Derecho

La obsoleta regulación del proceso penal español

El procedimiento penal español se encuentra regulado actualmente, y de forma principal, a través del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ley que, a pesar de sus diversas modificaciones a las normas bases del ordenamiento jurídico según el periodo de la Historia de España en el que estuviéramos, sigue teniendo expresiones y una forma de regulación y ordenación del proceso penal español algo anticuada para los tiempos que corren.

Y no ya sólo por tener una norma nonacentaria que regula el procedimiento, sino también por el hecho de tener expresiones de multas que puedan imponer los Juzgados y Tribunales en el curso del proceso que corresponda que resultan irrisorias (están expresadas en pesetas, y al cambio al euro resultan ser una cuantía realmente escasa).

Principalmente, hay que tener en cuenta que muchos de los medios de prueba que se han de admitir en el proceso penal requieren de la utilización de las nuevas tecnologías para llevarse a cabo. Y lo mismo ocurre con los actos de comunicación, muchos de los cuales, salvo los de primera comunicación a las partes, a través de medios electrónicos, telemáticos, informáticos y de otra índole similar.

También hay que tener en cuenta que han aparecido nuevas formas de investigación para el esclarecimiento de los hechos constitutivos de delito y la averiguación del delincuente, por lo que es otro motivo, junto con los anteriores ya mencionados, de aprobar una regulación más moderna y actualizada del proceso penal y que sea acorde con los nuevos tiempos.

En este punto, hay que destacar que “la utilización de los actuales avances tecnológicos en las tareas de investigación criminal por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado resulta esencial para la persecución y resolución de los delitos, sobre todo en aquellos en los que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) juegan un papel muy importante, y por lo tanto, dicho empleo representa el presente y el futuro de la actividad policial. Por ello, la legislación procesal española debe ser urgentemente reformada e incorporar esas nuevas medidas tecnológicas de investigación criminal con las debidas garantías. En el presente estudio se analizan los déficits legales actuales y se advierten los desafíos jurídicos que representa el empleo de las nuevas tecnologías en las legítimas labores de investigación penal, a la vez que se exponen sólidos argumentos para instar una urgente y necesaria actualización completa de la legislación procesal en España con el fin de adecuarse a las necesidades de la era digital y permitir el uso de las técnicas modernas de investigación que la informática ofrece, de conformidad con los Derechos Fundamentales y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

El calificativo comúnmente utilizado para designar la etapa actual en que vivimos es el de la “Sociedad de la información y el conocimiento”, vista como la sucesora de la sociedad industrial o postmoderna y caracterizada por el trascendental papel que juegan las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante, TIC) en las actividades sociales, culturales y económicas. No obstante, en este trabajo utilizaremos de modo genérico la expresión «Era Digital» para tratar de aunar en dicho término todo lo que ha significado la revolución informática para el desarrollo de la Sociedad de la información y el conocimiento, con particular interés en la transformación que para nuestras vidas ha supuesto la omnipresencia de Internet, debido a que la utilización de múltiples dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, smartphones, agendas electrónicas, tablets, ordenadores portátiles, videoconsolas, etc.) se ha convertido en una parte casi indispensable en nuestro quehacer diario, bien para fines laborales, educativos, trámites administrativos y legales, pero sobre todo, para nuestro tiempo de ocio y para nuestras relaciones sociales. Si a dicho desarrollo tecnológico le sumamos la reducción de costes en la fabricación y venta de todo tipo de dispositivos electrónicos, es fácil comprobar la universalización del empleo de la informática por cualquier ciudadano, en cualquier parte del mundo y en todos los ámbitos de nuestras vidas, lo cual ha dado lugar a una nueva forma de relación entre el ser humano y las máquinas a través del acopio e intercambio de bytespara cualquier actividad: un nuevo comportamiento basado en el “consumo tecnológico” generador de un verdadero entorno digitaldel individuo, que estaría compuesto por toda la información en forma electrónica que, voluntaria o involuntariamente, de forma consciente o inconsciente, el hombre genera con su actividad, no importa dónde se encuentren los archivos informáticos que la contengan o los canales de comunicación a través de los cuales discurra1. Cada vez que realizamos o recibimos una llamada telefónica, compramos unos billetes de viaje electrónicos, revelamos a través de Internet las fotos de las pasadas vacaciones, accedemos a un foro o una red social, nos inscribimos a un boletín informativo electrónico o nos descargamos algún archivo en nuestro ordenador, etc., estamos generando una abundante información digital. Basta con googlearse2 para comprobar la inimaginable información actualmente disponible en la Red sobre nosotros mismos, y si a dicha información fácilmente accesible a través de la Red le añadimos toda la información sobre nosotros que se encuentra almacenada en las bases de datos de entidades privadas, organismos públicos, etc., el resultado es ciertamente incalculable.

También hay que destacar que “es evidente que desde 1882 se han producido numerosas reformas para adaptar en la práctica el progreso conceptual y eliminar los residuos perniciosos que produce el transcurso del tiempo, sobre todo tras la Constitución democrática de 1978. En general puede decirse que una buena parte de las reformas garantistas, es decir, las relativas al desarrollo de los derechos constitucionales del imputado2o acusado, han sido acertadas, independientemente de los problemas técnicos que se hayan planteado, que en realidad han sido muchos, pero otra parte de esas reformas, no tan pequeña y desde luego no insignificante, han fracasado estrepitosamente, especialmente las muchas habidas para intentar conseguir un enjuiciamiento criminal más rápido de los delitos menos graves y leves (y hasta que estuvieron vigentes, también de las faltas)3.Debe destacarse asímismo que nuestro proceso penal, en vez de aprovechar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los preceptos de la Constitución plenamente aplicables en el mismo, una doctrina hoy abundante y en muchos aspectos muy consistente, a la par que de interiorizar la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que nos une jurídicamente a la Europa tradicionalmente democrática y nos homogeneiza con los países más avanzados en la InDret 1/2017Juan-Luis Gómez Colomer7lucha legal contra el crimen, construyendo una sólida estructura capaz de hacer frente a cualquier clase de delito, sea quien fuere su autor, en suma, en vez de dogmatizarse progresivamente, en el buen sentido del término, se ha ido convirtiendo paulatinamente en un instrumento puramente pragmático que sólo está disponible cuando se produce un fuego, aunque casi nunca sirva para apagarlo del todo. A causa de la existencia del que sin ánimo de molestar podríamos denominar un proceso-bombero, frente a un proceso-sistema, estamos pagando consecuencias absolutamente insoportables, como aquí trataré. La más importante, quizás, el enorme alejamiento que existe entre el Derecho Procesal Penal y el Derecho Penal español, que en 1995 logró concretar su apuesta por un sistema dogmático del delito y de la pena, aplicando una política criminal razonable, mediante un código moderno y válido para la época, aunque hoy ya no sea recognoscible después de tantas y tan profundas reformas, que se encontró con un proceso penal, en el que necesariamente tenía que aplicarse, muy lejano a su concepción ideológica y por tanto no preparado para afrontar los nuevos tiempos.Tenemos, pues, como mínimo hoy ante nosotros un proceso penal anticuado, estructural y realmente ineficaz, ineficiente, largo, tedioso, caro y para acabar de arreglarlo, científico-politizado. No hace falta probar exhaustivamente estas afirmaciones. Los teóricos y prácticos del proceso, así como también y curiosamente las autoridades políticas que pueden cambiar la situación, hace años que lo afirman en mi país4.Tampoco hay que justificar las causas, pues esos mismos profesionales y esas mismas autoridades así lo entienden, con poca discusión al respecto: Pocas inversiones en Justicia y escaseces presupuestarias evidentes, falta de jueces, de fiscales y de personal de apoyo, falta de voluntad política en la reforma de nuestro proceso penal, incapacidad parlamentaria para llegar a acuerdos en este tema, que es de Estado sin duda alguna, vacilaciones sobre el modelo a seguir, discusiones partidistas inasumibles, etc.5En definitiva, y como observación introductoria clara, nuestro proceso penal está en crisis, que ni es ligera, ni débil, ni pasajera, ni fácil de resolver. Y no pienso sólo en el proceso penal español, por cierto, pues corren malos tiempos para el enjuiciamiento criminal en todos los países democráticos, sobre todo frente a los horrores que estamos viendo, con una criminalidad organizada desaforada y una corrupción insostenible. Pero a mí me importa ante todo mi país y de él voy a escribir principalmente a continuación”.

Por tanto, resulta necesario la realización de estudios e informes para una nueva regulación del proceso penal más moderna e innovadora, porque, aunque se hayan introducido reformas en la obsoleta Ley de Enjuiciamiento Criminal para adaptarla a los nuevos tiempos, resulta necesario el cambio para actualizar no sólo los medios de actuación contra las diversas formas de crimen, sino también las cantidades a consignar para los recursos en el proceso penal, las multas que puedan poner los órganos jurisdiccionales a las partes por incorrecta actuación, etc.

Además, también hay que destacar nuevas formas para tener personadas a las partes, como la videoconferencia, pues hay que señalar que “la videoconferencia es un elemento más de las nuevas tecnologías de la infor-mación y la comunicación, cuya implantación responde al objetivo de hacer más flui-das las relaciones entre órganos jurisdiccionales y a mejorar las relaciones entre laAdministración y sus ciudadanos, en este caso, la Administración de Justicia. En esteorden de cosas, en cuanto que la videoconferencia es un sistema de comunicación inte-ractivo que transmite imágenes, sonidos y datos de forma simultánea, hace posible unacomunicación en dos direcciones en tiempo real. Se trata de un sistema de comunicación que resulta muy útil en el procedimien-to, para la práctica de auxilios judiciales, nacionales e internacionales, comisiones roga-torias, ruedas de reconocimiento, entrevistas de jueces de vigilancia penitenciaria conlos reclusos, declaraciones, interrogatorios y entrevistas a menores en centros de inter-namiento por las Fiscalías o Juzgados de Menores, haciendo posible practicar prueba adistancia (testifical o pericial) sin necesidad de la presencia física ante el órgano juzga-dor, con lo que cambia la forma pero no el tipo de prueba.Ahora bien, no es esta la única técnica audiovisual utilizada como medio de prue-ba en el proceso. En Derecho Comparado se admite junto al sistema de videoconferen-cia, la presentación en juicio de un testimonio grabado en un medio audiovisual comoun vídeo (declaración en conserva), si bien son sustanciales las diferencias que existenentre uno y otro”.

Por último, hay que mantener el hecho de que “

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) ha sufrido modificaciones puntuales, pero en esencia sigue siendo la misma y tiene que hacerse una nueva. Eso es lo que opinan los expertos: jueces, fiscales, académicos. De hecho, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, dijo que espera en la próxima legislatura se logrará un consenso para “una reforma de legislatura” en la Ley.

“Ha habido prácticamente ausencia de regulación, sólo el Tribual Supremo ha intentado llenar lagunas mediante jurisprudencia, pero eso no se puede llenar de esa manera eternamente, ya es hora de que los legisladores hagan una nueva ley, no se puede seguir con jurisprudencia a golpe de sentencia, para cada medida nueva”, explica a bez.es Víctor Moreno Catena, presidente de la Unión Española de Abogados Penalistas, catedrático de Derecho de en la Universidad Carlos III, donde dirige el Instituto de Justicia y Litigación ‘Alonso Martínez’, que organizó junto a la Fundación Fide, entre otras organizaciones, un Congreso Internacional sobre avances tecnológicos en la investigación del delito.

En 2003, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por deficiente regulación en materia de intervención telefónica, pero España no dio respuesta a los déficits normativos en este sentido sino hasta 2015. “En el tema de investigaciones tecnológicas se ha avanzado, pero es necesario cambiar otros muchos aspectos, como desde el propio modelo de proceso penal, con un juez de instrucción que es una figura algo napoleónica, antigua, que no hay en otros país europeo”, añade Moreno”.

FUENTES:

El proceso penal español a comienzos del siglo XX. Revista InDret.

Aba Catoira, Ana. LA TECNOLOGIZACIÓN DE LA PRUEBA EN EL PROCESOPENAL. LA VIDEOCONFERENCIA: OBJECIONES Y VENTAJAS(REALIDAD Y FUTURO DE LA ADMINISTRACIÓN DEJUSTICIA. LA APLICACIÓN DE LAS TICS).

Ortiz Pradillo, Juan Carlos. Los derechos fundamentales frente a las nuevas medidas tecnológicas de investigación.

Tisera, Feliciano. Acabar con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el gran reto de la próxima legislatura. Bez (https://www.bez.es/728214672/Acabar-con-la-Ley-de-Enjuiciamiento-Criminal-reto-de-legislatura.html).

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