Derecho, Registro Civil

¿Qué pasará con la Ley de Registro Civil de 2011 el próximo mes de junio?

Hay que empezar diciendo que, desde su aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado en julio de 2011, esta ley ha ido viendo postpuesta su entrada en vigor.

Respecto a esta ley, hay que destacar que “el artículo 5 de la Ley define el registro individual y el 6 el llamado código personal. Es una de las claves en que se sustenta el nuevo modelo de Registro Civil. Recordemos que se prescinde de la vigente configuración en Secciones (Nacimientos, Matrimonios, Defunciones, Tutelas y Representaciones Legales), soportada en un modelo basado en la competencia territorial. Este modelo ha desembocado en la dispersión de los asientos relativos a hechos y actos de estado civil que afectan a una misma persona.
Naturalmente, esta dispersión ha tenido su trasunto informático y ha obligado a desarrollar –y obligará a perfeccionar- complejos procesos tecnológicos que permitan unificar en un historial único la información registral civil de cada individuo. La confección de un registro individual –abierto con la primera inscripción, habitualmente de nacimiento- con la asignación de un código alfanumérico permite la localización síncrona y unívoca de los inscritos a través de un proceso informático simple. Este documento y su
combinación con otros facilitará el acceso a información completa y la definitiva eliminación de documentos de utilidad hoy muy cuestionada como los libros de familia.

Se complementan ambos preceptos con la disposición adicional séptima de la
Ley, que articula la vinculación del código personal asignado con la primera inscripción en el Registro Civil con el Documento Nacional de Identidad. Aunque probablemente será un proceso complejo, quedarán evidenciados los problemas con los que desde hace años ha sido preciso
lidiar por el hecho de que la consignación del DNI o NIE no sea siempre un dato obligatorio en las inscripciones.

“El futuro Registro prescinde de la vigente configuración en Secciones
soportada en un modelo basado en competencia territorial. Este modelo ha
desembocado en la dispersión de los asientos relativos a hechos y actos
de estado civil que afectan a una misma persona”

En definitiva, y en cuanto a la mejor atención al ciudadano, es ocioso señalar que cada persona podrá disponer en cualquier momento de información registral y permanentemente actualizada, tanto por
procedimientos telemáticos como desde cualquier Oficina registral. Asimismo, las Administraciones Públicas y funcionarios en el ejercicio de sus competencias y bajo su responsabilidad podrán acceder a los datos
que consten en el Registro Civil

“. A continuación, también se debe de indicar que, “en esta tesitura, hay que tener en cuenta que han sido las numerosas leyes que el legislador ha utilizado para modificar la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que, a su entrada
en vigor, derogará la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957. Inicialmente se estableció una vacatio legis de 3 años (hasta el 22 de julio del año 2014), salvo algunas disposiciones. Posteriormente, el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, extendió su entrada en vigor hasta el 15 de julio de 2015. La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la
Jurisdicción Voluntaria (DF 4ª) prorrogó de nuevo la entrada en vigor de la Ley hasta el 30 de junio de 2017. No obstante, la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Registro Civil, estableció la entrada en vigor el 15 de octubre de 2015 de determinados artículos (artículos 44, 45, 46, 47, 49.1 y 4, 64, 66, 67.3 y disposición adicional novena).De nuevo, la Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicción voluntaria prorrogó la vacatio
legis hasta el 30 de junio de 2018, excepto algunos preceptos. Y, finalmente, la Ley 5/2018, a la que hemos hecho referencia, amplía su entrada en vigor hasta el 30 de junio de 2020.

Por lo tanto, continuamos con la aplicación de la Ley de Registro Civil de 8 de junio de 1957, excepto en lo relativo a la inscripción de nacimiento y filiación (art. 44), los obligados a promover la inscripción de nacimiento (art. 45), la comunicación del nacimiento por los centros sanitarios (art. 46), la inscripción de nacimiento por
declaración de otras personas obligadas (art. 47), el contenido de la inscripción de nacimiento (art. 49), los cambios de apellido mediante declaración de voluntad (art. 53), la comunicación de la defunción por
centros sanitarios (art. 64), el certificado médico de defunción (art. 66) y los supuestos especiales de la inscripción de la defunción (art. 67.3), que se rigen por lo dispuesto en la Ley 20/2011, de 21 de julio,
del Registro Civil.

Habrá que volver a esperar para comprobar si son suficientes esos nueves años desde que se promulgó la Ley 20/2011 para su entrada en vigor o si se llevarán a cabo modificaciones o «nuevas entregas» de
preceptos en los que se establezca su aplicación. Muchos dudan que con estos vaivenes políticos finalmente esta Ley vaya a ver la luz, debido a las críticas que ha suscitado su regulación y el consenso al modelo definitivo de Registro Civil”.

La verdad es que, de acuerdo con lo que se acaba de exponer, se imponen las dudas sobre la verdadera entrada en vigor de la Ley el próximo mes de junio de 2020, ya que las decisiones políticas están más por la labor de atrasar la entrada en vigor de la ley, cuando lo que se debería hacer es dar preferencia para dar cumplimiento a lo en ella expuesto y crear el programa necesario para informatizar el Registeo civil.

Hay que destacar que con esta ley “deslinda
las tradicionales funciones gubernativas y judiciales, y aproxima nuestro modelo al existente en otros países de nuestro entorno, en los que también se ha optado por una entidad de naturaleza administrativa. Cuando entre en vigor la reforma, la llevanza del Registro Civil será asumida por funcionarios públicos distintos de los que integran el poder judicial.

Se configura como un Registro único para toda España,informatizado y accesible electrónicamente, que permite la unidad de
información, la gestión territorializada y la universalidad en el acceso.

La ley abandona la constatación territorial de los hechos relativos a las personas y la sustituye por el historial de cada persona, suprimiendo la división en Secciones por un registro de cada individuo al que, desde la primera inscripción, se le asigna un código personal.

El Registro es público y dependiente de la Dirección General de los Registros y del Notariado, del Ministerio de Justicia. Sus innovaciones se plasman, de una parte, en la utilización de las nuevas tecnologías, con una base de datos accesible electrónicamente y, de otra, en la modificación de la estructura y distribución territorial de las oficinas. La competencia para su llevanza se atribuye a los Registradores Mercantiles, de forma que sus oficinas lo son del Civil y Mercantil.

El sistema y su nivel de seguridad tienen especial importancia, por lo que se establece el control del Estado y se encomienda a un medio propio de la Administración, la redacción de condiciones y prescripciones técnicas relativas a los requisitos de
seguridad”.

Por último, cabe señalar que, “visto ya a grandes rasgos el carácter electrónico del Registro Civil que diseña la Ley 20/2011, es evidente su dependencia de la solidez de los sistemas informáticos en que se sustenta. Afortunadamente, desde hace más de una década se ha venido avanzando en la informatización del Registro Civil y el hecho de dar sanción legal al Registro Civil
electrónico es un paso fundamental que, además, no admite vuelta atrás.

“El carácter electrónico del Registro Civil es solo un elemento que lo caracteriza, pero no es el único. Quedan por analizar rasgos y características esenciales de orden jurídico que, sin duda, mentes más
autorizadas que la mía no tardarán en abordar”

Esta afirmación –por añadidura formulada en una coyuntura difícil- nos debe
incentivar no solo en la búsqueda de soluciones creativas y económicamente asequibles para facilitar la entrada en vigor de la Ley, sino también en la rentabilización del mucho esfuerzo económico y humano
ya invertido en la modernización del Registro Civil.

Tanto las tareas de orden tecnológico que analizaré en primer lugar, como las de
carácter normativo que señalaré después, justifican sobradamente que en el trámite parlamentario se consensuara la ampliación de dos a tres los años la vacatio legis inicialmente prevista en el Proyecto de Ley
remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados.

*El proceso de digitalización es una tarea ya iniciada y que ha de estar concluida a la entrada en vigor de la Ley 20/2011. En la fecha en que escribo estas líneas, están digitalizados todos los Registros Civiles
Municipales Principales, el Registro Civil Central en su práctica totalidad y cerca de 100 Registros Civiles Delegados a cargo de Jueces de Paz.

Con todos los matices y atemperaciones que será imprescindible hacer, el carácter electrónico del nuevo Registro Civil exige disponer de una base de datos única en la que consten digitalizadas y disponibles en la
aplicación INFOREG las inscripciones practicadas desde 1950. Es difícil escribir en momentos de crisis económica sobre inversión en un proceso de digitalización de libros del Registro Civil, pero no debe olvidarse que la incorporación de la firma electrónica permitirá prescindir de los
costosos libros físicos en el Registro Civil y que los Registros Civiles Delegados a cargo de los Jueces de Paz (destinatarios de libros)
no desempeñarán funciones de Registro Civil.

La tarea pendiente de digitalización de los libros de los Registros Civiles Delegados es probable que exija un esfuerzo de reflexión y un nuevo diseño del proyecto para concluir el trabajo del modo más
satisfactorio posible.

*Una de las circunstancias que más ha distorsionado el funcionamiento del
Registro Civil ha sido la dispersión de criterios de actuación entre los diferentes Registros Civiles. Esta dispersión, además de sembrar el desconcierto entre los ciudadanos y las Administraciones, ha abonado el terreno para actuaciones fraudulentas de muy difícil control.

Junto a las Instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, se ha acudido a la implantación de herramientas informáticas comunes en todos los Registros Civiles a fin de reconducir la tramitación de los expedientes y demás actuaciones registrales a parámetros homogéneos.

Recientemente se ha iniciado la implantación del programa REGIUS. Se trata de un programa de gestión de expedientes del Registro Civil, cuidadosamente diseñado a través de unas guías de tramitación elaboradas por expertos en materia registral. Es de esperar que el uso generalizado de la base de datos única, de la aplicación INFOREG y de la aplicación de gestión de expedientes por parte de todos
los Registros Civiles, logre consolidar cuanto antes sólidos criterios homogéneos de actuación.
*Una tarea fundamental y acuciante –ya proyectada, pero no iniciada- es la
informatización de los Registros Civiles Consulares. Es una función que ha de estar concluida antes de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 que, recordemos, se fundamenta en un Registro Civil único y electrónico, en el que solo se extienden asientos electrónicos y que se almacenan en
una base de datos única y electrónica. Recordemos también que cualquier
Oficina del Registro Civil –las Consulares lo son- tiene acceso a la base de datos, ya sea para practicar asientos, ya sea para expedir
certificaciones. Precisamente la distancia geográfica convierte la universalidad del Registro Civil único en un verdadero Registro Civil de servicios.

Además de la necesidad de contar con Oficinas Consulares informatizadas, la
instalación del aplicativo INFOREG en los Consulados tiene el incentivo sobreañadido de que sus frutos se percibirán inmediatamente (por eso es recomendable informatizarlos antes de la entrada en vigor de la Ley 20/2011) en el funcionamiento ordinario del actual Registro Civil Central. En el momento en que un Consulado se informatice y comience a practicar sus inscripciones en la aplicación INFOREG, no tendrá que remitir al Registro Civil Central los duplicados que le impone el artículo 12 de la Ley del Registro Civil, ni éste deberá formar los Libros de duplicados que preceptúa el artículo 18, ni tampoco se verá
abocado el Central a remitir nuevos duplicados a los Consulados.

“La tarea pendiente de digitalización de los libros de los Registros Civiles Delegados es probable que exija un esfuerzo de reflexión y un nuevo diseño del proyecto para concluir el trabajo del modo más satisfactorio posible”

Sobra decir que, junto a un funcionamiento mucho más ágil, se salvarán los desajustes que inevitablemente genera el uso de un sistema a todas luces anticuado en un mundo con un tráfico humano tan intenso como el actual.Y, finalmente, concluirá de una vez por todas la siempre inacabada tarea de digitalización de los duplicados consulares, dado que las inscripciones practicadas en los Registros Civiles Consulares estarán permanentemente disponibles en la aplicación INFOREG.

Y, finalmente, concluirá de una vez por todas la siempre inacabada tarea de digitalización de los duplicados consulares, dado que las inscripciones practicadas en los Registros Civiles Consulares estarán
permanentemente disponibles en la aplicación INFOREG.

*Ya se ha apuntado que la firma electrónica es la que, conforme a la Ley 20/2011, se utilizará tanto en la práctica de los asientos como en la expedición de los certificados del Registro Civil. No es por ello preciso abundar en la necesidad de incorporarla a la aplicación INFOREG para permitir la entrada en vigor de le Ley. Pero por varios motivos quiero insistir en la importancia de comenzar cuanto antes con la ejecución de esta tarea, sin esperar a la vigencia de la
Ley. El primer motivo, empezar a prescindir de los libros físicos. El segundo, el económico. El tercero, la expedición de certificados con firma auténtica del Encargado y del Secretario en los términos previstos por el artículo 7 de la Ley del Registro Civil vigente. El cuarto, generalizar la comunicación entre los Registros Civiles a través del simple acceso a la base de datos o a las aplicaciones de gestión de expedientes sustituyendo el envío de documentación y el anticuado y en ocasiones deficiente auxilio registral por el simple acceso electrónico.

No debemos olvidar que en el sistema actual coexisten varios tipos de inscripciones en la base de datos del Registro Civil, cada uno con un régimen diferente. Sin necesidad de explicar las características de las
inscripciones digitalizadas y las particularidades que presenta su
tratamiento informático, interesa señalar que la mayor complejidad actual la plantean las inscripciones informatizadas, esto es, las que han sido practicadas en el aplicativo INFOREG.

Nos encontramos con la situación de que a medida que se han informatizado los Registros Civiles, se practican asientos electrónicos en una aplicación informática sin que queden firmados electrónicamente. La firma del asiento tiene lugar cuando se imprime en el folio correspondiente (de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) para
incorporarlos al Libro de hojas móviles. De ahí que la obligación de cotejar el asiento informático con el libro físico para expedir
certificaciones adquiera en este caso una trascendencia singular, que se evitaría si los asientos quedaran firmados en la aplicación a través de la firma electrónica del Encargado y del Secretario.

Evidentemente, la rápida implantación de la firma electrónica simplificaría y abarataría en buena medida el funcionamiento ordinario del Registro. No solo comenzaría la desvinculación de los libros físicos –porque la firma electrónica estaría incorporada al asiento- sino que también se
simplificaría el proceso de certificación y la liberación de espacio físico en las Oficinas del Registro.

Dicho lo anterior, no parece imprescindible esperar a la inminente entrada en vigor de la Ley 20/2011 para incorporar la firma electrónica de los Encargados a la aplicación INFOREG. Sin embargo, esta cuestión que parece tan clara y tecnológicamente
asequible tropieza con otro problema importante, en este caso de orden
económico y organizativo. Dotar de firma electrónica a los Encargados y Secretarios de 431 Registros Civiles Municipales Principales (de hecho ya lo están) y a los Encargados de Registros Civiles Consulares e
imponer su uso en la práctica de los asientos es una tarea relativamente sencilla. Sin embargo, dotar de firma electrónica, instruir en su uso e imponer la autorización de los asientos a través de la misma a todos
los Jueces de Paz es una labor a todas luces muy complicada de abordar.

Además y como inmediatamente se apuntará, sería conveniente ponderar si
este esfuerzo económico, humano y organizativo va a ser realmente útil
si, en breve, va a operar un nuevo sistema de Registro Civil que prescinde de los Registros Civiles Delegados. Estos cometidos de índole informática deben ser compaginados con otros de carácter normativo que es ineludible abordar cuanto antes para no dejar paso a la prisa ni a la improvisación. Estas iniciativas deberán regular la desjudicialización del Registro Civil, la revisión de la adquisición de la nacionalidad española por residencia y, por supuesto, el ingente desarrollo reglamentario que requiere la ley 20/2011″.

Pero lo importante es esperar a junio de 2020, por si se les ocurre al Gobierno o a las Cortes Generales adoptar medidas para alargar la entrada en vigor de esta ley, la cual, según opinión personal, debería ser sustituida por otra más moderna, pues ha perdido su eficacia.

FUENTES:

  1. El Registro Civil de Servicios de la ley 20/2011, de 21 de julio: http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-40/636-el-registro-civil-de-servicios-de-la-ley-20-2011-de-21-de-julio-0-26494211262552264
  2. Blogs Udima: https://blogs.udima.es/derecho/nueva-moratoria-en-la-ley-de-registro-civil/
  3. La misteriosa entrada en vigor de la Ley del Registro Civil: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/civil/la-misteriosa-entrada-en-vigor-de-la-ley-del-registro-civil

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