Derecho

Las resoluciones de Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Naturaleza y características. Parte I

Últimamente en España estamos viendo los ciudadanos que nuestros políticos acatan sin rechistar las sentencias que nos vienen del TEDH y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mientras que en otros países no se suelen cumplir. Cabe preguntarse si realmente hay obligación de cumplir estas sentencias y recomendaciones o no.

Cabe señalar, en primer lugar, que “tantoel artículo 91.1 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, como el artículo 121 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, disponen que las sentencias del TJUE son obligatorias desde el día de su pronunciamiento. Igualmente, el TFUE, alude a la obligación de los Estados de adoptar medidas para la ejecución de una
sentencia de incumplimiento (artículo 260.1) y a la obligación de la institución, órgano u organismo del que emanó el acto anulado, de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia (artículo 266.1). Pero el TFUE no contiene un precepto que prescriba con carácter general una obligación de aplicación de las sentencias del Tribunal, a diferencia de lo que sucede con otros actos de la Unión (artículo 288 TFUE).

En última instancia, el fundamento de la obligatoriedad de dicha sentencia
se encuentra, para los Estados, en el principio de cooperación leal (artículo 4.3 TFUE), reservándose la alta institución la posibilidad de presentar recurso por incumplimiento. Y es en el marco de dicho recurso de incumplimiento, donde la sentencia estimatoria tiene carácter
declarativo y se limita a constatar que dicho incumplimiento se ha producido, pero
“el Tribunal de Justicia no tiene competencia para anular actos legislativos o administrativos de uno de los Estados miembros”.

“el Tribunal de Justicia no tiene competencia para anular actos legislativos o administrativos de uno de los Estados miembros”. “el Tribunal de Justicia no tiene competencia para anular actos legislativos o administrativos de uno de los Estados miembros”. “el Tribunal de Justicia no tiene competencia para anular actos legislativos o administrativos de uno de los Estados miembros”.

En contraposición a dicha afirmación, debemos aclarar que el art. 260.1 TFUE, imprime al Estado el deber de “adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal”, atendiendo al compromiso concertado de cumplir el Derecho de la Unión Europea, habida cuenta que lo que la sentencia declara es, precisamente, que éste se ha incumplido.

Esto contrasta con lo establecido en el art. 279 TFUE, el cual da la posibilidad al TJUE de ordenar medidas provisionales previas a la sentencia, lo cual crea una extraña paradoja, al dar la posibilidad al Tribunal de suspender una norma de un estado miembro hasta que se pronuncie, pero a su vez, la sentencia definitiva no puede suspender esa misma norma.

Sobre los plazos para la adopción de las medidas correctoras, el artículo 260 TFUE guarda silencio, si bien el criterio expresado de forma reiterada por la jurisprudencia del Alto Tribunal, es que la ejecución debe iniciarse inmediatamente y debe concluirse en el plazo más breve”.

La consecuencia derivada de una sentencia del TJUE, que declara una norma contraria al Derecho de la Unión, es la posibilidad de declarar la invalidez de los actos administrativos realizados bajo el paraguas de dicha norma, existiendo en nuestro ordenamiento interno las siguientes vías de actuación.

En primer lugar, es posible utilizar la vía del artículo 106 LPACAP, cuando el vicio de invalidez que aqueja al acto puede subsumirse en algunas de las causas de nulidad establecidas en el art. 47, puntos 1 y 2 LPACAP, siendo el referido punto 2, el que declarar que “También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución,
las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior […]”.

En segundo lugar, si la infracción del Derecho de la Unión hace al acto anulable y este es declarativo de derechos, la administración podrá utilizar la vía del art. 107 LPACAP, iniciando el procedimiento de oficio, si no han pasado 4 años desde que se dictó, no siendo posible que un particular inste dicha declaración de lesividad.

En tercer lugar, si el acto nulo o anulable es de gravamen, la Administración podrá revocarlo al amparo del art. 109.1 LPACAP, aunque condiciona esta posibilidad a que no haya transcurrido el plazo de prescripción. Pudiendo resultar útil para los casos en que el interés general exija la rectificación de actos contrarios al Derecho de la Unión.

En cuarto lugar, el art. 125 LPACAP regula el recurso extraordinario de revisión contra los actos firmes en vía administrativa, que procede por los motivos tasados en el apartado primero de dicho artículo. De entre estos motivos, podría acomodarse al supuesto de revisión de actos, la existencia de una condena por incumplimiento del TJUE, pudiendo aplicar lo establecido en la letra b): “Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida”. En este sentido, el documento de valor esencial que evidencia el error del acto administrativo debería ser la sentencia del alto tribunal europeo, sin embargo, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo lo rechaza.

Para finalizar, el art. 102 de la LJCA, modificado por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, regla el recurso de revisión para dar entrada a un nuevo motivo relacionado con las sentencias del Tribunal Europeo de Derecho Humanos, pero no ha dispuesto nada en relación con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En este sentido, cabe entender que un correcto uso de la cuestión prejudicial podría evitar la existencia de sentencias contrarias al Derecho de la Unión y que, para los casos en que se quebrante una
Directiva por no haber planteado dicha cuestión, podría solicitarse la aplicación de la doctrina del TJUE en los casos Kühne y Kempter, esto es, solicitar al órgano administrativo la revisión del acto firme por
sentencia judicial”.

Por otro lado, hay que destacar que “a través de su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha establecido la obligación de las administraciones y de los órganos jurisdiccionales nacionales de aplicar plenamente el Derecho de la Unión dentro de su esfera competencial y de proteger los derechos que éste otorga a los ciudadanos (aplicación directa del Derecho de la Unión), descartando para ello cualquier disposición contraria del Derecho nacional, ya sea anterior o posterior a la norma de la Unión (primacía del Derecho de la Unión sobre el Derecho nacional).

El Tribunal de Justicia también ha reconocido el principio de la responsabilidad de los Estados miembros en caso de incumplimiento del Derecho de la Unión que, por una parte, refuerza de forma decisiva la protección de los derechos que las normas de la Unión otorgan a los particulares y, por otra, contribuye a que los Estados miembros ejecuten dichas normas con mayor diligencia. Las infracciones que éstos cometan pueden, por tanto, generar obligaciones de indemnización, que en algunos casos tendrán graves consecuencias para sus erarios públicos. Por otra parte, todo incumplimiento del Derecho de la Unión por parte de un Estado miembro puede ser objeto de un recurso ante el Tribunal de Justicia y, en caso de que no se ejecute una sentencia en la que se declare tal incumplimiento, dicho Tribunal está facultado para imponeral Estado miembro una multa coercitiva o el pago de una suma a tanto alzado. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la Comisión las medidas tomadas para la adaptación del Derecho interno a una directiva, el Tribunal de Justicia, a propuesta de la Comisión, podrá imponer una sanción pecuniaria a un Estado miembro en la primera sentencia por incumplimiento.

El Tribunal de Justicia también colabora con los órganos jurisdiccionales nacionales, que son los jueces ordinarios encargados de
aplicar el Derecho de la Unión. Cualquier juez nacional ante el que se plantee un litigio relativo al Derecho de la Unión puede, y en ocasiones debe, someter al Tribunal de Justicia las correspondientes cuestiones
prejudiciales. El Tribunal de Justicia tiene entonces ocasión de dar su interpretación de una norma de Derecho de la Unión o de controlar su legalidad.

La evolución de su jurisprudencia ilustra la contribución del Tribunal de Justicia a la creación de un espacio jurídico para los
ciudadanos mediante la protección de los derechos que la normativa de la
Unión les reconoce en los distintos aspectos de su vida cotidiana.

Principios fundamentales establecidos por la jurisprudencia

El Tribunal de Justicia ha establecido en su jurisprudencia (comenzando por la sentencia Van Gend & Loos de 1963) el principio del efecto directo del Derecho comunitario en los Estados miembros, que
permite a los ciudadanos europeos invocar directamente las normas del Derecho de la Unión ante sus tribunales nacionales.

La empresa de transportes Van Gend & Loos tuvo que pagar, al importar mercancías de Alemania a los Países Bajos, unos aranceles que estimaba contrarios a la norma del Tratado CEE que prohibía a los Estados miembros aumentar los derechos de aduana en sus relaciones comerciales mutuas. El recurso presentado planteaba la cuestión del conflicto entre una normativa nacional y las normas del Tratado CEE. El Tribunal de Justicia se pronunció sobre la misma, a raíz de la petición de decisión prejudicial de un tribunal neerlandés, proclamando la doctrina del efecto directo, que en este caso otorgaba a la empresa de transportes una garantía directa ante el órgano jurisdiccional nacional de sus derechos derivados de la normativa comunitaria.

En 1964, la sentencia Costa estableció la primacía del Derecho comunitario sobre la normativa interna. En este asunto, un tribunal italiano había preguntado al Tribunal de Justicia si la Ley italiana de nacionalización del sector de la producción y distribución de energía eléctrica era compatible con determinadas normas del Tratado CEE. El Tribunal de Justicia formuló la doctrina de la primacía del Derecho comunitario, basada en la naturaleza específica del ordenamiento jurídico comunitario que obliga a aplicarlo de manera uniforme en todos los Estados miembros.

En 1991, en la sentencia Francovich y otros, el Tribunal de Justiciadesarrolló otro concepto fundamental, que es el de la responsabilidad de un Estado miembro frente a los particulares por los daños sufridos como resultado de un incumplimiento por parte de dicho Estado del Derecho comunitario. Por tanto, los ciudadanos europeos disponen, desde 1991, de la posibilidad de reclamar una indemnización al Estado que infringe una norma comunitaria.

Se trataba de dos ciudadanos italianos, cuyos salarios no habían sido pagados por sus respectivos empresarios declarados en quiebra, que recurrieron contra el Estado italiano por no haber adaptado el ordenamiento jurídico interno a las normas comunitarias sobre protección de los trabajadores por cuenta ajena en caso de insolvencia del empresario. Planteada la cuestión por un órgano jurisdiccional italiano, el Tribunal de Justicia indicó que la Directiva correspondiente pretendía otorgar a los trabajadores asalariados unos derechos de los que aquellos habían sido privados por
la omisión del Estado, que no había adaptado el Derecho nacional a lo previsto en la misma, abriendo de esta forma una vía para reclamar una indemnización al propio Estado”.

Por lo que respecta al TEDH, “las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se consideran “declarativas” y “no directamente ejecutables”. Es decir, tienen que ser observadas pero en la práctica no tienen efecto directo. Y esto es así porque en España no tenemos un mecanismo, una regulación expresa sobre el procedimiento a seguir para poder revisar sentencias ya firmes por mucho que Estrasburgo afirme que “hay una violación de derechos”.

Nuestra Constitución fija la labor de interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades públicas de acuerdo con los tratados
internacionales ratificados por España, pero el Gobierno no está obligado a reconocer la ejecución directa de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo.

El Gobierno tiene como aliados al Constitucional y al Supremo. No van
a anular en bloque sus fallos porque sus propias doctrinas avalan desde
hace 20 años que las sentencias de Estrasburgo “no tienen efecto directo” ni obligan a introducir reformas legales.

El siguiente paso del Gobierno va a ser intentar no excarcelar a la terrorista recurriendo ante Estrasburgo
con el argumento de que no se trata de una reforma legislativa desfavorable para el reo, sino un simple cambio en la forma del cómputo de condena.

Por su parte la etarra, Inés del Rio, lo más
efectivo que puede hacer es acudir a la nulidad de actuaciones ante el tribunal español que revisó la sentencia, en este caso la Audiencia Nacional.

Lo que se espera ya en la Audiencia Nacional es una cascada de recursos de miembros de ETA para poder acogerse a los beneficios que podría tener esta sentencia. Y sobre todo, si se confirma la sentencia contra España, ningún juez va a
aplicar más la ‘doctrina Parot'”.

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