Derecho, Política, Seguridad ciudadana

Los Derechos de las víctimas en el Estatuto de la Víctima del Delito

El principal objeto de este artículo es el estudio de los derechos de la víctima del delito determinados en la regulación básica sobre la materia aprobada en el año 2015.

Cabe señalar en primer lugar que “el Estatuto de la Víctima hace un reconocimiento de la dignidad de las víctimas, protege sus bienes tanto materiales como morales y regula derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas de delitos y por tanto, están incluidas las víctimas de violencia en el ámbito de la pareja.

El Estatuto de la Víctima pretende ofrecer a las víctimas no sólo una asistencia jurídica sino también social, que se concreta en servicios de apoyo, y cuya vocación es la de minimizar los efectos traumáticos que su condición puede generar. Para ello toma como punto de partida un catálogo de derechos comunes a todas las víctimas de delitos. Estos derechos constituyen una inclusión importantísima, sobre todo si los observamos bajo el prisma de la víctima de violencia por razones de género. Se recoge el derecho de las víctimas “a entender y ser entendidas” en relación a cualquier actuación que deba llevarse a cabo, incluida la información antes de la interposición de la denuncia. Además, se les tiene que hablar en un lenguaje claro, sencillo y adecuado a sus características personales. Incluso establece que la declaración que preste la víctima, sobre todo en el momento de la denuncia sea ante un funcionario preparado y especializado al efecto, para reducir o limitar perjuicios, como son los grupos especializados dentro de los cuerpos de seguridad: los Grups d’Atenció a la Víctima de los Mossos d’Esquadra o las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección del Cuerpo Nacional de Policía, presentes en todas las comisarías. También recoge que cuando se trate de víctimas de violencia de género o doméstica o contra la libertad sexual, la declaración deberá ser llevada a cabo por persona de su mismo sexo, si así se solicita, aunque se prevén excepciones por razones de urgencia y/o gravedad de los hechos.

Sin duda la inclusión más importante es el derecho de la víctima a estar acompañada en todo momento por una persona de su elección y desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios. Se parte de la idea que la vulnerabilidad de la víctima puede verse acentuada por el hecho de hallarse sola en un momento tan crucial, y este reconocimiento permite que se sienta arropada.

Por tanto, la nueva regulación garantiza a la víctima verse todo momento apoyada, y consecuentemente con fortaleza suficiente para afrontar el proceso, a través de los derechos a estar informada con un lenguaje claro y sencillo, a que el funcionario o autoridad que la atienda estará formado y especializado y a poder estar acompañada en todo momento por una persona de su elección.

Todo esto se complementa con la introducción de medidas de protección frente a posibles represalias, intimidación o daños psíquicos o agresiones a la dignidad incluso durante interrogatorios o declaraciones. Estas medidas que consisten tanto en protección física, como a otras que exijan las circunstancias, pueden adoptarse desde el inicio del procedimiento, para que en todo momento la víctima esté y se sienta debidamente protegida.

Respecto de los menores, la Ley entiende que también tienen la consideración de víctimas cuando se hallen en un entorno de violencia de género o violencia doméstica, garantizándoles la adopción de medidas de protección y el acceso a los servicios de asistencia y apoyo.

Y todo ello conlleva una mejor protección para las víctimas de violencia por razones de género”[1].    

Hay que destacar ahora a continuación que los derechos de la víctima, pueden ser clasificados en derechos fundamentales y ordinarios, y dentro de cada uno tanto procesales como extraprocesales.

Cabe señalar a continuación que “La figura de la víctima ha adquirido en los últimos tiempos una importancia sin parangón. Ello se debe a la nueva dimensión de la Justicia, a la reformulación –y adaptación– del principio “Access to Justice” que tanto ha significado para el modelo de Justicia en tanto en cuanto ha servido para buscar y desarrollar vías de tutela –complementarias a la vía judicial– de los ciudadanos, haciéndoles más protagonistas de los procesos. En esta línea, las víctimas –las grandes olvidadas en los procesos penales– han venido reclamando un mayor papel y, por tanto, visibilización, surgiendo un movimiento conocido como “victimología” (sobre este fenómeno, véase, Barona Vilar, S.: Mediación penal. Fundamento, fines y régimen jurídico. Valencia (2011): Tirant lo Blanch, pp. 95-97).

La victimología se entiende como una corriente doctrinal que surgió en la década de los años 40, pero cuya evolución y desarrollo se produjo durante la década de los 70 en EE.UU. (Quienes pusieron de relieve -en la década de 1940- el rol de las personas como víctimas de un delito fueron Hans Von Henting y Benjamin Mendelson (padres de la victimología), quienes definieron a la víctima como un sujeto capaz de influir significativamente en el hecho delictivo, su estructura, su dinámica y su prevención). De acuerdo con Larrauri, esta corriente se centra en tres pilares básicos o áreas: la información sobre las víctimas, los derechos de las víctimas y la atención asistencias y económica de las víctimas, sus necesidades. (Larrauri, E.: “Victimología”, en AA.VV.: De los delitos y de las víctimas (coord. por J.B.J. Maier). Argentina (2011): AdHoc, pp. 285-286). Aspectos éstos incluidos en la recién estrenada norma reguladora del Estatuto de la Víctima.

A pesar de que la victimización es tan antigua como la humanidad, la victimología se ha desarrollado para llenar el vacío teórico en el campo de la criminología, gracias a estudios científicos sobre la víctima y su posición en el proceso. La consecuencia directa de esta corriente doctrinal fue el impulso y los esfuerzos por mejorar la condición de la víctima y solventar sus carencias. Ello por cuanto los poderes públicos deben garantizar en este sentido y en el ámbito de sus competencias que no se produzcan situaciones injustas o de desamparo hacia las víctimas.

 4. A tal fin se han llevado a cabo diversas y sustanciales iniciativas legislativas que han introducido cambios en el reconocimiento de los derechos a las víctimas y que, aun cuando han sido bien recibidas por ser consideradas un avance en la protección de las mismas, no han quedado exentas de críticas. Así, por ejemplo, en los albores de esta regulación especial y específica, se contempló como medida de reparación de las víctimas la compensación monetaria por parte del Estado, lo que, en la práctica no tuvo buena acogida por los costes y restricciones de acceso a esta medida. Por el contrario, cuando la lesión o perjuicio sea provocado por un ofensor privado, la compensación económica se contempla, aunque, a nuestro juicio, ésta no sea la medida más efectiva si de lo que se trata es de resarcir y reparar el daño causado en el marco de un cambio de paradigma donde los derechos del ofendido sean garantizados.

La evolución de las iniciativas legislativas ha sido dispar en función de los ordenamientos jurídicos, siendo pionero el sistema americano. No obstante, desde las instancias supranacionales europeas se ha reconocido la importancia de instaurar un marco normativo que garantice el estatus normativo de la víctima, vinculando sus derechos a los valores constitucionales y universales de las sociedades democráticas, a la par que estableciendo una serie de obligaciones jurídicas vinculantes para el Estado que aseguran la adecuada compensación de quienes han sufrido las consecuencias de la comisión de un hecho delictivo.

De la regulación más reciente y que está condicionando e impulsando la mejora de la protección de las víctimas, merece destacar, en primer lugar, la Decisión Marco del Consejo 2001/220/JAI, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, que establece los derechos mínimos que pueden ejercer las víctimas de delitos en relación con los procesos penales y que contiene disposiciones por las que se garantiza a las víctimas el derecho a ser oídas, la oportunidad de participar en los procesos (incluso si el delito se cometió en otro Estado miembro), así como su protección, indemnización y acceso a mediación y a cualquier otra información relevante. Asimismo, esta Decisión Marco establecía la asistencia a las víctimas en los diferentes momentos procesales, incluyendo en la etapa preprocesal con la finalidad de garantizar la dignidad de las víctimas.

Ahora bien, téngase en cuenta que esta Decisión Marco fue sustituida por la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, con el propósito de ofrecer una mejor respuesta a las necesidades de las víctimas.

En segundo lugar, es de justicia mencionar también la Resolución 40/34 de la Asamblea General, de 29 de noviembre de 1985 relativa a la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y del Abuso de Poder y la Recomendación (2006) 8 del Comité de Ministros sobre la asistencia a las víctimas de los delitos, para la prevención de la victimización y la Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos, que se fundamenta en el derecho que le asiste a las víctimas de delitos a una indemnización justa y apropiada por los perjuicios sufridos.

 5. La victimología, la reparación de la víctima, la compensación (económica) y la resocialización, entre otros, son nociones que quedan englobadas bajo el paraguas de un concepto más amplio y global: la denominada “Restorative Justice” (Justicia Restaurativa). (Barona Vilar, S.: Mediación penal, cit., pp. 117-144).

El desencanto con el sistema penal retributivo o punitivo ha forzado un cambio en las coordenadas del sistema penal, pasando de este modelo destructivo e ineficaz del castigo a los delincuentes a un modelo constructivo, reparador, donde prima la mediación como medio de solución de controversias, la reconciliación entre víctima y victimario (aun siendo difícil de conseguir en la práctica) y la reparación de aquella por los perjuicios consecuencia del hecho delictivo.

Esta Justicia restaurativa viene estrechamente ligada a los mecanismos ADR o, lo que es lo mismo, a los “Alternative Dispute Resolution”. En particular, la reparación de la víctima se trata de lograr a través del cauce de la mediación, vía de tutela alternativa y, en ocasiones, complementaria de la vía judicial concebida bajo el prisma de la Justicia retributiva. La mediación surge así como una vía de oxígeno para un sistema ya ahogado, asfixiado por la ingente cantidad de causas y la inefectividad de las penas impuestas que no sirven ni para rehabilitar al victimario ni para resarcir a la víctima.

La mediación penal permite lo que se ansiaba y pretendía, la visibilización de las víctimas, de las partes en general y no tanto del hecho o hechos delictivos cometidos. Este procedimiento no supone dejar de lado los hechos, sino dar protagonismo a las partes, para que puedan expresarse y manifestarse, de forma que trabajan con y sobre el conflicto para resolverlo de manera que ambos –víctima y victimario– queden satisfechos por el reconocimiento mutuo y por la capacidad de consensuar una solución adecuada y que ellos entiendan justa en sus circunstancias, partiendo del reconocimiento del daño causado por el victimario y la voluntad de la víctima de superar su deseo de venganza y de castigo a aquel que le ha causado el daño.

 6. El Estatuto de la Víctima es el resultado de la conjunción de estos fenómenos, de la adaptación e incorporación de esta nueva forma de concebir a la víctima como sujeto social necesitado de una especial protección, aunando las finalidades propias de prevención, restauración y resocialización del nuevo paradigma de Justicia (penal), donde se garantiza la presencia de la víctima.

En efecto, la propia norma señala, en su Exposición de Motivos, que nace con vocación de ser un catálogo de derechos, procesales y extraprocesales, de la víctima, tanto directa como indirecta (familiares o asimilados), con especial interés en las víctimas con especiales necesidades o con especial vulnerabilidad. En este sentido, para estos colectivos, se pretende otorgarles una protección especial mediante la transposición de otras dos Directivas recientes: la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, así como la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.

La finalidad de esta norma es ofrecer a las víctimas la máxima protección y una serie de medidas e instrumentos que salvaguarden sus derechos e intereses, evitando la denominada victimización secundaria mediante la reducción y eliminación de trámites innecesarios y asistiéndole durante todo el proceso, tanto jurídica como emocionalmente, así como a través de la adopción de una serie de medidas prácticas, tales como la reducción de los tempus entre la denuncia y la declaración de la víctima.

Ahora bien, como acertadamente señala Gómez Colomer, el éxito de esta norma está condicionado por el desarrollo de un nuevo código procesal penal que integre esta nueva concepción y que ofrezca soluciones coordinadas entre sí, por la mejora del sistema judicial penal y por el aseguramiento del equilibrio entre los derechos víctima-acusado, pues la presencialidad de la víctima y, por tanto, el reconocimiento de su dignidad y derechos no puede producirse en perjuicio de los derechos del acusado. (Gómez Colomer, J. L.: Estatuto Jurídico de la Víctima del delito. La posición jurídica de la víctima del delito ante la Justicia Penal. Un análisis basado en el Derecho Comparado y en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito en España. Cizur Menor (Navarra) (2015): Aranzadi, pp. 414-416)”[2].

Cabe señalar, respeto a los Derechos básicos, lo siguiente: “en el Título I “Derechos Básicos”, definidos en la exposición de motivos como “derechos extraprocesales” enumera aquellos derechos comunes a todas las víctimas exigibles con independencia de que la víctima sea parte en el proceso o no, así como en la fase previa de iniciación del proceso. Los más destacables son:

Enlace al presente epígrafe, titulado « Derecho a entender y ser entendida. (Artículo 4) »

Derecho a entender y ser entendida. (Artículo 4)

La víctima tendrá el derecho a entender y ser entendida en cualquier momento del proceso con la necesidad de que todas las comunicaciones que se le hagan se lleven a cabo de forma entendible para ésta, en atención a sus características personales.

Enlace al presente epígrafe, titulado « Derecho a la información. (Artículo 5) »

Derecho a la información. (Artículo 5)

Este artículo resulta quizá uno de los más importantes, ya que además de regular todos los aspectos en los que la víctima deberá ser informada, en su apartado m) regula el requisito para que la víctima tenga conocimiento de las resoluciones que tengan lugar a lo largo de la causa penal.

La premisa es tan simple como efectuar una solicitud donde designe una dirección de correo electrónico, dirección postal o domicilio, para que sea notificada de las resoluciones que a posteriori detallaremos, enumeradas en el artículo 7, sin embargo sin ese pequeño trámite no tendrá conocimiento de decisiones tan básicas como puede ser la resolución por la que se acuerde no iniciar el proceso penal.

Enlace al presente epígrafe, titulado « Derecho a recibir una copia de la denuncia así como de una traducción escrita de la copia cuando no entienda o hable la lengua oficial del lugar donde interpone la denuncia. (Artículo 6) »

Derecho a recibir una copia de la denuncia así como de una traducción escrita de la copia cuando no entienda o hable la lengua oficial del lugar donde interpone la denuncia. (Artículo 6)

Enlace al presente epígrafe, titulado « Derecho a recibir información sobre la causa penal. »

Derecho a recibir información sobre la causa penal.

En este apartado se engloban todas las resoluciones que serán notificadas a la víctima siempre y cuando ella haya llevado a efecto la solicitud que recoge el artículo 5 a la que hacíamos alusión. Estas resoluciones son:

  1. La resolución por la que se acuerde no iniciar el procedimiento penal.
  2. La sentencia que ponga fin al procedimiento.
  3. Las resoluciones que acuerden la prisión o la posterior puesta en libertad del infractor, así como la posible fuga del mismo.
  4. Las resoluciones que acuerden la adopción de medidas cautelares personales o que modifiquen las ya acordadas, cuando hubieran tenido por objeto garantizar la seguridad de la víctima.
  5. Las resoluciones o decisiones de cualquier autoridad judicial o penitenciaria que afecten a sujetos condenados por delitos cometidos con violencia o intimidación y que supongan un riesgo para la seguridad de la víctima. En estos casos y a estos efectos, la Administración penitenciaria comunicará inmediatamente a la autoridad judicial la resolución adoptada para su notificación a la víctima afectada.
  6. Las resoluciones a que se refiere el artículo 13”[3].

También cabe señalar que el tema de los derechos de la víctima “es un tema complejo, porque por un lado se excluyen derechos que, aunque afecten a víctimas, no forman parte en general de una protección integral, por ejemplo, el derecho al paro. Por otro lado, hay muchos derechos que no afectan sólo a las víctimas, sino a muchas más personas, por lo que a veces no es claro si estamos ante aplicaciones específicas un tanto forzadas, como el derecho a la asistencia.

Hay que continuar diciendo que el tema de los derechos de las víctimas en el proceso penal español vigente “es un tema complejo, porque por un lado se excluyen derechos que, aunque afecten a víctimas, no forman parte en general de una protección integral, por ejemplo, el derecho al paro. Por otra parte, hay muchos derechos que no afectan sólo a las víctimas, sino a muchas más personas, por lo que a veces no es claro si estamos ante aplicaciones específicas un tanto forzadas, como el derecho a la asistencia.

Aquí se va a distinguir entre los derechos fundamentales, contemplando en ellos los procesales y los no procesales, y los derechos ordinarios, con igual subdivisión también.

Pero lo importante para la víctima es que sean derechos exigibles, al menos mediante la interposición de un escrito ante un juez o, en su caso, de un recurso contra una decisión judicial que los haya vulnerado, al más alto nivel posible, por tanto, con perspectivas de acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional”[4].

Por otro lado, también cabe destacar respecto a estos derechos de la víctima del delito, en la fase de investigación judicial o en las primeras diligencias, que estos derechos son el “derecho de información, medidas cautelares y medidas de especial protección. Uno de los presupuestos imprescindibles para poder ejercitar los derechos que las leyes conceden a las víctimas del delito, es tener acceso a la información y al conocimiento de los mismos. De esta forma, el derecho de información y al conocimiento de los mismos. de esta forma, el derecho de información a la víctima sobre prestación de los bienes y servicios a los que puede acceder, se configura como un presupuesto imprescindible para su posterior ejercicio.

En la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, el derecho de información a las víctimas de delito, aparece recogido de manera general y breve en el artículo 13, y, en concreto, en el artículo 771.1.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del procedimiento abreviado, establece que la obligación legal de cumplir con los deberes de información a las víctimas de sus derechos corresponde, en un primer momento, a la Policía Judicial, o al secretario del Juzgado. Aunque también es una obligación que recae en el Ministerio Fiscal, según el artículo 773.1 de la LECrim, en relación con el artículo 3 de la 50/1981, de 30 de diciembre, de su Estatuto Orgánico. El Deber de información de realizar por escrito y comprenderá:

  1. El tradicional ofrecimiento de acciones civiles y penales, pudiendo la víctima mostrarse parte en el procedimiento según los artículos 109 y 110 de la LECrim.
  2. El derecho a tomar conocimiento de lo actuado.
  3. A ser atendida y auxiliada, tras las primeras diligencias, por los servicios médicos de las heridas sufridas por la acción penal (artículos 770.1ª y 778.5 LECrim).

La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la aplicación de medidas cautelares conectadas a los derechos de las víctimas, pero únicamente como actuaciones incluidas dentro de los delitos de violencia doméstica. El artículo 503.1.3º de la LECrim regula la aplicación de la prisión provisional para estos delitos. El artículo 544 gis establece que, cuando se investigue uno de los delitos mencionados en el artículo 57 del Código penal, y con el fin de proteger a la víctima, se podrá imponer de manera cautelar al inculpado la medida de alejamiento o la prohibición de residir o acudir a un lugar determinado, incluso la aproximación o comunicación con la víctima o con otras personas. La STC 60/2010, de 7 de octubre, zanjó la polémica suscitada sobre la naturaleza jurídica de estas medidas cautelares, al considerar que su aplicación únicamente restringe los derechos de residencia y libertad de movimientos del autor del delito recogido en el artículo 19 de la CE, y no los de la víctima, pese a que pueda suponer una restricción de la vida en común de ambos, pues no deja de ser más que una consecuencia anudada a la pena impuesta en la que no participa el ius puniendi del Estado.

En cuanto a las medidas de protección expresas para la víctima, en la vigente Ley procesal de 1882, no se establece un conjunto de actuaciones que ampare los derechos de las víctimas de una manera directa y ordenada. Tan sólo se recogen supuestos dirigidos a la protección y seguridad del testigo, a la hora de comparecer e intervenir en el proceso a fin de declarar o acudir al juicio oral como se describe en el artículo 448, o en el artículo 777.2 de la LECrim, para asegurar una fuente de prueba. En tal sentido, la Ley de Enjuiciamiento Criminal está más preocupada en la adopción de medidas para el aseguramiento del testigo, que de medidas para proteger a la víctima. Por eso el párrafo tercero del artículo 448 obligado a que la declaración de los testigos menores de edad se lleve a cabo evitando su confrontación visual con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta práctica.

En la fase de juicio oral, los derechos de las víctimas están muy limitados, se establece el derecho a conocer por escrito la fecha y el lugar de celebración del juicio, y el que se le notifique la sentencia recaída en el mismo, aunque no se hubiera mostrado parte en el proceso.

En la fase de ejecución de la pena, actualmente no existe un conjunto de derechos para las víctimas en esta fase del proceso. Sólo existe y de forma aislada, para los delitos de violencia doméstica en el marco de la orden de protección, el deber de formar en todo momento a la víctima de la situación penitenciaria en que se encuentra el presunto agresor”[5].

En cuanto a los derechos fundamentales no procesales de las víctimas, serían los siguientes:

  1. Dignidad (artículo 10.1 CE).
  2. Honor (artículo 18.1 CE).
  3. Integridad física o moral (artículo 15 CE).
  4. Derecho a la intimidad personal y familiar (artículo 18.1 CE).
  5. Derecho a la propia imagen (artículo 18.1 CE).

En general, el honor, integridad física o moral, la intimidad personal y familiar y la propia imagen son derechos de todas las personas, no sólo de las víctimas, pero resulta obvio que cuando se comete determinado tipo de delitos y, por tanto, existe una víctima persona física directa o indirecta, su dignidad, honor, integridad, intimidad o propia imagen pueden verse particularmente vulneradas.

Las normas internacionales insisten en estos derechos y su vulneración.

Sobre todo, el restablecimiento de la dignidad, porque desde otra perspectiva la dignidad de la víctima, ultrajada y vejada sin apellidos por la comisión del delito, aparece como un valor constitucional supremo de la persona que las instituciones públicas deben proteger en toda actuación de tutela”[6].

En cuanto a los derechos fundamentales procesales de la víctima, hay que destacar que “en el proceso penal español inciden varios derechos constitucionales relacionados con las víctimas:

  1. Derecho a ser parte procesal (artículos 24.1 y 125 CE).
  2. Derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE).
  3. Derecho a la igualdad (artículo 14 CE).
  4. Derecho a ser informada de sus derechos (artículo 24.1 CE).
  5. Derecho a la asistencia gratuita de abogado y procurador (artículos 24.2 y 119 CE).
  6. Derecho a ser oída (artículos 24.1 y 24.2 CE).
  7. Derecho a la prueba (artículo 24.2 CE).
  8. Derecho a la reparación, mediante indemnización, restitución o instituciones de la Justicia restaurativa (artículo 24.1 CE).
  9. Derecho a la asistencia y apoyo (artículo 24.1 CE).
  10. Derecho a la protección de datos (artículo 18.4 CE).

De momento podemos hablar de España de principio de oportunidad o de Justicia negociada, tanto si es parte como si no, porque el acuerdo final requiere de su concurso. Una institución como la mediación penal todavía no está permitida en España, salvo en menores, y, en algunos casos, como en temas de violencia de género, está expresamente prohibida”[7].

En cuanto a los derechos ordinarios no procesales de la víctima, “simplemente enumerados, se trata de los siguientes, teniendo en cuenta que no se aplican a todas las víctimas y sólo en tanto en cuanto la legislación lo prevea exactamente:

  1. Trabajo.
  2. Vivienda.
  3. Paro.
  4. Protección.
  5. Asistencia médica, social y jurídica.
  6. Ayudas educativas.
  7. Respeto.
  8. Reconocimiento.

Una cuestión de gran entidad jurídica y socioeconómica, es si estos derechos deben aplicarse a todas las víctimas por el mero hecho de serlo.

En cuanto a los derechos ordinarios procesales de la víctima, cabe señalar que, “como consecuencia de esta protección constitucional, hoy puede decirse que la víctima es titular de los siguientes Derechos ordinarios de naturaleza procesal o con concreción especialmente en el proceso penal, si bien no se prevén para todas las víctimas en general.

Se trata de estos cinco derechos:

  1. Derecho de información:  es el principal derecho de la víctima, a cumplir inmediatamente sea conocida. La información la proporciona la policía, el Fiscal o el Juez, por tanto, las autoridades públicas de persecución. Se le debe informar de sus derechos en el proceso penal, pero también se debería informar de sus derechos ante las instituciones que le pueden ayudar, y en caso de terrorismo, delitos dolosos y violencia de género así se hace. Por tanto, se le informa de sus posibilidades legales al completo, lo que incluye información precisa sobre el proceso penal que se va a iniciar, así como del derecho que tiene a designar un abogado de confianza o a que se le nombre de oficio si reúne los requisitos legales, por parte de la Policía, del Ministerio Fiscal y del Juez de Instrucción. El Estatuto Jurídico de la Víctima del Delito amplía notablemente el contenido de este derecho, como veremos en el apartado siguiente.
  2. Derecho a la asistencia: es otro de los derechos más importantes par la víctima, porque ante todo debe ser asistida dado el más que imaginable shock que le había causado el delito. El derecho consiste en recibir la víctima atención inmediata en el lugar de producción del hecho, asistencia médica, asistencia psiquiátrica o psicológica especializada, y asistencia jurídica de urgencia. Pero la asistencia se presta mejor si existen órganos públicos o privados especializados que la presten. Hoy contamos con cierto desarrollo en esta materia, pero todavía claramente insuficiente, lo que quiere mejorarse con el Estatuto Jurídico de la Víctima del Delito. Una manera especial de asistir a la víctima es proporcionarle ayudas económicas. Para ello deberá ser convenientemente informada sobre prestaciones, indemnizaciones, y ayudas.
  3. Derecho a la protección: otro de los derechos clave para las víctimas es el derecho de protección, que es muy amplio y puede contemplar muy diversas posibilidades[8]. Así, se protege su dignidad, su integridad, su intimidad, su seguridad jurídica, etc.
  4. Derecho a la participación: si la víctima es parte, sus derechos de participación, que no hay que confundir con los derechos como parte, se reúnen con éstos, porque como parte tiene derecho a actuar en el proceso penal en todos aquellos actos procesales que correspondan a su posición procesal.
  5. Derecho a la reparación: es tan importante que en realidad es el único derecho que en definitivo le importa, sin que malinterprete estas palabras. Si es parte, lucha ella misma por este derecho, si no lo es lo asume el Ministerio Fiscal, con cierta intervención de la víctima. Consiste en recuperar el bien mueble intacto (restitución), ser reparado económicamente en el daño causado, bien en su persona, bien en sus bienes, e indemnizando por los perjuicios sufridos. Como se trata de obtener una tutela reparadora y restaurativa de sus bienes y derechos económicas, la cuestión es atender al patrimonio autor del delito. Pero para lograr del autor la restauración se requiere en el proceso penal moderno de instituciones que equilibren mejor las disfunciones del sistema, de manera tal que todos paguen un precio, la víctima cediendo en sus pretensiones y el autor del delito obteniendo una ventaja jurídica más ventajosa. El diseño del sistema compensatorio de reparación exige hoy la articulación de órganos públicos de mediación, conciliación y restauración, y de organismos privados con fines específicos en la materia. La víctima parte de una posición relativamente ventajosa frente a actos de favorecimiento de la situación jurídica del imputado/acusado, porque, para que ello sea posible, debe estar completamente reparado. Como hemos indicado, muchos de estos derechos están ya reconocidos en la ley, aunque sea en forma deficiente. Lo que hace el Estatuto Jurídico de la Víctima del Delito es recogerlos, mejorarlos y ampliarlos para colocar a la víctima en el siglo XXI”[9].

Para que quede más claro, hay que decir que “bajo la rúbrica «Derechos Básicos», el Título II de la Ley 4/2015 viene a recoger un conjunto de derechos necesarios para la protección de cualquier víctima de delito, y en especial, de las víctimas de violencia en las relaciones personales. Derechos que, por otra parte, no debe obviarse que deben ser reconocidos con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso.

De otro lado, la Ley 4/2015 prevé que las víctimas y sus familiares, de acuerdo con sus necesidades y del grado del daño sufrido, tengan acceso gratuito a los servicios facilitados por la Administración Pública, teniendo la obligación la Autoridad o funcionario que entre en contacto con la víctima de derivar a ésta a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas cuando resulte necesario en atención a la gravedad del delito o en aquellos casos en los que la víctima lo solicite.

Es esencial que la víctima se sienta respaldada y orientada no sólo en los inicios y en el curso del proceso penal, sino también una vez concluido ésta hasta alcanzar la autonomía precisa para recuperar su dignidad y seguridad.

Por último, de gran importancia es la previsión relativa a los hijos menores o menores sujetos a la tutela, guarda y custodia de las mujeres víctimas de violencia de género o doméstica”[10].

Bibliografía

Colomer, J. L. (2015). Estatuto Jurídica de la Víctima del Delito. La posición jurídica ante la Justicia Penal. Un análisis basado en el Derecho comparado y en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito en España. Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi.

Gutiérrez Romero, F. M. (2015). Estatuto de la víctima del delito: algunos comentarios a la Ley 4/2015. Revista Aranzadi Doctrinal num 7/2015 parte Estudios, 11.

Instituto de Derecho Iberoamericano. (s.f.). Estatuto de la víctima del delito. Trascendencia de una ley. Obtenido de Instituto de Derecho Iberoamericano: https://idibe.org/cuestiones-de-interes-juridico/estatuto-de-la-victima-del-delito-trascendencia-de-una-ley/

Medina, J. L. (2014). Régimen Jurídico de la víctima del delito. Normativa de presente y de futuro. Derechos en el proceso penal y en las leyes extraprocesales. Especial atención al Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito. laleydigital360.


[1] Bonatti penal: https://www.bonattipenal.com/derechos-la-victima-violencia-genero/

[2] Instituto de Derecho iberoamericano: https://idibe.org/cuestiones-de-interes-juridico/estatuto-de-la-victima-del-delito-trascendencia-de-una-ley/

[3] Debelare Abogados: https://www.debelareabogados.es/estatuto-de-la-victima/

[4] Gómez Colomer, Juan Luis. C/ La víctima del delito en España: enseñanzas al mundo (al menos hasta hoy), en Estatuto de la víctima del Delito. La posición jurídica de la víctima del delito ante la Justicia Penal. Un análisis basado en el Derecho Comparado y en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito en España. Thomson Reuters Aranzadi.

[5] Leal Medina, Julio. Régimen jurídico de la víctima del delito.

[6] Gómez Colomer, J. L. Estatuto jurídico de la Víctima del Delito.

[7] Ver fuente de Juan Luis Gómez Colomer.

[8] Una exposición detallada de la orden de alejamiento y de la orden de protección en violencia doméstica y de género. Rosa Cortina, J.M. Tutela Cautelar de la Víctima. Órdenes de alejamiento y órdenes de protección.

[9] Estatuto de la Víctima del Delito. Juan Luis Gómez Colomer.

[10] Estatuto de la víctima del delito: algunos comentarios a la Ley 4/2015. Francisco Manuel Gutiérrez Romero.

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