Derecho de autodeterminación, Derecho general, Escisión de territorios de un Estado, Nacionalismos

El derecho de autodeterminación. Análisis jurídico. Parte I

Es uno de los temas más candentes y de actualidad, no sólo en España, sino también en Europa.

Hay que destacar en primer lugar que “la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña es uno de los grandes asuntos que están protagonizando las negociaciones en curso para la formación de un nuevo Gobierno después de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre. Para algunas fuerzas políticas parece ser una condición necesaria para suscribir un pacto, y para otras es una “línea roja” que lo impide de raíz. Quienes lo exigen sostienen que la Constitución no es un impedimento, y quienes lo rechazan no solo no lo comparten como punto de partida imprescindible de cualquier solución política al problema
catalán, sino que lo consideran en todo caso una condición de cumplimiento imposible, pues requeriría una previa reforma constitucional (agravada), hoy inviable sin el concurso o consenso del
Partido Popular, que ostenta una minoría de bloqueo para cualquier reforma constitucional en el Congreso de los Diputados y la mayoría absoluta en el Senado, y que -se supone- no daría su conformidad a una reforma de semejante contenido.

La pregunta, por tanto, está servida: ¿permite la Constitución española de 1978 convocar un referéndum de autodeterminación en una comunidad autónoma o sería necesaria una previa reforma constitucional?

Incluso la doctrina jurídica catalana más autorizada admite que, cuando menos, “en el caso español un referéndum secesionista suscita importantesproblemas de orden constitucional“ (vid. Tornos Mas, J., De Escocia a Cataluña. Referéndum y reforma constitucional, Madrid, 2015).

En todo caso, en nuestro sistema constitucional la doctrina decisiva que se ha de tener en cuenta como determinante en sede política es la doctrina jurisprudencial que sobre este punto haya podido sentar el
Tribunal Constitucional (TC). Y lo cierto es que el TC ha venidodeclarando de forma reiterada y constante en los últimos años que un referéndum de autodeterminación no se puede llevar a cabo de forma constitucionalmente lícita sin una previa reforma constitucional que así lo prevea; una reforma constitucional que, por añadidura, sería agravada, pues afectaría al Título Preliminar de la Constitución (artículo 1.2, que residencia la
soberanía nacional en el pueblo español, y artículo 2, que proclama “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”).

En efecto, ya en su sentencia de 11 de septiembre de 2008 (STC 103/2008), que enjuició la Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de convocatoria y regulación de una consulta popular de autodeterminación,
el TC afirmó que “la cuestión que ha querido someterse a consulta (…) afecta (art. 2 CE) al fundamento del orden constitucional vigente (en la medida en que supone la reconsideración de la identidad y unidad del
sujeto soberano o, cuando menos, de la relación que únicamente la voluntad de este puede establecer entre el Estado y las comunidades autónomas) y por ello solo puede ser objeto de consulta popular por vía del referéndum de revisión constitucional”.

En segundo lugar, cabe señalar que “Anna Badia, Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona y miembro también del Colectivo Praga de Juristas.

En primer lugar, la ponente hizo referencia sobre cuál es el punto de vista internacional sobre el derecho de autodeterminación, y expresó que es un derecho contenido en
la Carta de Naciones Unidas y softlaw (resoluciones sobre casos concretos como la 1514 de la Asamblea General de la ONU, no vinculantes) dentro de su dimensión política, económica, social, cultural y
jurídica. Pero en todo caso, es un derecho que se reconoció a partir de los años 60 para aquellos pueblos sometidos a colonias, aunque se amplió en los casos del pueblo palestino y el Apartheid sudafricano. Esto
quiere decir, que sólo se admitía por unos casos muy concretos y específicos, entre los que Catalunya no se encuentra.

A continuación, la catedrática determinó que posteriormente se firmaron los Pactos de Derechos Civiles y Políticos que basan toda su exposición en el primer principio del artículo 1 sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos (sin
especificar cuáles) y que por tanto, es un derecho que se tendrá que ir configurando a través de la práctica ya que es muy reciente.

Acto seguido, Anna Badia quiso explorar la vía de los actos unilaterales de secesión (tan repetidos en Europa a partir de los años 90 con el desmembramiento de la URSS). Así, determinó que el derecho internacional no ampara la secesión de estados porque
parte de la previa existencia de los estados como tales para poder regular las relaciones entre éstos y su cooperación, pero que no la
ampare no quiere decir que se oponga (como ocurrió con el caso de Kosovo), y simplemente se encargará, en caso de secesión, de comprobar que el estado tiene elementos de facto para poder subsistir. Es
en este punto donde entramos en la política, ya que si los nuevos estados son reconocidos también será más sencillo hacerlo entrar en el sistema del derecho internacional, afirmó la ponente.

Así pues, concluyó su ponencia estableciendo que la práctica internacional no es transportable de un lugar a otro y que sólo puede ser un elemento de reflexión. Pero negar sistemáticamente que un grupo de la población pueda expresar su opinión
porque el marco jurídico no da espacio a sus aspiraciones, es un argumento que no se podrá mantener durante mucho tiempo (porque acabará afectando a los principios democráticos que preserva la comunidad
internacional).

Con esta intervención se dio por terminada la primera sesión del acto donde, como se ha podido ver, catedráticos de diferentes orígenes y con diferentes formaciones dieron su punto de vista sobre el alcance del derecho de autodeterminación, coincidiendo todos en apuntar que si bien es un derecho con un fundamento jurídico, es básicamente político y que responde
principalmente a la voluntad democrática, a la preservación de la misma y que no se puede insertar como un argumento meramente legal”.

Por tanto, se puede afirmar que el derecho de autodeterminación es un derecho reconocido en textos internacionales que es de aplicación en aquellos casos de disgregación de territorios tradicionalmente unidos por circunstancias históricas y de índole similar cuando concurran los requisitos previstos en la normativa interna común de esos territorios.

Para profundizar más en el tema, se hará otro artículo sobre el derecho de autodeterminación.

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s