Derecho general, Moral y ética, Pensamientos sobre educación española

El pin parental. Los problemas legales y morales que está planteando.

El pin parental propuesto por Vox es una medida para garantizar el derecho fundamental de educación de los padres que ha provocado muchas reacciones

En primer lugar, hay que destacar que “el ‘pin parental’ que propone Vox para los centros educativos ha dividido a la esfera política entre quienes critican que se trata de una medida contra los derechos de los menores -PSOE y Unidas Podemos- y quienes defienden que los padres deben tener libertad para elegir los contenidos ideológicos que reciben sus hijos -como el PP, además del partido de Santiago Abascal-. También ha generado malestar entre asociaciones feministas, LGTBI y sindicatos de estudiantes.

La medida, que fue implantada en Murcia a principios de curso, podría llevarse también a regiones como Madrid y Andalucía -donde los populares se abren a estudiarlo a petición de Vox, que condiciona con ello su apoyo a los presupuestos regionales-.

El Gobierno ya ha declarado la guerra al llamado ‘pin parental’ y ha advertido a la Región de Murcia que llevará a sus responsables ante los tribunales de no retirarlo. Y los consejeros de Educación de nueve comunidades autónomas donde gobierna el PSOE también se han movilizado en su contra.

¿Qué es el ‘pin parental’?

El término es el que ha acuñado el partido de extrema derecha para definir “una solicitud que va dirigida a los directores de los centros educativos” para informar a los padres “a través de una autorización expresa” sobre “cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones
morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad” de los menores.

Con ello, pretenden limitar la capacidad de los alumnos de asistir a charlas y talleres sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI, únicamente en el caso de que los progenitores den consentimiento para ello.

La medida no ha pasado desapercibida después de otra petición realizada el año pasado para identificar con nombre y apellidos a quienes, amparados por las leyes LGTB, imparten cursos y talleres en materia de igualdad, respeto y contra el acoso escolar a este colectivo en colegios e institutos.

¿Es una medida legal?

El Ejecutivo envió un requerimiento a Murcia el pasado viernes para que retirase la medida y anunció que recurriría “cualquier intento de PP, Ciudadanos o Vox de vulnerar el derecho de los menores a recibir educación integral”. El presidente murciano, el popular Fernando López Miras, se ha mostrado por su parte dispuesto a ir a los tribunales para defender el ‘pin parental’.

La clave está en la referencia que hizo la ministra de Educación durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el viernes pasado: “No hablamos de actividades voluntarias (…) sino de actividades complementarias que configuran un currículum básico” que son “de obligado cumplimiento”.

Es decir, que las actividades que requieren un consentimiento de los padres son aquellas extraescolares, pero no las que están incluidas en el horario lectivo de los niños, han sido planificadas por los maestros, obligatorias y evaluables. De esta forma, los padres podrían oponerse a que sus hijos fueran a charlas con contenido moral fuera del horario escolar, pero no si se establece dentro del mismo”.

Hay que señalar que esta medida ha tenido ya una tormenta de críticas por parte de los partidos políticos de izquierda sobre todo, y que es de destacar que cuando el PSOE ha estado en el poder (ahora acompañado de Podemos) siempre ha sido el primero en criticar la actuación de Vox proponiendo esta medida, por el mero hecho de que siempre ha utilizado la Educación para sus propios fines de crear un sistema educativo con el que crear seres humanos fácilmente manipulables para sus fines.

El principal fin del pin parental es que los padres decidan sobre la participación o no de sus hijos en las actividades extraescolares propuestas por el centro educativo si no se adapta a sus conciencia. La crítica de la izquierda para interponer un recurso es que siempre ha utilizado el sistema básico de educación (es decir, la regulación básica de este dereho) para imponer su ideología mediante asignaturas como Educación para la ciudadanía”.

La principal base de todo esto la podemos encontrar en el artículo 27 de la Constitución, el cual permite a los padres elegir la educación que quieren para sus hijos.

En lo que se refiere al contenido de este artículo, hay que señalar que el derecho a la educación presenta un innegable naturaleza prestacional, reforzada con la proclamación de la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica, pero que se proyecta

también sobre la enseñanza no obligatoria, con independencia de que no se imponga constitucionalmente para esta última ni la obligatoriedad ni la gratuidad (STC 236/2007). Los poderes públicos vienen obligados a facilitar un puesto escolar gratuito en la enseñanza básica.

Ciertamente los límites temporales de la enseñanza básica pueden variar como marca la tendencia a rebajar la edad de escolarización a los tres años, pero ello queda en el margen de apreciación de legislador a quien corresponde delimitar el alcance de las prestaciones a las que son acreedores los titulares del derecho (el artículo 15.2 de la LOE, en línea con la regulación anterior, extiende la gratuidad al
segundo ciclo de la educación infantil -3 a 6 años- pero no impone su obligatoriedad). Siempre cabe mejorar las prestaciones como es propio del Estado social, contribuyendo a un aumento progresivo de la calidad de vida.

El Tribunal Constitucional (STC

86/1985, de 10 de julio) acentúa el carácter de derecho de libertad del derecho a la educación, considerando su dimensión prestacional derivada del artículo 27.4 CE y no del apartado 1. El derecho a la educación implicaría no impedimento o intromisión del poder público, tal y como se desprende de la jurisprudencia del TEDH (sentencia de 23 de julio de 1968, caso Régimen
lingüístico de la enseñanza en Bélgica). La doctrina española rechaza en general ese reduccionismo y apuesta por interpretar el derecho a la educación, junto con
la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica para inferir el derecho a
un puesto escolar gratuito en la enseñanza
obligatoria.

El TEDH incluso ha inferido el derecho de acceso en condiciones de igualdad de la libertad negativa (proclamada en el artículo 2 del citado Protocolo al CEDH), si existe un sistema público de enseñanza. La diferencia con el caso español es que nuestra
Constitución impone la creación de tal sistema lo que no exige el Convenio.

Reproduciendo otras normas internacionales, en concreto el artículo 2 del Protocolo precitado, el artículo 27.3 garantiza el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Es una garantía sobre todo frente a colegios públicos y se ha manifestado, sobre todo, en la organización de la asignatura de religión y de la asignatura alternativa. Como ha expuesto el Tribunal Constitucional (STC 5/1981), la prestación ha de ser ideológicamente neutral, alejada del adoctrinamiento, a lo que contribuye la libertad de cátedra. No hay, pues, ni doctrina ni ciencia oficiales, salvo lo que se deduzca materialmente de las finalidades impuestas constitucionalmente a la educación por el artículo 27.2: promover el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

Es obvio que el derecho paterno a
escoger el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus hijos no
puede oponerse al centro privado, concertado o no, que presente un ideario
propio, puesto que los padres no están obligados a escolarizar a sus hijos y en
uno de esos centros; llevarlos a ellos demuestra cierta adhesión a su ideario.
En este caso el derecho se ejerce antes de elegir colegio, mientras que si el
centro de escolarización de sus hijos es público, el derecho se ejerce una vez
que el educando está en él escolarizado. Sólo los centros públicos tienen
obligación de asegurar el pluralismo
interno.

La libertad de enseñanza
presenta la naturaleza propia de los derechos de libertad y está conectada, como
ha recordado el Tribunal Constitucional (STC 5/1981), con otros derechos reconocidos en los artículos 16, 35 y 38 de la Constitución. La libertad de enseñanza supone la libertad de creación de centros
docentes que también reconoce la Constitución (artículo 27.6) y esta última
entraña la imposición del ideario (STC
5/1981 y STC 77/1985, de 27 de junio). La neutralidad no puede exigirse sino a los
centros públicos puesto que el ideario equivale a tomar partido, al expresar
ciertas convicciones ideológicas o religiosas que a través de él se pretenden inculcar al educando. Esta libertad de crear centros con ideario propio tiene el límite expreso (artículo 27.6) en el respeto a los principios constitucionales, expresión en apariencia más estricta que la empleada en el apartado 2 del artículo 27, pero con la que debe
conectarse.

Otros dos límites de la.libertad de creación de centros con ideario propio son: la ciencia misma con la que el ideario no puede entrar en conflicto puesto que frente a una enseñanza científicamente falsa habría que oponer el derecho a la educación de los
educandos a recibir una enseñanza científicamente solvente. También opera como límite el ejercicio de la libertad de cátedra con el que debe cohonestarse el
derecho a imponer un ideario (SSTC
5/1981 y 77/1985), de tal suerte que el profesor del centro privado no está obligado a adherirse al ideario del centro ni menos convertirse en propagandista sino que debe sólo respetarlo.

La Constitución impone el mandato a los
poderes públicos de ayudar a los centros docentes “que reúnan los requisitos que
la ley establezca” (artículo 27.9). Este precepto constitucionaliza el régimen
de conciertos incorporando a los colegios que lo deseen al sistema público. No
impone, desde luego, la concertación y los centros privados pueden o no acogerse
a la ayuda pública. El resultado ha sido el de un sistema de enseñanza compuesto
de centros públicos y de innumerables colegios privados concertados, es decir,
financiados con dinero público. El ejercicio de la libertad de creación de centros docentes ha contribuido, de esta manera, a la prestación del servicio público educativo. Pero este estado de cosas no sido producto de un inexistente derecho a la subvención, derecho que no aprecia el Tribunal Constitucional (STC 86/1985, de 10 de julio), si no de la extensión decidida por el poder
público de la financiación estatal y autonómica de centros privados que cumplían los requisitos legales y se sometían a las servidumbres impuestas por la ley.

Tanto respecto de la libertad de enseñanza como en relación con el derecho a la educación juegan las finalidades previstas en el artículo 27.2 CE: pleno desarrollo de la
personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Ni hay un derecho a recibir enseñanzas contrarias a estas finalidades ni la libertad de impartirlas. Para asegurar el.cumplimiento de esta prescripción constitucional y de toda la legalidad educativa, los poderes públicos están facultados (artículo 27.8 CE) para
inspeccionar y homologar el sistema educativo. La homologación de los títulos
obtenidos por los alumnos no es resultado del ejercicio de la facultad estatal sino producto del derecho a la educación. En efecto, puede afirmarse, en línea con la jurisprudencia del TEDH (caso Régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica, ya citado) que, derivado del derecho proclamado, existe el de que lo estudiado, conforme a la legalidad, tenga validez oficial.

Además de las limitaciones derivadas de los apartados 2 y 8 del artículo 27 CE, los centros públicos y los privados concertados están obligados a organizarse conforme a lo previsto legalmente que, en todo caso, deberá dar cumplimiento al mandato de
participación de profesores, padres y alumnos en el control y gestión de los
centros, tal y como prevé el artículo 27.7 CE. Esta participación enlaza con el artículo 9.2 CE, pero no es un derecho propiamente educativo aunque module su ejercicio”.

Para ir terminado, hay que señalar que, “por otro lado, la Constitución establece los canales para preservar la calidad de los centros reservando a los poderes públicos la
inspección y homologación del sistema educativo (art. 27.8), propiciando la participación en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, de profesores, padres y alumnos (art. 27.7) y ayudando a los centros docentes (art. 27.9).

Por último, y parece que un tanto desligado del resto del artículo sobre educación, se reconoce la autonomía de las Universidades (art. 27.10). La ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, entiende este autonomía como autonomía para fijar sus propios estatutos y en el funcionamiento orgánico, funcional y financiero. En otros artículos de la Constitución se reconocen otros derechos que están plenamente relacionados con la enseñanza y que han sido fuente de debate desde su aprobación: el derecho a la libertad de cátedra (art. 20.1.c), de
investigación y estudio (art. 20.1.b y d) y a la libertad ideológica y religiosa (art. 14 y 16).

Duros enfrentamientos

Tras la aprobación de la Constitución, los debates sobre los modelos educativos que representan ideologías más de izquierdas o
más conservadoras han estado permanentemente activos en las Cortes
Generales en la elaboración de cualquier legislación educativa. Tanto es así que las sucesivas normas reguladoras no han estado exentas de duros enfrentamientos en su elaboración y de posteriores modificaciones,
derogaciones e incluso en algunos casos impugnaciones ante el Tribunal Constitucional. Así las Cortes Generales desde 1978 han aprobado seis Leyes Orgánicas relativas a educación: Ley Orgánica 5/1980 del Estatuto de los Centros Docentes (LOECE), Ley Orgánica 8/1985 del Derecho a la Educación (LODE), Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE), Ley Orgánica 9/1995 de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEGCE), Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la Educación (LOCE) y Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) y tres específicas sobre Universidades: Ley Orgánica 11/1983 de Reforma Universitaria (LRU), Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (LOU) y Ley Orgánica 4/2007 de Modificación de la Ley de Universidades (LOMLOU).

La Constitución y sus posteriores desarrollos legislativos han permitido extender la educación de forma obligatoria y gratuita en los niveles básicos. El Estado y las Comunidades Autónomas a través de la
red dual de centros educativos sustentados con fondos públicos que existe en España (centros públicos y centros privados concertados) han podido prestar este servicio público asegurando un puesto escolar gratuito en los niveles elementales a todos los ciudadanos (españoles y extranjeros). Sin la existencia de esta red mixta sería imposible garantizar la existencia de suficientes puestos escolares de estas características, sin aumentar de forma desorbitada el gasto público al verse obligados a crear un número muy elevado de centros públicos y a dotarlos de los recursos materiales y humanos necesarios para poder desarrollar una enseñanza de calidad”.

En cuanto a los casos en que se puede aplicar el pin parental, conforme al periódico ABC, hay que destacar que “sirve para evitar los juegos eróticos y considera que están cerca de la «corrupción de menores». No obstante, en Murcia, de acuerdo con las instrucciones de principio
de curso de la Consejería de Educación son susceptibles de autorización paternal las actividades «que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo».

Si bien el motivo de fondo del «pin parental» para Vox son las charlas de los colectivos LGTBI, terminaron incluyéndose absolutamente todas las actividades impartidas por personas que no son del centro.

Algunos de los ejemplos reales de actividades para los que algunos centros murcianos pidieron autorización son: un taller de educación emocional, una charla de la policía sobre educación vial o hasta la visita a una empresa hortofrutícola para enseñarles a los alumnos cadenas de producción.

Vox Andalucía: «Si se incumplen los acuerdos tendrá repercusiones» – EP

Pese a que la iniciativa está implantada desde el principio del curso escolar en la Región de Murcia, la polémica saltó el pasado jueves, cuando Pedro Sánchez anunció que iba a recurrir ante los tribunales la implantación del «pin parental».

Las familias están divididas ante esta medida. La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), que reúne a miles de AMPAS de la educación pública, considera
el «pin parental» «una vulneración absoluta del derecho a la educación de niños y niñas», mientras Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) celebra esta propuesta implantada en Murcia para que los padres autoricen la asistencia de sus hijos a
actividades complementarias en horario lectivo.

Por su parte, EP ha informado de que el Sindicato de Estudiantes ha convocado huelga general en los centros educativos el próximo 6 de marzo contra la medida impulsada por Vox”.

FUENTES:

  1. ABC: https://www.abc.es/sociedad/abci-estos-casos-utiliza-parental-202001202141_noticia.html
  2. Sinopsis del artículo 27 CE: https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=27&tipo=2
  3. El “Pin parental”: desinformaciones y manipulaciones que circulan sobre esta propuesta: https://maldita.es/malditobulo/pin-parental-desinformaciones-y-manipulaciones-que-circulan-sobre-el-pin-parental/

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