anonimizados”.

La AEPD reconoce el tratamiento masivo de datos mediante el uso de técnicas basadas en big data, inteligencia artificial o machine learning, pero obliga a la implementación de garantías o mecanismos para preservar la privacidad. El problema no estaría tanto en que este estudio incumpla el reglamento, sino que se cumplan las garantías necesarias. Un proceso que viniendo de un ente público como es el INE, se espera que se realice”.

Pero aún así sigue siendo sospechosa la compra de datos por el INE. Por eso, El Independiente informaba de que “El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha cerrado sendos contratos con las grandes operadoras de telecomunicaciones que operan en España para que le faciliten datos para estudiar las pautas de desplazamiento y de movilidad de sus clientes. Telefónica, Vodafone y Orange transmitirán los datos de ubicación de todos sus clientes correspondientes a ocho días de manera anonimizada.

Un acuerdo que ha levantado suspicacias, pese a que el organismo público y las compañías insisten en que respeta plenamente la legalidad. La Agencia de Protección de Datos (AEPD) ha solicitado específica sobre los protocolos establecidos con las operadoras para la utilización de los datos de los teléfonos móviles de sus clientes.

El INE abonará casi medio millón de euros a las tres telecos a cambio de esos datos. Según consta en la plataforma de contratación del sector público, el INE abonará 163.615,86 euros a Telefónica por el servicio de elaboración de información agregada y «anonimizada» sobre movilidad de la población a partir de datos de posicionamiento de teléfonos móviles de sus clientes. Vodafone recibirá 150.000 euros y Orange 185.000 euros, según los expedientes de licitación de unos servicios que prestan las plataformas de gestión masiva de datos de cada una de las operadoras”.

En cuanto a la legalidad de estos hechos, desde Mundo LOPD, informaron en su día que “Este estudio ha generado un gran debate. ¿Es legal que las compañías telefónicas puedan ceder estos datos al INE?

El Artículo 25 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) regula el Tratamiento de datos en el ámbito de la función estadística pública. En su apartado 2 se establece que “la comunicación de los datos a los órganos competentes en materia estadística” se ampara en el artículo 6.1 e) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (UE 2016/679). Este artículo dice que el tratamiento “será lícito” si “es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”.

Por lo tanto, el Instituto Nacional de Estadística estaría realizando una misión de interés público ya que es el órgano con competencias relacionadas con el ejercicio de la función estadística pública. Además, el Artículo 25 de la LOPDGDD remite también a la legislación específica, en este caso a la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. Según esta misma ley, el INE está obligado a proteger la confidencialidad de los datos que suministran los informantes.

Desde el INE aseguran que se está cumpliendo con toda la normativa y recuerdan que la información que manejan es completamente anónima y no está asociada a ningún usuario.

Por su parte, la AEPD no se ha manifestado, solamente ha emitido el siguiente mensaje en Twitter “La Agencia se ha dirigido al INE solicitando información sobre los protocolos establecidos con las operadoras para la utilización de los datos de los teléfonos móviles con el fin de conocer los desplazamientos de la población”.

Por otra parte, las principales asociaciones de consumidores han pedido prudencia ante la situación. Desde la OCU aclaran que la cesión de datos “en principio no es ilegal, aunque no cuente con el consentimiento (de los usuarios); el uso de los datos con finalidades estadísticas está regulado tanto en la ley como en el reglamento comunitario”.

Sin embargo, la polémica llega de la mano de los expertos. Mientras hay algunos que defienden que el estudio es legal, hay otros que mantienen que contraviene la Ley 25/2007 de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas.

Cómo evitar que los operadores compartan los datos

El INE pagará cerca de medio millón de euros a las compañías para la cesión de estos datos. Concretamente, 163.000 euros a Luca Transit, una empresa perteneciente a la unidad de datos de Movistar; 185.000 euros a Flux Vision, la unidad de Big Data de Orange; y 150.000 euros a Vodafone Analytics.

Ante la polémica surgida, redes sociales y medios de comunicación se han apresurado a publicar maneras para evitar el rastreo de los móviles. El más sencillo: apagar el dispositivo o conectar el modo avión. El otro: prohibir a los operadores que utilicen los datos. En este caso, Vodafone es la compañía que lo pone más fácil, ya que es posible hacerlo desde su aplicación, gestionando los permisos de privacidad. Por su parte, los usuarios de Orange deben contactar con la compañía a través de correo postal o correo electrónico para revocar el permiso de utilizar los datos de uso de forma anónima.

Sin embargo, a fecha de publicación de este post, Movistar no ha facilitado ninguna manera para que sus usuarios puedan solicitar ser excluidos de este estudio. Según explica la compañía en un comunicado a través de Twitter, “los datos que forman parte de este proyecto son anonimizados y, por tanto, no sería aplicable la normativa de protección de datos, no siendo necesario el consentimiento del usuario para ello”.

Por ello, al ser supuestamente una acción de interés público, parece ser que sí estaría justificado la cesión de datos sin consentimiento de los usuarios al INE.

Como informaba El Confidencial, cabe destacar que “

El Instituto Nacional de Estadística (INE) pagará medio millón de euros a las mayores operadoras móviles por datos que le permitan estudiar pautas de desplazamiento de los españoles por ocho días, algo que ha despertado ciertas suspicacias pese a que tanto las compañías, como el propio INE y hasta la misma Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) aseguran que respeta plenamente la legalidad. Además esta cesión de datos es una práctica más común de lo que nos imaginamos que utilizan ciertos ayuntamientos y el mismo Ministerio de Fomento para mejorar sus servicios.

Según consta en la plataforma de contratación del sector público, el INE abonará 163.615,86 euros a Telefónica por el servicio de elaboración de información agregada y “anonimizada” sobre movilidad de la población a partir de datos de posicionamiento de teléfonos móviles de sus clientes.

Vodafone recibirá 150.000 euros y Orange 185.000 euros, según los expedientes de licitación de unos servicios que prestan las plataformas de gestión masiva de datos de cada una de las operadoras.

En cuanto a las formas de evitarlo, RTVE daba las siguientes pautas: “

Pasos a seguir

Vodafone, su filial de bajo coste Lowi, y Orange dan la posibilidad de que los usuarios se opongan a la cesión de estos datos. Movistar no lo permite.

En el caso de Vodafone, se puede realizar a través de la aplicación móvil ‘Mi Vodafone’. Una vez dentro, hay que acceder a “mi cuenta”, “permisos y preferencias” y elegir la opción “no acepto que Vodafone ceda datos anonimizados”. En Lowi, hay que acceder a la aplicación ‘Mi Lowi’, desde donde se escoge: “Lowi”, “configuración”, “notificaciones” y finalmente se encontrará la opción en “permisos y preferencias”.

Los abonados de Orange deben solicitar que el operador deje de ceder sus datos anónimos a terceros a través de un escrito con la referencia “Protección de datos” y una fotocopia del DNI a orangeproteccion.datos@orange.com o un correo postal a Orange España (Paseo Club Deportivo 1, Parque Empresarial, La Finca Edificio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid).

Los clientes de Movistar no tienen la opción de oponerse a esta cesión anónima de sus datos. Por ello, si no quieren compartir esta información con el INE, solo tienen tres opciones, aunque cualquiera de ellas implica prescindir del servicio que tienen contratado:

– No usar la red móvil sino el wifi
– Utilizar el modo avión
– Apagar el móvil”.

FUENTES:

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