Derecho general

Las lenguas oficiales del Estado en España. Parte I

La riqueza lingüística es una de las principales riquezas que tiene España. Pero esta riqueza ha supuesto en los últimos años una dura lucha en aquellas regiones que tienen lenguas cooficiales de querer una separación del resto de España.

En primer lugar, cabe señalar que, “para atender esta especial característica española, con una realidad cultural y social en la que un elevado porcentaje de habitantes reside en territorios donde se habla más de una lengua, tanto las Comunidades Autónomas como la Administración general del Estado desarrollan su actividad de acuerdo con las prescripciones de la Constitución. Es decir, fomentando el respeto y protección de la pluralidad lingüística española y garantizando los derechos de sus hablantes, y ello como un elemento generador de riqueza cultural, social y económica.

Para hacer efectiva esta política, la Administración General del Estado cuenta con un órgano de coordinación interministerial, el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado, al que se le atribuyen funciones de análisis, impulso y coordinación de la actividad de los diferentes Departamentos ministeriales en relación con el uso de las lenguas cooficiales, con el objetivo de lograr el mejor cumplimiento de las exigencias derivadas de la existencia de distintas lenguas oficiales y de su reconocimiento en la actividad de la Administración General del Estado, y así garantizar la mejor atención a los derechos de los ciudadanos.

En este proceso de promoción y protección, España ha ratificado la Carta Europea de Lenguas Regionales y/o Minoritarias, impulsada en el marco del Consejo de Europa, lo que supone su participación en un proceso de evaluación mediante la aportación de Informes periódicos de seguimiento y verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos con su ratificación”.

En este punto, cabe señalar que “el art. 3 CE es el precepto constitucional bási-co sobre la ordenación del plurilingüismo en España, que la Constitución de 1978 reconoce y trata extensamente a lo largo de su texto. Sin embargo, nuestra Constitución lleva a cabo di-cha ordenación de forma parcial, al menos en lo que se refiere a la atribución de carácter ofi-cial a las diversas lenguas españolas, ya que junto a la declaración del castellano como «lengua oficial del Estado» contenida en el pri-mer apartado del art. 3 CE, el segundo aparta-do del mismo artículo declara también oficia-les las demás lenguas españolas «en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos». De ahí que este precepto contenga solamente el «marco de la egulación del uso de las lenguas», o «las lí-neas maestras del modelo lingüístico de la Constitución española», puesto que en virtud de la remisión contenida en el apartado segun-do, la regulación de la oficialidad de las len-guas españolas distintas del castellano se com-pleta con las respectivas normas estatutarias y legales de cada Comunidad Autónoma, con-junto normativo que constituiría una suerte de «bloque de la constitucionalidad» en materia lingüística. El art. 3 CE, en su tercer apartado, incorpora otra línea maestra del modelo cons-titucional de plurilingüismo, consecuencia de su reconocimiento, en forma de mandato a to-dos los poderes públicos, a los que exige «respeto y protección» de «la riqueza de las distin-tas modalidades lingüísticas de España», considerada «un patrimonio cultural».

A continuación, hay que continuar diciendo que “esta ordenación constitucional del pluralis-mo lingüístico, a pesar de su complejidad, y de su importancia simbólica y afectiva, amén de su innegable relevancia política, ha sido objeto de algo más de setenta pronunciamien-tos por parte del Tribunal Constitucional des-de 1981, dato que podría ser interpretado como expresivo de una moderada litigiosidad constitucional en la materia. Debe también señalarse el hecho, posiblemente relacionado con el anterior, de que una parte importante de las sentencias dictadas por el Alto Tribunal sobre la regulación del plurilingüismo han re-caído en procesos constitucionales de con-trol de constitucionalidad de las leyes (recursos y cuestiones de inconstitucionalidad), o en conflictos positivos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, siendo menor el número de resoluciones que han resuelto recursos de amparo basados en el uso de las lenguas. Lo anterior, a su vez, encuentra una posible explicación en la ausencia de derechos fundamentales lingüísticos, que sí se contienen en muchos textos constitucionales de Estados plurilingües. Ello no ha impedido al Tribunal señalar que la garantía de derechos y deberes individuales es una de las consecuencias del reconocimiento constitucional de la realidad plurilingüe de España, y de la oficialidad de las lenguas, acudiendo en ocasiones al contenido lingüístico inherente a algunos derechos constitucionales, como el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), la libertad de expresión (art. 20) o el derecho a la educación (art. 27 CE). Asimismo, se ha pronunciado sobre algunos derechos lingüísticos proclamados en el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006.Los anteriores datos cuantitativos y cualitativos, relativos a las resoluciones del Tribunal sobre el art. 3 CE, permiten también comprobar que la jurisprudencia constitucional recaída sobre este precepto se ha centrado más en resolver conflictos entre poderes que en solventar litigios lingüísticos entre aquellos y los ciudadanos. De ahí que una de las cuestiones abordadas más frecuentemente por la jurisprudencia constitucional haya sido la delimitación del ámbito de actuación de las instancias políticas, esta-tal y autonómica, en relación con la regula-ción del uso de las lenguas en el espacio público, ya sea en las distintas Administraciones Públicas (SSTC 103/1999, de 3 de junio; 87/1997, de 24 de abril), en la Administración de Justicia (SSTC 56/1990, de 29 de marzo; 105/2000, de 13 de abril; 253/2005, de 11 de octubre; 270/2006, de 13 de septiembre), en la enseñanza (SSTC 137/1986, de 6 de no-viembre; 195/1989, de 27 de noviembre; 337/1994, de 23 de diciembre; 14/2018, de 20 de febrero), en la función pública (SSTC 76/1983, de 5 de agosto; 82/1986, de 26 de ju-nio; 46/1991, de 28 de febrero; 165/2013, de 26 de septiembre), o en los medios de comunicación (STC 86/2017, de 4 de julio; 89/2017, de 4 de julio). Por otra parte, la ausencia de definición constitucional de «lengua oficial», y la remisión del art. 3.2 CE a los Estatutos de Autonomía para determinar el alcance de la oficialidad de las demás leguas españolas, ha obligado al Tribunal a interpretar el signi-ficado de la oficialidad de una lengua, mayormente en las sentencias que enjuiciaron la constitucionalidad de las Leyes de Normalización Lingüística del País Vasco, Cataluña, Galicia y Baleares (SSTC 82/1986, de 26 de junio; 83/1986, de 26 de junio; 84/1986, de 26 de junio; 123/1988, de 23 de junio) y en la relativa al Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 (STC 31/2010, de 28 de junio), trazando una diferenciación entre la «oficialidad» del castellano y la «cooficialidad» de las demás lenguas.

Asimismo, la jurisprudencia ha abordado el significado de la obligatoriedad de conocimiento de la lengua castellana establecida en el art. 3.1 CE, un precepto insólito en el Derecho comparado. Finalmente, el Tribunal ha tratado de dar contenido al mandato del art. 3.3 CE advir-tiendo que el respeto y protección de las dis-tintas modalidades lingüísticas corresponde por igual al Estado y a las Comunidades Au-tónomas, que no deben ver, respectivamen-te, el castellano y la correspondiente lengua cooficial como asuntos privativos de cada instancia”.

Es destacable la cantidad ingente de sentencias del Tribunal Constitucional que ha habido en materia lingüística por los conflictos que causan aquellas Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales por el hecho de querer dar preferencia sobre el castellano a sus lenguas, cuando del propio artículo 3.1 de la Constitución surge el principio rector de la nación de que “el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.

Está claro que este principio tan fundamental de la propia base fundamental de todos los poderes e instituciones del Estado ha provocado una serie de conflictos en materia lingüística y una vulneración del derecho de uso del castellano en cualquier territorio del Estado.

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