búsqueda de trabajo, Derecho, función pública

Incompatibilidades de los funcionarios públicos

La condición de funcionario al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas tiene una serie de limitaciones a la hora de compatibilizarla con otras actividades económicas.

En cuanto al régimen legal de estas incompatibilidades, se ha de señalar que “la regulación de las incompatibilidades (contenida en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas -LIPAP-) parte, como principio fundamental, de la dedicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas a un solo puesto de trabajo, sin más excepciones que las que demande el propio servicio público, respetando el ejercicio de las actividades privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. Como reza la exposición de
motivos de la LIPAP:

Como reza la exposición de motivos de la LIPAP:

“La operatividad de un Régimen General de Incompatibilidades exige, como lo
hace la Ley, un planteamiento uniforme entre las distintas Administraciones Públicas que garantice además a los interesados un tratamiento común entre ellas.”

La LIPAP se refiere al ámbito local en el art. 2 diciendo que esta Ley será de aplicación al personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas dependientes. Y en el art. 5 se afirma que:

“Por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley
podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos
electivos siguientes: b) Miembros de las Corporaciones locales, salvo
que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación
exclusiva.”

Llegados a este punto, se debe señalar que “la normativa sobre incompatibilidades para el personal de la Administración Pública, es de aplicación a:

A. El personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado y de sus Organismos Públicos.

B. El personal al servicio de las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y de los Organismos de ellas dependientes, así como de sus Asambleas Legislativas y órganos institucionales.

C. El personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas dependientes.

D. El personal al servicio de Entes y Organismos públicos exceptuados
de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.

E. El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel.

F. El personal al servicio de la Seguridad Social, de sus Entidades Gestoras y de cualquier otra Entidad u Organismo de la misma.

G. El personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho
público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten
ordinariamente en más de un 50 por 100 con subvenciones u otros ingresos
procedentes de las Administraciones Públicas (Letra modificada por Ley
7/2007, de 12 de abril. BOE 13.04.2007).

H. El personal que preste servicios en Empresas en que la
participación del capital, directa o indirectamente, de las
Administraciones Públicas sea superior al 50 por 100.

I. El personal al servicio del Banco de España y de las instituciones financieras públicas.

J. El restante personal al que resulte de aplicación el régimen estatutario de los funcionarios públicos.

Compatibilidad o incompatibilidad de los funcionarios públicos con las actividades Privadas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.3, de la Ley de incompatibilidades, el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por si o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado.

Excepción:

Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados.

Incompatibilidades

En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las actividades siguientes:

a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los asuntos en que este interviniendo,
haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.

Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades
profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender
en el desempeño del puesto público.

b) La pertenencia a Consejos de Administración u Órganos rectores de
Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado .

c) El desempeño, por si o persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o
con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.

d) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las empresas o sociedades a que se refiere el párrafo anterior

2. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que
requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual
o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las administraciones publicas solo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta ley como de prestación a tiempo parcial.

El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad”.

Por otro lado, cabe decir que “la legislación vigente está sujeta a la interpretación de los jueces, quienes en ciertas ocasiones han mostrado cierta flexibilidad. Es el caso de sentencias como la de la Audiencia Nacional del 5 de marzo de 2018.

El tribunal estimaba un recurso de apelación interpuesto por una funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía que pedía ejercer como coach de formación por cuenta propia.

Otra sentencia similar del 8 de febrero de 2018 falló también a favor de un trabajador de los Servicios Centrales de Patrimonio Nacional que ejercía como consultor por cuenta propia.

Funciones incompatibles para empleados públicos en empresas privadas

La premisa general estipula que los empleados públicos pueden desarrollar actividades privadas siempre que no interfieran en la compatibilidad horaria y económica. Si bien para compatibilizar la labor pública con la privada, es requisito indispensable la obtención del reconocimiento, es decir, la autorización legal para ejercer la actividad solicitada.
No obstante, para evitar que los funcionarios se encuentren en una
situación que pueda desembocar en un conflicto de intereses, la ley
explicita lo siguiente:

  • Si atendemos al artículo 12 de la citada norma, los funcionarios que desempeñan
    cargos públicos no pueden realizar actividades privadas que estén
    directamente relacionadas con las funciones que ejerce dentro de la
    entidad pública. Es decir, si usted es un profesor en el sector público no tendría opción de abrir una academia por las tardes e impartir las mismas asignaturas que imparte en horario público.
  • Otro supuesto de incompatibilidades de los funcionarios es la pertenencia
    a Consejos de Administración de empresas cuya actividad esté
    directamente relacionada con la que lleva a cabo la entidad pública
    para la que trabaje. Pongamos como ejemplo a un funcionario que trabaja
    en el Tribunal Administrativo del Deporte, perteneciente al Consejo
    Superior de Deportes. En este caso no podría pertenecer al órgano rector
    de, por ejemplo, un club deportivo en forma de Sociedad Anónima.
  • Tampoco podrá ejercer dicha compatibilidad si desempeña cargos en empresas contratistas de obras públicas y tiene una participación superior al 10% en las mismas”.

En cuanto a los funcionarios al servicio de la Administración de justicia, además de las incompatibilidades de cualquier funcionario público, tienen unas propias, previstas en el artículo 498 de la LOPJ:

Artículo 498

1. Los funcionarios estarán sujetos al régimen de incompatibilidades previsto en la legislación general aplicable a los funcionarios al servicio de las Administraciones públicas.

2. El ejercicio de cualquier actividad que requiera declaración de compatibilidad, exigirá la previa autorización del Ministerio de Justicia o de la Comunidad Autónoma con competencias
asumidas.

No se podrá autorizar la compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada cuando se desempeñen puestos con dedicación especial. Tampoco procederá esta autorización, para los médicos forenses y técnicos facultativos que desempeñen puestos de Director o Subdirector en los Institutos de Medicina Legal o en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y sus departamentos.

3. En todo caso, su función será incompatible con: a) Por lo que se refiere a Cuerpos Especiales:

1.º La intervención como particulares en los casos que pudieran tener relación con sus funciones.

2.º La función de médico de empresa, de entidades aseguradoras o el desempeño de empleos en dichas entidades.

3.º Cualquier actividad pericial privada.

4.º Emisión de certificados médicos de defunción, salvo que presten servicios en el Registro Civil y únicamente en el ejercicio de sus funciones.

b) Por lo que se refiere a Cuerpos Generales:

1.º El ejercicio de la abogacía, procuraduría, o de la profesión de Graduado Social y empleos al servicio de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales o cualquier otra profesión que
habilite para actuar ante Juzgados y Tribunales.

2.º El desempeño de todo tipo de asesoramiento jurídico, sea retribuido o no.

3.º La condición de agentes de seguros y la de empleado de los mismos o de una compañía de seguros.

4.º El desempeño de los cargos de gerentes, consejeros o asesores de empresas que persigan fines lucrativos.

5.º El desempeño de servicios de gestoría administrativa, ya sea como titular o como empleado de tales oficinas.

6.º El ejercicio de funciones periciales privadas ante los Tribunales y Juzgados.

En cuanto a las incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales, cabe señalar que “

El artículo 127 CE regula variadas materias que afectan al estatuto de Jueces, Magistrados y Fiscales: incompatibilidades, limitaciones en los derechos de asociación y prohibición de desempeño de cargos públicos. La inclusión de este precepto constitucional de este tipo debe ser entendida como una mayor concreción del artículo 117, imponiendo a la Ley Orgánica del Poder Judicial un minimum en matera de prohibiciones e incompatibilidades para garantizar la plena independencia de aquéllos. No se encuentran, sin embargo, precedentes en el Derecho Comparado.

     Inicialmente este precepto se contenía en el artículo 117 del Anteproyecto constitucional bajo una redacción bastante diferente de la actual: “Los Jueces y magistrados, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar cargos públicos ni pertenecer a un partido político”. Las diferencias fundamentales con el texto final consisten en la inclusión de las palabras “así como los fiscales”, y la referencia a los sindicatos entre las prohibiciones que se incluyó en el Informe de la Ponencia (BOC de 17 de abril de 1978). El tema más polémico y que suscitó un intrincado debate en el Congreso de los Diputados fue, sin duda, el de la afiliación de los jueces a partidos y sindicatos al tratarse de un derecho fundamental básico. La Minoría Catalana, el Grupo Socialista y el Grupo Comunista manifestaron su oposición argumentando que para garantizar la  independencia del Poder Judicial no era necesaria una limitación de ese tipo en el derecho a la libertad ideológica. Se proponía (Sr. Roca Junyent) que la limitación quedara restringida a la prohibición de actuar públicamente como miembros de un partido político, o que se limitase al ejercicio de cargos directivos (Sr. Castellanos). Se opusieron a estas propuestas los Grupos Parlamentarios de Alianza Popular y de Unión de Centro Democrático, de modo que el texto aprobado por la Comisión mantuvo las limitaciones de la Ponencia, añadiendo la limitación de pertenencia a sindicatos. Además, también incluía la prohibición de asociación profesional, pero la Comisión del Congreso estableció la redacción definitiva, salvo la pequeña variación que supuso la adición del término “otros” antes de cargos públicos, por parte del Senado.

     Los motivos que se esgrimieron durante los trabajos constituyentes para aceptar tales limitaciones se basan fundamentalmente en la especial posición de los jueces y fiscales en un Estado de Derecho. Su importante labor de cada a la sociedad comporta necesariamente ciertas restricciones en el ejercicio de algunos de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos para garantizar adecuadamente su necesaria neutralidad e independencia.

     II.- El texto del artículo 127 de la Constitución se reitera en el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “No podrán los jueces o magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos, y les estará prohibido:

     1. Dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir, en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicas que no tengan carácter judicial, excepto aquellas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial. 
     2. Tomar en las elecciones legislativas o locales más parte que la de emitir su voto personal. Esto no obstante, ejercerán las funciones y cumplimentarán los deberes inherentes a sus cargos”.

     Desde el punto de vista disciplinario, el artículo 417.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que será falta muy grave la afiliación a partidos políticos o sindicatos, o el desempeño de empleos o cargos a su servicio.

     Redundando en lo expuesto, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General declara la innegibilidad de los “Magistrados, Jueces y Fiscales que se hallen en situación de activo”. En el supuesto de que opten por concurrir como candidatos en unas elecciones bajo la situación administrativa correspondiente, el artículo 7.4 LOREG les reconoce la reserva de plaza o destino “en las condiciones que determinen las normas específicas de aplicación”.

     No obstante, el problema más importante de la asunción por parte de Jueces, Magistrados y Fiscales de cargos públicos es el de su reingreso en sus funciones jurisdiccionales una vez finalizado su mandato representativo. Su inmediato paso por el mundo político podría ensombrecer su labor bajo la sospecha de la parcialidad sus decisiones judiciales. Por ello, la Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre modificó el artículo 357.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de modo que “Los miembros de la Carrera Judicial que deseen participar como candidatos en elecciones para acceder a cargos públicos representativos de ámbito europeo, general, autonómico o local deberán solicitar la excedencia voluntaria, situación en la que quedarán en caso de ser elegidos”. Y en el caso de no ser elegidos “quedarán en situación de excedencia forzosa durante tres años, durante los cuales no podrán reingresar al servicio activo, salvo que obtengan, mediante concurso, plaza o destino en que no haya de ejercerse la potestad jurisdiccional”. 

     Actualmente se ha suprimido la excedencia forzosa por este motivo.  Esta materia se encuentra regulada, tras la reforma opeada por la disp. adic. 3.8 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, en el artículo 356 (Declaración de situación de excedencia voluntaria) ¿Procederá declarar en la situación de excedencia voluntaria, a petición del juez o magistrado, en los siguientes casos: (¿)f) Cuando sea nombrado para cargo político o de confianza, salvo los supuestos enunciados en el artículo 351 , o cuando se presente como candidato en elecciones para acceder a cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o corporaciones locales. De no resultar elegido, deberá optar, comunicándolo así al Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de treinta días, por continuar en la situación de excedencia voluntaria o por reingresar en el servicio activo¿. Por su parte, el art. 358 dispone los efectos de la excedencia voluntaria. Tras afirmar que la misma no produce reserva de plaza, dispone en su apratado 3:¿ Los que se encuentren en la situación de excedencia a la que se refiere el párrafo f) del artículo 356, en caso de que soliciten el reingreso al servicio activo, quedarán adscritos al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de su último destino, teniendo preferencia para obtener puesto de su categoría en la provincia o, en su defecto, Comunidad Autónoma de dicho último destino¿.

     III.- La ya derogada Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial, regulaba el  sistema de asociacionismo judicial y requería, al menos, la adhesión del 15 por cien de los que pudiesen formar parte de las referidas asociaciones judiciales. Esta normativa se reformó con la Ley Orgánica del Poder Judicial que en su artículo 401 establece una serie de reglas o requisitos de estas asociaciones de Jueces y Magistrados:

     – tendrán personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, 
     – tendrán como fines la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos sus aspectos y la realización de actividades encaminadas al servicio de la justicia en general, 
     – no podrán realizar actividades políticas ni tener vinculaciones con partidos políticos o sindicatos, 
     – deberán tener ámbito nacional, sin perjuicio de la existencia de secciones cuyo ámbito coincida con el de un Tribunal Superior de Justicia, 
     – podrán asociarse libremente a asociaciones profesionales, 
     – sólo podrán formar parte de ellas aquellos que ostenten la condición de jueces y magistrados en servicio activo, 
     – ningún juez o magistrado podrá estar afiliado a más de una asociación profesional.

     Cumplidas estas condiciones, las asociaciones profesionales estarán válidamente constituidas desde que se inscriban en el Registro del Consejo General del Poder Judicial, solicitud a la que deberá acompañarse un ejemplar de sus Estatutos y la relación de afiliados. Naturalmente, su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos, pero estos Estatutos deberán incluir además los siguientes extremos: nombre de la asociación, fines específicos, organización y representación de la misma, régimen de afiliación, medios económicos y régimen de cuotas y forma de elección de los cargos directivos.

     Las asociaciones inscritas en el Registro del Consejo General del Poder Judicial perciben una subvención de éste órgano para el desarrollo de sus actividades ordinarias, así como para actividades dirigidas a la formación de sus miembros. Por ejemplo, en el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 12 de marzo de 2003 se aprueba el importe total de los presupuestos destinados a la formación continua de jueces y magistrados que estuvieran auspiciadas por Asociaciones judiciales. Los criterios de distribución se fijaron en el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 20 de noviembre de 1996.

     Actualmente están inscritas las siguientes asociaciones: Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JD), Asociación Francisco de Vitoria (AFV) y Unión Judicial Independiente (UJI).

     Con respecto a la inscripción en el Registro habilitado en el Consejo General del Poder Judicial, el Pleno del Consejo en Acuerdo de 21 de diciembre de 2000 denegaba la inscripción en el Registro de Asociaciones de Jueces y Magistrados a la Asociación de Magistrados Suplentes y Jueces Sustitutos (AMSJS), alegando que no tenían la consideración de jueces profesionales, dado que su actividad es de carácter temporal. Contra dicho Acuerdo se interpuso recurso de alzada que fue desestimado por el Acuerdo Plenario de 21 de Marzo de 2001 en que se reproducían las mismas razones del Acuerdo del Pleno previo. No obstante, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló el Acuerdo plenario del Consejo en sentencia de 7 de marzo de 2003 (Nº recurso: 510/2001. Ponente: Enrique Cancer Lalanne). En esta sentencia el Tribunal Supremo entendía que: “La nota de temporalidad en el desempeño de la función jurisdiccional, no es un requisito que resulte ni de la Constitución, ni de la regulación del art. 401, LOPJ, que únicamente alude en su regla 5ª, a la condición genérica de Jueces y Magistrados en activo, que es condición que cumplen los que han de integrar la Asociación en constitución que actúa como actora por cuanto que en los Estatutos que dicha Asociación presenta, para formar parte de la misma, se exige la condición de Juez sustituto o Magistrado Suplente, que es calidad que solo se tiene en virtud de nombramiento en vigor del Consejo General del Poder Judicial -arts. 200 y concordantes de la LOPJ” y añadía que “la falta de profesionalidad, tampoco puede ser entendida en el sentido que se mantiene en el acuerdo impugnado, pues tratándose de una actividad retribuida, por cuanto que en tanto que se ejerce se es titular de los mismos derechos que los Jueces y Magistrados titulares -art. 200.3 LOPJ-, es claro que la nota en cuestión se ostenta por los componentes de la Asociación reclamante, al menos en los términos literales de la expresión utilizada por el art. 401 de la LOPJ”, es decir que, “ni la Constitución, ni la Ley hablan de Asociaciones de Jueces o Magistrados profesionales, sino de Asociaciones profesionales de Jueces o Magistrados”.

     Por todo ello, la Sala Tercera del Tribunal Supremo entendía que “la denegación a los recurrentes de la inscripción de la Asociación que pretenden constituir en el Registro de Asociaciones de Jueces y Magistrados (…) parte de una interpretación restrictiva y formalista del derecho de asociación profesional de Magistrados y Jueces (…) que disminuye de un modo exagerado el derecho de defensa de los intereses que son propios de esos también componentes del Poder Judicial, ajenos a la Carrera Judicial, pero así mismo sometidos al mismo rígido sistema de incompatibilidades durante su permanencia en actividad, y sin que tampoco se les permita, en dicha situación la integración defensiva en sindicatos”. Y, por tanto admitió la pretensión de los recurrentes y anuló el Acuerdo plenario del Consejo General del Poder Judicial de 21 de marzo de 2001″.

También cabe señalar en cuanto a las incompatibilidades de Jueces, Magistrados y fiscales que “

Los jueces y magistrados españoles están sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades, regulado en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Así, las únicas actividades consideradas compatibles con el ejercicio de la función jurisdiccional –enumeradas en el artículo 389.5 de la LOPJ- son “la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquélla”. 

En este sentido, el Reglamento 2/2011, de la Carrera Judicial, señala en su artículo 327.1 que “el ejercicio de la docencia y la investigación jurídica por parte de los miembros de la Carrera Judicial constituye una manifestación de su competencia profesional y el reconocimiento de su experiencia y conocimientos”.

Este mismo Reglamento establece que el CGPJ, previa petición, podrá autorizar a los miembros de la Carrera Judicial para compatibilizar su cargo con el ejercicio de alguna de las actividades antes señaladas “cuando sea necesario de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas”.

La misma norma dispone también que solo se autorizarán compatibilidades para actividades que se desarrollen fuera de las horas de audiencia pública y que su ejercicio no afectará al deber de asistencia al despacho oficial ni justificará, en modo alguno, el retraso en el trámite o resolución de los asuntos, vistas o juicios ni la negligencia o descuido en el desempeño de las obligaciones propias del cargo.

Actividades que no precisan de la concesión de compatibilidad 

Los jueces y magistrados pueden desarrollar algunas actividades sin necesidad de solicitar la compatibilidad.

Estas actividades están reguladas en los artículos 338 al 344 del Reglamento 2/2011 y en el artículo 19 de la Ley 53/1984, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y son las siguientes:

–      Actividad como tutor en los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) o como preparador para el acceso a la función pública, siempre que no suponga una dedicación superior a las 75 horas anuales y ni implique el incumplimiento del horario de audiencia pública.

–      Actividades derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 53/1984.

–      Dirección de seminarios o dictado de cursos o conferencias en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tenga carácter permanente ni suponga más de 75 horas al año.

–      Participación en tribunales calificadores de pruebas selectivas para el ingreso en las Administraciones Públicas, siempre que no se ejerza como preparador.

–      Participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente les correspondan.

–      Ejercicio del cargo de presidente, vocal o miembro de Juntas rectoras de Mutualidades o Patronatos de funcionarios, siempre que no sea retribuido.

–      Producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o prestación de servicios.

–      Participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social.

–      Colaboración y asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional”.

Y aunque las incompatibilidades de los fiscales coinciden básicamente con la de jueces y magistrados, cabe señalar las siguientes especialidades:

Por lo que respecta al régimen de incompatibilidades de los fiscales se regula en su Estatuto orgánico (Ley 50/1981 de 30 de diciembre), recientemente modificado por Ley 14/2003, de 26 de mayo y por Ley Ley 24/2007, de 9 de octubre La nueva redacción del artículo 57 señala la incompatibilidad del cargo de fiscal con:

     – el de juez o magistrado y con los empleos de toda clase en tribunales y juzgados en cualquier orden jurisdiccional,
     – con el de cualquier otra jurisdicción, así como la participación en actividades u órganos de arbitraje,
     – con cualquier otro cargo de elección popular o designación política del Estado, Comunidades Autónomas, provincias y demás entidades locales y organismos dependientes de cualquiera de ellos,
     – con los empleos o cargos dotados o retribuidos por la Administración del Estado, las Cortes Generales, la Casa Real, Comunidades Autónomas, provincias, municipios y entidades dependientes,
     – con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica, técnica…
     – Con el ejercicio de la abogacía, excepto cuando tenga por objeto asuntos personales del Fiscal, de su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, de los hijos sujetos a su patria potestad o de las personas sometidas a su tutela, con el ejercicio de la procuraduría, así como todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido. La incompatibilidad con el ejercicio de la abogacía se extenderá en todo caso a la llevanza, directamente o mediante persona interpuesta, de aquellos asuntos en los que el Fiscal hubiese intervenido como tal, aun cuando haya pasado con posterioridad a la situación de excedencia. A este supuesto le será aplicable el régimen de responsabilidad disciplinaria previsto en el Estatuto General de la Abogacía para quienes ejerzan la profesión de abogado estando incursos en causa de incompatibilidad. 
     – con el ejercicio de la procuraduría, así como todo asesoramiento jurídico, sea o no retribuido,
     – con el ejercicio directo, o mediante persona interpuesta, de toda actividad mercantil,
     – con las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra clase que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedad o empresas mercantiles públicas o privadas de cualquier genero.

Normativa a tener en cuenta:

  • Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
  • Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes.
  • Disposición adicional primera del Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las normas reguladoras de los procedimientos de gestión de personal a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
  • Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011, por el que se aprueba el procedimiento para la reducción, a petición propia, del complemento específico de los funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a los Sugrupos C1, C2 y E y se autoriza la superación, pare el personal al servicio de la Administración General del Estado, del límite previsto en el artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
  • Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (artículo 18 y disposición final primera) .
  • Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (disposición adicional quinta)

FUENTES:

  1. TU ABOGADO DEFENSOR: https://www.tuabogadodefensor.com/incompatibilidad-funcionarios-publicos/
  2. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS (https://elderecho.com/regimen-juridico-las-incompatibilidades-los-empleados-publicos).
  3. Incompatibilidades de los funcionarios: https://ideasparatuempresa.vodafone.es/funcionarios-incompatibilidades-en-empresa-privada/
  4. Análisis del artículo 127 de la Constitución por el Congreso de los diputados: https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=127&tipo=2
  5. Poder Judicial: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-hace-publicas-las-compatibilidades-concedidas-a-jueces-y-magistrados

Para más información consultar la siguiente dirección web:

https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/etica/Personal_normal.html

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