Derecho general

La supremacía de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea sobre las de los órganos jurisdiccionales internos de cada país miembro.

Hay que hacer referencia a otro artículo de este blog sobre la supremacía del Derecho europeo sobre el Derecho interno de los Estados miembros.

En este punto, hay que destacar que esta supremacía es un “principio fundamental del ordenamiento jurídico comunitario según el cual, en caso de contradicción entre una norma comunitaria y una norma nacional, la primera prevalecerá sobre la segunda.

Ante la ausencia de disposición expresa al respecto, la primacía del Derecho Comunitario obedece a una construcción jurisprudencial y fue consagrada por vez primera por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su célebre S 15 de julio de 1964 en el asunto “Costa c. ENEL”. En dicha sentencia, el Tribunal se basa en las especificidades de la Comunidad Europea y la limitación de soberanía que la transferencia de competencias a la misma ha implicado para sus Estados miembros para afirmar que la primacía constituye el corolario de la integración del Derecho Comunitario en el Derecho nacional. Afirmar lo contrario supondría poner en peligro la realización de los objetivos de los
Tratados, así como la aplicación uniforme y eficacia del ordenamiento jurídico que éstos han creado.

Es de destacar que este principio, conforme también a la jurisprudencia comunitaria, se deriva de toda norma comunitaria, tanto originaria como derivada, respecto de toda
norma interna, cualquiera que sea su rango. Actúa además sobre normas nacionales anteriores y posteriores a la norma comunitaria, obligando al juez nacional a excluir la aplicación de la norma interna incompatible con el Derecho Comunitario.

Es cierto que los Tribunales Constitucionales de ciertos Estados miembros (principalmente Alemania,
Italia y Francia) han manifestado sus reticencias a la aceptación del principio de primacía en lo que respecta, principalmente, a su aplicación sobre las Constituciones de los Estados miembros, reticencias que parecen haber ido suavizándose. Nos parece ilustrativa al efecto la Declaración del Tribunal Constitucional español de 13 de diciembre de 2004, la cual soluciona el posible conflicto entre ambas normas haciendo
uso de los conceptos diferenciados de “primacía” y “supremacía””.

Dicho de otra manera, “desde que la Sentencia del TJCE Van Gend & Loos, de 5-2-63 (asunto 26/62) declaró que el derecho comunitario es un verdadero ordenamiento jurídico, algo más que un Acuerdo de
Derecho Internacional, se reafirma la obligación de los Estados de cumplir el derecho originario y derivado.

La doctrina es conteste al afirmar que la Sentencia de TJCE de 15 de julio de 1964 (caso 6/64 Costa-ENEL) contiene los fundamentos del principio de primaria del derecho de la Unión:

(i) las normas internas de los Estados miembros no pueden hacer que la fuerza
del derecho de la Unión sea desigual entre los Estados,

(ii) el derecho derivado de la UE tiene carácter obligatorio, de reconocimiento obligatorio por todos los Estados,

(iii) los Estados miembros están obligados por la adhesión a la UE y deben abstenerse de adoptar medidas que pongan en peligro los objetivos fundamentales de la UE, y

(iv) los Estados miembros han aceptado que el ordenamiento de la UE se aplique sin discriminación, que se produce cuando se aplique de forma diferente en cada Estado.

El compromiso de cada Estado miembro
es el que fundamenta la aplicación del derecho de la Unión con carácter
prioritario y prevalente, uniforme en todos los Estados, a través del que se pretende la uniformidad en su aplicación y vigencia, sin
graduación.

La primacía del derecho de la UE es una regla fundamental para la existencia de UE de donde se concluye que es una condición existencial con efecto excluyente, haciendo inaplicable la norma interna que sea
incompatible con el derecho comunitario.

En este sentido, la Sentencia del TJCE,
Simmenthal de 9 de marzo de 1978 (asunto 106/77) marca el precedente a partir del cual se construyen los efectos del principio de primacía:

Cuando una norma interna de fecha anterior a una norma de la UE resulta incompatible, la primera resulta absolutamente inaplicable,
entendiéndose tácitamente derogada

(lex posterior derogat lex anterior).

– Cuando una norma interna de fecha posterior a una norma de la UE resulta incompatible, la norma interna resultará inaplicable debido a dicha contradicción dado que el derecho de la UE impide la existencia de normas legales internas
que lo contradigan.

– El órgano jurisdiccional no debe esperar a la derogación expresa de la norma interna, de fecha anterior o posterior a la norma de la UE.

– El órgano jurisdiccional no está obligado a plantear cuestión de constitucionalidad ante la evidencia de la incompatibilidad de la norma interna con la norma comunitaria.

– El órgano jurisdiccional debe excluir la norma interna incompatible y aplicar la norma comunitaria.

De esta forma, en caso de confrontación, el ordenamiento jurídico comunitario es
prevalente frente al nacional, al que sustituye.

El principio de primacía del derecho
comunitario supone dejar de aplicar la norma interna incompatible, como
único modo de cumplir la obligación de aplicar íntegramente el derecho
de la Unión.

Desde la promulgación del art. 4 bis de la
LOPJ el Juez nacional cuenta con una norma interna que le permite excluir la norma nacional incompatible con el derecho de la UE, norma que no es otra cosa que la plasmación del principio de primacía del
derecho comunitario.

Las consecuencias inmediatas son, por una
parte, que el derecho comunitario puede aplicarse de oficio, sin incurrir en incongruencia, con fundamento en el art. 218.1, pfo. segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual el “tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de
Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes”. En tal sentido el principio de primacía del derecho comunitario supone que el Juez nacional está obligado a interpretar el derecho interno conforme al derecho de la UE por lo que el particular, como reflejo del derecho a
obtener tutela efectiva de los órganos jurisdiccionales, tiene derecho a reclamar la aplicación del derecho interno conforme a esta interpretación.

Por otra parte, la consecuencia es que la incompatibilidad de la norma interna con la comunitaria puede y debe ser apreciada por el Juez a la hora de interpretar el derecho aplicable, y en caso de duda, elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de
la Unción Europea. Los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros
son los directamente llamados a aplicar el derecho de la UE.

El TJUE tiene entre sus competencias la de pronunciarse con carácter prejudicial, a
petición de los órganos jurisdiccionales nacionales, sobre la interpretación del derecho de la UE (art 19.3 TUE), regulándose la cuestión prejudicial en el art. 267 del TFUE, lo que permite que el órgano jurisdiccional, en su labor de interpretar y aplicar el derecho, pueda dirigirse el TJUE reclamando una decisión del máximo intérprete del derecho de la Unión, acerca de la norma comunitaria invocada o
apreciada de oficio, lo que garantiza una aplicación uniforme del derecho de la UE en todos los Estados, de ahí que el art. 4 bis LOPJ recalque que la aplicación del derecho de la UE se debe hacer de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En la citada Sentencia Costa-ENEL, el TJCE formula el principio de primacía diciendo que, por una parte, está confirmado desde el momento en que los Reglamentos tienen fuerza “obligatoria” y son “directamente aplicables en cada Estado miembro”, y
por otra, “al Derecho creado por el Tratado, nacido de una fuente autónoma, no se puede oponer, en razón de su específica naturaleza original una norma interna, cualquiera que sea ésta, ante los órganos
jurisdiccionales, sin que al mismo tiempo aquél pierda su carácter comunitario y se ponga en tela de juicio la base jurídica misma de la Comunidad” dado que la transferencia realizada por los Estados, de su ordenamiento jurídico interno en favor del comunitario, de los derechos y
obligaciones correspondientes a las disposiciones del Tratado, entraña por tanto una limitación definitiva de su soberanía, contra la que no puede prevalecer un acto unilateral ulterior incompatible con el
concepto de Comunidad.

También en la Sentencia Simmenthal, el TJCE declaró que la aplicabilidad directa “significa que las normas de Derecho comunitario deben surtir plenamente efecto de una manera uniforme en todos los Estados miembros, a partir de la fecha de su
entrada en vigor y durante todo el período de su validez” ya que las normas comunitarias “son una fuente inmediata de derechos y obligaciones para todos aquéllos a quienes afectan, ya se trate de Estados miembros o de particulares que sean parte en relaciones jurídicas sometidas al Derecho comunitario”.

El principio de primacía del derecho de la
Unión debe entenderse, como condición de la existencia del ordenamiento jurídico comunitario, que se basa en la propia naturaleza de los Tratados constitutivos, ordenamiento jurídico que prevalece sobre el derecho nacional.

El TJUE ha desarrollado hasta la fecha una consolidada jurisprudencia que abunda en:

a) La obligación que tienen los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de garantizar que dichas Sentencias se lleven a efecto (Saje 14-12-82 asunto Waterkeyn, 314-316/81 y 83/82,). El Tribunal de Justicia
de la Unión Europea ha declarado reiteradamente que “los órganos jurisdiccionales están obligados, con arreglo al art. 234 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (art. 267 del TFUE) a deducir las consecuencias de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, bien entendido sin embargo que los derechos que corresponden a los particulares no derivan de esta sentencia sino de las disposiciones mismas del Derecho comunitario que tienen efecto directo en el ordenamiento jurídico interno” (Sentencias de 14-12-82, asunto
Waterkeyn, y de 5-3-96, asuntos Brasserie du pêcheur y Factortame, C-46/93 y C-48/93).

b) Los Jueces y Tribunales ordinarios de los Estados miembros, al enfrentarse con una
norma nacional incompatible con el Derecho de la Unión, tienen la obligación de inaplicar la disposición nacional, ya sea posterior o anterior a la norma de Derecho de la Unión (STJCE 9-3-78 asunto Simmenthal, 106/77; STJUE 22-6-10, asunto Melki y Abdeli, C-188/10 y C-189/10; y de 5-10-10 asunto Elchinov, C-173/09).

c) Esta obligación, cuya existencia es inherente al principio de primacía recae
sobre los Jueces y Tribunales de los Estados miembros con independencia del rango de la norma nacional, permitiendo así un control desconcentrado, en sede judicial ordinaria, de la conformidad del Derecho interno con el Derecho de la Unión Europea (STJCE 17-12-70 de diciembre de 1970, asunto Internationale Handelsgesellschaft, 11/70; y de 16-12-08 asunto Michaniki C-213/07)”.

Respecto a la jurisprudencia, también sucede más de lo mismo, siendo destacable el hecho de que “junto al Derecho Originario y al Derecho Derivado hay que añadir el valor jurídico de la jurisprudencia del TJUE como uno de los pilares del ordenamiento jurídico comunitario.

La jurisprudencia es un considerada una fuente formal del Derecho de la UE, la cual, en ocasiones mejor que las propias leyes, consigue cubrir las lagunas existentes entre ordenamientos jurídicos o ente la normativa
doméstica de un Estado y el Derecho de la UE. De hecho, se puede considerar como la principal fuente armonizadora entre las legislaciones de los Estados miembros.

A nivel nacional los tribunales de todos los Estados van creando cierta jurisprudencia con la aplicación del Derecho de la UE, pero es indudable que los mismos se encuentran
sujetos a los pronunciamientos y fallos delTJUE como máximo tribunal al que se le pueden elevar los asuntos. De ahí, la función de la
cuestión prejudicial, la cual, es la que posibilita a los órganos jurisdiccionales de los países comunitarios pedir al Tribunal de Luxemburgo que se pronuncie sobre ciertos asuntos y materias.

Desde el comienzo de sus pronunciamientos, con la sentencia Van Gend & Loos en 1963 (anteriormente comentada), este Tribunal he influido sobre los Estados miembros con la fuerza y el valor jurídico que caracteriza a su
jurisprudencia. A lo largo de todos estos años se ha pronunciado sobre multitud de materias y asuntos. Respecto al ámbito tributario ha hecho referencia entre otros conceptos a, las cláusulas anti- abuso, a la tributación de los no residentes, a las operaciones vinculadas, a los
aranceles y tasa impuestos en las aduanas, a los establecimientos permanentes y filiales de las entidades y a las cuestiones sobre
discriminación por diverso trato a situaciones iguales.

No obstante, son las sentencias delTJUE en materia de libertades comunitarias e imposición directa las que han tenido un mayor impacto sobre los ordenamientos nacionales, por cuanto implican que, en muchos campos, los principios internacionalmente aceptados, representados por los Modelos de Convenios para evitar la Doble Imposición Fiscal, sean cuestionados por esta jurisprudencia.

De este modo, lajurisprudencia también ha ayudado a cumplircon lo establecido en elTUE y en elTFUE para conseguir un Mercado Interior
Común, definido como un «espacio sin fronteras en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estuviese garantizada».

Por consiguiente, al considerar las libertades fundamentales como el pilar principal para la consecución de un verdadero Mercado Interior Común, especialmente desde la perspectiva de la materia tributaria, entendemos que es conveniente analizar desde la base de la jurisprudencia el contenido de las mismas.

La violación de alguna de las libertades fundamentales por alguno de los países miembros se encuentra íntimamente ligada a la cuestión prejudicial, la cual, es elevada por los mismos alTribunal de Luxemburgo a fin de que se pronuncie el por qué de la violación y cuál ha sido vulnerada por la normativa interna. Con el paso del tiempo, las consecuencias prácticas de este deslinde son muy reducidas pues, el Tribunal de Justicia ha ido construyendo una doctrina para admitir o no
las restricciones a estas libertades que es común en todas ellas.

De todo se puede destacar la importancia y supremacía del Derecho de la UE en todos los aspectos de la Unión.

FUENTES:

  1. La importancia del tribunal de justicia de la Unión Europea y la relevancia de su jurisprudencia en materia tributaria sobre los estados miembros. Scielo: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2070-81572015000100016
  2. Primacía del Derecho de la Unión Europea (a propósito de la STC 232/2015, de 5 de noviembre): http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/10895-primacia-del-derecho-de-la-union-europea-a-proposito-de-la-stc-232-2015-de-5-de-noviembre/Primacía del derecho comunitario sobre el derecho interno: https://www.expansion.com/diccionario-juridico/primacia-del-derecho-comunitario-sobre-el-derecho-interno.html

Primacía del derecho comunitario sobre el derecho interno: https://www.expansion.com/diccionario-juridico/primacia-del-derecho-comunitario-sobre-el-derecho-interno.html

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