Administración Pública, Derecho, Política

¿Qué es la Administración Periférica del Estado?

Es quizá uno de los términos más difíciles de entender, sobre todo cuando no tienes relación con el mundo del Derecho o la política.

En primer lugar, hay que destacar que “la APE es la encargada de ejercer la actividad del Estado de forma desconcentrada en el territorio, correspondiendo al Delegado del Gobierno la dirección de la misma en el

ámbito autonómico y su coordinación con la Administración de la Comunidad Autónoma.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, fija una estructura de la Administración Periférica del Estado que prevé la integración de servicios periféricos ministeriales en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, así como la consiguiente supresión de los órganos cuyos servicios se integren.

No obstante, se prevé la no integración de servicios por singularidades de sus funciones o por el volumen de gestión.

La Administración Periférica tiene un
valor esencial e insustituible en términos de eficacia, información y representación del Estado en el territorio.

Las Delegaciones del Gobierno ejercen
la dirección y la supervisión de todos los servicios de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos situados en su territorio: (servicios integrados y no integrados). Representan al Gobierno en el territorio de la Comunidad Autónoma. De acuerdo con el artículo 154 de la Constitución Española:”Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad”.

Las Delegaciones del Gobierno están
adscritas orgánicamente al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Política Territorial. Dentro de esta Secretaría de Estado, la Secretaría General de
Coordinación de la Administración Periférica es el órgano al que corresponde la función de coordinación y asistencia a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

Disponen de los siguientes órganos:

  • Subdelegaciones del Gobierno en las provincias y Direcciones Insulares.

  • Secretaría General y, en su caso, Vicesecretaría General.

  • Áreas funcionales, para la gestión
    de los servicios integrados de Fomento, Industria y Energía, Sanidad y
    Política Social, Alta Inspección de Educación y Trabajo e Inmigración.

  • Gabinete, como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Delegado.

  • Comisión Territorial de Asistencia,
    integrada por los Subdelegados del Gobierno, los Directores Insulares en
    su caso, el Secretario General, el Jefe de Gabinete, los Directores de las Áreas Funcionales y los responsables de los servicios no integrados que el Delegado del Gobierno determine.

Los Servicios no Integrados en las Delegaciones del Gobierno se organizan territorialmente atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines y a la naturaleza de las funciones que deban desempeñar.

Los servicios de la AGE en el territorio
tienen un deber genérico de colaboración con los Delegados y Subdelegados del Gobierno con el fin de facilitar a estos el
cumplimiento de su función directiva a nivel territorial.

La actividad de todos los Departamentos
Ministeriales incide, de una u otra manera, en el territorio. Sin embargo, no todos ellos disponen de servicios periféricos”.

En segundo lugar, cabe señalar que “las más relevantes y decisivas aportaciones para la configuración del Estado Democrático surgido después de la Revolución Francesa son, como pone de manifiesto García de Enterría, de una parte, la necesidad de que
los poderes públicos actúen sometidos, en todo caso, a la habilitación normativa, que sea la Ley la que legitime todo actuar de los poderes públicos, máxima garantía de salvaguarda de los derecho individuales.
Por otro lado, la necesidad de estructurar el poder ejecutivo, en cuanto que depositario de las funciones del Estado para la prestación de los servicios públicos, con una personalidad jurídica propia y asimilable a
la que se concede por el Ordenamiento a otros entes en el ámbito del Derecho Privado.

Esos principios aparecen recogidos en nuestra Constitución que dispone en el artículo 103 que “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y
actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”, añadiendo en su párrafo segundo que “los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.” Dichos principios se establecen, a su vez, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

De acuerdo con esas exigencias, es necesaria la creación de estructuras personales y materiales que sean eficaces para la prestación de los servicios públicos que la sociedad demanda, siendo necesaria la creación de unidades administrativas con el fin de establecer el reparto de las actuaciones necesarias para ello. Esa estructura se realiza a través de los órganos de la Administración, como centro de atribución de concretos cometidos, de atribución de competencias específicas en esa actividad prestacional de servicios a los ciudadanos. Ese conjunto de órganos se
estructura bajo el principio de jerarquía con dependencia de los órganos superiores de la Administración.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su artículo 3.4 que “cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con
personalidad jurídica única”, añadiéndose en el artículo 54.1 que la Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3 -eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento
pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho-, así como los de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial.

Para el ejercicio de esas funciones ejecutivas, la Administración General
del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en Ministerios, comprendiendo a cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa en respuesta al principio de
división funcional (arts.55 y 57 Ley 40/2015),
Entendida como una unidad, se divide en departamentos ministeriales con una estructura jerarquizada que culmina en el titular de cada uno de esos Ministerios. La organización de la Administración General del Estado responde a los principios de división funcional en Departamentos
ministeriales

A su vez, todos los Ministerios, con el Presidente y Vicepresidentes, integra el Gobierno que es quien dirige la
Administración (artículo 1 de la Ley 50/1997, de 27 noviembre 1997. Organización, competencia y funcionamiento del Gobierno).

Ese organigrama expuesto del Gobierno y su integración en departamentos Ministeriales, constituye la estructura central de la Administración, en cuanto se configura por órganos que extienden su actuación, su
competencia, dentro de un determinado sector funcionalmente homogéneo
pero para todo el territorio a que extiende su competencia la Administración correspondiente, en el caso de la General del Estado, a todo el territorio nacional.

La necesidad de atender a las peculiaridades y atención de los servicios de una forma más cercana a los ciudadanos, se configura una estructura administrativa inferior con
la finalidad de ejercer esas competencias sobre un determinado sector del territorio, bien en cada una de las Comunidades Autónomas en que se divide el Estado o en las respectivas Provincias. Se constituye así la Administración periférica del Estado, jerárquicamente subordinada a los
órganos Ministeriales que integran la Administración Central.

Tradicionalmente la estructura de la Administración periférica del Estado estaba
constituida por los Gobernadores Civiles, como jefes políticos y superiores jerárquicos en cada provincia de los servicios provinciales de cada uno de los Ministerios, así como por las delegaciones provinciales de cada uno de los Ministerios. Esa estructura de la Administración Territorial del Estado, basada en la configuración de la
provincia, no era acorde con la nueva estructura del Estado establecido en la Constitución que creaba dentro del mismo, además de las provincias y municipios, las Comunidades Autónomas, desconocidas en esa organización territorial de la Administración Periférica de la
Administración General del Estado.

A esa situación vino a poner remedio la actualmente derogada Ley 6/1997, de 14 abril 1997. Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.

Actualmente, el artículo 69 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, señala que existirá una Delegación del Gobierno en cada una de las Comunidades Autónomas, y el artículo 72 añade que los Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las mismas a través de sus respectivos Presidentes.

Los Delegados del Gobierno dirigirán y supervisarán la Administración General del Estado en el territorio de las respectivas
Comunidades Autónomas y la coordinarán, internamente y cuando proceda, con la administración propia de cada una de ellas y con la de las Entidades Locales radicadas en la Comunidad.

Se constituyen así las Delegaciones del Gobierno en los órganos propios de la
Administración Periférica de la Administración General del Estado,
asumiendo las competencias en su ámbito territorial que le confiera la Ley. Pero no se abandona la división provincial porque se dispone en el artículo 74 que “en cada provincia y bajo la inmediata dependencia
del Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma existirá un Subdelegado del Gobierno”, figura provincial que se excluye en los supuestos de Comunidades Autónomas uniprovinciales, en las que se concentran las funciones del Subdelegado en el Delegado del Gobierno en
la Comunidad Autónoma. Y aun se contempla la posibilidad de designar
Directores Insulares de la Administración General del Estado para cada una de las islas (artículo 70 de la Ley citada).

Señala el artículo 76 de La Ley 40/2015, de 1 de octubre, que la estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se fijará por Real Decreto del Consejo de Ministros, en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno, y contarán, en todo caso, con
una Secretaría General, dependiente de los Delegados o, en su caso, de los Subdelegados del Gobierno, como órgano de gestión de los servicios comunes, y de la que dependerán los distintos servicios integrados en la
misma, así como aquellos otros servicios y unidades que se determine en la relación de puestos de trabajo.

La integración de nuevos servicios territoriales o la desintegración de servicios territoriales ya integrados en las Delegaciones del Gobierno, se llevará a cabo
mediante Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno, y del Ministerio
competente del área de actividad.

Así pues, la Administración Periférica del Estado se constituye en torno a las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que las dirige, las
Subdelegaciones y los Servicios Territoriales, admitiéndose la posibilidad de la existencia de servicios no integrados en esa estructura territorial (la integración de los servicios periféricos se llevó a cabo por Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto. Sobre Integración de servicios periféricos en las Delegaciones del Gobierno y estructura orgánica de dichas Delegaciones)”.

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